Cuentas pendientes de la Fiscalía: El lobo adentro del Centro de Justicia

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay noticias que se leen dos veces. No porque sean confusas, sino porque uno se resiste a creer lo que ya entendió a la primera.

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, adscrito nada menos que al Centro de Justicia para las Mujeres —el edificio que el Estado construyó para que las víctimas de violencia sexual no tuvieran que mendigar atención en una agencia cualquiera—, fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva, acusado de haber modificado la imputación contra un presunto violador para que el hombre saliera libre.

Óscar Daniel «N». La inicial es una cortesía procesal que se le concede a él. A la víctima nadie le concedió nada.

EL MECANISMO

Conviene detenerse en el procedimiento, porque ahí está el delito y ahí está la lección.

En agosto de 2025 le tocó investigar una violación. Antes de que él llegara, un juez federal —vía amparo— ya había ordenado que el sospechoso fuera procesado por ese delito: violación. Es decir, la víctima tuvo que litigar en el Poder Judicial de la Federación para obtener lo que la Fiscalía debió darle de oficio: que su denuncia se llamara por su nombre.

Entonces entró el señor agente del Ministerio Público, y con él la aritmética.

De acuerdo con la indagatoria, al formular la acusación cambió el delito de violación por abuso sexual. Sin pruebas nuevas. Sin hecho nuevo. Sin más motivo aparente que el que salta a la vista: abuso sexual pesa menos. Y lo que pesa menos, se negocia.

El paso siguiente fue solicitar una audiencia para promover un arreglo entre la víctima y el detenido, y pedir al juez la suspensión condicional del proceso: esa salida alterna que permite cerrar un asunto sin llegar a juicio. La suspensión condicional no procede cuando el delito es violación —la media aritmética de la pena lo impide—, pero sí puede intentarse cuando el expediente dice «abuso sexual». El cambio de nombre no fue un error de captura: fue la llave que abría la puerta.

Hubo más. Ni siquiera revisó que el imputado cumpliera los requisitos para acceder a esa figura. Después pidió que se revisara la medida cautelar. Y en una audiencia posterior, el hombre salió a la calle.

Un delito de violación convertido, mediante trámite, en un malentendido reparable. Ese es el expediente. No hay que buscar la corrupción en las sombras: viene foliada, sellada y con firma de servidor público.

EL HISTORIAL

Aquí es donde la crónica deja de ser un caso y empieza a ser un síntoma.

Porque, como documentó Tania Casillas -reportera de MURAL-, este agente no era un desconocido para la Fiscalía Anticorrupción. En enero de 2025 —siete meses antes de la violación que ahora nos ocupa— ya había sido denunciado por abuso de autoridad, cohecho y delitos cometidos en la administración de justicia, junto con una colega, Carmen Liver «N».

¿El caso? Un conflicto familiar. Una mujer denunció la sustracción de sus menores y terminó denunciada ella misma por maltrato infantil, dentro de la misma carpeta. El clásico: la denunciante convertida en acusada. La intrascendente Fiscalía Anticorrupción no ha informado del avance de aquel expediente. Un año y ocho meses después, el silencio administrativo también es una forma de resolución.

Y no fueron dos. Fuentes cercanas a la investigación señalan que el agente ha sido denunciado en al menos cinco ocasiones por hechos cometidos en el ejercicio de su encargo.

Cinco.

Retengamos ahora las dos fechas y pongámoslas juntas, porque juntas son insoportables: en enero de 2025 la Fiscalía del Estado sabía —o pudo saber— que este funcionario estaba señalado por torcer carpetas. En agosto de 2025 ese mismo funcionario tenía en las manos una violación, en el Centro de Justicia para las Mujeres.

No lo removieron. No lo cambiaron de adscripción. No lo suspendieron. Lo dejaron exactamente donde más daño podía hacer.

LAS PREGUNTAS QUE NADIE HA QUERIDO RESPONDER

Se ha comunicado la vinculación a proceso como si fuera un triunfo institucional. Permítaseme la impertinencia de no aplaudir, y de preguntar:

Uno. ¿Quién supervisaba a este agente? Todo Ministerio Público tiene un superior jerárquico que autoriza o al menos conoce el sentido de una acusación. Cambiar una violación por abuso sexual no es una decisión de escritorio: se firma, se registra, se presenta en audiencia. ¿Nadie leyó?

Dos. ¿Y el juez? Un juez de control tuvo enfrente una petición de salida alterna improcedente y una revisión de medida cautelar en un caso de violencia sexual. Concedió la libertad. En este país, cuando un expediente se descompone, la culpa siempre termina siendo del funcionario de menor rango. Aquí hubo, cuando menos, una cadena de omisiones.

Tres. ¿Y la defensa? Nadie ha explicado quién representaba al imputado ni cómo llegó la suspensión condicional a la mesa. Los arreglos rara vez se les ocurren a los agentes del Ministerio Público en soledad.

Cuatro. ¿Dónde está el hombre que salió libre? La nota informa del destino del agente. No del destino del acusado que fue liberado gracias a él. La víctima merece esa respuesta antes que ninguna otra.

Cinco. ¿Cuántas carpetas más pasaron por sus manos entre enero de 2025 y agosto de 2026? Si el patrón fue el que se le imputa, la Fiscalía tiene la obligación de revisar cada una. No por él: por las mujeres cuyos casos firmó.

EL FONDO

El Centro de Justicia para las Mujeres es, en el papel, la respuesta del Estado a una realidad estadísticamente brutal. La idea era simple y buena: un lugar donde la víctima no tuviera que repetir su historia cinco veces ante cinco ventanillas hostiles.

Lo que este caso revela es que el modelo puede tener la fachada correcta y el interior podrido. De poco sirve concentrar a las víctimas en un solo edificio si adentro de ese edificio se sienta alguien dispuesto a convertir una violación en un trámite conciliable.

Y conviene decirlo sin eufemismos: esto no fue una falla del sistema. Esto fue el sistema funcionando para el lado equivocado. Requirió un servidor público que actuara, un control interno que no viera, una Fiscalía que no removiera a un denunciado reincidente y una audiencia judicial que no frenara lo evidente. Cuatro instituciones tuvieron oportunidad de impedirlo. Ninguna la tomó.

La Fiscalía Anticorrupción actuó, al fin, y hay que reconocerlo. Pero actuó porque alguien denunció. No porque el Estado se vigile a sí mismo.

Mientras tanto, hay una mujer en Jalisco que denunció una violación, que ganó un amparo para que su caso se llamara como debía llamarse, y que vio cómo el funcionario pagado para representarla en el proceso trabajaba, en los hechos, para el otro lado.

A ella el Estado le debe algo más que un boletín de prensa.

Óscar Daniel «N» enfrenta hoy prisión preventiva. Es, hasta que un juez diga lo contrario, un imputado con derecho a la presunción de inocencia.

Lo que ya no está sujeto a duda es lo otro: que estuvo cinco veces denunciado y siguió despachando expedientes de mujeres violentadas. Eso no lo va a resolver una sentencia. Eso lo tiene que explicar la Fiscalía de Jalisco.