Presentan obra coordinada por la ministra Loretta Ortiz: Los derechos humanos deben traducirse en soluciones, no quedarse en el papel

Por Francisco Junco.

Los derechos humanos pierden sentido cuando permanecen solamente escritos en tratados, leyes y sentencias y no se convierten en soluciones concretas para las personas.

Bajo esa premisa fue presentada en Jalisco la obra coordinada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, y Víctor Manuel Miranda Leyva, que analiza, artículo por artículo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y busca convertirse en una herramienta práctica para jueces, abogados, litigantes, servidores públicos, estudiantes e investigadores.

La presentación reunió a representantes de los ámbitos jurídico, sindical y académico de Jalisco, con la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, y de Víctor Manuel Miranda Leyva, abogado especialista en teoría jurídica, derechos humanos y perspectiva de género, además de coordinador de la ponencia de la ministra.

Entre los asistentes y anfitriones del evento estuvieron Juan Huerta Pérez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Jalisco, y Héctor Pizano, quien participó en la presentación. Al encuentro también acudieron autoridades, representantes sindicales, integrantes de las comunidades jurídica y académica, jueces, magistrados, estudiantes y público interesado en el análisis y la difusión de los derechos humanos.

La crisis del agua que enfrenta la Zona Metropolitana de Guadalajara permitió llevar esa discusión del terreno académico a una problemática cotidiana. Al ser cuestionado sobre las posibilidades que tiene un ciudadano para defenderse cuando carece de agua suficiente o recibe líquido contaminado, Miranda Leyva explicó que la Suprema Corte ha construido criterios para reconocer el acceso al agua como un derecho autónomo y recordó que Loretta Ortiz ha defendido elevar de 50 a 100 litros el mínimo vital, además de considerar la continuidad y la calidad del suministro.

“La ministra fue una de las principales defensoras de que el nuevo mínimo vital sea de 100 litros. Es decir, la actualización de este criterio, que todavía es utilizado por muchos órganos, incluso por la propia Corte, y que era de 50 litros, ahora exige que se entiendan como 100 litros”, señaló Miranda.

Agregó que el suministro tampoco puede analizarse exclusivamente desde su costo, pues su condición de derecho humano obliga a mantener un mínimo indispensable y abre la posibilidad de acudir al amparo cuando las autoridades incumplen con su garantía.

Precisamente, esa distancia entre lo que establecen los grandes instrumentos internacionales y lo que ocurre todos los días en una colonia, un centro de trabajo, una familia o una comunidad constituye uno de los ejes de la publicación.

La obra reúne jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrina especializada y experiencias del sistema jurídico mexicano para explicar cómo deben interpretarse y aplicarse los diferentes artículos de la Convención Americana frente a situaciones reales.

Loretta Ortiz estuvo presente en el encuentro, aunque una afección en la garganta le impidió desarrollar la conferencia prevista. La ministra explicó brevemente que el texto aborda cuidadosamente los distintos derechos humanos y destacó particularmente aquellos vinculados con el mundo laboral.

“Obviamente, están contemplados y se analizan con mucho cuidado todos los derechos humanos y, en especial, los derechos laborales”, expresó antes de que Miranda Leyva asumiera la exposición central de la obra.

Víctor Manuel Miranda explicó que el proyecto comenzó hace casi dos años, cuando la editorial Tirant invitó a Loretta Ortiz a participar en su colección de textos jurídicos comentados. La ministra decidió trabajar sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una elección relacionada directamente con su trayectoria académica y profesional: durante alrededor de cuatro décadas ha estudiado y enseñado derecho internacional, incluso desde una época en la que esa materia tenía todavía una presencia marginal dentro de buena parte de la discusión jurídica mexicana.

Para construir el volumen fueron convocados especialistas con diferentes experiencias y perspectivas. Participaron juristas, funcionarios encargados de aplicar la Convención, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, jueces, juezas, magistrados y magistradas, además de integrantes del equipo de la propia ministra. Cada uno asumió el análisis de artículos determinados para explicar su alcance, interpretación, dificultades de aplicación y evolución a partir de los criterios desarrollados por los organismos interamericanos.

Miranda destacó que la Convención Americana no debe entenderse como un documento estático ni como un simple catálogo de aspiraciones. Aunque su texto permanece esencialmente igual desde su aprobación, las interpretaciones de la Comisión y de la Corte Interamericana han permitido ampliar progresivamente el contenido de diferentes derechos frente a transformaciones sociales que no necesariamente podían anticiparse cuando fue redactada. Esa característica dinámica, explicó, constituye uno de los planteamientos que Loretta Ortiz considera fundamentales para entender el sistema interamericano.

“Los órganos que se encargan de interpretar la Convención Americana, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le han dado un carácter más expansivo”, explicó Miranda, al señalar que derechos que originalmente no aparecían desarrollados con claridad han encontrado posteriormente reconocimiento y mecanismos para hacerlos exigibles. El desafío para México, agregó, consiste en traducir esos estándares internacionales en decisiones nacionales capaces de resolver conflictos concretos.

Ahí aparece una de las tesis centrales de la publicación: las personas no llegan a un juzgado para escuchar una enumeración de artículos, tratados o precedentes, sino porque tienen un problema que afecta su vida familiar, su trabajo, su salud o su proyecto personal y esperan una respuesta de la justicia.

Por ello, Miranda sostuvo que la legitimidad de los derechos humanos depende, finalmente, de su capacidad para transformarse en respuestas eficaces ante los problemas planteados por los ciudadanos.

El cambio que representó para México la reforma constitucional de 2011 ocupa también un espacio importante dentro de esta reflexión. A partir de la modificación al artículo primero constitucional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos adquirieron una relevancia directa para la actuación de los órganos jurisdiccionales, lo que obligó a los juzgadores a ampliar su marco de interpretación. Miranda puso como ejemplos los derechos derivados de la Organización Internacional del Trabajo y la consulta indígena, materias en las que el derecho internacional ha tenido una incidencia importante en el sistema jurídico mexicano.

Pero modificar una Constitución o aprobar nuevas disposiciones tampoco significa transformar automáticamente la realidad.

“Un cambio de leyes y un cambio normativo no garantizan un cambio en la práctica”, advirtió Miranda. La verdadera eficacia, explicó, se encuentra en las sentencias y en la manera en que estas llegan finalmente a la vida de las personas; de lo contrario, se termina reforzando la percepción de que los derechos humanos son solamente instrumentos declarativos, llenos de buenas intenciones, pero incapaces de modificar las condiciones que originaron una injusticia.

Otro de los objetivos planteados por Ortiz y Miranda es hacer más comprensible el derecho. El coordinador reconoció que el lenguaje jurídico continúa siendo excesivamente técnico y poco accesible, incluso para quienes finalmente son los destinatarios de las normas.

La apuesta de la obra consiste, entonces, en explicar qué significa cada derecho, cuáles son los criterios que lo han desarrollado y qué posibilidades existen para hacerlo valer, tratando de construir una suerte de “alfabetización jurídica” que permita a los ciudadanos identificar cuándo alguno de sus derechos puede estar siendo vulnerado.