NACIONALES
¿La muerte de la transparencia?
Por Salvador Romero Espinosa //
El pasado viernes 24 de agosto se aprobó en Comisiones de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional regresiva en materia de derechos fundamentales, que implicaría (de facto) la muerte de la Plataforma Nacional de Transparencia y una regresión de varias décadas en materia de derecho a la información y transparencia en el país, al acabar con un marco constitucional producto de la lucha de nuestra sociedad contra la opacidad de las instituciones públicas y contra la falta de rendición de cuentas que caracterizó a los gobiernos del siglo pasado.
La propuesta en ciernes propone la desaparición de los 33 institutos de transparencia del país (como el INAI y el ITEI), pretendiendo delegar sus funciones a las instancias de control interno de cada una de las alrededor de 7,000 autoridades del país, incluyendo los 3 poderes, los 32 gobiernos estatales, los más de 2,500 gobiernos municipales y los miles de organismos públicos descentralizados y entidades paraestatales, bajo el argumento principal de que los institutos de transparencia son costosos e innecesarios para tutelar los derechos fundamentales a la información y a la protección de datos personales.
Ello implicaría que, por ejemplo, quien absorbería las actuales funciones del INAI respecto a las diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal sería la Secretaría de la Función Pública, pero únicamente respecto de dichas autoridades, dado que no tendría ninguna intervención o injerencia respecto del trámite de solicitudes o impugnaciones relacionadas con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ni tampoco respecto de ninguna otra de las miles de autoridades estatales y municipales referidas, cuyas contralorías serían las responsables de tutelar ambos derechos humanos.
En la práctica esto implicaría muchas consecuencias regresivas, pues en primer lugar conllevaría la total destrucción del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y una absoluta desvinculación y falta de coordinación entre las 7,000 autoridades del país respecto del establecimiento de lineamientos, criterios, programas y políticas internas en materia de transparencia y protección de datos personales.
La destrucción del SNT a su vez traería como consecuencia la destrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tal y como la conocemos actualmente, dado que en caso de que su infraestructura actual (sus «fierros») pasaran a manos de la Secretaría de la Función Pública, dicha plataforma solo sería útil para albergar la información y tramitar las solicitudes y recursos de impugnación de las autoridades del Poder Ejecutivo Federal, dejando de lado al resto de las casi 7,000 autoridades del país, quienes además, no estarían obligadas ni a sumarse a dicha plataforma y ni siquiera a tener su propia plataforma pues les bastará con publicar su información en sus páginas de Internet y a recibir las solicitudes de información por cualquier otro mecanismo que dispongan, por ejemplo, correo electrónico.
En consecuencia, la muerte de la PNT obligaría a que una persona que quiera acceder a información pública específica, relacionada con todas las autoridades del país, tendría que visitar una por una las miles de páginas web y portales de transparencia o, en su caso, mandar miles de correos electrónicos para poder acceder a dicha información, a diferencia de lo que sucede actualmente, donde un solo portal de transparencia permite acceder a la totalidad de la información pública del país.
Aunado a lo anterior, en caso de que la información obligatoria no estuviera publicada, la denuncia por el incumplimiento de la publicación de dicha información pública, la tendrían que realizar las personas ante cada una de las contralorías de cada una de las 7,000 autoridades del país y cada contraloría sería la responsable de requerir a sus jefas o jefes (las personas titulares de cada autoridad), por la publicación de la información o, en su momento, tendrían que llegar a sancionarles por dicho incumplimiento; es decir, las personas titulares de las contralorías del país tendrían que sancionar a la persona que las propuso para trabajar ahí, lo cual implicaría un gigantesco conflicto de interés.
Este nuevo esquema implicaría también, por consecuencia, que cada contraloría deba de tener sus propias áreas especializadas en transparencia y en protección de datos personales que, en el peor de los casos, debieran ser cuando menos dos nuevas personas servidoras públicas, por lo que tan solo en el caso de Jalisco (donde hay más de 500 sujetos obligados) implicaría la contratación de más de 1,000 personas para sustituir los trabajos que actualmente realiza el ITEI con 94 personas y así en todo el país.
Por esa razón es que el esquema propuesto no conllevaría ningún tipo de ahorro presupuestal, por el contrario, nos saldría muchísimo más costoso a todas y todos los mexicanos, lo que tira por tierra el argumento de la supuesta «austeridad republicana» detrás de la propuesta.
En conclusión, dicha reforma asesinaría a la Plataforma Nacional de Transparencia como la conocemos y, por consecuencia, despojaría a la sociedad mexicana de una de las herramientas de acceso a información pública más poderosas que existen, no solo en México, sino a nivel mundial, en donde ha recibido reconocimientos por su capacidad de concentrar en un solo portal a la totalidad de las miles de autoridades del país, facilitando con ello el ejercicio de los derechos humanos de acceso a información pública y de protección de datos personales; por lo que su destrucción obligaría a las personas a acudir a una por una de las miles de autoridades del país en busca de información pública y, además, sin contar ya con organismos autónomos especializados que las puedan defender de la opacidad gubernamental.
NACIONALES
Aprobada la Ley de Amparo en Cámara de Diputados, la oposición acusa “retroactividad disfrazada”
– Por Francisco Junco
Mientras el reloj marcaba las cuatro de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Amparo. Morena y sus aliados sacaron adelante el dictamen entre gritos, reclamos y acusaciones de la oposición.
El artículo tercero transitorio, que había sido corregido apenas un día antes en el Senado, volvió a introducirse con una redacción distinta, pero con el mismo efecto: aplicar nuevas reglas a juicios en curso, lo que para los opositores significa una “retroactividad disfrazada”.
El encargado de presentar la reserva fue el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, quien aseguró desde tribuna que no se trataba de retroactividad, sino de una precisión jurídica. “Con la nueva redacción del artículo, es un tema de materia y trascendencia procesal, es derecho procesal puro. Es poner las reglas claras. Lo hecho queda bajo la ley antigua, lo que se haga después, bajo la nueva”, explicó, mientras la bancada oficialista levantaba pancartas en apoyo a la reforma.
En defensa de la iniciativa, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó la redacción del artículo como “impecable” y aseguró que la reforma busca “poner fin a los amparos mañosamente alargados” que benefician a empresarios y deudores fiscales.
“Actualmente, hay más de dos mil créditos fiscales que se resisten a pagar, con montos superiores a los cien mil millones de pesos. Con esta reforma queremos que paguen lo justo, incluso los lavadores de dinero y delincuentes de cuello blanco”, afirmó Monreal.
Esta mañana, desde la Mañanera, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la modificación y justificó la fórmula jurídica. “Es la misma propuesta que presentó aquí el ministro Saldívar. La Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no, y eso es lo que quedó en el transitorio”, explicó, insistiendo en que la nueva redacción “garantiza el derecho de amparo” y permite distinguir entre casos antiguos y procesos futuros.
Pero en el pleno de la Cámara de Diputados, la oposición denunció que el cambio abría la puerta a una manipulación judicial. La panista Paulina Rubio fustigó a la mayoría oficialista y acusó: “Se avientan la cereza del pastel, el dichoso transitorio, ese transitorio que está más manoseado que una moneda en un camión. ¡Es la legalización de la extorsión! La presidenta no va a poder negar que es la autora y artífice absoluta”.
El priista Emilio Suárez Licona advirtió las consecuencias que podría tener en los tribunales. “Habrá que explicarles a los damnificados de Veracruz, Puebla o Hidalgo que sus agrupaciones vecinales muy probablemente no podrán combatir vía juicio de amparo las omisiones del gobierno. Bajo el argumento de que es una materia procesal, se aplica una forma encubierta de retroactividad que debilita la certeza jurídica”, dijo.
En medio del debate, también se escucharon críticas más duras. El panista Germán Martínez calificó de hipócritas a los morenistas al recordar que ellos mismos recurrieron a los amparos cuando les convenía, por ejemplo Ricardo Monreal, que se amparó contra Laida Sansores; Cuauhtémoc Blanco, y la ministra Esquivel, cuando se supo que plagió su tesis.
Aunque la presidenta de la Comisión de Justicia, la morenista Olga Sánchez Cordero, había advertido en comisiones que los cambios “limitaban el acceso a la justicia”, la mayoría desoyó las advertencias y con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, la reforma fue aprobada y devuelta al Senado.
En San Lázaro, mientras algunos celebraban una “modernización del juicio de amparo”, otros vieron en la madrugada legislativa la confirmación de que el derecho en México también puede tener un disfraz y fue devuelta a la Cámara Alta, es decir al Senado para su aprobación.
– Por Mario Ávila
La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el ataque y asesinato a balazos de la ex presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, y reportó que otra persona también resultó lesionada.
La gobernadora de Colima expresó su repudio y pesar ante este hecho de violencia y señaló que ha exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) una investigación exhaustiva y expedita.
Además, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a colaborar con todas las herramientas a su alcance para esclarecer los hechos.
La gobernadora destacó que las y los colimenses rechazan la violencia.
Hizo ver la necesidad de mantenerse unidos ante quienes dijo: «Buscan arrebatar la tranquilidad de la población».
Gaby Mejía, se desempeñaba también como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI en Colima (Onmpri).
Líderes del PRI condenan asesinato de ex alcaldesa Gaby Mejía y en particular la diputada federal por Monterrey, Marcela Guerra, pidió un minuto de silencio en San Lázaro y apuntó: «Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía, nuestra compañera».
Ante el pleno de la LXVI Legislatura federal se dijo invadida de tristeza y enojo «por el asesinato recién perpetrado por viles cobardes contra la ex alcaldesa; que este crimen no quede impune, por lo cual solicito también un minuto de silencio”.
– Por Francisco Junco
Durante la discusión del Primer Informe del Poder Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, demandó que la corporación rinda cuentas con datos verificables y resultados concretos.
“Conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional”, advirtió, al señalar que el informe “cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas”.
El senador jalisciense subrayó que el debate no gira en torno a la militarización del cuerpo de seguridad, sino a las deficiencias del reporte presentado por el Ejecutivo, que, dijo, “poco aporta para medir el impacto real de sus acciones”.
Castañeda ejemplificó las inconsistencias al mencionar que “Colima y Baja California Sur tienen una población similar, pero una incidencia delictiva distinta; sin embargo, Colima cuenta con apenas una tercera parte de los elementos que Baja California Sur”.
También señaló que casi la mitad de las 10 mil 69 detenciones reportadas por la corporación (46%) fueron por faltas administrativas, tareas que podrían corresponder a las policías locales.
“Esto confirma que la corporación está supliendo funciones (de las policías locales), no complementándolas, lo que contradice el espíritu de colaboración temporal previsto en la ley”, afirmó.
Castañeda recordó que en 2018 la extinta Policía Federal, con una tercera parte del personal, realizó más del doble de detenciones que la Guardia Nacional en 2024, lo que evidencia su falta de resultados.
“El informe cumple con los requisitos formales, pero no ofrece elementos para medir cómo sus acciones contribuyen a reducir la incidencia delictiva o garantizar la paz social”, agregó.
El senador destacó que Movimiento Ciudadano ha propuesto reformas para fortalecer la evaluación y la transparencia de la Guardia Nacional, como clarificar los criterios de despliegue, establecer indicadores de impacto y resultados, y evaluar sus labores migratorias.
“Queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia, no una institución que se mida solo por lo que hace, sino por lo que logra en favor de la seguridad y la paz de las y los mexicanos”, concluyó.
– Por Mario Ávila
Un llamado para ayudar a las entidades afectadas por las luvias, al margen de Veracruz, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí y Puebla, fue lanza desde el Senado de la República, en donde se enlistó a Jalisco, especialmente a Puerto Vallarta, lo mismo que a Bahía de Banderas, Nayarit, Guaymas, Sonora y Casas Grandes, Chihuahua, como las zonas que requieren de apoyo nacional.
El mensaje fue lanzado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Augusto López Hernández, quien advirtió que son tiempos de unidad y solidaridad nacional, al tiempo que recordó que cuando él fue gobernador de Tabasco y en el 2020 se inundaron los 17 municipios, el primer estado en apoyar fue Jalisco “y fue el gobernador Enrique Alfaro del partido Movimiento Ciudadano, quien llegó con equipo para ayudarnos”.
Expuso que lo que se vivió el fin de semana, fue una tragedia de magnitud impredecible, por lo que los primero que hizo fue expresar su solidaridad con todas aquellas familias, “que aún días después de la catástrofe, están intentando rescatar sus cosas, incluso buscando familiares que todavía son reportados como desaparecidos”.
Calificó además como lamentable, que en estos tiempos en donde se requiere la solidaridad de todos, haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, “que ya no es el país de ellos y de su absurdo Fonden”.
PAN Jalisco exige reactivar el FONDEN
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Agricultores retiran bloqueos en accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara
En «cancha neutral» retoman el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial
