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JALISCO

Primer informe de la diputada federal Cecilia Márquez: Fuerte crítica al gobierno autoritario de Jalisco

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Por Diego Morales Heredia //

Defender los derechos humanos, tener altura de miras, sensibilidad y generar una verdadera transformación para el bienestar de todos los ciudadanos, es la base de su trabajo legislativo durante este primer año de actividades el cual resaltó en su informe la diputada federal de MORENA, Cecilia Márquez Alkadef Cortés.

En evento realizado en la Cámara de Comercio de Guadalajara, la legisladora de MORENA agradeció a todos los presentes y a su equipo de trabajo por la voluntad de apoyarla en este camino, en el cual aseveró ha puesto a disposición de los mexicanos su trabajo para impactar en su vida común diaria.

«He aprendido a no marearme con ningún ladrillo, a valorar las críticas, aceptando los errores, porque la honestidad y la ética no se fingen, siempre he tratado de ser coherente con lo que pienso, hago y digo. Esta alta responsabilidad que me confirió mi partido, después el pueblo de México, estoy contenta, tiene un sentido estar aquí en la Cámara de Comercio, donde fue mi primer trabajo».

«Este informe de actividades como diputada me llena de orgullo, mi labor no sería nada sin un equipo de mujeres y hombres profesionales, que son más que un equipo, son guerrilleros que a veces mando sin fusil y siempre regresan con resultados».

Agregó: “No soy diputada plurinominal, me siento orgullosa de decir que soy diputada de México, trabajo en este momento de transición porque me exige muchísima honestidad, no perder la dignidad, sobre todo actuar con mucha altura y sensibilidad, escuchar las demandas y buscar las soluciones, siempre con la prioridad de que esto sea de beneficio y tenga un impacto social, defender los derechos humanos, los valores, sobre todo la verdadera transformación para el bienestar de todos, sin demagogia, donde colocamos el centro de la atención en la vida cotidiana, hechos y no palabras, porque a las personas no les interesan las palabras, solo los resultados”.

En su agenda de trabajo, resalta la lucha por los derechos humanos, sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, con iniciativas que buscan implementar políticas públicas en beneficio de estos grupos sociales.

“Soy una más de una cadena de lucha por la justicia y por la paz, por una vida libre de violencia para todos y todas, pero sobre todo para aquellos que están vulnerables, que parece que la justicia está lejana, pero que siempre es posible. Un tema prioritario en mi agenda de trabajo siempre han sido las mujeres y los niños, en verdad esto me ha llenado de orgullo, son 365 días que he realizado mi trabajo legislativo y quiero resaltar que las iniciativas que he presentado siempre es en busca del respeto de nuestros derechos”.

JALISCO SANGRA POR LA IMPUNIDAD Y LA JUSTICIA

En su discurso, Cecilia Márquez lanzó una crítica dura sobre el gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro, considerando que la entidad jalisciense sangra por la impunidad y la justicia, por ello, ha enfocado su trabajo en apoyar a los ciudadanos del estado.

“Jalisco sangra por la impunidad y la justicia, me duele en el alma, el corazón y la mente, todos los días exijo desde la cámara a las autoridades estatales y a sus responsables trabajar para el servicio de la gente. He privilegiado mi trabajo por la gente de Jalisco, a pesar de que soy diputada de México, porque no puedo negar que soy un viva Jalisco siempre, pero en el gobierno del estado de Jalisco siempre reflejan los gastos superfluos, las banalidades, sus comodidades, sus lujos, desviando recursos que son de temas prioritarios en tonterías que no le dan a las personas solución”.

Subrayó: “El cartel de cárteles, los naranjitas. Se dicen la mejor opción, descalifican a través el erario sembrando mentiras, mienten, mienten, mienten. Nosotros decimos la verdad, la verdad solo le duele a los que viven de la mentira, no tengo miedo a sus amenazas veladas o directas, porque en la 4T tenemos como prioridad a las personas, los periodistas son mujeres y hombres que luchan todos los días por la justicia y la democracia, esa labor me enseñó a mí a escuchar a los que otros quieren callar, a mirar más allá de lo aparente y a cuestionar para construir”.

“Exhorté a la Secretaría de Educación que nos informara sobre el mobiliario, las instalaciones, los maestros que cuentan para la integración social de las personas con discapacidad, la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como eje central el combate a la corrupción, eso es importante, cero impunidad y austeridad en los recursos públicos. Como secretaría de la comisión de transparencia, exhorté a la Auditoría Superior de la Federación a incluir en su programa anual a investigar todas las irregularidades, que nos informen el uso que le dan a los recursos para el pueblo”.

ES NUESTRO ESTADO, NO DE UN GOBERNANTE

Ante la represión que se vive en Jalisco, Cecilia Márquez levantó la voz, aseverando que ningún ciudadano debe pisar la cárcel por ejercer su derecho a manifestarse, reiterando la crítica ante el gobierno del estado con la frase: “es nuestro estado, no de un gobernante”.

“Nunca, ningún ciudadano que pelee por sus derechos debe pisar la cárcel. Ahí deben de estar los que cometen delitos, no se negocia con ellos. El derecho a la manifestación y a la defensa, así como el libre uso y disfrute de los espacios públicos es nuestro derecho, nadie lo puede negar, es nuestro estado, no de un gobernante, ni de caprichos, es patria y la patria se defiende, no permitan que nada ni nadie los use, ningún político. No quiero ser ni volverme lo que tanto critiqué, sí pienso en seres de luz, en humanos, personas con sentimientos, sobre todo en cómo puedo ayudar desde mi responsabilidad, no soy perfecta, trato de hacer lo que le compete a mi encomienda, a veces mucho más, no veo a las personas como números o cifras, tiene nombre, muchos están en el abandono por este gobierno en Jalisco que ha hecho a un lado lo más importante, pagamos una factura de dolor e injusticia por su impunidad”.

Agrega: “Soy una orgullosa mexicana y me sumo a los verdaderos propósitos, los mismos que tienen todos, un Jalisco justo, equitativo y sin miedo, amo la tierra, el aire, el agua, la naturaleza, a los seres vivos, debemos defenderlos como un solo cuerpo, protegerlo y cuidarlo. Amo a la humanidad, todos los días me recuerdan todos ustedes que vale la pena lucha por los altos ideales. Estoy segura que seremos más los que queremos escribir otra historia para Jalisco, que somos muchos más los honestos, dignos y éticos. Estoy lista para romper el techo de cristal, Jalisco está listo”, puntualizó.

En el informe destacó la presencia de los empresarios Abraham y Ruben González Uyeda; del embajador de Taiwan en México, Armando Cheng; de la presidenta estatal de Morena, Katia Castillo; del diputado Hamlet García Almaguer, de Octavio Pérez Pozos, de Alberto Castellanos de la UdeG, coordinador de los Servicios Universitarios de la UdeG; del ex presidente de la FEU y activista ambiental Javier Armenta, de Natalia Juárez, presidenta estatal del PRD, entre otros.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

LAS CINCO PRINCIPALES:

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ENTREVISTAS

Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.

Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.

“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.

“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.

Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.

La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.

El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.

Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.

LAE ENTREVISTA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?

Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.

GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?

FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.

GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?

FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.

GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?

El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.

FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.

GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?

FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.

GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?

FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.

GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?

FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.

GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?

FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.

GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?

FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.

GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?

FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.

GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?

FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.

GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?

FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.

 

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JALISCO

Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU

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– Por Francisco Junco

El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.

Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.

La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.

El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.

Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.

La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.

La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.

A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.

Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.

Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.

El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.

En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.

Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.

Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.

El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.

Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.

La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.

El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.

El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.

La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.

Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.

Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.

Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.

Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.

 

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