Soto: un periodo de sombras

Opinión, por Iván Arrazola

Con la renuncia de Mónica Soto concluye uno de los periodos más controvertidos de la justicia electoral en México. Su paso por el Tribunal Electoral deja una pregunta que va más allá de su trayectoria personal: ¿qué ocurre con la confianza en una institución cuando sus reglas y equilibrios se modifican constantemente desde dentro y desde fuera?

Las instituciones generan confianza cuando las reglas son claras, estables y se aplican independientemente de quién ejerza el poder. El problema comienza cuando esas reglas se ajustan a las circunstancias y surge la percepción de que el árbitro puede estar demasiado cerca de alguno de los jugadores.

La llegada de Soto a la presidencia, en enero de 2024, ocurrió precisamente en un contexto de ruptura interna. Junto con Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, retiró su confianza a Reyes Rodríguez Mondragón y propició su salida anticipada de la presidencia. Después, esos mismos tres votos permitieron que Soto asumiera el cargo. Formalmente, el procedimiento se ajustó a las reglas; institucionalmente, mostró que la estabilidad del Tribunal comenzaba a depender más de la formación de bloques que de la fortaleza de sus mecanismos internos.

A ello se agregó un elemento externo todavía más importante. Desde 2023, el Senado dejó sin cubrir dos magistraturas, por lo que una Sala Superior diseñada para siete integrantes comenzó a funcionar con cinco. Morena y sus aliados tuvieron responsabilidad en la falta de acuerdos para completar esas vacantes.

Esto alteró completamente el equilibrio interno. Soto, De la Mata y Fuentes eran tres votos: en una Sala de siete habrían sido minoría; en una Sala de cinco se convirtieron en mayoría. Así, una decisión externa —no completar al Tribunal— terminó modificando las reglas reales de poder en su interior.

En ese contexto, la reunión que Soto sostuvo con Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el INE, antes de asumir la presidencia, alimentó los cuestionamientos sobre su cercanía con el oficialismo. Una reunión no demuestra subordinación política, pero para quien encabeza al máximo árbitro electoral el estándar debe ser mucho más alto: no basta con ser imparcial, también es necesario evitar cualquier duda razonable sobre esa imparcialidad.

El problema adquirió mayor dimensión por las decisiones que vinieron después. Durante la presidencia de Soto, el Tribunal confirmó, en 2024, la distribución de diputaciones que permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Esa mayoría hizo posibles reformas constitucionales de enorme trascendencia, incluida la reforma al Poder Judicial.

Posteriormente, el propio TEPJF desempeñó un papel fundamental para garantizar la continuidad de la elección judicial frente a las resistencias provenientes de otros órganos judiciales, lo que generó tensiones con el Poder Judicial, encabezado entonces por Norma Piña. Finalmente, llegaron la elección judicial de 2025 y los llamados acordeones. El Tribunal validó los resultados al considerar que no existían elementos suficientes para demostrar que su utilización hubiera sido determinante.

Las reglas, además, volvieron a cambiar. El periodo original de Soto concluía en 2025, pero las reformas constitucionales terminaron prolongando su permanencia hasta 2028. Primero no se completó al Tribunal conforme a las reglas existentes y después fue necesario modificar esas mismas reglas para garantizar su funcionamiento hasta la siguiente renovación.

Ahora Soto decide marcharse antes de concluir esa extensión. Y nuevamente las reglas quedan bajo discusión: la Constitución establece que la renuncia de una magistratura electoral procede por causas graves, mientras que Soto ha explicado su decisión principalmente como el cierre de un ciclo profesional y familiar.

El problema de fondo, por tanto, no es únicamente Mónica Soto. Es la confianza en el tribunal que deja detrás. Un magistrado electoral no está obligado solamente a leer la ley y aplicarla. También debe utilizar su posición para advertir cuando las reglas no funcionan, cuando existen vacíos que están siendo aprovechados por los actores políticos o cuando determinadas prácticas comienzan a erosionar la equidad de las elecciones.

El caso de los acordeones es ilustrativo. Incluso si jurídicamente no existían elementos suficientes para demostrar que fueron determinantes para anular una elección, el Tribunal tenía también la responsabilidad institucional de advertir qué falló, qué debía corregirse y cómo evitar que volviera a ocurrir.

Esa es la diferencia entre administrar la legalidad y construir institucionalidad. Mónica Soto se va, pero permanece un Tribunal que tendrá que recuperar algo mucho más difícil de reconstruir que una mayoría: la confianza.

Porque un árbitro electoral puede tomar decisiones controvertidas y puede incluso equivocarse. Lo que no puede permitirse es que las reglas que determinan su integración, su funcionamiento y sus decisiones parezcan modificarse conforme cambia la coyuntura política.

Cuando las reglas del árbitro se alteran desde dentro y desde fuera, lo primero que se erosiona no es la ley: es la confianza en que esa ley será aplicada de la misma manera para todos.