La batalla de narrativas por el agua en Jalisco

Opinión, por Iván Arrazola

Todo apunta a que la crisis del agua en Jalisco dejó de ser un problema de gestión pública para convertirse en uno de los principales campos de confrontación política rumbo a las elecciones de 2027. Más que discutir soluciones de largo plazo, los principales actores políticos han comenzado a construir narrativas destinadas a deslindar responsabilidades y trasladar el costo político a sus adversarios.

Del lado de Morena, la línea discursiva ya ha sido delineada por la presidenta del partido, Ariadna Montiel. El argumento central es que el Gobierno Federal cumplió con su responsabilidad al concluir la presa El Zapotillo, una obra que, sostienen, solo pudo concretarse gracias a las gestiones realizadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde esta perspectiva, el reto ya no consiste en construir nueva infraestructura, sino en operar eficientemente la existente y garantizar que cumpla con el objetivo para el que fue diseñada. A ello se suma el rechazo a cualquier esquema de endeudamiento para financiar nuevos proyectos hidráulicos y una oposición frontal a cualquier propuesta que pueda interpretarse como un intento de privatizar el agua.

En ese mismo discurso, Morena atribuye la responsabilidad de la crisis a décadas de administraciones estatales encabezadas por el PAN, el PRI y, en los últimos ocho años, por Movimiento Ciudadano. Bajo esta lógica, la falta de inversión, la deficiente planeación y los problemas de corrupción señalados durante años en el SIAPA son consecuencia de gobiernos locales que no supieron anticipar ni resolver un problema que hoy afecta a millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Por su parte, el Gobierno de Jalisco y Movimiento Ciudadano han construido una narrativa distinta. Su principal argumento es que la Federación ha abandonado al estado al reducir o eliminar recursos destinados a infraestructura hidráulica y carretera, obligando al gobierno estatal a enfrentar prácticamente solo una crisis que requiere inversiones multimillonarias.

El resultado es una crisis que cada vez afecta de manera más directa a la población. Miles de familias del Área Metropolitana de Guadalajara enfrentan problemas relacionados con la calidad del agua que llega a sus hogares, mientras las autoridades no han logrado ofrecer una solución definitiva que restablezca la confianza ciudadana.

Ante este escenario, el Gobierno de Jalisco ha desplegado diversas estrategias. Ha responsabilizado al Gobierno Federal por la falta de recursos, ha señalado la herencia recibida de administraciones anteriores y ha buscado construir un frente común con presidentas y presidentes municipales de distintas fuerzas políticas para exigir el pago de recursos a los municipios. Paralelamente, ha implementado medidas de emergencia, como la distribución de garrafones y la instalación de plantas potabilizadoras en las colonias más afectadas.

Sin embargo, más allá de estas acciones, el gobierno estatal enfrenta un problema de comunicación política. La batalla por la narrativa comenzó a perderse desde el momento en que no logró construir un mensaje claro, consistente y creíble sobre el origen de la crisis y la ruta para resolverla.

Los cambios en las direcciones de los organismos responsables del agua transmitieron la impresión de que bastaba sustituir funcionarios para contener el desgaste político, mientras que los anuncios de nuevos proyectos e inversiones estuvieron acompañados de cifras y promesas, pero sin explicar con claridad cómo se financiarían, cuáles serían sus plazos de ejecución ni cuándo comenzarían a percibirse resultados concretos.

A ello se sumaron declaraciones que agravaron la percepción pública. La recomendación emitida por autoridades del sector salud de evitar utilizar el agua para preparar alimentos, bañarse o cepillarse los dientes proyectó la imagen de un gobierno rebasado por la magnitud del problema y sin capacidad para ofrecer respuestas inmediatas.

En este contexto, Morena parece haber identificado en la crisis del agua una oportunidad para erosionar políticamente al gobierno de Pablo Lemus. Todo indica que el partido convertirá este tema en uno de sus principales ejes de oposición, con el objetivo de responsabilizar directamente a Movimiento Ciudadano por la situación y capitalizar electoralmente el descontento ciudadano.

El riesgo es que la competencia entre narrativas termine desplazando la discusión sobre las soluciones. Mientras los distintos actores concentran sus esfuerzos en repartir culpas, la ciudadanía continúa enfrentando problemas cotidianos relacionados con el acceso y la calidad del agua. Si la prioridad sigue siendo la rentabilidad política antes que la cooperación institucional, las medidas que se implementen difícilmente pasarán de ser paliativos temporales, incapaces de atender las causas estructurales del problema.

La crisis del agua en Jalisco exige una política de Estado que trascienda los ciclos electorales y las diferencias partidistas. Requiere inversiones sostenidas, coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, modernización de la infraestructura hidráulica, fortalecimiento institucional del SIAPA y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.

Mientras el debate permanezca atrapado en una guerra de narrativas, quienes seguirán pagando el costo será la ciudadanía.