JALISCO
La independencia total de la Suprema Corte de Justicia
De primera mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrin //
EL RESOLUTIVO de nueve ministras y ministros de la corte de un total de once integrantes del Poder Judicial Federal, echando abajo la primera parte del “Plan B” electoral del Presidente López Obrador, pone sobre la mesa la realidad del escenario que vive ahora México: tenemos un titular del Poder Ejecutivo Federal que ha violado reiteradamente su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y con el brazo extendido, culmina el acto de rendición de protesta al asumir el cargo: “… Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande” (Artículo 87 de nuestra Carta Magna).
Perversamente, palacio nacional emitió la consigna de repetir a sus seguidores que esta sentencia sustituye la “voluntad popular”, representada en la Cámara de los Diputados y en el Senado.
Es la misma Constitución la que establece como una de las facultades más trascendentales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dirimir controversias constitucionales. Es el Poder garante de la estricta interpretación de la Ley de Leyes.
Además, en esta “cuarta transformación”, cuando MORENA en el Congreso de la Unión aprueba “fast-track” las iniciativas presidenciales “sin quitarle una coma”, la seria sospecha de que las iniciativas conllevan inconsistencias fuera del marco jurídico que ordena la Carta Magna, merece un estudio profundo de quien está facultado para hacerlo.
En varios países del mundo, el mentir, el violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Ley Suprema, es motivo no sólo de renuncias al cargo, sino de enjuiciamiento con pena de cárcel.
Con nuestros vecinos del norte, en los Estados Unidos, el “perjurio” es un delito grave y se aplica a políticos y gobernantes. Uno de los casos más sonados fue el del Presidente Richard M. Nixon, que se vio obligado a dimitir luego de confirmarse que había mentido desde la captación de fondos para su campaña política. El diario “The Washington Post” y sus reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, se encargaron de documentar el caso que llamaron “Watergate”.
Pero en México, la integración del Estado Mexicano en sus tres poderes, encierra uno de los elementos más “eficaces” para institucionalizar la corrupción, sobre todo, la impunidad de los presidentes y otros gobernantes.
Dicho elemento se encuentra entre los requisitos para perfeccionar las designaciones de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siendo éste último uno de los tres poderes del Estado Mexicano, ¿por qué el nombramiento de sus integrantes depende de la voluntad del Presidente de la República y de los integrantes del Congreso de la Unión? ¿Qué acaso el Presidente, diputados y senadores llegan a ocupar sus curules y escaños, luego de recibir el VoBo de la Suprema Corte?
El Poder Judicial Federal debe afianzar su autonomía de los demás poderes de la Unión, estableciendo sus propios procedimientos, sin que estos surjan de la voluntad de palacio nacional y de las cámaras en el Congreso.
Igual, el Presidente debería ser juzgado ante posibles delitos derivados de su función, por un tribunal del Poder Judicial Federal y no depender para ello de la apertura de un juicio político luego de una votación mayoritaria en el Poder Legislativo.
En esto último está el origen de la impunidad. Una maquinaria aplastante como MORENA en la Cámara de los Diputados y en el Senado, jamás procedería contra violaciones a la Constitución del Presidente de la República.
Por eso, el Presidente López Obrador se da el lujo de mentir cotidianamente, así como cometer violaciones a la Constitución, en una clara violación a su juramento al momento de tomar posesión del cargo.
Lo que realmente requiere el país para hacer mucho más grande a la nación y consolidar la Democracia, es perfeccionar el equilibrio de poderes, llevando a cabo una reforma constitucional que establezca en definitiva la independencia total, desde la raíz, de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que diputados y senadores dejen de cobijar impunemente a su jefe en palacio nacional, para que sea juzgado como cualquier mexicano, por un tribunal constitucionalmente establecido e integrado al Poder Judicial Federal, como ocurre con cualquier mexicana o mexicano.
¿Acaso existen dudas de que López Obrador ha mentido impunemente? ¿Y se le puede juzgar por ello? ¿Cómo, si tiene la protección de su partido mayoritario en el Congreso de la Unión?
Por lo demás, nos quitamos el sombrero ante la actitud asumida por la mayoría de ministras y ministros de la Corte. Nos recordaron que en México continúa aplicándose la independencia de poderes y que sigue vigente una Democracia en México, bajo la seria amenaza de un Presidente que todos los días despierta penando cómo seguir construyendo el camino rumbo a una dictadura.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
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¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
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