Transparencia del Estado

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En materia de transparencia vamos rezagados. Aunque durante más de veinte años la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas fueron pilares fundamentales para garantizar este derecho en el país, la desaparición del órgano garante nacional, el INAI, y del organismo local, el ITEI, ha generado un periodo de incertidumbre sobre el futuro del modelo que durante décadas permitió a la ciudadanía exigir información a las autoridades.

Los derechos fundamentales no solo requieren reconocimiento en la ley; también necesitan instituciones independientes capaces de hacerlos exigibles. Ahora que la Contraloría del Estado de Jalisco asume las funciones de autoridad garante, habrá que observar si logra operar con normalidad y, sobre todo, si cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para garantizar de manera efectiva el derecho a saber de la ciudadanía.

Y es que, en Jalisco, los asuntos públicos adquieren una especial relevancia. Conocer qué ocurre con el agua y el SIAPA, el destino de los recursos invertidos en el Mundial y un sinfín de temas que antes podían esclarecerse mediante las resoluciones del ITEI hoy generan incertidumbre y dejan muchas preguntas sin respuesta. Para la mayoría de los ciudadanos, comprender la desaparición de los órganos garantes y la reforma que transformó por completo el modelo de transparencia en el país resulta un tema prácticamente desconocido.

Si antes ya era complejo ejercer este derecho fundamental, ahora, con las nuevas reglas y las funciones que asume la Contraloría del Estado, el reto será aún mayor: informar, educar y preparar a la sociedad para que conozca y ejerza plenamente esta garantía constitucional.

Habrá que cuestionar, hoy más que nunca, el rumbo de la transparencia y del derecho a saber, tanto a nivel nacional como en Jalisco. A poco tiempo del inicio de los próximos procesos electorales, solicitar información pública adquiere una relevancia especial, pues constituye una herramienta indispensable para conocer cómo se toman las decisiones, cómo se ejercen los recursos públicos y cómo actúan las autoridades. Sin embargo, que sea el propio gobierno quien, a través de una dependencia del Poder Ejecutivo, deba resolver las controversias relacionadas con las solicitudes de información pública plantea dudas legítimas sobre la imparcialidad del nuevo modelo.

Más allá de su capacidad técnica, el verdadero desafío será generar confianza ciudadana y demostrar que este derecho seguirá siendo una garantía efectiva y no una facultad sujeta a la discrecionalidad de la autoridad.

Hoy que la Contraloría del Estado asegura estar lista para asumir la responsabilidad de garantizar la transparencia y el ejercicio de este derecho, comienza también su primer gran examen institucional. El desafío no radica únicamente en demostrar que cuenta con la estructura y el personal suficientes para atender miles de solicitudes y recursos de revisión, sino en acreditar que sus resoluciones serán objetivas, incluso cuando involucren a dependencias del propio Poder Ejecutivo.

La verdadera prueba llegará cuando deba resolver asuntos relacionados con contratos públicos, obras de infraestructura, adquisiciones o decisiones gubernamentales de alto impacto. Será entonces cuando la ciudadanía pueda evaluar si el nuevo modelo fortalece o debilita uno de los derechos fundamentales para la rendición de cuentas y la vida democrática.

La transparencia entra en una nueva etapa: el reto ya no es solo acceder a la información, sino confiar en quien la garantiza. En Jalisco, temas tan sensibles como la crisis del agua, la operación del SIAPA, las millonarias inversiones en infraestructura para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el destino de los recursos públicos exigen instituciones capaces de ofrecer respuestas oportunas, objetivas y confiables.

Hoy más que nunca, el acceso a la información pública será determinante para que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones y en qué se invierte el dinero público.

La pregunta es inevitable: ¿el nuevo modelo de transparencia brindará las mismas garantías de independencia que el anterior o estaremos frente a un sistema en el que la confianza dependerá de la voluntad de la propia autoridad? La respuesta no estará en la reforma ni en los discursos oficiales, sino en la forma en que se resuelvan los primeros casos de interés público.

La transición institucional ya comenzó y el tiempo de los anuncios ha quedado atrás. Ahora corresponde demostrar que el nuevo esquema puede responder con eficacia a un rezago importante de recursos de revisión y ofrecer resoluciones imparciales en asuntos que involucren al propio gobierno. Esa será la auténtica prueba de fuego.

La sociedad no evaluará el éxito de la reforma por el contenido de los decretos ni por las declaraciones oficiales, sino por la capacidad del nuevo órgano garante para resolver, con independencia y apego a la legalidad, los asuntos de mayor impacto público.

En temas tan sensibles como la crisis del agua, la operación del SIAPA o las inversiones para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudadanía demanda certezas institucionales, no actos de confianza; exige respuestas verificables, no voluntades políticas.

No podemos llamarnos a engaño: la transparencia no constituye una concesión del poder, sino una conquista ciudadana de más de dos décadas que no admite retrocesos. Si el andamiaje institucional ha mutado, la exigencia social no puede claudicar; por el contrario, hoy más que nunca corresponde a la ciudadanía vigilar con rigor el actuar de este nuevo árbitro. En un estado tan complejo como Jalisco, renunciar a la fiscalización de los asuntos públicos equivale a debilitar la vida democrática misma.

El derecho a saber sigue vigente, pero su efectividad ya no dependerá únicamente de las reformas ni de las nuevas estructuras institucionales, sino de la capacidad de las autoridades para demostrar que la independencia puede sostenerse aun dentro del nuevo modelo y, al mismo tiempo, de la determinación de la sociedad para seguir cuestionando, exigiendo y vigilando el ejercicio del poder público.