OPINIÓN
El SNTE debe oponerse: La 4T va por la cancelación de Escuelas de Tiempo Completo
Metástasis, por Flavio Mendoza //
Dentro del paquete fiscal que presentó el Poder Ejecutivo a través de la SHCP a la Cámara de Diputados está el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, en el que se manifiesta el deseo del Presidente de la República para eliminar el presupuesto asignado al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Este Proyecto de Presupuesto 2021 ha generado mucha incertidumbre, pues prácticamente sin presupuesto el programa tiene un solo destino, su desaparición. Sin embargo, lo más grave es revisar el resto del presupuesto en materia educativa, pues tiene un mediocre crecimiento del 0.2%, aunque en las palabras del Presidente y particularmente de un concepto que constantemente utiliza, en términos reales, hay un decrecimiento, pues con el incremento a las Becas del Bienestar y otros proyectos electoreros, el presupuesto o inversión real a educación es menor, como nunca antes en la historia.
De los 13 programas educativos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha eliminado en este proyecto de Presupuesto fundamentado en la austeridad republicana o pobreza franciscana, es sin duda el de las Escuelas de Tiempo Completo el que tendrá un impacto negativo de gran dimensión. Un programa que ha transcendido a sexenios de diferente color, pero sobretodo que ha demostrado eficacia atendiendo las necesidades de millones de familias, por una parte, más del 70% de estas escuelas atienden a población indígena o rural de escasos recursos, que de acuerdo a CONEVAL es su Estudio Exploratorio en 2018 establece que en estos más de 19 mil planteles los alumnos reciben alimentación dentro de las escuelas, un factor comprobado en la mejora del aprovechamiento académico de los alumnos, lo que permite cerrar las brechas de desigualdad entre los estudiantes en contextos y condiciones socioeconómicas más altas, en promedio, son cinco años a partir de la introducción del programa en escuelas de alta marginación los que bastan para que los alumnos superen los índices de resultados académicos con relación a la media nacional.
Los estudios analizan principalmente cuatro indicadores, los resultados académicos de los alumnos a partir de evaluaciones estandarizadas aplicadas a nivel nacional, como fueron los de Enlace y Planea, además de otros instrumentos como SisAT y los reportes de evaluación dentro del Sistema Educativo Nacional; otros indicadores medibles en los estudiantes de educación básica; La inserción laboral de familiares directos de los estudiantes y; Los indicadores sociales de largo plazo de los estudiantes.
LAS EVALUACIONES
La SEP en conjunto con Coneval, Unicef y Banco Mundial con expertos del mismo Banco, de la Universidad de Tennesse y la CREFAL, han coincidido con los resultados positivos y muy significativos del programa en avances académicos de los alumnos en estas escuelas con relación a los de escuelas regulares en contextos similares. De la evaluación Planea, el PETC demostró una reducción en el nivel 1, el más bajo, de 4.6 puntos porcentuales en matemáticas y 1.7 en lenguaje y comunicación, mientras que tuvo un incremento en el nivel IV, el más alto, de 9.5 puntos porcentuales en matemáticas y 4.8 en lenguaje y comunicación, en educación básica, aunque cabe mencionar que el porcentaje mayoritario de Escuelas de Tiempo Completo están en el nivel de Primaria.
En las regiones donde se encuentran estas escuelas existe un incremento de inserción laboral de familiares, principalmente un alto porcentaje de madres solteras quienes pueden trabajar una jornada completa mientras el alumno permanece en la escuela. La mejora de infraestructura educativa y equipamiento en los planteles por el apoyo del recurso que aportaba el programa, mismo que se fue reduciendo considerablemente en los últimos tres años. Un mayor aprovechamiento académico derivado de la alimentación balanceada que reciben los educandos, principalmente en las escuelas con alto índice de marginación. Así como el tiempo extra curricular donde los educando reciben aprendizajes nuevos vinculados al fortalecimiento, principalmente de formación académica, así como al desarrollo personal y social, al mismo tiempo les permite alejarse de actividades que por sus propios contextos fuera de la escuela pudieran ser contraproducentes para su desarrollo, tiempo que podrían dedicar a actividades como ver la televisión hasta actividades en contexto de violencia, delincuencia o contradictorias a la convivencia social pacifica.
AVANCES POSITIVOS
Hay diversos organismos que han demostrado los avances positivos de uno de los programas más exitosos aplicado directamente a un número determinado de escuelas, no obstante de que pueden existir centros educativos en los que no se opere correctamente el programa, sin embargo, para poder eliminar el programa, el Gobierno de México estaría obligado a presentar los estudios o evaluaciones que justificaran terminar con el proyecto.
Pero la generalidad tienen resultados probados, por ejemplo en el caso de Jalisco, donde hay 915 escuelas de Tiempo Completo, uno de los de los Estados con mayor número de éstas, en donde la afectación podría ser para más de 90 mil estudiantes, sus familias y más de 4 mil docentes. Escuelas que podrían incuso tener reducciones considerables tanto en población escolar como en resultados académicos, una regresión que no tendría ninguna justificación.
La austeridad republicana o la pobreza franciscana en la propia concepción que ha dado el Gobierno Federal, es contradictoria incluso con lo que establece por la Secretaría de la Función Publica, pues la eliminación del programa no sólo significa la eliminación y reducción del ingreso a la plaza docente, sino además la deserción laboral de un número importante principalmente de mujeres en la economía formal e informal.
Ni el voto de pobreza de una congregación podría tolerar quitar la oportunidad de alimentación y educación en estas escuelas a quienes ya viven en condiciones de pobreza, es decir, las Escuelas de Tiempo Completo no son un lujo, ni un exceso en el Sistema Educativo Nacional.
UN ATENTADO CONTRA LA NIÑEZ
Es entonces un atentado contra quienes menos tienen, contra el derecho humano y de la niñez a recibir educación de Calidad, contra la reciente Reforma Educativa Obradorista que busca la educación de excelencia, así como una contradicción de la frase más emblemática de la administración del presidente AMLO, “por el bien de todos, primero los pobres”, porque es el porcentaje más grande que se afectaría con la eliminación del Programa. Por otro lado, también una contradicción del Secretario de Educación Pública quien ya reconoció públicamente y en la CONAEDU ante todas las autoridades educativas de las 32 Entidades que el programa es uno de los de mayor éxito, incluso, el referente más viable para la implementación de las materias nuevas que pretende incluir en el currículo oficial.
EN 2020 REDUJERON 53% DEL PRESUPUESTO
El programa hoy enfrenta un serio problema en este 2020, pues el año pasado el Presidente y los diputados decidieron reducir el 53% de su presupuesto, por lo que para el periodo de enero a junio se aplicó el 95% del total del presupuesto, el 5% restante es insuficiente para el segundo semestre de este año. El titular de SEP dijo en entrevista a un medio nacional que el programa continuaría, que existía el compromiso de la Secretaría de Hacienda Pública de entregar una partida extraordinaria por 5,100 millones de pesos para comenzar en este agosto con el nuevo ciclo escolar, recurso que no ha sido transferido a la SEP, lo que mantiene en incertidumbre al programa en todo el país. Pero además de este faltante, en el proyecto del presupuesto de egresos harían falta mas de 10 mil millones para poder operar el programa en el 2021, recurso que no se ve de donde podría reasignarse dentro del Proyecto de Presupuesto. La única alternativa es reducir los incrementos a los programas de asistencia social, es decir a los recursos entregados directamente a la población y/o los proyectos emblemáticos de la actual administración, pues el PIB no tuvo crecimiento suficiente para lo que ya se contemplaba cada año.
Algunos de los programas asistencias no cumplen con los objetivos para los que fueron creados o no alcanzan las metas que se propusieron, por ejemplo el programa de Becas del Bienestar que para el caso de Educación Media Superior es universal y no han demostrado abatir la deserción en dicho nivel, por el contrario sigue en aumento, o el de Jóvenes Construyendo el Futuro que además de no tener una auditoria aún, ha mostrado efectividad muy baja sobre la contratación al final de la capacitación, en éstos, urge también una evaluación para justificar la continuidad o no, así podríamos contrastar cuál o cuáles proyectos justifican que se queden y cuales se eliminarían. Pero para la 4T, sus programas electoreros o clientelares, así como los faraónicos como el tren maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros, son la prioridad, mientras programas como el de Escuelas de Tiempo Completo serán sacrificados, tirando a la basura la posibilidad de que se pueda tener una mejor escolaridad en las zonas de mayor marginación, como si la apuesta fuera por mantener al pueblo ignorante y con dádivas que le permitan sobrevivir, no mejorar sus condiciones.
Es urgente que se impida la cancelación de este programa, hoy el primer llamado es a los legisladores federales, para nuestro estado, en el que uno de los proyectos del Gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha sido la apuesta por más Escuelas de Tiempo Completo, los diputados federales y senadores deben de atender esta agenda y dar la pelea dentro de la Cámara de Diputados, principalmente el llamado respetuoso es al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el grupo parlamentario más representativo para los jaliscienses, pero que además su trayectoria tiene una fuerte influencia en la educación, quien ya presidió la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, por lo que conoce tanto el presupuesto como los programas educativos que se fundamentan para éste. Pero también el llamado es para los padres de familia que tienen a sus hijos en este servicio educativo, desde luego para el magisterio no sólo por el significado para los docentes que trabajan en esta modalidad, sino por la relevancia que toma el programa en materia de avances educativos.
SNTE DEBE OPONERSE
Aquí el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tendrá una prueba fundamental, que le permitiría demostrar la independencia Institucional o por el contrario la sumisión de la dirigencia de una de las organizaciones gremiales más importantes en el mundo, si la dirigencia del SNTE no se opone a la eliminación de este programa y otras atrocidades en el presupuesto educativo para el 2021, deberíamos los maestros, solicitar la renuncia de la dirigencia nacional, hoy no hay tiempo para tibiezas, es la defensa de la Escuela Pública como materia de trabajo de sus agremiados y con ello de sus derechos laborales o la sumisión total al poder del Estado.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
Juan Huerta Péres, secretario general de la FTJ/CTM Jalisco, presidió la sesión de la Comisión de Vigilancia del Infonavit
La Reserva Federal de Estados Unidos baja la tasa de interés: impacto directo en México
Encapuchados, violencia y la Unión de la Juventud Revolucionaria de México: ¿Qué hay detrás del conflicto en la UdeG?
