OPINIÓN
El nueve nadie se mueve
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
No es el mundo al que estoy acostumbrado, crecí con la máxima que, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, pero los tiempos cambiaron y desde la década de los 60 las mujeres iniciaron un movimiento para demostrar al mundo, que querían tener roles diferentes, fue entonces que empezamos a ver que podían desempeñar papeles laborales más pesados como conducir un camión de carga, trabajar en la construcción o ser una figura política.
También en el ámbito de los deportes, una mujer encendió la llama olímpica en 1968 y los liderazgos en movimientos como el estudiantil, escuchaban las arengas de las damas. Ganaron espacios en la sociedad, pero también se echaron a cuestas muchas más responsabilidades. Tener el rol de proveedor y además seguir siendo la responsable de los asuntos familiares, no debe haber sido fácil y han enfrentado los retos con decisión, preparación y éxito.
Pero, la idea de que las mujeres emprendieran roles diferentes en la sociedad se fue desvirtuando, ya que ésta se fue tornando en una competencia entre géneros, explotada por algunos grupos radicales, de esos que siempre quieren sacar tajada política de todo.
HISTORIA
Dicen los entendidos que todo inició en Nueva York, con la manifestación en 1857 por las costureras, posteriormente las planchadoras de cuellos y después de muchos años alguien se aprovechó y las agrupó, en el partido socialista norteamericano, para culminar esto con la instalación del “Woman’s day”.
Después, la liberación femenina del siglo pasado buscó más competencia entre géneros, llevando a muchos enfrentamientos, basados en la supuesta filosofía de la equidad, cuando muchos siempre entendimos que ellas tenían mucho mayor valor.
Las cosas finalmente se han complicado, el famoso machismo se fue haciendo cada vez más violento y quizá, el hecho de que las nuevas generaciones han crecido, mientras la madre está trabajando, para mantener un hogar, ahora se ha empeorado, ya que no ha habido nadie para que enseñe los valores en la familia, uno de los cuales es el respeto a las mujeres.
UN PAÍS SÍN MUJERES
Ni un hogar, ni un municipio, ni una empresa, menos un país puede sobrevivir sin mujeres, eso debe quedar claro. Sin mujeres el mundo se acaba.
Ahora, el panorama es diferente, especialmente en nuestro país, la violencia nos ha atacado a todos y nos ha dañado. La inseguridad y la impunidad en la que vivimos lastima al país, sin distinciones, especialmente nos duele el sufrimiento de las mujeres, pero nos duele a todos, no solamente es un dolor reservado a las de su mismo género. Sabemos que 1 de cada 3 han sufrido violencia de algún tipo y eso no es aceptable. Las organizadoras del movimiento dicen que quieren lograr que entendamos que pasaría si todas las mujeres fueran lastimadas, si todas fueran violentadas, si ellas no existieran y desde aquí humildemente les reitero, que si eso sucediera nos morimos todos, desaparecemos todos, no hay nada que probar, los hombres y las mujeres no somos competencia a ver quién aguanta más la impunidad, somos uno solo, vivimos en un vínculo de unión permanente, para todas y cada una de nuestras actividades, la mas importante, la formación de la familia.
LAS ACTITUDES
Si la violencia hacia las mujeres, desapareciera con que las mujeres no vayan a sus trabajos, o que se fueran a manifestar en una marcha, que vivan las manifestaciones. Pero no podemos caer en la ingenuidad de pensar que las mujeres que vemos en la casa o en sus trabajos, son las mismas que van gritando por la calle, pintando edificios, quebrando estructuras, rompiendo cristales y algunas con actitudes más machistas que los machos. Debemos de abrir bien los ojos, porque ni en este caso, ni en ningún otro, podemos permitirnos la manipulación, especialmente en este momento de nuestra patria, donde las manos obscuras quieren polarizar todo para beneficio de los que quieren regresar al poder.
Todos debemos luchar por la justicia para las mujeres, en todos los sentidos, especialmente en el ambiente laboral, donde sigue siendo cierto que muchas mujeres trabajan y producen más y son mal valorados sus esfuerzos, las penas para los violadores y para los golpeadores y asesinos de mujeres deben ser mucho más severas.
No necesitamos que ningún líder religioso o social nos explique el valor de las mujeres, lo que necesitamos y pedimos, exigimos a gritos todos los mexicanos bien nacidos, es que termine la inseguridad, la injusticia, la impunidad y que de una vez por todas, dejen de meter sus sucias manos los políticos, que tiene intereses bastardos para manejar a los buenos mexicanos. Sumémonos todos, con actos más que con palabras, para hacer un México mejor y eso será lo mejor para las mujeres, para los niños, para los ancianos y para todos los desprotegidos que durante muchas décadas han estado olvidados de la justicia social y por cierto, nadie organizó manifestaciones por ello. Vamos México, pero vamos todos unidos, por una patria que merece todos nuestros esfuerzos.
Nos encontramos en una semana.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
