NACIONALES
Entre dimes y diretes el Ejecutivo y Legislativo federales: Discuten por consulta sobre el Ejército

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Los mexicanos somos muy dados a pronunciar entre renglones lo que queremos decir, para no expresar con franqueza algunos reclamos, opiniones o consejos. Por lo tanto, si queremos entender el mensaje, debemos deducir el sentido de lo que no se dijo con claridad.
Si lo antedicho es común entre toda la gente, es doblemente habitual para los políticos, personas siempre reacias a exponer con simple verdad lo que buscan o pretenden comunicar. Por eso, cuando alguien habla mucho y poco se le entiende, solemos criticarlo diciéndole: “pareces político”.
En días recientes, presenciamos una toma y daca entre el presidente de la junta directiva de la Cámara de Diputados Federal (el panista Santiago Creel Miranda) y el líder de la Junta de coordinación política (Jucopo) de esa cámara, el morenista Ignacio Mier Velasco, teniendo como punto central el anuncio del primer mandatario nacional de realizar una encuesta, para saber que opina el pueblo sobre “si el ejército debe continuar coadyuvando para lograr la seguridad pública”.
Ya sabemos que para crear la Guardia Nacional (GN) el 26 de marzo de 2019, hubo gran consenso de todos los diputados y senadores para ello, y además, se aprobó en un artículo transitorio de la reforma constitucional correspondiente, que las fuerzas armadas permanentes estaban autorizadas para continuar apoyando las tareas de ese nuevo organismo hasta 2024, con el fin de que tanto dicha Guardia como las corporaciones policíacas estatales y municipales, se reorganizarán y capacitarán eficientemente, a fin de otorgar la plena seguridad pública que los mexicanos requerimos; logrado este empeño, el ejército y armada volverían a sus cuarteles.
Como lo anterior, evidentemente no se ha logrado, una legisladora del PRI (la duranguense Yolanda de la Torre, ahora presidenta del Supremo Tribunal de su Estado) presentó iniciativa para que las fuerzas armadas prolongaran su participación, en las tareas de seguridad pública, hasta 2028. Incluso, la legisladora Cristina Ruiz Sandoval, también del partido tricolor, planteó que fuese hasta el año 2029.
La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada (dos terceras partes de diputados asistentes, por ser reforma constitucional) el 14 de septiembre, la reforma, debiendo pasar al Senado para que se discutiese y aprobase en iguales términos; como en esta Cámara alta, los senadores presentes que apoyan esa iniciativa no lograron, por un voto, la mayoría calificada, esta propuesta no se votó y en hábil estrategia legislativa, el 21 del mes pasado se regresó a comisiones, para posteriormente debatir y votar, se supone que estando ya asegurada esa indispensable votación idónea, lo cual es probable sea este mes de octubre.
Considerando lo sucedido, el titular del poder ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador, Amlo) anunció el septembrino viernes 23, que convocaría a una consulta popular sobre ese tema, el cual, siendo tan delicado, no debe resolverse desde las cúpulas sino “que sea el pueblo quien decida”, agregando: “No considero que se deba hacer con el INE, pero sí que la gente pueda votar”. En consecuencia, será la Secretaría de Gobernación quien instrumente esa consulta, que, no siendo vinculante, sí puede reflejar el punto de vista claro de la ciudadanía.
Al respecto, Amlo sugirió tres preguntas que se formularían a los votantes: a) si están de acuerdo con la Guardia Nacional y su desempeño; b) si consideran que ejército y marina estén hasta 2028 haciendo labor de seguridad pública o ya regresen a sus cuarteles, y c)a qué dependencia debe pertenecer la GN: a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Gobernación (SG) o la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP).
Ante esa declaración, ni tardo ni perezoso, el domingo 25 del mes retropróximo, el diputado Santiago Creel, apenas electo el uno de septiembre como presidente de la directiva de la Cámara de Diputados para un año, se valió de tan privilegiado cargo para difundir un video. En este, se dirige al Presidente de la República, “con respeto a su investidura” pero en defensa de los diputados y de la Constitución, ante lo que califica como “indebida intromisión” del ejecutivo, quien con la consulta aludida, pretende “presionar socialmente a los legisladores”. Enseguida, en especie de consejo no pedido, aduce Creel, que reformar la Carta suprema es atribución del Constituyente Permanente (CP), (institución formada por las dos Cámaras y los congresos locales de las Entidades federativas), rematando con tajante frase: “nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución”. Según este diputado panista, que aspira a ser candidato presidencial para 2024, el CP es el máximo órgano del país y representante de la soberanía popular.
Pero eso no lo dice la Constitución, ya que está precisa (art. 39) que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que todo poder público dimana de él, mismo que tiene en todo tiempo el derecho de variar la forma de gobierno. Así pues, el flamante diputado Creel no dio bien la lección. Para el día 28 pasado, Creel hizo pública la petición de una entrevista con el mandatario para acordar, políticamente, lo que mejor convenga a la nación. Ese fueron los “dimes” del panista.
Como es lógico suponer, el adalid de la diputación (Jucopo), Ignacio Mier, inmediatamente salió en defensa del primer magistrado, y le recitó sus “diretes” a Creel, a quien calificó de “hipócrita”: “usted no es ingenuo, lo conozco y con todo respeto quiero decirle que en el fondo ni le importa la Constitución ni el Constituyente permanente, ni la seguridad de… los mexicanos, seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones” presidenciales.
Luego, le endilgó lo siguiente: No reduzca ese honroso cargo de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que le fue conferido, ahí por la mayoría de las diputadas y diputados, para convertirse en un simple vocero de su partido”, ya que ni siquiera es -Creel-, vocero del Congreso que está compuesto por dos cámaras, y mucho menos puede ser portavoz del CP y en tal situación, lo que hace el panista, es ir contra la Carta Magna, y solo buscar posicionarse para fortalecer su aspiración personal.
Para vigorizar esas ideas, el guía de MORENA, Mario Delgado, terció y expresó que el video de Creel era una desfachatez, y decía puras mentiras, ya que: “el presidente de la República,…no invade ninguna facultad del Legislativo al promover una consulta ciudadana, pues es promover la participación ciudadana y ésta es una de las facultades que tiene la Secretaría de Gobernación…fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana…” (El Sol de México, 26 de septiembre).
Entonces, para hacer más interesante el “dime y te diré” entre legisladores, el ejecutivo expuso: “que la opinión sobre la permanencia del Ejército en las calles no se llamará “consulta” porque tiene que buscarse el marco legal apropiado”, advirtiendo que el INE no participará porque luego pide muchísimo dinero para “viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes…” y se busca no salga caro el sondeo de opinión. En cuanto al diálogo o entrevista con el dirigente de la Cámara de Diputados, Amlo le sugirió al diputado blanquiazul que hablara con el Secretario de Gobernación.
Los dimes y diretes se soltaron por todas partes y entonces, tanto los diputados Creel y Mier, como el secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y demás políticos involucrados, como que quisieron que las aguas no se encresparan más. Para alcanzar este objetivo, al terminar una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Mier invitó a fumar la pipa de la paz, al diputado Creel, por lo que decidió invitarlo con el propósito, “de garantizar la cohesión y la institucionalidad de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados”.
Por su lado, el güero Creel, dijo aceptar la junta con Adán Augusto López, para hablar sobre seguridad pública, aunque luego imitó a la Chimoltrufia: “creo tener una solución al problema, a lo mejor me equivoco, a lo mejor no, a lo mejor tiene méritos, a lo mejor no…”.
Estamos pues ante un evidente caso de la locución popular “Andar en dimes y diretes”. Sobre esta frase coloquial, nos dicen los investigadores del Diccionario Histórico de la Lengua Española, que se inició cuando se encaraban al monarca en España, sus gobernados, hace cientos de años: «Que no hable ninguno con su Rey papo á papo -cara a cara-, ni ande con él á dime y dirte há (direte).» Al respecto, explica la Real Academia Hispana, que la locución “hace referencia a comentarios y habladurías o a intercambio de opiniones, réplicas y contrarréplicas, normalmente sin acritud”.
El diccionario nos da ejemplos para entender mejor la frase: “Entre tantos dimes y diretes aun no llegamos a un acuerdo”. Y si en las sesiones hay barullo, se dice: “La junta se realizó entre muchos dimes y diretes”.
Lo cierto es que esta frase hecha, tiene siglos y proviene de las palabras “dime y te diré”, habiéndose transformado ésta en “direte”. Es tan popular, que un conjunto musical moderno, (los Inquietos del Norte) grabó una canción con ese nombre, y en una parte, entonan: “Ni todo es bueno, ni malo/depende quien va a juzgarlo/…Entre chismes y alcahuetes/desperdiciamos la vida/por querer tener la razón/no tienen sentimientos, ni tienen corazón.
Y eso es cabalmente lo que hacen nuestros políticos: hablan y hablan, para finalmente demostrar que, como siempre “andan en dimes y diretes”, en muchos temas. Con ello acreditan generalmente, que no tienen memoria, ni sabiduría, ni palabra, y mucho menos, corazón.
ENTREVISTAS
Francisco Reséndiz Neri, candidato a juez de distrito: Juzgar con pasión, servir con independencia

Por Francisco Junco //
“Quiero seguir siendo juez porque es mi vocación y mi pasión. No busco poder, sino servir”, afirma con convicción Francisco Reséndiz Neri, Juez Séptimo de Distrito en Jalisco, mientras enfrenta un proceso inédito en México: la elección popular de jueces el 1 de junio de 2025.
Con más de 20 años en el Poder Judicial y nueve como titular en materia penal, Reséndiz, identificado con el número 25, defiende su trayectoria y su amor por los derechos humanos como su principal carta de presentación.
Un camino desde abajo
Reséndiz comenzó en los escalones más bajos del sistema judicial, como meritorio, haciendo copias y aprendiendo desde la base. Su carrera incluye roles como actuario penal, secretario del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, y juez federal en materia de cateos y arraigos en la Ciudad de México, hasta llegar a la titularidad del Juzgado Séptimo de Distrito.
“Me mueve, el hecho de que creo que esto tiene que mejorar en la selección y que se requerirán personas de experiencia, personas independientes, que contribuyan a que subsista lo que es propiamente la división de poderes, la democracia como la conocemos actualmente, porque la defensa más cercana que tiene el ciudadano y todas las personas contra cualquier acto arbitrario, es precisamente el juicio de amparo, único en el mundo que permite anular cualquier acto”, señala, destacando su compromiso con la división de poderes y la democracia.
Retos de una elección sin precedentes
En entrevista con Conciencia Pública, Reséndiz aborda con franqueza los desafíos de esta elección. “Será difícil que la gente vote con cientos de nombres en una boleta, sin partidos ni propuestas tangibles”, admite. Reconoce riesgos, como la posible influencia de poderes fácticos, incluido el crimen organizado, pero insiste en que la solución es simple: “Apegarse a la ley, al caso concreto y a la Constitución”. Su experiencia, dice, es su escudo contra presiones externas.
Dilemas judiciales
Francisco Reséndiz Neri reconoce que uno de los grandes dilemas actuales en la labor jurisdiccional es la falta de una postura clara de la Suprema Corte respecto a la jerarquía entre los tratados internacionales y la Constitución.
“Muchos jueces, actuando de manera fundada, han establecido que debe prevalecer el tratado sobre la Constitución en ciertos casos, especialmente cuando se trata de derechos humanos”, explica. Sin embargo, esa práctica ha generado reacciones del poder legislativo, que habla de afectaciones a la soberanía nacional. “El problema es que cuando un juez aplica el tratado por encima de la Constitución, aunque sea para proteger derechos humanos, puede ser señalado o etiquetado, y eso no debería pasar”, señala.
Una justicia humana y equitativa
Cuenta cómo, en un caso de abuso sexual contra un menor, “coincidía la edad con la de mi hija. Estás tentado a echarle más cosas, pero no puedes. Tienes que ser objetivo. No puedes decidir por lo que sientes” y reafirmó que la objetividad no lo aleja de la empatía, “hay que ponerse en los zapatos de los otros. Todos tienen un proyecto de vida, todos merecen respeto”.
Propuestas claras
¿Por qué votar por él? Reséndiz enumera tres razones:
“Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona capacitada. Quiero que votes por mí porque tienes derecho a una persona que ha administrado justicia y que tiene noción de lo que es o son los actos injustos. Y, tres, quiero que votes por mí porque siempre dialogaré por la protección de los derechos de las personas. Esa es mi directriz”, subraya.
Deuda histórica con las víctimas
Para Reséndiz Neri, el sistema penal mexicano tiene una deuda histórica con las víctimas, “el sistema ha privilegiado la forma sobre el fondo”, lamenta. Y pone un ejemplo elocuente, “no es lo mismo liberar a alguien porque no se leyó un derecho a tiempo, que porque no se comprobó su responsabilidad. Hay que cuidar las formas, sí, pero sin perder de vista la justicia de fondo”, apunta. Desde esa visión, Francisco Reséndiz cree necesario revisar la legislación para que no se convierta en un laberinto que sirva como impunidad.
El juez habla con firmeza sobre temas que no todos tocan con tanta claridad, por ejemplo, aseguró que la diversidad llegó para quedarse. “No puede haber discriminación por preferencia sexual, por origen étnico o por discapacidad. Es una deuda histórica que tenemos con los grupos vulnerables”. Defiende los protocolos para juzgar con perspectiva de género, y asegura que su compromiso es procurar una justicia que no sólo sea formalmente igual, sino sustantivamente justa.
En un México donde la desconfianza hacia las instituciones prevalece, Reséndiz ofrece su trayectoria: nueve años como titular del Juzgado Séptimo de Distrito y una carrera forjada en la experiencia.
En la inédita elección de jueces del 1 de junio de 2025, lamenta no poder prometer resultados tangibles como un político que ofrece obras públicas. “Solo prometo proteger los derechos de quienes lleguen a mi juzgado, porque así lo manda la Constitución”, asegura con convicción. “No lo hago por poder, sino por deber”.
CARTÓN POLÍTICO
Herida abierta
NACIONALES
Daniel Cosío Villegas y el dominio presidencial

Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez //
Muy certero el dicho aquel de “quien no conoce la historia está condenado a repetirla”.
Daniel Cosío Villegas, historiador, economista, catedrático, intelectual reconocido por tirios y troyanos, escribió varios libros que dieron luz para comprender cómo se hizo y cómo funcionó el Sistema Político Mexicano, confeccionado por revolucionarios, entre los que sobresalen, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y otros.
Don Daniel Cosío Villegas, quien tuvo que aclarar la mentirijilla que propagó de haber nacido en Colima, en 1900, cuando en verdad nació en la Ciudad de México en 1898, estableció en varios de sus libros, ensayos y textos, que México vivió alrededor de 70 años un sistema autoritario, presidencial y con un partido dominante.
Habrá que estar muy atentos a lo escrito por este sociólogo y diplomático que desnudó y encabritó a no pocos miembros de la élite que gobernó nuestro país desde que la Revolución se bajó del caballo hasta que llegó Fox con sus botas piteadas.
Don Daniel consideró que los poderes metaconstitucionales, de por sí concesionados en la Magna Carta de 1917, motivaron la Centralización del Poder en los rubros de política, economía y geografía. Esta concentración fue perversa, centralista y castrante para el resto de las entidades de la República. Tiempos hubo que en política “no se movía una hoja del árbol” sin la aprobación del Presidente de la República (así con mayúsculas) porque su poder era inmenso, total y arbitrario.
La subordinación de las autoridades municipales, estatales, así como de los poderes Legislativo y Judicial, al omnímodo poder presidencial se tornó, incluso, patético, absurdo y kafkiano.
El presidente priista en turno era un dios sexenal, que hacía y deshacía según su voluntad, su ánimo y sus intereses personales y de grupo. ¡Ay de aquél o aquellos que osaran ir en contra de la voluntad del todopoderoso presidente! Le esperaba cárcel, muerte política o… de veras.
Con esas condicionantes se canceló así la actividad política como factor de movilidad social; brilló la ausencia de un programa político claro y se apoderó del poder el oportunismo descarado y descarnado de las huestes “hienas” que pululan siempre buscando la carroña que dejan los “leones” de la grilla.
Un factor más fue el partido único, mediante el cual se legitimaron los cambios sexenales para aparentar la democracia hacia afuera, hacia los observadores mundiales. Mientras se mostraba esa falsa careta democrática al interior del partidazo y de otros partidos paleros, se practicaba la sumisión total al detentador del poder político.
Don Daniel Cosío Villegas publicó en 1972, bajo el auspicio de la Universidad de Texas, su ensayo “El sistema político mexicano, las posibilidades de cambio”.
Estableció que la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideado en 1920, pero nacido hasta 1929, fue creado para eliminar el caudillismo de los neopolíticos postrevolucionarios, la mayoría hombres de armas, y así disminuir la violencia. Esto generó la “pax post revolución”, con el beneficio de sentar bases sólidas de la economía y algunos programas con objetivos sociales.
Octavio Paz, premio Nóbel de Literatura, solía decir que Cosío Villegas, “nos hizo conscientes de la dignidad humana”. Cosío Villegas fue director de la Escuela de Economía de la UNAM en 1933. Fue el primer director del Fondo de Cultura Económica, de 1934 a 1948 y presidente del Colegio de México de 1957 a 1963. Justamente don Daniel, siendo diplomático en Portugal, sugirió al entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, traer a México a los intelectuales españoles perseguidos por Francisco Franco por su afán republicano.
Ellos, los refugiados españoles fundaron la Casa de España, a la postre convertida en el Colegio de México. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho aprueba y se crea el Colegio Nacional. Entre sus iniciadores está don Daniel Cosío Villegas y los jaliscienses, José Clemente Orozco, Enrique González Martínez, Mariano Azuela, acompañados por Manuel Sandoval Vallarta, Carlos Chávez, Alfonso Reyes, Alfonso y Antonio Caso, Ignacio Ochoterena, Diego Rivera, José Vasconcelos e Ignacio Chávez.
Cosío Villegas estableció que “el dominio presidencial mata todo espíritu cívico y convierte la vida política del país en una farsa profundamente aburrida”.
A este gran pensador mexicano se le consideró un liberal constitucionalista. Sus palabras parecieran resonar en estos tiempos de regresión al tiempo en que el sistema político mexicano se regía por el autoritarismo, la descalificación de los adversarios, la sumisión de los poderes, la compra de voluntades, el absolutismo y totalitarismo encarnado en un partido único al servicio del presidente en turno.
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