ENTREVISTAS
Gustavo Macías, coordinador legislativo del PAN: Quedará corta Reforma Judicial; intocable el Consejo de la Judicatura
Por Mario Ávila //
La insatisfacción es el sino de esta mal llamada “reforma del Poder Judicial” que impulsan los promotores de la llamada “refundación de Jalisco” desde el Poder Ejecutivo, ya que se centra en los procesos y requisitos para designar jueces y magistrados y no se toca al fondo a todo el sistema, desde el primer respondiente y a la fiscalía, en la integración de las carpetas.
“Va a quedar una reforma con algunos avances, pero no en lo que realmente necesita el Poder Judicial, porque además no se está tocando el Consejo de la Judicatura”, precisa el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gustavo Macías Zambrano, entrevistado por Conciencia Pública.
“Creo que en donde están las verdaderas decisiones del Poder Judicial no son en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, sino en el Consejo de la Judicatura, ahí se nombra a los jueces, ahí se ratifican a los jueces, ahí se distribuye el presupuesto, ahí se dan los nombramientos para todo el personal del Poder Judicial, en síntesis ahí es donde está el verdadero poder y ese no se está tocando en esta reforma”, sintetiza el legislador.
No obstante, aclara que van a seguir haciendo intentos para lograr tener un Poder Judicial mucho más transparente y que empiece a recuperar la confianza de la gente, “aunque para ser honestos la desconfianza de la ciudadanía es hacia todo el sistema y de todo el aparato de justicia que incluye a los policías municipales, los ministerios públicos y la fiscalía, aunque se le carga más la mano al Poder Judicial. Los primeros que conocen de un delito, es la policía municipal o la Fiscalía y muchos de estos atorones de la justicia no es con los jueces, sino con la integración de las carpetas y ahí viene mucho de lo que reniega la gente”.
En lo que sí, en efecto, faltan solo algunos detalles, es en temas como la paridad de género en los nombramientos; los tiempos de duración de cada período y la forma en alcanzar la inamovilidad; los métodos de evaluación a jueces y magistrados, aunque falta definir quién habrá de evaluar y la eliminación del “Haber de Retiro”, que hoy día es considerado como un bono que ya está prohibido en la ley.
Hay quien dice que el PAN y Morena están apalabrados con la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano para sacar adelante esta reforma y que las prisas obedecen a la necesidad que se tiene que realizar nombramientos de 5 magistrados y uno que estaría cumpliendo con su período, por lo que 3 posiciones corresponderían a MC, 2 al PAN y una para Morena.
Sin embargo, ha trascendido que de las 5 nuevas magistraturas, todas las quiere tener el titular del Poder Ejecutivo.
LA ENTREVISTA
Para conocer los detalles en los que la fracción parlamentaria del PAN está de acuerdo y en los que no, el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Gustavo Macías Zambrano, habló para los lectores del semanario Conciencia Pública.
Pregunta. ¿Qué puntos los unen y en cuáles hay desacuerdos aún?
Respuesta. De acuerdo estamos ya en que se deben hacer evaluaciones para magistrados y jueces en tres tipos, de control patrimonial, de confianza y de conocimientos; pero en lo que no hemos podido coincidir es en quién hace las evaluaciones, sobre todo las de control de confianza y las que tienen que ver con el control patrimonial y eso es lo que les está haciendo más ruido en el Poder Judicial.
P. ¿Cuál es la propuesta de Acción Nacional?
R. Quién hará las evaluaciones es la gran duda, es el riesgo que ellos (Poder Judicial) y el PAN ven, qué confianza se puede tener en los que evalúan. La propuesta de primera lectura se dejó sin cerrar este tema, nosotros proponemos un organismo autónomo que sea evaluador no solo del Poder Judicial, sino de otros poderes e incluso de candidatos a cargos de elección popular en un futuro. El gobernador ve bien esta parte y probablemente el 12 de junio podamos terminar creando una dependencia que le genere confianza a los magistrados, a los jueces y a la sociedad.
P. El Judicial ya le ha ganado controversias al Congreso sobre las evaluaciones, en particular las pruebas de control de confianza…
R. En efecto. Lo que se busca es que el Poder Judicial no interponga recursos en contra de la iniciativa, porque han advertido que si no están de acuerdo con la reforma la habrán de contravertir; ya han ganado y seguramente nos volverán a ganar y ahí vamos a quedar.
DESAPARECERÁN “HABER DE RETIRO”
P. Y sobre los acuerdos…
R. Un tema en el que ya hay acuerdo unánime es en desaparecer el “Haber de Retiro” y aunque no está establecida en Jalisco la prohibición para que ellos puedan trabajar en asuntos particulares, esta prohibición era de dos años una vez que terminaban el período, esa era la justificación para el haber de retiro, para que al día siguiente no estuvieran litigando sacando provecho a la experiencia y los contactos que obtuvo en el cargo, eso sería falta de ética. Aunque hoy tenga otro nombre, finalmente el “Haber de Retiro” es un bono y eso ya está prohibido también para ellos, creo que el sueldo no está tan mal como para que necesiten el “Haber de Retiro”.
P. ¿Hay acuerdo en la paridad de género?
R. Exacto, en la paridad también estamos todos de acuerdo, mitad y mitad. Aunque tardaría años en equilibrar el pleno en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco en donde solo hay 4 mujeres, pero de aquí en adelante todas las posiciones que desde hoy surjan, estarán equilibradas.
ATORADO INAMOVILIDAD
P. ¿Y de la inamovilidad en los nombramientos, que nos puede decir?
R. Entre las coincidencias está también la inamovilidad de los jueces, nosotros proponíamos 2 ratificaciones y a la tercera ya te vuelves inamovible, es decir al noveno año ya se queda de manera permanente; pero hay quien pretende hablar de tres periodos para que ya puedas alcanzar ese rango, es decir del año 13 en adelante, aunque creo que terminaremos a los 9 años en el caso de los jueces. En tanto que en el caso de los magistrados, proponíamos un período de 7 años con ratificación por otros 7, o un período único sin necesidad de ratificación hasta los 14 años; pero la propuesta que se presentó es de un solo período de 10 años, sin embargo, la constitución federal dice que en su artículo 116 que los magistrados podrán ser reelectos, y si dejamos un solo período también nos pueden echar abajo la reforma. Por ello yo creo que habremos de terminar en dos periodos de 7 años.
P. ¿Con esto se garantiza al pueblo de Jalisco un nuevo y transformado Poder Judicial?
R. El Poder Judicial necesita mucho más en cuanto a su reformas, muchas de las limitaciones que nos hemos encontrado es que hay normas federales que no podemos contravenir, hay requisitos por ejemplo para ser magistrados, que ya están establecidos en la Constitución Federal, nos estamos topando en que está bien lo que aquí se plantea, pero se contrapone con disposiciones federales o con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hacen que no podamos legislar como quisiéramos aquí en Jalisco.
NO ES LA REFORMA QUE SE NECESITA
P. ¿Entonces será una reforma trunca?
R. Va a quedar una reforma con algunos avances, pero no en lo que realmente necesita el Poder Judicial, porque además no se está tocando el Consejo de la Judicatura, yo creo que en donde están las verdaderas decisiones del Poder Judicial no son en el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, sino en el Consejo de la Judicatura, ahí se nombra a los jueces, ahí se ratifican a los jueces, ahí se distribuye el presupuesto, ahí se dan los nombramientos para todo el personal del Poder Judicial, en síntesis ahí es donde está el verdadero poder y ese no se está tocando en esta reforma.
Pero vamos a seguir haciendo intentos para lograr tener un Poder Judicial mucho más transparente y que empiece a recuperar la confianza de la gente, aunque para ser honestos la desconfianza de la ciudadanía es hacia todo el sistema y de todo el aparato de justicia que incluye a los policías municipales, los ministerios públicos y la fiscalía, aunque se le carga más la mano al Poder Judicial. Los primeros que conocen de un delito, es la policía municipal o la Fiscalía y muchos de estos atorones de la justicia no es con los jueces, sino con la integración de las carpetas y ahí viene mucho de lo que reniega la gente.
P. ¿Dice Enrique Velázquez que ya hay acuerdos en un 85%, es cierto?
R. Sí, solo son dos o tres las cosas en las que o estamos coincidiendo, que es la duración de los periodos, permanencia, quién evalúa y los exámenes vinculatorios o no, creo que ahí nos vamos a atorar porque supongamos que son 100 los aspirantes a las magistraturas, cuánto nos tardaremos en hacer los exámenes de control de confianza, nos llevará elegir un magistrado como lo estamos proponiendo hasta tres meses.
P. ¿El cambio total en el Poder Judicial no se logra en el gobierno de Alfaro?
R. La transformación plena del Poder Judicial habrá de rebasar el sexenio, y tiene que ser así porque tiene que ser una transformación mucho más profunda, es un buen avance de lo que se puede lograr en esta reforma porque hay temas novedosos como este de las evaluaciones cada 4 años y la idea es aplicarlas para los que hoy están y los que están por entrar. Por cierto la más importante de las evaluaciones es la del control patrimonial de los jueces y magistrados.
P. ¿El Ejecutivo y el Judicial proponen y el Congreso dispone?
R. Yo creo que en términos generales el Poder Judicial está de acuerdo en llevar a cabo estas transformaciones, porque ven los mismos índices que nosotros vemos en la desconfianza de la ciudadanía y han manifestado su disposición en acompañar al Legislativo en esta reforma; hoy la desconfianza de algunos de ellos son en que si éstos órganos de control no usarán los exámenes y las evaluaciones, como medidas para limitar su trabajo y la continuidad en su cargo con evaluaciones manipuladas o como un arma para controlarlos o despedirlos. Lo que ciertamente sí podría ocurrir si no aprueban los exámenes de control de confianza, pero lo que debemos encontrar es un organismo que les genere confianza de ser sometidos a la evaluación sin mano negra, con pruebas objetivas.
P. ¿Quién sale ganando con esta reforma?
R. Yo creo que ganamos todos, la gente porque tendrá un poder Judicial más transparente, gana también las fuerzas representadas en el Legislativo en donde todas las fracciones parlamentarias así como el Ejecutivo y el Judicial han aportado mucho.
LOS TEMAS POLÉMICOS QUE FRENAN LA DISCUSIÓN
-
El dictamen amplía el periodo para magistrados de 7 a 10 o hasta a 14 años, pero elimina la reelección, lo que contraviene la norma federal porque ahí sí se habla de la reelección, por lo que quedaría en dos períodos de 7 y 7 años, para alcanzar la inamovilidad.
-
Los jueces se quedan con dos períodos de 4 años y en el tercero alcanzan la inamovilidad, siempre y cuando aprueben las evaluaciones.
-
Tanto magistrados como jueces deben aprobar exámenes de control de confianza cada 4 años, los que ya están en el cargo y los aspirantes.
-
Se elimina la prestación de “Haber de Retiro”, planteado en el artículo 61 constitucional.
-
Magistrados y jueces habrán de presentar exámenes teóricos prácticos de conocimientos y los perfiles de los aspirantes serán analizados por el Comité de Participación Social y presentarán evaluaciones de evolución patrimonial.
-
En los futuros nombramientos se respetará cabalmente la paridad de género, la mitad de las designaciones para hombre y la mitad para mujeres.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Segundo piso en López Mateos: ¿Solución rápida o error costoso?
Colomos III: La batalla por el patrimonio ecológico de Jalisco
Convención Estatal de MC: Asume Mirza Flores dirigencia estatal del partido naranja
Primer informe de labores legislativas de Claudia Salas: «La gente quiere resultados, no pleitos»
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
Muere el reconocido actor estadounidense Robert Redford
Rechaza ser deportado Hernán Bermúdez Requena de Paraguay
Mirza Flores expresa apoyo a Canelo Álvarez
