Las crisis también votan

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En Jalisco, la crisis provocada por el problema del agua y la situación del SIAPA trasciende el ámbito técnico y administrativo para convertirse en un asunto eminentemente político. Más allá de la percepción ciudadana sobre la eficacia de las soluciones y la transparencia con la que las autoridades afronten esta problemática, el verdadero impacto se reflejará en el proceso electoral de 2027.

Las crisis ocurridas durante los gobiernos de Movimiento Ciudadano serán, sin duda, parte del discurso de la oposición, que recurrirá al recuerdo de estos episodios para evidenciar los costos que representaron para la población y construir una narrativa de contraste frente al partido en el poder.

Así comienza a configurarse, desde ahora, el escenario de confrontación política en el que se buscará que, al llegar la siguiente contienda electoral, los ciudadanos asocien su decisión de voto con los momentos más complejos vividos durante la administración actual.

De cara a 2027, los partidos políticos disputarán no solo el acceso al poder y la obtención de mayorías, sino también posiciones estratégicas que les permitan fortalecer su proyecto rumbo a 2030. Ese es el funcionamiento del sistema político mexicano: una competencia permanente en la que las crisis públicas se convierten en herramientas de confrontación electoral y en instrumentos para influir en la memoria colectiva del electorado.

En ese sentido, habremos de saber que el voto en las próximas contiendas electorales y su enfoque político estarán definidos por las crisis y por la manera en que estas sean atendidas ante la sociedad, utilizando la memoria colectiva para potencializar el voto del hartazgo. Sin embargo, no todas las crisis impactarán de la misma forma en lo político, pues esto depende de la manera en que afectaron o influyeron en la vida diaria del ciudadano.

Es necesario recordar que la administración pública y la autoridad juegan un papel importantísimo en la cotidianidad social, y que de ello depende la percepción que se genera en diversos sectores de la población para otorgar la confianza y el sufragio el día que acudimos a las urnas en nuestra entidad federativa.

Movimiento Ciudadano ha ocupado el Ejecutivo estatal durante siete años y siete meses. Pablo Lemus Navarro es el segundo gobernador bajo estas siglas y cuenta con el tiempo necesario para pavimentar el camino de su partido. No obstante, la dificultad radica en las crisis. Durante este periodo, las de mayor potencial político parecen ser la calidad del agua y la operación del SIAPA, la inseguridad y las desapariciones, la movilidad y el transporte, así como las inundaciones y la infraestructura urbana. La manera en que se atendió y resolvió cada una de ellas influirá tanto en la oposición —para alimentar su narrativa de falla y desgobierno— como en el electorado, dependiendo de la afectación directa en los distintos sectores sociales.

Bajo esa lógica, cuando se analizan las crisis por su capacidad de modificar la conducta electoral, no todas tienen el mismo peso. De las crisis más duras, dolorosas y graves, la inseguridad y las desapariciones ocupan, sin duda, el primer lugar. Actualmente, las alarmas están encendidas ante el reclutamiento forzado; y, si bien es tarea de las autoridades atenderlo, la seguridad de todo ciudadano es la responsabilidad primordial de los municipios y del Ejecutivo. Esta es una de las situaciones de alerta que genera la peor de las percepciones sociales. Es una problemática compleja cuyos ejes son la violencia extrema y la impunidad con la que operan las células delictivas en el estado y en el país, lo que infunde terror.

Ante este escenario, la forma en que las autoridades busquen contrarrestar esta modalidad de inseguridad y atiendan las medidas de protección necesarias para que los adolescentes no sean reclutados por el crimen organizado —sumado a la crisis crónica de las desapariciones— constituye el tema más delicado y debe ser abordado por todos los sectores políticos.

Ganar una elección debería depender de la solución a los problemas que enfrenta el estado y de la seguridad de sus habitantes. La política ha cambiado y debe ejercerse con responsabilidad, no con simulación. La desaparición de personas y, de forma aún más sensible, la de adolescentes no debe minimizarse ni normalizarse socialmente. Es un crimen y un delito; bien podría ser la crisis que cambie los colores del Ejecutivo.

Hagamos memoria. Es importante recordar las crisis que enfrentaron los gobiernos panistas, los priistas y la administración actual, porque la política jalisciense está construida sobre una memoria colectiva que demuestra que la percepción ciudadana sí cuenta al momento de acudir a las urnas. Los discursos, las campañas y los eslóganes difícilmente modifican la experiencia de cada ciudadano sobre la forma en que cada gobierno enfrentó sus crisis: si simuló soluciones, si eludió responsabilidades, si minimizó los problemas o, por el contrario, los atendió con seriedad, asumió su responsabilidad y los resolvió.

No importará qué tan sofisticada o costosa sea la campaña electoral de 2027; al final, el voto estará influido por la memoria y la percepción que la ciudadanía conserve sobre la manera en que fue gobernada.