OPINIÓN
Escuelas de Tiempo Completo, agonía prolongada
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El año fiscal comienza a cerrar y la profecía de la extinción de las Escuelas de Tiempo Completo parece cada vez es más clara, por un deseo presidencial se eliminará uno de los programas más exitosos desde la creación de la SEP, suficientemente probado en resultados académicos, al parecer un capricho más del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de su neoliberalfobia por ser un proyecto que nace en ese periodo y está respaldado por organismos internacionales económicos.
Al igual que otros presupuestos, es grave lo que acontece en educación, pues uno de los presupuestos que más crecimiento económico tuvo en el 2021 y vuelve a tener en el 2022 es precisamente el programa La Escuela es Nuestra, que nace con el objetivo de invertir en infraestructura educativa en las escuelas, con el sello de la 4T, primero en aquellas ubicadas en localidades de alta marginación, con un lento, muy lento y también muy opaco avance. En este año debieron ejercer más de 12 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 5 mil millones eran para dar continuidad al Programa de Escuelas de Tiempo Completo, según el propio presupuesto de egresos de la Federación 2021, en su transitorio décimo octavo, sin embargo no hay rastro alguno de que estas escuelas recibieran un solo peso para su continuidad.
En el caso de Jalisco, de 945 Escuelas de Tiempo Completo no hay una sola que en este ejercicio fiscal recibiera recursos federales para continuar con la operación del programa, en su inmensa mayoría las escuelas de tiempo completo en el estado comenzaron este regreso a la presencialidad sin funcionar con la jornada extendida, afectando a más de 90 mil estudiantes en la entidad, tiempo completo cerró sus puertas, sólo la valiente rebeldía de una decena de escuelas mantuvieron la defensa del proyecto a partir de la organización interna con padres de familia con base en la autonomía de gestión y también en el marco del Plan Educativo para Jalisco Recrea, donde las Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida permitieron la autosuficiencia para que estas escuelas continuaran brindando este tipo y modalidad de servicio educativo, así como la apertura de las Autoridades Educativas en Jalisco quienes trabajan aún en la posibilidad de rescatar a estas escuelas.
Lo que resulta sumamente grave es que la titular de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal, Delfina Gómez, en su comparecencia frente al poder legislativo diga que el programa sí continuó y hasta se atreva a mencionar a Jalisco dentro de los pocos estados que recibieron recursos para el servicio de alimentación de las Escuelas de Tiempo Completo, porque en nuestra entidad no hay registro alguno de escuelas que recibieran dicho recurso.
Ni siquiera lo hay respecto a las que se supone recibirían el recurso para infraestructura, lo que también resulta sumamente grave, nadie sabe a qué escuelas les llega ese presupuesto ni en qué se gasta, el programa además de una extrema opacidad, tiene un problema de origen, al no querer triangular los recursos con el estado y la supuesta entrega directa a los padres de familia a través de los servidores de la nación, pues no se sabe quién lo entrega, cuánto entrega, quién lo recibe, cómo lo gasta y comprueba, además de que nadie supervisa las obras tras la extinción del INIFED, pero según la ley, el responsable de las escuelas en la entidad es el Gobierno del Estado, entonces debe la Federación notificar y cumplir con los protocolos de modificación y construcción de infraestructura física educativa en la entidad, pues una estructura mal construida representa un riesgo para los niños y en caso de una desgracia ¿Quién será el responsable?.
Lo que es un hecho es que el año fiscal terminará y a las Escuelas de Tiempo Completo, a los millones de maestros, alumnos y padres de familia sólo les dieron atole con el dedo, pues su intención siempre ha sido eliminar el programa y lo han hecho, aunque en el discurso sigan mintiendo, no hay ni recurso ni voluntad para continuar con el programa, que hasta hoy sigue suspendido por falta de presupuesto, el destino para 2022 no es difícil de augurar, una muerte lenta, silenciosa y con muy pocas voces que defienden y hasta mantienen viva la esperanza de salvar a este proyecto.
Mi total repudio, rechazo y condena a esta artera decisión del Presidente, validada por una mayoría de congresistas serviles y mediocres, así como por el silencio de muchos gobiernos estatales que son cómplices de este atentado contra la educación, que bien puede considerarse hasta traición a la patria. Por otro lado, mi reconocimiento a padres de familia, alumnos y principalmente a directivos y maestros quienes mantienen con oxigeno al proyecto y hasta han demostrado que por la educación de calidad la sociedad puede organizarse para sostener el proyecto al margen del estado mexicano, advertimos que no cesaremos en nuestro objetivo y se hará lo que sea necesario, pero no claudicaremos en esta lucha.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Sehyla Rivas
29 de noviembre de 2021 at 11:53
Tuve la fortuna de iniciar la instalación de las primeras 100 ETC en Jalisco, siempre con una visión compensatoria y de equidad. El camino para abrir esta ruta fue igual difícil pero con grandes logros para esas generaciones. Una lástima que la politiquería desconozca su lealtades al pueblo y solo obedezca regímenes.