Por Salvador Romero Espinosa //

El pasado viernes 24 de agosto se aprobó en Comisiones de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional regresiva en materia de derechos fundamentales, que implicaría (de facto) la muerte de la Plataforma Nacional de Transparencia y una regresión de varias décadas en materia de derecho a la información y transparencia en el país, al acabar con un marco constitucional producto de la lucha de nuestra sociedad contra la opacidad de las instituciones públicas y contra la falta de rendición de cuentas que caracterizó a los gobiernos del siglo pasado.

La propuesta en ciernes propone la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país (como el INAI y el ITEI), pretendiendo delegar sus funciones a las instancias de control interno de cada una de las alrededor de 7,000 autoridades del país, incluyendo los 3 poderes, los 32 gobiernos estatales, los más de 2,500 gobiernos municipales y los miles de organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, bajo el argumento principal de que los institutos de transparencia son costosos e innecesarios para tutelar los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales.

Ello implicaría que, por ejemplo, quien absorbería las actuales funciones del INAI respecto a las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal sería la Secretaría de la Función Pública, pero únicamente respecto de dichas autoridades, dado que no tendría ninguna intervención o injerencia respecto del trámite de solicitudes o impugnaciones relacionadas con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ni tampoco respecto de ninguna otra de las miles de autoridades estatales y municipales referidas, cuyas contralorías serían las responsables de tutelar ambos derechos humanos.

En la práctica esto implicaría muchas consecuencias regresivas, pues en primer lugar conllevaría la total destrucción del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y una absoluta desvinculación y falta de coordinación entre las 7,000 autoridades del país respecto del establecimiento de lineamientos, criterios, programas y políticas internas en materia de transparencia y protección de datos personales.

La destrucción del SNT a su vez traería como consecuencia la destrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tal y como la conocemos actualmente, dado que en caso de que su infraestructura actual (sus «fierros») pasaran a manos de la Secretaría de la Función Pública, dicha plataforma solo sería útil para albergar la información y tramitar las solicitudes y recursos de impugnación de las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, dejando de lado al resto de las casi 7,000 autoridades del país, quienes además, no estarían obligadas ni a sumarse a dicha plataforma y ni siquiera a tener su propia plataforma pues les bastará con publicar su información en sus páginas de Internet y a recibir las solicitudes de información por cualquier otro mecanismo que dispongan, por ejemplo, correo electrónico.

En consecuencia, la muerte de la PNT obligaría a que una persona que quiera acceder a información pública específica, relacionada con todas las autoridades del país, tendría que visitar una por una las miles de páginas web y portales de transparencia o, en su caso, mandar miles de correos electrónicos para poder acceder a dicha información, a diferencia de lo que sucede actualmente, donde un solo portal de transparencia permite acceder a la totalidad de la información pública del país.

Aunado a lo anterior, en caso de que la información obligatoria no estuviera publicada, la denuncia por el incumplimiento de la publicación de dicha información pública, la tendrían que realizar las personas ante cada una de las contralorías de cada una de las 7,000 autoridades del país y cada contraloría sería la responsable de requerir a sus jefas o jefes (las personas titulares de cada autoridad), por la publicación de la información o, en su momento, tendrían que llegar a sancionarles por dicho incumplimiento; es decir, las personas titulares de las contralorías del país tendrían que sancionar a la persona que las propuso para trabajar ahí, lo cual implicaría un gigantesco conflicto de interés.

Este nuevo esquema implicaría también, por consecuencia, que cada contraloría deba de tener sus propias áreas especializadas en transparencia y en protección de datos personales que, en el peor de los casos, debieran ser cuando menos dos nuevas personas servidoras públicas, por lo que tan solo en el caso de Jalisco (donde hay más de 500 sujetos obligados) implicaría la contratación de más de 1,000 personas para sustituir los trabajos que actualmente realiza el ITEI con 94 personas y así en todo el país.

Por esa razón es que el esquema propuesto no conllevaría ningún tipo de ahorro presupuestal, por el contrario, nos saldría muchísimo más costoso a todas y todos los mexicanos, lo que tira por tierra el argumento de la supuesta «austeridad republicana» detrás de la propuesta.

En conclusión, dicha reforma asesinaría a la Plataforma Nacional de Transparencia como la conocemos y, por consecuencia, despojaría a la sociedad mexicana de una de las herramientas de acceso a información pública más poderosas que existen, no solo en México, sino a nivel mundial, en donde ha recibido reconocimientos por su capacidad de concentrar en un solo portal a la totalidad de las miles de autoridades del país, facilitando con ello el ejercicio de los derechos humanos de acceso a información pública y de protección de datos personales; por lo que su destrucción obligaría a las personas a acudir a una por una de las miles de autoridades del país en busca de información pública y, además, sin contar ya con organismos autónomos especializados que las puedan defender de la opacidad gubernamental.