Comunidad Indígena de Mezquitán lleva su lucha por justicia hasta la Cámara de Diputados, justo 22 años después del convenio incumplido por la SICT

Por Belisario Bourjac 

Transcripción de texto a voz 

La Mesa Directiva del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Mezquitán, pueblo indígena originario reconocido desde 1690, ubicado actualmente en el municipio de Zapopan, Jalisco, acudió este 3 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México.

El propósito fue entregar un escrito formal en el que solicitan la intervención urgente del órgano legislativo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) a cumplir, de manera justa y sin más dilaciones, con las sentencias agrarias firmes que ordenan el pago de una indemnización pendiente desde 2004.

Precisamente este 3 de marzo se cumplen 22 años de haberse firmado aquel convenio con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que poco tiempo después incumpliría los pagos acordados con la Comunidad de Mezquitán.

En el documento entregado y firmado por Saúl Rodríguez Barajas (presidente), Eulalia Dolores Velázquez López (secretaria) y Miguel Ángel Rivera Lara (tesorero), quienes fueron acompañados por los asesores jurídicos de la comunidad en este juicio, se recuerda que ya en agosto de 2025 se presentó una solicitud similar, la cual fue atendida.

El 14 de octubre de 2025, el diputado Alberto Maldonado Chavarín (Morena), coordinador de los diputados federales de Jalisco de su bancada, junto con otros legisladores, impulsó y logró aprobar un punto de acuerdo que exhorta a la SICT a cumplir las sentencias y pagar la indemnización pendiente.

El conflicto se remonta a la ocupación de aproximadamente 26.93 hectáreas de tierras comunales por parte de la entonces SCT (hoy SICT) para la ampliación de la Carretera Federal 54 (Guadalajara–Ixtlahuacán del Río, tramo de la Guadalajara–Saltillo). A pesar de convenios de pago firmados en su momento, la dependencia federal no ha liquidado el adeudo, lo que ha derivado en un litigio de más de dos décadas.

La comunidad ha obtenido dos sentencias favorables en tribunales agrarios —en el Juicio Agrario 222/2017 del Tribunal Unitario Agrario 16, confirmada por el Tribunal Superior Agrario en el Recurso de Revisión 125/2022— y ha ganado amparos que refuerzan la obligación de ejecución inmediata.

La sentencia quedó firme desde diciembre de 2024, eliminando cualquier obstáculo legal; sin embargo, persisten incumplimientos pese a requerimientos, multas y apercibimientos judiciales contra la SICT y el INDAABIN.

Durante la visita de hoy, los representantes comunales fueron recibidos por el diputado Alberto Maldonado Chavarín, quien ha sido un aliado clave en esta causa. Además, sostuvieron diálogos con diversas diputadas y diputados federales de Jalisco y de otros estados, así como con el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), quienes escucharon atentamente las peticiones y expresaron su apoyo y solidaridad desde el primer momento. Los legisladores se manifestaron solidarios con la lucha de la comunidad de Mezquitán.

En el escrito solicitan específicamente:

• Un exhorto dirigido al titular del INDAABIN para que elabore de inmediato el avalúo actualizado.
• Un recordatorio atento al secretario de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, para que proceda al pago.
• Que, ante la falta de respuesta inmediata —como lo establece la ley para la ejecución de sentencias firmes—, se requiera al superior jerárquico de las dependencias o se solicite su comparecencia ante la Cámara de Diputados para que expliquen las razones del retraso de más de 22 años.

La comunidad invoca los artículos 167 y 191 de la Ley Agraria, el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles y los artículos 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, argumentando que las dilaciones vulneran derechos humanos como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la propiedad y el goce de sus tierras.

El prolongado incumplimiento afecta la dignidad, el patrimonio colectivo y el desarrollo de cientos de familias, incluyendo mujeres jefas de familia y adultos mayores. Más de 170 comuneros han fallecido sin recibir justicia, según denuncias previas.

La visita representa un nuevo paso en la escalada de presión —tras protestas pacíficas y bloqueos carreteros en meses recientes— para lograr el cumplimiento definitivo y justo de las sentencias, bajo principios de justicia social y respeto a los derechos de los pueblos originarios.

La Comunidad Indígena de Mezquitán agradece la recepción y el respaldo legislativo, y se mantiene atenta a cualquier avance o reunión adicional para cerrar este capítulo de injusticia histórica.