Dos años de Sheinbaum: El gobierno de la continuidad interrumpida

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Decía un viejo político priista —de esos que ya no quedan porque los últimos se reciclaron en Morena— que gobernar México es como conducir un camión sin frenos cuesta abajo: el mérito no está en acelerar, sino en no estrellarse. Claudia Sheinbaum lleva dos años al volante y el camión sigue rodando. Eso, en este país, ya es algo. Pero la pregunta que los mexicanos se hacen cada mañana, mientras esquivan un bache o escuchan otra nota roja, es si alguien realmente sabe hacia dónde va.

La primera presidenta de México llegó al poder con una legitimidad electoral que sus antecesores habrían envidiado, respaldada por un movimiento que se proclamaba transformador y por la inercia de una popularidad prestada —en parte propia y en parte heredada de su antecesor— que le permitió mantenerse por encima de la crítica durante los primeros meses.

Sin embargo, como ocurre con todas las lunas de miel políticas, esa etapa terminó. Lo que quedó al descubierto merece analizarse sin el filtro del entusiasmo ni el de la animadversión, con la frialdad quirúrgica que exige el oficio.

I. La seguridad: el elefante en la habitación

Empecemos por lo más urgente, que también es lo más doloroso. La inseguridad en México no es un problema de percepción, como suelen afirmar algunos funcionarios cuando los números les resultan incómodos. Es un problema de realidad cotidiana: de madres que buscan a sus hijos en fosas clandestinas, de comerciantes que pagan derecho de piso y de presidentes municipales que gobiernan con un arma simbólicamente apuntando a la sien.

Sheinbaum heredó una estrategia —la llamada “abrazos, no balazos”— que su antecesor convirtió en dogma y que ella no ha tenido ni la convicción ni la voluntad de reformar de manera profunda. La Guardia Nacional, ese híbrido entre institución civil y cuerpo castrense que construyó el obradorismo, sigue siendo el eje de la política de seguridad. Y continúa siendo insuficiente. No porque los soldados no quieran cumplir su tarea, sino porque ningún ejército del mundo ha logrado sustituir lo que México nunca terminó de construir: una policía civil profesional, un Ministerio Público eficiente y un sistema judicial que no funcione como una puerta giratoria para el crimen organizado.

Los datos son tercos. Una parte importante de la ciudadanía evalúa negativamente los resultados en materia de seguridad. Las desapariciones —ese horror institucionalizado que comenzó en los años del PRI y que ningún gobierno ha querido enfrentar de fondo— continúan acumulándose en los registros oficiales como si fueran cifras contables y no nombres, rostros y familias destrozadas.

La pregunta que nadie en Palacio Nacional parece querer responder es simple: ¿cuándo dejará el Estado mexicano de subcontratar la seguridad al Ejército y comenzará a construir las instituciones civiles que un país moderno requiere? Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, la continuidad deja de ser una virtud para convertirse en resignación.

II. La economía: crecer menos de lo necesario

Si en materia de seguridad el gobierno heredó un incendio, en economía recibió una casa mal construida que hoy muestra grietas cada vez más visibles. El crecimiento moderado no es únicamente consecuencia de un entorno internacional adverso; también es resultado de años de desconfianza para la inversión, de un Estado que expandió el gasto corriente sin fortalecer la base productiva y de una empresa paraestatal, PEMEX, que acumula deudas como si fueran medallas.

El déficit fiscal no es simplemente un número en una hoja de cálculo. Es la distancia entre lo que el gobierno promete y lo que realmente puede pagar. Y esa distancia se financia, inevitablemente, con deuda o con recortes presupuestales que terminan afectando a los sectores más vulnerables, no a quienes diseñaron el problema.

El equipo económico de Sheinbaum enfrenta la paradoja clásica del populismo tardío: los programas sociales generan popularidad, pero su costo fiscal produce fragilidad; y esa fragilidad, cuando se convierte en crisis, termina destruyendo más bienestar del que los programas alguna vez generaron. No hace falta ser monetarista para entender esa aritmética. Basta con haber cubierto algunos sexenios.

Las señales de inversión privada continúan siendo tímidas. El nearshoring —esa palabra de moda que los funcionarios repiten como un mantra— no se materializará plenamente mientras no existan certeza jurídica, energía confiable y seguridad territorial. Son tres condiciones que el gobierno apenas está en condiciones de prometer, mucho menos de garantizar.

III. Washington: el vecino que impone las reglas

Ningún presidente mexicano, desde que existe una frontera de más de tres mil kilómetros con la mayor potencia del mundo, ha podido ignorar a Estados Unidos. Sin embargo, la manera en que se administra esa relación determina si un gobierno tiene política exterior o simplemente reacciona a los acontecimientos.

Sheinbaum ha reaccionado. Los aranceles llegaron por sorpresa. Las sanciones relacionadas con lavado de dinero llegaron por sorpresa. Las presiones por el fentanilo, el agua del Río Bravo y la migración también llegaron por sorpresa. En diplomacia, ser sorprendido de manera reiterada no es mala suerte: es falta de inteligencia, en el sentido más literal de la palabra.

México exporta petróleo, automóviles, aguacates y migrantes hacia el norte; a cambio, importa decisiones unilaterales que terminan influyendo en su política económica y de seguridad. Esa asimetría no la inventó Sheinbaum, pero tampoco ha encontrado la manera de reducirla.

El pragmatismo en política exterior no es cobardía: es necesidad. Pero exige equipos diplomáticos de primer nivel, capacidad de inteligencia estratégica sobre las intenciones del vecino y una agenda proactiva que no espere el próximo mensaje presidencial estadounidense para reaccionar.

IV. La corrupción: el pecado que nunca se va

La Cuarta Transformación nació, entre otras promesas, con la de ser diferente en materia de honestidad pública. Esa promesa fue parte del combustible moral que permitió el respaldo masivo a un movimiento que se presentó como alternativa a décadas de corrupción sistémica.

Dos años después, las encuestas reflejan lo que muchos ciudadanos perciben en su vida cotidiana: la corrupción no ha disminuido. En algunos niveles de gobierno —estatales, municipales e incluso en entidades gobernadas por la coalición oficialista— los casos documentados son numerosos, y los señalamientos sobre infiltración criminal en estructuras gubernamentales no provienen únicamente de la oposición; también aparecen en reportes de organismos nacionales e internacionales.

El gobierno puede argumentar que heredó un sistema corrompido hasta los cimientos y que transformarlo requiere tiempo. Tiene razón en parte. Pero también debe asumir la responsabilidad por sus propios nombramientos, sus propias omisiones y una narrativa que, con frecuencia, parece premiar la lealtad por encima de la competencia.

La credibilidad anticorrupción no se construye con discursos en las conferencias matutinas. Se construye con fiscalías independientes, órganos de control autónomos y acceso efectivo a la información pública. Precisamente las instituciones que el obradorismo debilitó y que su sucesora no ha mostrado demasiada prisa por reconstruir.

La erosión en los niveles de aprobación —todavía manejable y aún dentro de márgenes que muchos gobernantes envidiarían— constituye una señal temprana de que el capital político se desgasta. Y el capital político, como el económico, es mucho más fácil de gastar que de acumular.

Claudia Sheinbaum tiene ante sí cuatro años más para decidir si su gobierno será recordado como el que consolidó la transformación o como el que administró el statu quo con otro nombre. La historia no juzga las intenciones: juzga los hechos. Y los hechos, hasta ahora, sugieren que el camión sigue rodando cuesta abajo, con el motor encendido, pero sin un mapa claro del destino.

En X: @DEPACHECOS.