PISA: el problema es la política

Por Iván Arrazola 

Muchas respuestas pueden darse a los resultados de México en la prueba PISA 2025. Se puede cuestionar la metodología de la evaluación, discutir las diferencias entre los sistemas educativos de los países participantes, recordar los efectos que dejó la pandemia o señalar los cambios que las nuevas tecnologías están produciendo en la forma en que niños y jóvenes aprenden. Todos son argumentos que merecen ser considerados.

Lo que resulta mucho más difícil de ignorar es que México vuelve a retroceder en capacidades tan elementales como el razonamiento matemático y la comprensión lectora. En matemáticas obtuvo 388 puntos y en lectura, 408, siete puntos menos que en 2022 en ambos casos. El problema adquiere otra dimensión cuando se observa que apenas tres de cada diez estudiantes mexicanos alcanzan el nivel básico en matemáticas, frente al 65 % en el promedio de la OCDE.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido que aplicar una misma prueba a países con características distintas tiene limitaciones. También ha señalado que el descenso no es exclusivamente mexicano, particularmente en lectura, y ha destacado la ligera mejoría registrada en ciencias. Pero el dato central permanece: siete de cada diez estudiantes mexicanos evaluados no alcanzaron el nivel básico en matemáticas.

Sería incorrecto afirmar que los problemas educativos de México comenzaron con Andrés Manuel López Obrador, pero sí se agudizaron. Una de las primeras grandes decisiones del gobierno de López Obrador fue desmontar buena parte de la reforma educativa impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en lugar de corregir sus deficiencias y construir un sistema legítimo de evaluación y mejora, la nueva administración hizo de su eliminación una de sus principales banderas políticas.

El problema de fondo no fue solamente modificar una reforma anterior. Fue el mensaje que acompañó esa decisión: durante buena parte del sexenio, la relación política con los distintos grupos del magisterio adquirió mayor centralidad que la construcción de mecanismos sólidos para evaluar resultados, identificar rezagos y corregirlos.

A ello habría que añadir la conducción de la Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma, Delfina Gómez y Leticia Ramírez encabezaron la dependencia durante el sexenio anterior. Más allá de sus trayectorias particulares, la pregunta pertinente es si durante esos años existió una política consistente, sostenida y evaluable para recuperar aprendizajes, fortalecer matemáticas y comprensión lectora, atender las consecuencias de la pandemia y mejorar la formación docente.

El actual secretario, Mario Delgado, tampoco ha conseguido desprenderse de esa lógica política. Un episodio resulta particularmente ilustrativo. En mayo se anunció la propuesta de terminar el ciclo escolar el 5 de junio, más de un mes antes de lo previsto, bajo argumentos relacionados con las altas temperaturas y la celebración del Campeonato Mundial de futbol.

La propuesta generó críticas de padres de familia y gobiernos estatales y finalmente fue retirada: el calendario original se mantuvo y se cumplieron los 185 días establecidos.

También está la discusión sobre los libros de texto y el papel desempeñado por Marx Arriaga en su elaboración. La Nueva Escuela Mexicana apostó por reorganizar los conocimientos alrededor de campos formativos y proyectos interdisciplinarios. La intención puede discutirse legítimamente; lo que resulta más problemático fue la polarización que acompañó su elaboración, los cuestionamientos sobre sus contenidos y la insuficiente construcción de consensos amplios con especialistas y comunidades académicas.

Algo parecido ocurre con las becas. En su Segundo Informe, la presidenta destacó la enorme expansión de los apoyos educativos. Las becas pueden reducir las presiones económicas que provocan abandono escolar, favorecer la permanencia y ampliar oportunidades. Todo ello es relevante.

Sin embargo, recibir una transferencia económica no garantiza por sí mismo que un joven comprenda mejor lo que lee o pueda resolver un problema matemático. Una política educativa no puede evaluarse únicamente por cuántas becas distribuye, sino también por aquello que los estudiantes aprenden.

Quizá uno de los datos más esperanzadores de PISA sea precisamente el menos mencionado. El 80 % de los estudiantes mexicanos afirma sentir curiosidad por una amplia variedad de temas, frente al 73 % del promedio de la OCDE. Además, el 85 % manifiesta interés en contribuir desde su futuro trabajo a la protección del medio ambiente.

El problema es si el sistema educativo está ofreciendo las condiciones necesarias para convertir esa curiosidad en conocimiento. La precariedad de una parte de la infraestructura escolar es uno de los principales obstáculos.

Por eso, PISA no debería leerse únicamente como una calificación a los estudiantes. También es un espejo de las decisiones acumuladas de la política educativa. Y ese quizá sea el aspecto más preocupante. Las equivocaciones de una política pública pueden corregirse en el siguiente presupuesto o modificarse con una nueva administración. En educación, los efectos son distintos.

Una generación que llega a los 15 años sin comprender adecuadamente un texto o sin las herramientas suficientes para resolver problemas matemáticos difícilmente recuperará de manera automática aquello que dejó de aprender.