El costo del ahorro

Opinión, por Gerardo Rico

En el marco del llamado Plan B, el 18 de febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la iniciativa para eliminar las llamadas “pensiones doradas”. El objetivo fue reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que ninguna pensión de exfuncionarios de confianza, en especial de Pemex, CFE y organismos descentralizados, supere el 50% de la remuneración de la jefa del Ejecutivo. Fue el pasado 11 de abril cuando entró en vigor esta medida.

La suspensión de las llamadas “pensiones doradas” o jubilaciones de privilegio tiene un significado político profundo en la narrativa gubernamental, centrado principalmente en la lucha contra las desigualdades, la búsqueda de austeridad fiscal y el desmantelamiento de símbolos del poder político tradicional.

Con estas acciones, el gobierno federal tendrá ahorros por cinco mil millones de pesos, mismos que se destinarán a los programas sociales que promueven las administraciones morenistas desde 2018. Cálculos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisan que son alrededor de seis mil los exfuncionarios y exdirectivos de empresas estatales y organismos financieros públicos que, en su momento, se sirvieron con la “cuchara grande” y reciben pensiones por encima del límite establecido.

De este universo, al menos cuatro personas obtienen pensiones superiores a un millón de pesos mensuales y están vinculadas principalmente con la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la Ciudad de México.

Las reformas al artículo 127 constitucional ya originaron tensión entre la clase gubernamental que lleva las riendas del país y un sinnúmero de jubilados ajenos a situaciones políticas, quienes desde hace años cumplieron con los requisitos legales para obtener su pensión bajo las cláusulas de la Ley Federal del Trabajo, al terminar su vida productiva.

Paradójicamente, estas disposiciones no se contemplan para la Secretaría de la Defensa Nacional; es decir, las Fuerzas Armadas no fueron tocadas en sus intereses, al igual que los jubilados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted puede sacar sus conclusiones.

Considero que, en su afán por obtener recursos económicos de donde sea, para garantizar los flujos de dinero a los programas sociales, el gobierno federal abrió una “caja de Pandora” en un sector que, si bien numéricamente puede no representar un riesgo electoral, sí inició movilizaciones en todo el país para defender lo que consideran una violación flagrante a sus derechos humanos.

En Jalisco, los jubilados de la CFE son aproximadamente tres mil y, a nivel nacional, 12 mil 500, mismos que iniciaron su defensa jurídica para evitar que les disminuyan las pensiones que reciben desde hace años. Las manifestaciones ya son una realidad en ciudades como Monterrey, Querétaro, la Ciudad de México y Guadalajara.

Bajo la consigna “pensiones ganadas, no pensiones doradas”, decenas de trabajadores jubilados de dicha paraestatal presentaron los primeros amparos contra las modificaciones al polémico artículo 127 constitucional, en el que se topan las pensiones de organismos públicos federales en el equivalente al 50% del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum; esto es, alrededor de 75 mil pesos mensuales.

Los inconformes se manifestaron a las afueras de las oficinas del Poder Judicial de la Federación para mostrar su rechazo a las consecuencias jurídicas colaterales que originó dicha modificación a la Constitución.

A través del ingeniero Juan Carlos Aréchiga, quien laboró por más de 30 años en la CFE, expresaron estar de acuerdo con la austeridad y equidad que promueve el gobierno de la República; sin embargo, señalaron que estas medidas representan una violación a sus derechos adquiridos, pues en su momento cumplieron con todos los requisitos de jubilación estipulados en la ley bajo esquemas contractuales distintos y legítimos. Por todo lo anterior, informó que continuarán con la presentación de amparos antes de que se hagan efectivos los descuentos en los pagos que reciben cada 14 días desde hace ya varios años.

Por su parte, el representante jurídico de los inconformes, el abogado Rubén Martínez Bocanegra, explicó que estas modificaciones a artículos constitucionales generan violaciones gravísimas al derecho mexicano. La primera: se violan los derechos humanos consignados en el artículo 1 de nuestra Carta Magna; la segunda: se vulnera el principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución; y la tercera: la seguridad jurídica plasmada en el artículo 16 constitucional.

Añadió que la pensión de los jubilados de la CFE les fue otorgada bajo la Ley Federal del Trabajo y mediante un dictamen correspondiente a la cantidad de años que cada uno de los trabajadores alcanzó. “Ese dictamen fue elevado a la categoría de cosa juzgada, por lo que obtuvieron una pensión con plena legalidad. Esa pensión ya es parte de su patrimonio, por lo que adquirieron un estatus de derechos humanos, mismo que se les está violentando con la reforma ya explicada”.

Independientemente del rechazo de juzgados de Distrito a los primeros amparos de jubilados de la CFE en la Ciudad de México, esta situación tiende a generalizarse y a movilizar a sectores sociales que no estaban interesados en participar políticamente. Entre las divisiones internas en Morena y el conflicto con los partidos políticos aliados, el tiempo dirá si la soberbia del poder y la deferencia a amigos y aliados no dan al traste con los objetivos electorales de triunfo el próximo año.