OPINIÓN
Constitución y realidad
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz
La presidenta de México presentó el 4 de marzo de 2026 una iniciativa de reforma electoral que posteriormente fue conocida como “Plan A”; sin embargo, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Días después presentó una nueva versión, denominada “Plan B”, con diversas adecuaciones y bajo una narrativa de austeridad. A partir de entonces, el proceso legislativo avanzó con notable rapidez.
Alcanzar la mayoría requerida para su validez constitucional tomó poco tiempo, mientras que los congresos locales necesarios para su aprobación se alinearon con escaso debate público. No obstante, el proceso legislativo no concluye con la declaratoria de validez constitucional. El verdadero reto comienza ahora con la armonización de la reforma en las constituciones y leyes estatales. Se trata de un proceso complejo, profundamente político y con importantes implicaciones para la vida institucional de las entidades federativas.
La armonización no solo implicará adecuaciones jurídicas, sino también decisiones políticas que los congresos locales deberán asumir frente a la percepción ciudadana, por lo que su implementación difícilmente será sencilla.
En este contexto, vale la pena analizar el componente político de la reforma. El denominado Plan B fue validado por 21 entidades federativas en tiempo récord. Más allá de discutir si el contenido de la reforma resulta benéfico o no para los mexicanos, llama la atención la rapidez con la que se alcanzó la mayoría constitucional necesaria para su aprobación. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México respaldaron la reforma en cuestión de días.
De estas entidades, la gran mayoría son gobernadas por Morena. Esto permite observar una realidad constante en la política mexicana: las mayorías legislativas suelen responder a afinidades políticas y partidistas, donde, en muchas ocasiones, la lealtad política termina pesando más que el debate profundo sobre el contenido de las reformas.
El Plan B es hoy una realidad jurídica; cuenta con aprobación y validez constitucional. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. La armonización de la reforma en las constituciones y leyes estatales traerá consigo importantes implicaciones jurídicas y administrativas. Las constituciones nacen de acuerdos y decisiones políticas, pero una vez aprobadas, su aplicación deja de ser un asunto de conveniencia partidista para convertirse en una obligación legal. Ahí es donde se pondrá a prueba la viabilidad de la reforma y la capacidad de los estados para traducir una decisión política en normas eficaces y funcionales para la vida pública.
Hablemos de Jalisco. Nuestra entidad, gobernada por Movimiento Ciudadano, fue una de las que no aprobó la reforma conocida como Plan B. La discusión en el Congreso local estuvo marcada más por posicionamientos político-partidistas que por un análisis profundo de las implicaciones jurídicas de la reforma. Las intervenciones en tribuna parecieron orientadas a construir narrativas rumbo a futuros escenarios electorales, centrando el debate en críticas, descalificaciones y la defensa de colores partidistas.
Más que una discusión de fondo sobre el contenido de la reforma, el debate se convirtió en un escaparate político para generar percepción pública, posicionar nombres y fortalecer identidades partidarias frente a la ciudadanía. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas expresadas en el Congreso de Jalisco, existe una realidad jurídica ineludible: una vez que una reforma constitucional federal obtiene la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales exigida por el artículo 135 de la Constitución y se emite la declaratoria de validez, sus efectos son obligatorios para todo el país, incluidos aquellos estados que votaron en contra o decidieron no acompañarla.
La conclusión es simple: el plan B de la reforma ya es una realidad constitucional. Jalisco la rechazó, pero al haber sido validada por la mayoría de las legislaturas estatales, sus efectos son obligatorios para todas las entidades. El debate político ya ocurrió y las posturas partidistas quedaron claras; ahora, lo verdaderamente importante será observar cómo se armoniza e implementa la reforma en Jalisco, pues el reto ya no es la confrontación partidista, sino la viabilidad jurídica y constitucional de su aplicación.
