NACIONALES
INFONAVIT
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
La señora presidente ha decidido que en su sexenio se hará un millón de viviendas. No se sabe por qué un millón ni cuanto es el déficit de vivienda por estado o si será como antes que las familias, sin importar su tamaño ni necesidades se tendrán que adaptar a la casa que el gobierno construya. C
ifra rotunda y arbitraria decidida en la misma forma como se decidió construir el Tren Maya o destruir el Seguro Popular y el sistema de salud o desmantelar el Poder Judicial. Simplemente porque así lo quiere, sin importar las consecuencias. Tampoco le pareció importante que las finanzas nacionales, con el mayor déficit de la historia, no pudieran sufragar el despropósito.
Desde el sexenio anterior descubrieron que existen bolsas de dinero fuera de la bolsa presupuestal del gobierno de las que se pueden apropiar, como los fideicomisos del Poder Judicial o los fondos de las afores de las personas mayores de 70 años, y por qué no, de los ahorros para vivienda de los trabajadores en el INFONAVIT.
Pero resulta que a estos últimos no les puede echar mano porque quien decide el manejo de ese dinero no es el gobierno sino quienes lo aportan, es decir, los obreros, los patrones y el gobierno en forma paritaria, entonces, vamos a reformar la ley que para eso está el Congreso a sus órdenes y dispuesto, para que sea el gobierno el que decida cómo se aplicará esa bolsa que contiene dos billones de pesos, con los cuales construir el millón de viviendas de la ocurrencia presidencial.
Hasta ahí parece un asunto de dinero, una disposición arbitraria de fondos ajenos para ponerlos al servicio de la política clientelar del Movimiento de Regeneración Nacional, pero en el fondo subyace algo de mayor calado que es la presencia omnímoda del gobierno en todas las esferas sociales y económicas, algo parecido al estatismo, pero con variantes sustanciales.
En el estatismo, es precisamente el Estado el que controla y predomina por sobre todas las entidades sociales, pero en este caso, es solo el poder ejecutivo, que es una parte del Estado ya que este se conforma con los tres poderes y las instituciones que en conjunto debieran gobernar el país.
En los hechos, el Poder Ejecutivo está absorbiendo todo el poder del Estado adquiriendo características de autocracia. Ya han desaparecido las instituciones que se desempeñaban como controles o contrapesos de la discrecionalidad política gubernamental y las que subsisten, como el INE, se han colonizado o cooptado como es el caso del Tribunal Federal Electoral o la misma Auditoría Superior de la Federación.
En la ecuación para la concentración de poder y su ejercicio omnímodo y totalitario faltaba el INFONAVIT y van por él. Es claro que en el proyecto del movimiento que tanto busca proteger desde la presidencia de la república Claudia Sheinbaum, lo importante es concentrar el poder para imponer su voluntad y actuar de acuerdo con sus propios intereses sin preocuparse mucho por las consecuencias.
En el caso INFONAVIT, como en el caso de los órganos autónomos y el poder judicial, el argumento es nuevamente el de la corrupción. Públicamente se exhibió que había una red de notarios y funcionarios que vendían las casas varias veces sin que esto fuera sancionado por las autoridades del INFONAVIT y con ello pretenden justificar la necesidad de una mayor intervención del gobierno. El gobierno ya tiene una tercera parte en las decisiones colegiadas y es por lo tanto también culpable de la desatención y darle más peso a su participación no garantiza que se eviten y/o se castiguen los actos de corrupción.
Para combatir la corrupción no hace falta cambiar la estructura de ningún organismo ni desaparecerlo, basta con perseguir y castigar a los responsables y eso se puede hacer desde la estructura actual.
Todo es simulación, truco de prestidigitador para ocultar la verdadera intención de instaurar un gobierno autocrático, omnímodo e ineficiente. A la pretendida Cuarta Transformación y el cambio de régimen que anuncian no se le nota lo positivo, solo se ve una nueva clase política reproduciendo viejos vicios de la democracia mexicana, una gran simulación y un enorme dispendio de recursos puestos a favor de un movimiento que solo ha demostrado una gran ambición de poder y cero capacidades de gobierno.
Es inevitable asociar este empeño con instituciones fallidas como el INSABI, o la creación de SEGALMEX, o el soñado sistema aeroportuario que habría de sustituir al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, implementados con prisa y sin diagnósticos o estudios previos, todos fracasos estrepitosos con un alto costo para las finanzas públicas.
Será cosa de tiempo ver el derrumbe del INFONAVIT, si se confirma en el Congreso la intención presidencial. La vocación autocrática del régimen lo hará posible.
– Por José Modesto Barros Romo, Conciencia Pública
El internet de ultra velocidad ya no es un asunto de ciencia ficción, sino un campo estratégico donde las potencias tecnológicas definen su hegemonía. Japón, China y, en menor medida, México, han roto en este año barreras históricas de transmisión de datos, cada uno desde trincheras distintas, pero con un objetivo común: asegurar ventajas en la economía digital del siglo XXI.
Japón sorprendió al mundo al anunciar que sus científicos del Instituto Nacional de Información y Comunicaciones Tecnológicas (NICT) lograron transmitir datos a 1.02 petabits por segundo a través de fibra óptica.
Se trata de un récord mundial que equivale a descargar en un segundo la información de más de 10 millones de videos en alta definición, el equivalente a todo el catálogo de Netflix en un solo segundo.
Más allá de la hazaña técnica, el logro japonés envía un mensaje claro: su apuesta es consolidar infraestructuras terrestres estables y de larga distancia, con la mira puesta en mantener la competitividad industrial frente a China, Estados Unidos y Europa.
El gigante asiático, por su parte, libra otra batalla: el dominio del espacio inalámbrico. China Mobile reveló que en una red experimental de 6G alcanzó velocidades de 280 gigabits por segundo, descargando un archivo de 50 GB (unas 25 películas de mediana calidad) en apenas 1.4 segundos.
A esto se suman proyectos universitarios que exploran transmisiones en frecuencias en terahercios y enlaces satelitales de 100 Gbps, tecnologías que se perfilan como piezas centrales en la construcción de un ecosistema digital global, donde China pretende marcar la pauta a la espera lanzar comercialmente las redes 6G para el año 2030 en todo su territorio.
La estrategia china es evidente: no se conforma con desplegar infraestructura terrestre, busca liderar el futuro de las comunicaciones en el espacio y en el aire, donde se definirá el control de datos y, con ello, el poder geopolítico. De ahí que los experimentos en 6G no solo representen avances científicos, sino una carta de presentación en la carrera tecnológica frente a los estadounidenses, japoneses y los europeos.
México, en contraste, aparece con un logro más modesto pero simbólico. El año pasado la empresa Megacable, en alianza con Nokia, alcanzó 1.1 terabits por segundo en pruebas de fibra óptica de larga distancia.
No es un récord mundial ni una revolución en telecomunicaciones (aunque sí es un hito a nivel Latinoamérica, equivalente a descargar un videojuego como Call of Duty: Modern Warfare III en un segundo). Esta es una señal de que nuestro país busca modernizar su infraestructura digital con miras a los próximos años.
El reto está en si estos avances se traducirán en beneficios reales para los ciudadanos o quedarán como demostraciones técnicas en un país donde millones aún carecen de acceso a internet estable.
La comparación es reveladora: mientras Japón apuesta por la perfección de la fibra, China por la supremacía inalámbrica y espacial, México apenas intenta ponerse al día. El dilema nacional es mayúsculo: ¿apostar por ser solo consumidores de tecnologías extranjeras o trazar un plan estratégico que coloque a la región en la disputa global por la soberanía digital?
Lo cierto es que el internet del futuro no será solo más rápido; también será la nueva frontera de poder. Quien controle las redes de transmisión controlará la información, la seguridad nacional y el desarrollo económico. Japón y China ya están en esa carrera. México, como suele ocurrir, observa desde la periferia.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció su intención de imponer un arancel del 50 por ciento a los automóviles importados de países asiáticos sin tratados de libre comercio, como China, India, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
La medida, que representa un salto desde el 20 por ciento actual, busca frenar la entrada masiva de vehículos de bajo costo que, según autoridades federales, ponen en riesgo la competitividad de la industria automotriz nacional.
El anuncio forma parte de un paquete de reformas arancelarias que pretende abarcar importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares.
Además de los automóviles, se contempla aplicar nuevos gravámenes de entre el 10 y 50 por ciento a productos como acero, textiles, motocicletas y juguetes. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la estrategia busca proteger más de 325 mil empleos vinculados directamente con el sector automotriz y manufacturero en el país.
La iniciativa surge en un contexto de presiones internacionales. Estados Unidos ha insistido en que México reduzca su dependencia comercial de China, en el marco de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Washington considera que el ingreso creciente de autos eléctricos chinos, ensamblados a precios muy por debajo del mercado, amenaza con desestabilizar la cadena de valor regional que sostiene al acuerdo trilateral.
El Gobierno de México justifica la medida en el terreno de la defensa comercial, argumentando que los vehículos provenientes de Asia están siendo vendidos por debajo de los precios de referencia, lo cual constituye una práctica desleal.
El arancel del 50 por ciento es el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y colocaría a México como uno de los países más restrictivos frente a las importaciones automotrices chinas.
No obstante, la propuesta aún debe pasar por el Congreso de la Unión, donde se espera un intenso debate entre los defensores de la industria nacional y quienes advierten que un aumento de esta magnitud podría repercutir en la inflación y en el bolsillo de los consumidores.
Aunque el partido en el poder cuenta con mayoría, especialistas prevén que habrá presiones de distintos sectores empresariales antes de que se concrete la votación.
De aprobarse, los nuevos aranceles modificarían de manera sustancial el mercado automotriz en México, elevando los precios de las marcas asiáticas y obligando a las armadoras a replantear sus estrategias de inversión y distribución.
Para el gobierno, se trata de una medida necesaria para proteger a la industria nacional; para los críticos, una apuesta arriesgada que podría tener costos económicos y políticos de gran alcance.
– Por Redacción Conciencia Pública
La economía de los países del TMEC —Estados Unidos, México y Canadá— atraviesa un escenario de creciente incertidumbre marcado por la desaceleración del crecimiento y las presiones inflacionarias.
Aunque ninguno de los tres socios comerciales ha entrado oficialmente en un proceso de estanflación, los riesgos de caer en este fenómeno se han intensificado en los últimos meses debido a las tensiones comerciales, las tarifas arancelarias y el enfriamiento de la actividad productiva.
En el caso de Estados Unidos, analistas y organismos internacionales han señalado la presencia de un entorno conocido como “stagflation-lite”: una versión leve de estanflación caracterizada por inflación persistente y crecimiento económico débil.
Las tarifas impuestas a México, Canadá y otros socios han encarecido bienes y servicios, lo que eleva los precios al tiempo que limita la competitividad. La Reserva Federal ha reconocido la complejidad del momento, pero evita hablar de una estanflación plena como la de los años setenta.
Canadá enfrenta también un panorama complicado. Su crecimiento económico se ha frenado y diversos sectores productivos anticipan pérdidas importantes debido a los aranceles de Washington. Medidas de emergencia como el programa “Buy Canada” buscan proteger empleos y mitigar el impacto en la industria automotriz y energética, aunque las proyecciones apuntan a la posible pérdida de decenas de miles de empleos si las tensiones comerciales se prolongan. La inflación no ha escalado con la misma fuerza que en Estados Unidos, pero el riesgo de estanflación no se descarta.
México, por su parte, lidia con un crecimiento prácticamente nulo, con estimaciones de apenas 0.4 % del PIB en 2025, lo que coloca al país al borde de la recesión. A diferencia de sus socios, la inflación mexicana se ha mantenido moderada, en torno al 3.5 % anual, dentro del rango objetivo del Banco de México.
No obstante, la combinación de bajo dinamismo económico y presiones externas genera preocupación. El banco central ha optado por recortar tasas de interés en un intento de estimular la economía sin perder el control inflacionario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y otros organismos han advertido que la política de tarifas en Estados Unidos está generando un “shock de oferta” que afecta no solo al propio mercado estadounidense, sino también a Canadá y México.
El encarecimiento de insumos y bienes intermedios repercute en las cadenas de suministro de la región, golpeando la inversión y elevando los costos para las empresas y consumidores.
En conjunto, el TMEC enfrenta un escenario de alto riesgo: crecimiento bajo, tensiones comerciales y presiones inflacionarias que ponen en entredicho la estabilidad económica regional.
Aunque la estanflación no se ha instalado de manera formal, la combinación de factores actuales mantiene a los tres países al filo de este fenómeno, lo que obliga a sus gobiernos y bancos centrales a buscar estrategias coordinadas que eviten repetir una crisis como la de los años setenta.
👉 Este cuadro ayuda a visualizar rápido que ninguno de los tres socios está formalmente en estanflación, pero todos enfrentan presiones distintas: EE. UU. por inflación, México por bajo crecimiento y Canadá por el impacto de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump:
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