El agua llegó al Congreso: Cuatro carpetas, treinta y cinco años de omisiones

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

El 14 de julio de 2026 el agua llegó, por fin, al Congreso de Jalisco. No llegó por las tuberías —esas siguen siendo las mismas, viejas y cansadas—, sino en cuatro carpetas debidamente foliadas, con oficio de remisión, sello de recibido y la firma del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora. El Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara entró por la Oficialía de Partes con la solemnidad de los grandes anuncios y el sigilo de los grandes negocios.

Conviene leer despacio. Los documentos oficiales, como los testamentos, dicen más por lo que confiesan al margen que por lo que proclaman en el encabezado.

La confesión mayor está enterrada en las Bases Técnicas, entre citas de la UNESCO y de la norma ISO 55000, esos incensarios de la tecnocracia moderna. Dice el documento, con la prosa anestesiada de los ingenieros que redactan para no incomodar: entre 1984 y 1991 se construyó el Acueducto Chapala–Guadalajara, 42 kilómetros, capacidad de diseño de 7.5 metros cúbicos por segundo.

Y luego, el dato que vale por todo el legajo: el proyecto original contemplaba dos líneas de conducción, para que una descansara mientras la otra trabajaba, para dar mantenimiento sin sed, para que una falla no fuera una catástrofe. Se construyó una.

Treinta y cinco años lleva la segunda ciudad del país colgada de un solo tubo. Treinta y cinco años en que cinco millones de personas beben, se bañan y viven pendientes de que no se rompa un conducto que ya rebasó los intervalos de vida útil que los propios manuales oficiales establecen. Ningún gobernador de entonces a la fecha —y han pasado de todos los colores, que en Jalisco los colores cambian más rápido que las convicciones— consideró urgente terminar lo que se dejó a medias en 1991. La redundancia, dicen los técnicos, «no necesariamente implica duplicar toda la infraestructura». Cierto. Pero tampoco implicaba no construir nada durante tres décadas y media.

Hay otra perla, de esas que los redactores oficiales dejan caer creyendo que nadie las levanta. En las conclusiones generales se lee, textual: «La política pública comenzó a alinearse con la evidencia técnica acumulada durante más de veinte años». Comenzó. En 2026. Traducción del tecnicismo al cristiano: durante más de veinte años la política pública caminó por un lado y la evidencia técnica por otro, como matrimonio mal avenido que comparte techo, pero no cama. Los estudios existían desde 2010, desde 2012, desde las once mesas del Colegio de Ingenieros Civiles. Lo que no existió fue la voluntad de leerlos. Gobernar de espaldas al diagnóstico también es una forma de gobernar: la más cara.

El diagnóstico mismo es un acta de defunción redactada con eufemismos. Se habla de «desfase entre la evolución de las exigencias y la actualización de las capacidades», que es como llamar «desajuste ponderal» a la desnutrición. Se admite la «fragmentación de la información»: el sistema no sabe con precisión cuánta agua pierde ni dónde la pierde, porque no la mide. Se reconoce que se ha operado «predominantemente mediante respuestas correctivas», es decir, tapando fugas y socavones conforme la ciudad se hunde, en el sentido literal del término: el anexo 31 se titula, sin rubor, «Atención a socavones».

Y luego está la lista. Treinta y dos anexos que son treinta y dos deudas: ampliación de la Potabilizadora 5, reconversión de la Miravalle, el sistema La Calera, colectores para la cuenca de El Ahogado —ese ecocidio de décadas en El Salto que ya normalizamos—, plantas de tratamiento pendientes, rehabilitación de pozos, y la joya de la corona: el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara, con proyecto ejecutivo terminado. La obra que debió hacerse en 1991 llegará, con suerte, cuarenta años tarde y a precios de 2026.

Pero el párrafo verdaderamente digno de antología no está en el plan, sino en el oficio de la coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo. Advierte a los diputados que los anexos —los estudios, las cantidades, los proyectos ejecutivos, los montos— «son susceptibles de clasificarse como información reservada», porque podrían formar parte de «un futuro proceso licitatorio» y su divulgación podría «comprometer la seguridad» de las obras.

Admirable previsión: la opacidad se decreta antes que la primera licitación. Se le entrega al Legislativo un plan multimillonario y, en el mismo movimiento, se le sugiere que lo esencial —cuánto costará, quién lo hará, con qué números— quede bajo llave. Al Congreso se le da el índice; los capítulos se reservan.

Aquí es donde los 38 diputados jaliscienses tendrán que decidir qué son: un poder que fiscaliza o una oficialía de partes con dieta. Porque el plan, hay que decirlo, era necesario y llega mejor documentado que cualquiera de sus antecesores; negarlo sería mezquino. Pero un plan hídrico sin cifras públicas es un cheque en blanco con membrete técnico. Las preguntas obligadas son elementales: ¿cuánto costará el acueducto sustituto y quién lo pagará? ¿Qué empresas rondan ya los pasillos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua? ¿Por qué la evaluación financiera del SIAPA —ese organismo eternamente quebrado y rescatado— se entrega en «versión pública», que es el nombre elegante de la versión recortada?

La historia hidráulica de Jalisco es pródiga en lecciones: El Zapotillo consumió veinte años, miles de millones y dos pueblos en vilo, para terminar en otra cosa distinta de lo prometido. Cada gran obra del agua ha sido anunciada como la definitiva y cobrada como si lo fuera.

El agua y la información pública se parecen demasiado en esta tierra: ambas escasean, ambas se administran con cuentagotas y ambas se fugan por conductos que nadie inspecciona. El gobierno de Jalisco acaba de reconocer, en papel oficial, treinta y cinco años de omisiones acumuladas.

El mérito de la confesión es suyo; la obligación de que no se convierta en coartada para el gran negocio del sexenio es del Congreso. Si los diputados archivan las carpetas sin abrirlas, dentro de veinte años otro documento técnico, igual de pulcro, volverá a confesar —en prosa anestesiada— que la política pública apenas «comenzaba a alinearse» con la evidencia. Y la ciudad seguirá colgada de un tubo.

En X @DEPACHECOS