Papeles contra rumores: El rastro, los hermanos y la calumnia de cada semana

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

En política, la verdad pesa toneladas y la mentira viaja gratis. Lo sabía cualquiera que pisara una redacción antes de que existieran las redes sociales, y lo confirma hoy, con escándalo prestado, el caso del rastro de Tonalá. Porque hay calumnias que se construyen con paciencia de albañil y otras —las más eficaces— que se levantan con una sola palabra repetida hasta el cansancio: conflicto de interés. Tres sílabas que no necesitan prueba, solo altavoz.

Conviene, entonces, hacer lo que la indignación digital nunca hace: leer el expediente.

Sergio Chávez Dávalos, hizo esta semana, algo que en estos tiempos parece casi una excentricidad. No mandó un comunicado, no contrató abogados para que hablaran por él, no se escondió tras la frase consabida de que “todo se aclarará en su momento”. Se presentó, por su propio pie y de manera voluntaria, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco. Llevaba bajo el brazo un expediente de veintiocho pruebas documentales, administrativas y mercantiles. No fue a defenderse: fue a poner los papeles sobre la mesa y a invitar a quien quisiera a revisarlos uno por uno.

El corazón de la acusación es sencillo de gritar y difícil de sostener. Se dice que el Ayuntamiento aprobó una Asociación Público-Privada con la empresa Valor en Alimentos Kárnicos, S.A. de C.V., para operar un nuevo rastro Tipo TIF, y que detrás de esa firma se esconderían los hermanos del presidente municipal. La insinuación es tan vieja como rentable: donde hay un apellido compartido, debe haber un negocio sucio.

Salvo que los papeles cuenten otra historia, y la cuenten con fechas.

Francisco Javier, Lorena Guadalupe y Moisés Alejandro, todos Chávez Dávalos, vendieron la totalidad de sus acciones en esa sociedad el 2 de marzo de 2012. No es un dicho ni una versión interesada: consta en la póliza número 10,791, pasada ante la fe del Corredor Público número 23 de esta plaza, Sergio Ramírez Fernández, protocolizada el 16 de mayo de 2013 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil electrónico 66116*1.

Que cada quien haga la aritmética que los acusadores prefieren evitar: la desvinculación familiar ocurrió doce años antes de que existiera acuerdo municipal alguno sobre la APP. Doce años. Una docena de calendarios. El tiempo que tarda un niño en convertirse en adolescente.

Pretender que en 2024 hubo conflicto de interés por un vínculo que se disolvió legalmente en 2012 es como responsabilizar al antiguo dueño de una casa por lo que pasa adentro doce años después de venderla. Pero la calumnia, ya se sabe, no entiende de relojes.

Hay además un detalle que la versión escandalosa omite con cuidado de cirujano: nadie inventó la necesidad del rastro nuevo. El viejo —levantado en 1984, cuando Tonalá era todavía un pueblo de alfareros y no la mancha urbana de hoy— quedó atrapado por el crecimiento de la ciudad. No es metáfora: la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente lo tenía en la mira desde hacía una década. La resolución dentro del expediente PROEPA 953/2013, notificada en 2014, y luego la del expediente 243/2019, notificada en 2021, documentan descargas ilegales y mal manejo de residuos orgánicos. El epílogo llegó en agosto de 2023: clausura definitiva. Un municipio entero se quedó, de un día para otro, sin el servicio esencial de sacrificio de carne.

¿Y qué hizo el Ayuntamiento antes de optar por la adjudicación directa que tanto escandaliza? Lo que marca la ley y lo que pocos quieren recordar. Lanzó no una, sino dos convocatorias de licitación pública, en marzo y mayo de 2023. Las dos quedaron desiertas. Ningún particular se interesó en invertir en un rastro con certificación TIF para un municipio sin instalaciones. Aquí está la ironía que merece subrayarse: cuando el negocio se ofreció abiertamente, al mercado entero, no apareció nadie. Solo cuando ya no quedaba más remedio —con el rastro clausurado y la ciudad sin servicio— una empresa puso sobre la mesa una propuesta concreta y un inmueble valuado comercialmente en 24 millones 814 mil pesos, según avalúo de julio de 2025, ya construido y registrado a su nombre.

Si esto fuera el contubernio que se denuncia, sería el más torpe de la historia: un negocio que primero se subasta en público, dos veces, y que nadie quiere.

El expediente que Chávez Dávalos entregó a la Fiscalía no es un alegato emocional, es una cronología de oficios. Acuerdo 176 de marzo de 2022, cuando se inició el análisis de factibilidad. Acuerdo 572 de febrero de 2023, con la convocatoria pública y su Comité Especial. Las actas del Comité de Evaluación de marzo y junio de 2023. Los dictámenes de la Tesorería, del Órgano Interno de Control —oficio PIC/1356/2023— y de la Dirección Jurídica. Hasta la visita física del Pleno a las instalaciones de la empresa, el 20 de febrero de 2024, antes de que el Acuerdo 1037 aprobara, ya el 27 de ese mes, el esquema de Asociación Público-Privada. Papel sobre papel, sello sobre sello. Eso es lo opuesto a la opacidad.

No corresponde a este cronista absolver ni condenar; para eso está la Fiscalía, y bien hace en revisar cada foja. Lo que sí corresponde es señalar el método. Porque el verdadero personaje de esta historia no es el rastro ni la empresa: es la facilidad con que hoy se fabrica un escándalo. Basta un apellido, una captura de pantalla y la complicidad de quienes prefieren la indignación a la lectura. La calumnia se ha vuelto un género literario de las redes, y como todo género tiene sus clichés: el familiar oculto, el negocio millonario, el presidente que “todos sabemos”.

Frente a ese ruido, un expediente de veintiocho pruebas es un acto casi anticuado de respeto al ciudadano. Que sea la autoridad, y no el linchamiento digital, quien tenga la última palabra. Y que conste, por si la prisa del próximo escándalo lo borra: aquí el único que voluntariamente se sentó frente a la Fiscalía fue el acusado. Los acusadores, como siempre, siguen tuiteando.

En X @DEPACHECOS