Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

No se puede decir que fue un enfrentamiento de tribunales o juzgadores, pero para muchos observadores de eso se trató. Todo con motivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la controversia que se presentó con motivo de las suspensiones concedidas dentro de diversos juicios de amparo por jueces y juezas de distrito en contra de la implementación de la Reforma Judicial, en su sesión plenaria del 13 del corriente febrero, prácticamente hizo a un lado sus resiliencias al tema, y en especie de solución salomónica, sin pronunciarse palmariamente, dejó claro que ni los jueces de distrito deben andar metiéndose en temas que nos les corresponden, ni el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) tiene facultades para que sus resoluciones puedan invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo.

Poco antes de tratar el tema central, definieron los ministros de la Corte, que los cuatro miembros de ella impugnados por el TRIFE el pasado lunes 10, para que se excusaran de votar un proyecto relacionado con la elección de junio próximo, no deberían ser excluidos, pues ellos mismos alegaron que no se consideraban en tal tesitura: Jorge Mario Pardo Rebolledo, se confesó purísimo de toda inclinación anti reforma judicial pues, aseguró, a lo más que llegó fue acudir a un paro para saludar a muchos compañeros que se encontraban acampados en protesta contra la susodicha reforma y les deseó suerte, mostrándoles sus simpatías.

Eso para el togado, no es tener inclinación. El más peripatético fue Javier Laynez Potisek, quien amante de la comunicación, cada que pudo anduvo de entrevista en entrevista en los medios y con los comentócratas más críticos de la Cuarta Transformación para desvirtuarla, y sin embargo ahora, imitando al gran Cantinflas atinó a decir que como se trata de que no vaya a quedar sin quorum la Corte, él no debía dejar de estar presente.

El otro de los ministros señalados por el TRIFE de parcialidad porque ya se habían pronunciado contra las elecciones y reformas judiciales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, resulta que era el ponente del tema central que se discutiría; pero además recordemos que este personaje insípido, es quien, en un paseo por Harvard, hizo reír a sus oyentes al mofarse de la reforma constitucional auspiciada por la 4T.

Finalmente, la presidenta Norma Piña Hernández, quien alegó que no se trataba de decidir un tema constitucional sino si el TRIFE debía acatar los amparos contra la elección, de allí que no se consideraba inhabilitada y no se excusaba. El tema se puso a votación, y por mayoría de seis votos, las y los ministros consideraron improcedente la solicitud del TRIFE, que pretendía se declarara estar impedidos para discutir y votar el proyecto, los ministros citados.

Los dos casos antedichos fueron interpretados como se les dio su gana por los simpatizadores del feneciente actual Poder Judicial, los cuales vieron los dos desenlaces como derrotas del TRIFE y por su parte, los sostenedores de la Constitución Federal y partidarios de la elección de juzgadores, quienes ponderaron un triunfo, admitiendo que en el caso de las impugnaciones para que 4 ministros no participaran en la discusión del asunto central, saldrían sin ser escuchados favorablemente, y por tanto recibiendo un revés, pero en el fondo, resultaban vencedores pues como lo comunicó el mismo TRIFE: este organismo “es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación” al confirmar “que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional.”

Y siguió el comunicado explicando: “Cabe destacar que las sentencias del TRIFE son definitivas e inatacables, por lo que el proceso electoral en ningún momento ha sido suspendido y se mantendrá como está previsto en la Constitución.” Para rematar contundente: “Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”. (TRIFE, Comunicado, 13-II-2025).

Los comentócratas rabiosos reaccionaron diciendo: Ganó la imposición y los desacatos. Perdió el Estado de derecho. “La SCJN ya no resistió. Dio 24 horas para revocar las suspensiones que jueces de amparo concedieron para frenar la elección de juzgadores. El oficialismo tiene vía libre para asumir el control de los tres Poderes de la Unión. El Judicial fue el único poder que actuó con autonomía frente al Ejecutivo desde la elección de Norma Piña como presidenta de la SCJN”. (Francisco Garfias, Arsenal, Excelsior, 14-02-2025).

Otro escribidor rabioso, Carlos Marín, afirma que “una de las patrañas cacareadas por el oficialismo es que la reforma del obradorato al Poder Judicial se limita al ámbito electoral, pues los cambios constitucionales que aprobaron sus antidemocráticas mayorías legislativas afectan otros derechos elementales tan importantes o más que el político de votar y ser votado.” Y luego lanza ponzoña al TRIFE, Morena, y solidarios, en tanto que prodiga halagos a los ministros seguidores de Norma Piña y desde luego a ésta. (Milenio, II-14-025).

El efecto tocó a los jueces y magistrados que durante 4 meses sostenían una “anti mañanera” para tratar de impedir la elección judicial: “Con esto, argumentaron, la SCJN dejó camino libre a la elección de juzgadores.” Y capitularon acabando con tales sesiones. (Mag. Juan José Olvera,14/febrero/ 2025-El Sol de Méx.).

En los otros medios se lucieron como siempre, Ciro Gómez Leyva, llamando al senador Gerardo Fernández Noroña el “senador sol” en parangón al rey sol de Francia, y afirmando, – radiofónicamente- que triunfó el desacato y no el derecho. Luego culminó, ahora por escrito en una colaboración que intitula “Al final Noroña tuvo razón” que el senador declaró ufano “la elección se hará sin importar lo que diga La Corte, porque en lo decisivo de este capítulo de la historia de México, La Corte fue intrascendente.” (Excelsior, 14-feb.25).

Culminando el tema, la presidenta Norma Piña, declaró a un periodista crítico de la 4T, que la resolución aún no está cabal porque el ponente – Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- se llevó las observaciones de los demás ministros para presentar una resolución final que precise cuándo un asunto es materia electoral o cuando se trata de auténtica protección de algún derecho humano que si puede ser amparado; en pocas palabras, según la señora Piña, pudiera haber alguna sorpresa. Empero, los periodistas y comentaristas, ya se rasgaron las vestiduras de túnica fina, atenidos porque son de vela y cera, “lo demás Dios lo dirá”.

En fin, desde Héctor Aguilar Camín, el intelectual que necesita ser apapachado, hasta la rejega panista Kenia López Rabadán, obsesionada como el 99 por ciento de blanquiazules y adláteres contra lo que huela a 4T, sostienen que todo este asunto de la elección de juzgadores será finalmente aprovechado por Donald Trump para actuar contra México, como si el furibundo mandamás gringo ocupara nada para actuar como siempre lo hace, por sus pistolas, su ambición y su petulancia.

La prensa del día siguiente -día de San Valentín, símbolo del amor y la amistad- fue muy explícita: “Claudica oposición en la Corte y abre paso a la elección judicial” (Milenio). Por su parte La Jornada, más explicativa, a grandes letras dice: “Terminó la guerra judicial; la Reforma va, ordena la Corte”. En el cintillo, complementa: “Instruye a jueces de distrito revocar suspensiones”. El Heraldo de México, particulariza su nota principal: “Revoca Amparos. Quita Corte trabas a la Reforma Judicial” explicando que en 24 horas los jueces que dictaron suspensiones deberán revocarlas”. En los demás periódicos editados en la capital azteca, unos más otros menos, dan la noticia con cierta notoriedad.

En nuestra ciudad tapatía, nuestros diarios no consideraron fuese de tanta importancia el impasse de la Corte al TRIFE, así es que, para El Informador, el centro de la ciudad y sus festejos del 483 aniversario, resultaron más trascendentes, por lo que el tema se fue a otro lado. En el Mural, pasó similar manejo del hecho. Solo Milenio-Jalisco, repitiendo a su matriz, trató el asunto.

Creyeron que a los jaliscienses no nos interesa tanto el proceso de elegir juzgadores, lo cual como quiera que sea lo tenemos enfrente, aparte de estar ya involucrados en la adaptación de la Constitución y sus modificaciones, a la Carta Política local, misión que el gobernador le encargó al avezado político y notario, Arturo Zamora Jiménez, quien tiene enorme tarea, pero posee facultades de sobra para salir avante.

Precisamente, en esta urbe de occidente acudió el mencionado abogado tapatío, a un evento que organizó el líder obrero Juan Huerta; la oradora fue la ministra de la Corte y presidenta de la primera Sala, Loretta Ortiz Ahlf, quien con claridad lanzó el reto a los ciudadanos: “Si tenemos capacidad de elegir a nuestros presidentes, gobernadores, legisladores y presidentes municipales, ¿qué no la tendríamos para elegir jueces?”. Y terminó su conferencia aseverando que “Esta reforma es de gran trascendencia y calado, lo que busca es hacer justicia que demanda la ciudadanía”.

Y esta justicia implica que los ciudadanos sientan tener garantizado el acceso a ella; que tan vital servicio ya no será denegado por la tardanza en administrarla, y cuando se busque saber el juez que resolverá su asunto, resulte una persona capaz a quien le puedan tener confianza, y no como ahora, que el justiciable no conoce origen ni rostro, e ignora las funciones que realiza, ese juez que resolverá su caso, lo cual lógicamente ocasiona irritante suspicacia.

Así pues quedó con claridad asentado: El TRIFE es la última instancia en materia electoral; el amparo no procede en materia electoral; las sentencias del TRIFE son definitivas e inatacables; los procesos electorales no pueden suspenderse con un amparo; la SCJN conoce solo de acciones de inconstitucionalidad en materia de leyes electorales; no existe disputa competencial con autoridades jurisdiccionales; todo proceso electoral se integra por etapas, iniciadas no puede suspenderse, porque rige la definitividad; el TRIFE no está subordinado a ninguna autoridad jurisdiccional; su competencia y facultades está fija en la Constitución, y el sistema electoral mexicano avala comicios libres y el TRIFE, “no gana, garantiza que se cumpla la ley». (Mónica Soto, el decálogo del TRIFE, con Joaquín López Dóriga, 13-II-2025.)

Nuestra Ley Suprema en su artículo 17, establece que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito”. Tan excelente planteamiento de la impartición de la justicia mexicana ha sido un ideal no alcanzado. Ahora, la integración del nuevo poder judicial habrá de subsanar, es el proyecto, todas las fallas que impiden sea realidad tan elevado principio constitucional.