ENTREVISTAS
Candelaria Ochoa: Atender problemas de las mujeres vulnerables, será una de las prioridades en su agenda legislativa
Por Mario Ávila //
Luego de que, como regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara, no prosperó su iniciativa para crear un fideicomiso y apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, Candelaria Ochoa, primera en la lista plurinominal al Congreso del Estado por Morena, advierte que, en un lugar prioritario de su proyecto de trabajo para el Poder Legislativo, está el apoyo a las mujeres.
Particularmente habla de las mujeres que atraviesen por alguna condición de vulnerabilidad, como alguna discapacidad, la violencia intrafamiliar, la desaparición forzada del jefe de familia, las mujeres viudas y las jefas de familia. “Esas mujeres a las que no pudimos apoyar plenamente en Guadalajara, porque al alcalde con Licencia Pablo Lemus nunca le han interesado, al contrario, ha demostrado que su hábito es violentar a las mujeres en razón de género”, dijo.
María Candelaria Ochoa, profesora investigadora de la UDG, ex diputada electa por el distrito 9 en el año 2015, ex Comisionada Nacional Contra la Violencia entre el año 2019 y 2020 y regidora actual en Guadalajara con licencia, anunció que propondrá la creación de un fideicomiso para vivienda, para mujeres viudas en condición de violencia y que sean madres solas y que crían a sus hijos.
Esto que ya había planteado en el debate sostenido la semana inmediata anterior en las instalaciones de Canal 44, fue ampliado por la regidora que, en el tema de los derechos humanos, estableció que Jalisco hoy tiene “una gran oportunidad de bienestar el próximo 2 de junio, puede optar por un gobierno frívolo y corrupto o por la transformación”.
Hoy Jalisco -dijo-, tiene la posibilidad de elegir un gobierno de transformación que ponga en el centro a los ciudadanos y hago un llamado a los ciudadanos para que me acompañen a revisar cuáles son los grandes pendientes en materia de derechos humanos, como el de la violencia familiar, Jalisco tiene 6 años y medio con alerta de violencia de género y todavía hoy no tenemos una evaluación concreta de que se haya eliminado o erradicado esa violencia; la violencia vicaria sigue siendo un tema gravísimo, las niñas y los niños se convierten en el botín de padres y madres las pensiones alimenticias son otro graves problema o familia.
Candelaria Ochoa recordó que el apoyo a las mujeres que propuso en el Ayuntamiento de Guadalajara, “no se aprobó porque por supuesto a las personas del ayuntamiento, a Pablo Lemus no le importa y yo propuse que fuera un fideicomiso para las mujeres bajo tres condiciones, mujeres en alguna condición de vulnerabilidad o discapacidad, incluida la violencia familiar, porque cuando viven violencia familiar tienen un problema muy grave de que no se pueden salir de casa porque no tienen a donde ir.
“Otra condición de vulnerabilidad es la desaparición forzada que también eso cuando es el jefe de familia el que desaparece tenemos un problema muy serio porque la familia deja de tener los ingresos (y ahí también tenemos una propuesta); otro tema es mujeres viudas que quedan jóvenes o mujeres jefas de familia. La idea es que el Gobierno de Estado pueda crear un fideicomiso para esta condición, porque necesitamos apoyar a las mujeres, pero de manera concreta, no con mentiras como a la fecha, ni con falsas promesas”, planteó.
Desde el Congreso -apuntó- y desde el Ejecutivo porque vamos a ganar el Gobierno del Estado con Claudia Delgadillo y ella si ha vivido ser jefa de familia sabe lo que implica una condición así.
SEIS AÑOS DE REZAGO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La violencia intrafamiliar, recordó la candidata a diputada, Candelaria Ochoa, “fue una de las primeras violencias que las mujeres feministas legislamos tanto en el ámbito federal como en el estatal y resulta que es el que menos reconocimiento tiene para atenderlo; entonces requerimos que el Gobierno del Estado realmente intervenga de manera rápida cuando una mujer denuncia violencia familiar, porque se queda desprotegida. Y el otro elemento es porque no hay las condiciones de justicia para que rápidamente se atienda. La violencia vicaria y la violencia de las pensiones alimenticias, ese sigue siendo un tema dificilísimo”, planteó.
En Jalisco -lamentó-, no se ha aprobado, cuando a nivel nacional ya está aprobada. En Jalisco sigue pendiente esta aprobación y el Poder Judicial retrasa todos los casos de pensión alimenticia. Todo eso lo tendremos que atender en conjunto con el Poder Judicial y con nuestra gobernadora, que será seguramente Claudia Delgadillo. Por supuesto también desde el Poder Legislativo.
Tenemos seis años y medio de rezago en la atención de la violencia contra la mujer- insistió-, seis años y medio con la alerta de género y en esos seis años y medio no conocemos un informe concreto en dónde nos puedan decir en dónde se ha erradicado la violencia; en realidad nos preocupa muchísimo que no haya atención a la violencia en todas sus modalidades, no solamente la violencia familiar, porque esa violencia implica otras violencias como la física, la violencia económica, la violencia psicológica y la violencia patrimonial, entre otras.
En realidad -estableció-, se trata de un problema muy grave y todavía hoy, seis años y medio después, no conocemos un informe qué nos diga en dónde están los avances de la política pública del Gobierno del Estado en contra de la violencia y la alerta de género. La CEDHJ forma parte de esta responsabilidad, pero quien tiene la obligación de atender el tema es el Gobierno del Estado y por eso también yo digo que es muy limitado que se atienda solamente desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva, porque tiene poca capacidad para transversalizar la perspectiva de género en todo el Gobierno del Estado.
UN FRACASO, LOS ‘PUNTOS PÚRPURA’
Sobre los llamados ‘puntos púrpura’, Ochoa dijo drásticamente, “son una política fallida y la mejor evidencia de ello es que durante el año 2023 atendió solo 32 personas, de las cuales solo 7 eran mujeres y los demás eran hombres; en segundo término, esta política es un fracaso porque los puntos púrpura están ubicados solo en la zona poniente de la ciudad, porque se supone que eran para prevenir la violencia en el transporte de pago, taxis o uber; y además usted va a los puntos y no solamente están vandalizados, sino que los puertos usb que se supone deben tener energía para que cuando una persona necesite recargar su celular y esos están inservibles y vandalizados también. Además, es que el único que tiene contacto con el C-5 es el que acaban de poner, después de mi crítica, en la zona de San Juan de Dios”.
APOYO TAMBIÉN, A LOS COLECTIVOS DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS
Otro ofrecimiento que Candelaria Ochoa buscará hacer realidad, toda vez que en Guadalajara Pablo Lemus lo impidió, será el apoyo a los colectivos de búsqueda de desaparecidos, “con los que Pablo Lemus, alcalde con licencia de Guadalajara, solo se tomó fotos para su feis, pero nunca hizo nada por ellos”.
Solo se ha tomado fotos -sentenció-, y un ejemplo muy concreto es que yo organicé mesas con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, e incluso estuvo presente el director de Desarrollo Económico y el Tesorero, ahí acordamos un fondo de 20 millones de pesos para colectivos, para la búsqueda de personas, ese fondo finalmente nunca se entregó, porque solo se entregaron 2 millones de pesos.
Lo que queríamos para los colectivos -abundó-, era dotarlos de insumos para la búsqueda, lo que ellos necesitan, gasolina para transportarse, el pago de ubers o de taxis, sueros, cubrebocas, guantes, botas, alimentos, artículos de protección y eso es lo que Pablo Lemus no apoyó, así es que no me venga a decir que él está comprometido con ellos, cuando en realidad es pura lengua.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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