OPINIÓN
Insolencia presupuestal
Por Benjamín Mora //
Cuando cruzaba la adolescencia en mi vida me encontré en la escuela con Ignacio Manuel Altamirano. Lo hice mi amigo entrañable. Navidad en las Montañas fue la primera de sus obras que leí, y casi de inmediato, al terminarla de leer el primero de sus libros, fui con mi madre a la librería Porrúa, en el centro de la Ciudad de México, a comprar El Zarco, obra casi presagiante de lo que tendría mi familia años después cuando mi papá construyó una casa en Yautepec, Morelos.
Hoy, poco se habla de Ignacio Manuel Altamirano. No conviene a las conciencias buenas que creen que la grandeza del espíritu viene incluida en los colores claros de ojos y piel. Él, indígena de Tixtla, Guerrero, llegó a ser tres veces diputado al Congreso de la Unión, procurador General de la República, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cónsul en Barcelona y París.
Hoy lo recuerdo por una de sus frases más justas para los tiempos que vivimos en México: “La insolencia es el escudo de la desvergüenza y la fortaleza de la cobardía”.
Hoy, mientras las organizaciones de la sociedad civil naufragan en un mar que las conspira, acusa y condena sin pruebas y sin testigos, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social se guardan/esconden cientos de millones de pesos ante la carencia de reglas de operación, contraviniendo el Presupuesto Federal y otras obligaciones legales, en un insolente subejercicio que implica irresponsabilidad de su titular y un engaño disfrazado de “austeridad republicada” en el gasto público por “extravagancias” susceptible de reorientación. Engañifa de palabras sin contenido ni continente. La realidad es que el orden jurídico está quebrantado pues un memorándum presidencial, que ordena negar todo apoyo a la sociedad civil, se impone a leyes federales.
En el Instituto Nacional de Desarrollo Social se abandona el campo de batalla de la sociedad civil por cobardía y comodidad de su titular lopezobradorista. Nadie en el Indesol se atreve a enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador y su memorándum desde la luz de la verdad que enarbola la sociedad civil organizada. El presidente está equivocado y daña a México al acusar sin pruebas y al sentenciar sin escuchar al acusado a miles de organizaciones.
Muy pronto, en un juego de mentiras, cobardías y perversidades, el presupuesto del Indesol se reorientará para fortalecer los programas sociales de bienestar del Gobierno federal, dando la última estocada, la de muerte, a las organizaciones de la sociedad civil.
En el mundo de la tauromaquia hay una regla: Cuando un torero muere en el ruedo por herida del toro, el ganadero responsable del astado debe matar a la madre del animal y a toda su reata o familia. Es un rito cargado de superstición. Algo parecido pasa en el gobierno de López Obrador hacia las organizaciones de la sociedad civil que deben ser sacrificadas solo porque algunas cuantas lo agredieron como candidato a la presidencia de la República o como jefe de Gobierno del Distrito Federal.
A esta fecha, con unos meses de ejercicio, el Gobierno federal presenta un grave subejercicio del gasto de 63,100 millones de pesos al que el presidente llama ahorro… quizá sea cierto en algunos casos, pero NO en el Indesol. En él solo hay omisiones intencionales.
En septiembre de 2018, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsó que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se catalogase como delito grave que las dependencias no ejercieran los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos, con penas administrativas e, incluso, la suspensión, destitución e inhabilitación temporal del responsable en el servicio público. Hoy, la titular del Indesol, por obedecer un memorádum presidencial y desacatar una ley federal, corre serios peligros de ser destituida del cargo e inhabilitada para el servicio público.
Dos preguntas: ¿Por qué el grupo parlamentario de Morena calla ante el subejercicio presupuestal del Gobierno federal de hoy? ¿Por qué Luz Rosales, titular del Indesol, acepta caer en responsabilidad como servidora pública y arriesga su nombre y trabajo por algo ilegal desde cualquier ángulo en que se le mire? La disyuntiva es absurda y simple y solo encuentro una respuesta: Hay una complacencia que parece legitimar el enojo de AMLO hacia la sociedad civil.
Si quien comete un delito es un delincuente y quien lo hace con otros es parte de la delincuencia organizada, y no cumplir con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es un delito, cómo debemos llamar a quien, con otros servidores públicos, obedece un memorándum y desacata la ley.
Todos sabemos que quienes viven de ilusiones mueren de desengaños y eso parece suceder al interior de las organizaciones de la sociedad civil. Creen, ingenuamente, que AMLO cambiará de opinión y todo será mejor que antes… ¡No, nada de eso pasará… claro, a menos que la sociedad civil demande a Luz Rosales y se ampare por las omisiones que se tienen en su contra y una autoridad judicial ordene cumplir la ley y mande la destitución de Luz Rosales!
Andrés Manuel López Obrador crea enemigos de los que se separa por abismos imaginarios que vende, con magistral inventiva, a sus seguidores. Aquellos son enemigos poderosos pero vencibles y prueba de ello es que él es el presidente de México; aquellos son la mafia del poder que a él explican en sus luchas y justifican en su falta de apego a la ley; aquellos son los enemigos a vencer para alcanzar la Cuarta Transformación.
Andrés Manuel vive una realidad y una subrealidad; la primera nos es evidente, la segunda solo él la advierte. Pareciera que su cerebro tiene tres hemisferios, los dos conocidos, derecho e izquierdo, y un tercero: el hemisferio de su fantasía.
Asimismo, tenemos un presidente juarista pero doctrinal. Liberal y conservador a quien lo ilícito en otros es inmoral y pecado, y en los suyos forma parte de un avanzar sin tantos obstáculos pues pone su honestidad valiente al servicio de la Patria.
Atravesamos por un mar de peligros antes desconocidos. Nuevas patologías sociales se alimentan de dádivas gubernamentales que refuerzan dependencias económicas, emocionales y culturales. La época neoliberal de los presidentes recientes se recompone; cambia de ropaje y de discurso, pero no de sustentos… de políticas clientelares.
Mis maestros maristas me enseñaron una máxima latina “age quod agis”, es decir, haz lo que haces, que en palabras llanas significa no distraerse en otros menesteres que no sean los importantes en este momento en lo que hago. Ello debería hacerse en Indesol: Cumplir su mandato de ley y acatar memoranda que se ciñan a la primera.
No cumplir la ley es el primer paso para la corrupción desde el Gobierno y, hacerlo como hoy se lleva a cabo, es impunidad.
E-mail: comunamexico@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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