Transparencia en pausa: Una resolución de la Suprema Corte frena una reforma que debía llegar al Congreso de Jalisco

Por Francisco Junco

La reforma a las leyes secundarias en materia de transparencia, que se esperaba llegara al Pleno del Congreso de Jalisco la semana pasada, terminó quedándose en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y en las mesas de negociación.

Lo que parecía un trámite prácticamente acordado entre las fuerzas políticas volvió a retrasarse, generando incertidumbre sobre el futuro del nuevo modelo que sustituirá al desaparecido Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).

Durante varios días circularon versiones que atribuían el retraso a diferencias entre los grupos parlamentarios respecto a quién debería encabezar el nuevo organismo garante de la transparencia. Sin embargo, entrevistas realizadas por Conciencia Pública con diputados involucrados directamente en el proceso revelan que el escenario es más complejo y que existe un componente jurídico que obligó a replantear los tiempos legislativos.

“Llegó una controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace apenas cinco o seis días”, explicó el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, al referirse a un fallo que impacta directamente la reforma constitucional previamente aprobada por el Congreso local.

De acuerdo con el legislador de Hagamos, la resolución obliga a realizar ajustes antes de continuar con la aprobación de las leyes secundarias. El problema radica en algunos apartados de la reforma constitucional ya avalada por el Poder Legislativo estatal, que ahora deberán corregirse para armonizarlos con los criterios establecidos por la Suprema Corte.

La controversia se relaciona con la definición de las autoridades garantes en materia de transparencia para partidos políticos y sindicatos. Según explicó Bravo Padilla, la Corte determinó que, en el caso de los partidos políticos, la autoridad competente debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) y no una instancia estatal; mientras que, en el caso de los sindicatos, la competencia corresponde a tribunales federales.

“Un primer paso que tenemos que hacer es corregir y adecuar el texto constitucional de la Constitución del Estado de Jalisco para enmendar estas partes”, detalló el legislador.

La explicación modifica significativamente la percepción que existía sobre el retraso. Mientras públicamente se hablaba de diferencias políticas, la realidad es que el Congreso se vio obligado a regresar a la etapa constitucional antes de poder avanzar con el paquete completo de leyes secundarias.

No obstante, las negociaciones políticas también han estado presentes en el proceso. El diputado morenista Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, reconoció que el dictamen dejó de estar bajo control de su comisión una vez concluida la fase técnica y pasó a la Junta de Coordinación Política para la construcción de consensos.

Barragán admitió que el retraso sorprendió incluso a varios legisladores que daban por hecho que el documento sería presentado para su primera lectura durante la sesión legislativa de la semana pasada.

“Todos nos habían anunciado que se iba a subir ya y, de última hora, ya no se subió, lo cual nos hace pensar que todavía hay ajustes por acordar con los diferentes presidentes de los grupos parlamentarios”, señaló.

El legislador explicó que el proyecto original elaborado en su comisión buscaba mantener una armonización estrecha con el modelo nacional impulsado desde la Federación. Bajo ese esquema, la nueva agencia de transparencia estaría encabezada por una sola persona designada mediante un procedimiento similar al de la Contraloría estatal.

Sin embargo, durante las negociaciones surgieron propuestas para que el organismo estuviera integrado por tres personas y operara bajo un esquema colegiado. Esa discusión se convirtió durante semanas en uno de los principales puntos de debate entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Con el paso de los días, la idea del órgano colegiado comenzó a ganar terreno. De acuerdo con Tonatiuh Bravo Padilla, actualmente existe una coincidencia cada vez más amplia entre las bancadas para que las decisiones del nuevo organismo sean tomadas por una presidencia y dos integrantes adicionales.

“Hasta ahorita ha ganado consenso que sea un colegiado y que tenga el mismo sistema que tiene la designación del titular de la Contraloría”, explicó el diputado de Hagamos.

La propuesta que se encuentra sobre la mesa contempla que los integrantes sean seleccionados mediante un mecanismo similar al utilizado para la Contraloría estatal, en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso del Estado a través de un proceso de ratificación.

Para Bravo Padilla, el esquema colegiado ofrece mayores garantías institucionales, ya que las resoluciones se tomarían mediante deliberación y votación, reduciendo la concentración de facultades en una sola persona y fortaleciendo la legitimidad de las decisiones.

“Nosotros creemos que un colegiado es mejor, porque todo órgano que dictamina y toma decisiones que van a afectar a municipios y entidades públicas debe contar con un criterio colegiado”, sostuvo.

Mientras se corrigen los aspectos constitucionales observados por la Suprema Corte, el Congreso buscará destrabar primero esa etapa del procedimiento legislativo. Una vez aprobadas las modificaciones y concluido el proceso de validación por parte de los municipios, podrán retomarse las leyes secundarias que definirán la nueva arquitectura institucional en materia de transparencia.

Según la estimación de Tonatiuh Bravo, el proceso completo podría resolverse en un plazo de entre tres y cuatro semanas. Primero deberá aprobarse la reforma constitucional corregida; posteriormente, una vez consolidada esa base jurídica, se dará paso a la discusión y aprobación definitiva de las leyes secundarias.

“Pero no, no queda en el limbo. La semana que entra vamos a intentar destrabar el tema de la transparencia a nivel constitucional y luego, enseguida, entraremos al tema de la reforma legal”, afirmó.

Por ahora, la transparencia en Jalisco sigue esperando. Lo que parecía una simple diferencia política terminó revelando una combinación de factores jurídicos y legislativos que obligaron a replantear la ruta. El retraso no significa el abandono de la reforma, pero sí confirma que el proceso para sustituir al ITEI continúa enfrentando obstáculos antes de convertirse en una nueva realidad institucional.