NACIONALES
¿La muerte de la transparencia?
Por Salvador Romero Espinosa //
El pasado viernes 24 de agosto se aprobó en Comisiones de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional regresiva en materia de derechos fundamentales, que implicaría (de facto) la muerte de la Plataforma Nacional de Transparencia y una regresión de varias décadas en materia de derecho a la información y transparencia en el país, al acabar con un marco constitucional producto de la lucha de nuestra sociedad contra la opacidad de las instituciones públicas y contra la falta de rendición de cuentas que caracterizó a los gobiernos del siglo pasado.
La propuesta en ciernes propone la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país (como el INAI y el ITEI), pretendiendo delegar sus funciones a las instancias de control interno de cada una de las alrededor de 7,000 autoridades del país, incluyendo los 3 poderes, los 32 gobiernos estatales, los más de 2,500 gobiernos municipales y los miles de organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, bajo el argumento principal de que los institutos de transparencia son costosos e innecesarios para tutelar los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales.
Ello implicaría que, por ejemplo, quien absorbería las actuales funciones del INAI respecto a las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal sería la Secretaría de la Función Pública, pero únicamente respecto de dichas autoridades, dado que no tendría ninguna intervención o injerencia respecto del trámite de solicitudes o impugnaciones relacionadas con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ni tampoco respecto de ninguna otra de las miles de autoridades estatales y municipales referidas, cuyas contralorías serían las responsables de tutelar ambos derechos humanos.
En la práctica esto implicaría muchas consecuencias regresivas, pues en primer lugar conllevaría la total destrucción del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y una absoluta desvinculación y falta de coordinación entre las 7,000 autoridades del país respecto del establecimiento de lineamientos, criterios, programas y políticas internas en materia de transparencia y protección de datos personales.
La destrucción del SNT a su vez traería como consecuencia la destrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tal y como la conocemos actualmente, dado que en caso de que su infraestructura actual (sus «fierros») pasaran a manos de la Secretaría de la Función Pública, dicha plataforma solo sería útil para albergar la información y tramitar las solicitudes y recursos de impugnación de las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, dejando de lado al resto de las casi 7,000 autoridades del país, quienes además, no estarían obligadas ni a sumarse a dicha plataforma y ni siquiera a tener su propia plataforma pues les bastará con publicar su información en sus páginas de Internet y a recibir las solicitudes de información por cualquier otro mecanismo que dispongan, por ejemplo, correo electrónico.
En consecuencia, la muerte de la PNT obligaría a que una persona que quiera acceder a información pública específica, relacionada con todas las autoridades del país, tendría que visitar una por una las miles de páginas web y portales de transparencia o, en su caso, mandar miles de correos electrónicos para poder acceder a dicha información, a diferencia de lo que sucede actualmente, donde un solo portal de transparencia permite acceder a la totalidad de la información pública del país.
Aunado a lo anterior, en caso de que la información obligatoria no estuviera publicada, la denuncia por el incumplimiento de la publicación de dicha información pública, la tendrían que realizar las personas ante cada una de las contralorías de cada una de las 7,000 autoridades del país y cada contraloría sería la responsable de requerir a sus jefas o jefes (las personas titulares de cada autoridad), por la publicación de la información o, en su momento, tendrían que llegar a sancionarles por dicho incumplimiento; es decir, las personas titulares de las contralorías del país tendrían que sancionar a la persona que las propuso para trabajar ahí, lo cual implicaría un gigantesco conflicto de interés.
Este nuevo esquema implicaría también, por consecuencia, que cada contraloría deba de tener sus propias áreas especializadas en transparencia y en protección de datos personales que, en el peor de los casos, debieran ser cuando menos dos nuevas personas servidoras públicas, por lo que tan solo en el caso de Jalisco (donde hay más de 500 sujetos obligados) implicaría la contratación de más de 1,000 personas para sustituir los trabajos que actualmente realiza el ITEI con 94 personas y así en todo el país.
Por esa razón es que el esquema propuesto no conllevaría ningún tipo de ahorro presupuestal, por el contrario, nos saldría muchísimo más costoso a todas y todos los mexicanos, lo que tira por tierra el argumento de la supuesta «austeridad republicana» detrás de la propuesta.
En conclusión, dicha reforma asesinaría a la Plataforma Nacional de Transparencia como la conocemos y, por consecuencia, despojaría a la sociedad mexicana de una de las herramientas de acceso a información pública más poderosas que existen, no solo en México, sino a nivel mundial, en donde ha recibido reconocimientos por su capacidad de concentrar en un solo portal a la totalidad de las miles de autoridades del país, facilitando con ello el ejercicio de los derechos humanos de acceso a información pública y de protección de datos personales; por lo que su destrucción obligaría a las personas a acudir a una por una de las miles de autoridades del país en busca de información pública y, además, sin contar ya con organismos autónomos especializados que las puedan defender de la opacidad gubernamental.
– Por Redacción Conciencia Pública
El Gobierno de México anunció la prohibición de importar calzado terminado bajo el esquema IMMEX, medida con la que busca proteger a la industria nacional del contrabando técnico y la subvaluación que, según las autoridades, han puesto en riesgo miles de empleos. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de la estrategia industrial impulsada por la Secretaría de Economía.
El secretario Marcelo Ebrard explicó que la decisión responde a la necesidad de frenar la entrada de zapatos extranjeros que ingresaban como si fueran mercancía temporal para exportación, pero que en realidad se comercializaban en el mercado interno sin pagar impuestos. “Estamos defendiendo el empleo y la producción nacional frente a prácticas desleales que afectan a más de 130 mil familias”, declaró.
La restricción aplica únicamente al calzado terminado, por lo que las piezas y componentes podrán seguir importándose para su ensamble en México. De esta manera, el gobierno busca incentivar que las marcas extranjeras mantengan su cadena de valor en territorio nacional, en lugar de introducir productos listos para su venta.
La Cámara de la Industria del Calzado celebró la medida, argumentando que durante años habían solicitado cerrar esta “puerta falsa” que permitía la competencia desleal. Empresarios del sector aseguran que el nuevo decreto dará oxígeno a fabricantes de las ciudades de León, Guadalajara y otras regiones zapateras, quienes enfrentaban la pérdida de mercado ante productos asiáticos de bajo costo.
El sector zapatero genera más de 120 mil empleos directos y representa uno de los orgullos industriales del país, especialmente en estados como Guanajuato y Jalisco. Al eliminar la competencia desleal, se espera que la producción mexicana recupere mercado interno y fortalezca sus exportaciones.
Por otro lado, comerciantes y distribuidores advierten que el cierre de importaciones podría encarecer los precios al consumidor, ya que ahora los productos terminados deberán pagar aranceles e IVA completos. Pese a estas preocupaciones, el gobierno sostiene que el beneficio a la industria mexicana y a la recaudación fiscal compensará cualquier ajuste en el mercado.
En México, la industria del calzado está muy concentrada en dos ciudades:
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León, Guanajuato 🥿👞
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Es la capital zapatera de México y una de las más importantes de América Latina.
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Produce principalmente calzado para hombre (casual, vestir, bota, piel), aunque también fabrica modelos femeninos.
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Alberga más del 70% de la producción nacional de calzado.
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Guadalajara, Jalisco 👠👢
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Es el segundo polo zapatero del país.
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Se especializa sobre todo en calzado para mujer, con fuerte presencia de moda, sandalia y zapato de temporada.
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Tiene gran tradición en diseño y ferias de la moda en calzado.
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– Por Mario Ávila
La tarde de este miércoles, al término de la sesión de la Comisión Permanente, justo cuando se entonaba el Himno Nacional, estalló una trifulca entre los senadores Alejandro Moreno (PRI) y Gerardo Fernández Noroña (PT), quien actualmente es el presidente de la Cámara Alta.
Según diversos reportes de medios y testigos en la sala, Moreno acusó a Noroña de negarle la palabra, lo que provocó que se acercara a la tribuna para confrontarlo. El altercado escaló con empujones y golpes mientras algunas voces de los asistentes que intentaban calmar los ánimos fueron ignoradas.
Alejandro «Alito» Moreno afirma que la agresión inició por parte de Noroña, quien lo atacó primero. En una conferencia de prensa, cobijado por sus compañeros de partido, aseguró que fue objeto de provocaciones. Agregó que el presidente del Senado le faltó al respeto a una senadora y por ello reaccionó: “Si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar”.
«Si llegamos a los golpes y a más, eso es lo que ellos (la 4T y aliados) construyeron», dijo sin empacho el líder nacional del PRI, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, después de la violencia con la que cerró la sesión de la Comisión Permanente.
«Y nos vemos el domingo», añadió Moreno Cárdenas, en alusión a la sesión donde la Cámara de Diputados recibirá el Primer Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. A Fernández Noroña, lo calificó como «intransigente, intolerante, patán, cobarde y cínico, porque levantó la sesión sin cumplir el acuerdo y negarme el uso de la tribuna».
Por su parte, Fernández Noroña rechazó haber comenzado la agresión y acusó a Alejando Moreno de haberlo golpeado y amenazarlo. Anunció que presentará denuncias penales por lesiones y daños, y también solicitará el desafuero de los legisladores del PRI involucrados.
“Mi actitud es defensiva todo el tiempo, firme, pero defensiva; en ningún momento un solo golpe, muéstrenme un video donde yo le lanzo un solo golpe a Alejandro Moreno … todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona», dijo en una entrevista para Radiofórmula.
Después reveló textualmente una acusación fuerte contra «Alito» Moreno: “Me dijo: ‘te voy a madrear, te voy a matar’.”
Fernández Noroña anunció también la presentación de una denuncia criminal en contra de cuatro miembros del PRI, encabezados por su presidente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, por las agresiones, golpes, daños y amenazas de muerte que sufrió hoy en la tribuna de la mesa directiva en la antigua sede del Senado de la República.
Confió en que la Fiscalía General de la República, primero les brinde protección personal por las amenazas de muerte que recibieron él y el empleado (camarógrafo) del Senado, Emiliano González; pero también confía en que la Fiscalía solicite el desafuero de los cuatro agresores priistas.
Anticipó que citará a sesión de la Comisión Permanente para el próximo viernes 29 de agosto, a fin de tratar, como único asunto, este hecho violento, que no tiene precedente en la historia democrática del país.
Consecuencias colaterales
El camarógrafo Emiliano González terminó seriamente lesionado tras intentar interponerse durante el encuentro. Fue derribado e incluso pateado, y sufrió golpes mientras estaba en el suelo. Su estado requirió atención médica e incluso se le colocó un collarín.
Este incidente trascendió rápidamente a nivel nacional e incluso internacional, provocando repercusiones inmediatas. Noroña anunció acciones legales y sanciones políticas, mientras que las imágenes del altercado se viralizaron en redes sociales y provocaron críticas desde diversos sectores.
El PRI, desde su enfoque, consideró que Moreno actuó en defensa de la libertad y la democracia, mientras que Morena y PT acusan al senador priista de una agresión directa contra el presidente del Senado.
La confrontación se da en un contexto donde las tensiones entre los partidos son particularmente intensas. En los últimos días, Morena había estado lidiando con polémicas internas relacionadas con declaraciones de Noroña y la revelación pública de que inexplicablemente el presidente del Senado se hizo dueño de una casa de 12 millones de pesos.
Mientras, el PRI busca mostrarse firme ante confrontaciones con otras bancadas.
El episodio en la tribuna del Senado no solo sacudió la convivencia institucional, sino que también profundizó la polarización política que hay en el país.
– Por Mario Ávila
Al cierre de lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, efectuada en la antigua sede del Senado de la República, tras la entonación del Himno Nacional, se enfrascaron a empujones y golpes, el líder de la bancada del PRI Alejandro Moreno y el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, en donde también resultó agredida la senadora Dolores Padierna.
Al término de la reunión, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Moreno, subió a la hasta mesa directiva para recriminar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que no te otorgó la palabra y fue cuando «Alito» lanzó el primer manotazo, luego hubo jalones y empujones, que subieron de tono para convertirse después en golpes y patadas, en donde destacó la furia de Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI.
La que fue la última reunión de trabajo de diputados y senadores en la comisión permanente se trató un tema álgido en la agenda política que se refería a la traición a la patria, en donde los discursos de los representantes de las fracciones parlamentarias dejaron encendido el ambiente, dado que las posturas de Morena y sus partidos aliados con la oposición de PAN y PRI han sido irreconciliables.
El tema se planteó por la necesidad de discutir las denuncias en contra de la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien en una entrevista con el medio estadounidense Fox News, solicitó la intervención de las fuerzas norteamericanas para combatir al narcoterrorismo en México.
En la polémica participó también la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó la posibilidad de que se sometiera a la legisladora panista a juicio de procedencia para despojarse del fuero, por la acusación de haber cometido traición a la patria; dijo que le bastaba con que los mexicanos se enteraran quién es quién.
El momento más incómodo de la sesión fue cuando le tocó el turno del uso de la palabra justamente a Lilly Téllez, quien no desaprovechó los 5 minutos para insistir en el mensaje de la necesidad del apoyo y el respaldo de las fuerzas estadounidenses para combatir al narcoterrorismo en México.
Al mismo tiempo, en todo momento siguió haciendo uso de los términos de «narcopartido», «narcomorena», «narcosdiputados», «narcobancada»by «narcosatánicos», lo que encendió los ánimos de la fracción mayoritaria en la Comisión Permanente, que interrumpieron en repetidas ocasiones el discurso de Lilly Téllez, que fue denunciada por una diputada del PT para que fuera enjuiciada como traidora a la patria.
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