Normalizar el horror

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Es la peor de las películas, pero es completamente real. El crimen organizado en nuestra entidad y en el país ha construido una trama de terror y violencia que los ciudadanos vivimos todos los días. La búsqueda de personas desaparecidas y el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes son una realidad de la que no podemos simplemente apagar la televisión y dejar de ser espectadores, porque no se trata de ficción.

La desaparición de personas y el reclutamiento representan hoy uno de los mayores temores de las familias jaliscienses y, pese a la gravedad del problema, no han sido combatidos de manera efectiva; únicamente han cambiado las formas en que se recluta y se desaparece a las personas. Aunque muchos lectores consideren que es un tema ajeno, la realidad es que nadie está exento: cualquier familia puede verse alcanzada por esta tragedia.

En este contexto, como sociedad informada, debemos preguntarnos qué se está haciendo en el estado para prevenir y combatir una realidad que nunca debió existir. ¿Qué están haciendo los gobiernos y los distintos poderes públicos para que las familias jaliscienses vivamos sin miedo y dejemos de normalizar una situación de terror y horror? Al final, los tiempos electorales están cada vez más cerca y volverán los discursos en los que todo está mal y la oposición promete transformar nuestra realidad y restablecer el Estado de derecho.

Pero, mientras ese momento llega, ¿qué está haciendo hoy el Poder Legislativo? El tema avanza a un ritmo lento, como si las familias que viven la desaparición de un ser querido o el reclutamiento forzado pudieran esperar. La pregunta es inevitable: ¿realmente se está legislando para generar acciones concretas y resultados que atiendan esta crisis o simplemente se deja transcurrir el tiempo para que sea la siguiente legislatura la que herede el problema, y así sucesivamente?

Aunque el tema permanece en la agenda legislativa, la respuesta institucional sigue avanzando con lentitud. En las últimas semanas, la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas ha realizado reuniones para fortalecer acciones de prevención, búsqueda y coordinación con autoridades y colectivos; además, se presentó una propuesta de Ley de Personas Desaparecidas para el Estado de Jalisco, la cual continúa en análisis.

También se han desarrollado diversas actividades relacionadas con víctimas y colectivos. Sin embargo, frente a la magnitud de la crisis, estas acciones parecen insuficientes y reflejan una preocupante deshumanización del problema, como si el dolor de miles de familias pudiera esperar los tiempos del proceso legislativo.

Lo más grave es que todo el proceso de reforma a la ley en materia de personas desaparecidas y reclutamiento forzado sigue enfocado en atender las consecuencias una vez consumado el delito. Se legisla sobre la no revictimización, la coordinación institucional, las fichas de búsqueda y los derechos de las víctimas; medidas necesarias, pero que llegan cuando el daño ya es irreparable.

Lo verdaderamente preocupante es la ausencia de una política legislativa orientada a la prevención. Pareciera que hemos aceptado que las desapariciones y el reclutamiento forzado son un fenómeno permanente provocado por el crimen organizado y que, por lo tanto, solo queda regular lo que ocurre después de la tragedia. ¿Y la prevención a quién se la dejamos? ¿Únicamente a las familias? No existen campañas públicas permanentes con el alcance suficiente para informar y proteger a jóvenes y adolescentes; las autoridades competentes no acuden de manera sistemática a las escuelas para informar y concientizar sobre los riesgos del reclutamiento, ni hay una estrategia preventiva que coloque este problema en el centro de la agenda pública.

Por el contrario, pareciera que la intención es hablar lo menos posible del tema para no alarmar a la sociedad, como si el silencio pudiera ocultar una realidad que Jalisco ha padecido durante las últimas dos décadas. Lo verdaderamente alarmante no es hablar de las desapariciones y del reclutamiento forzado; lo alarmante es haberlos normalizado.

Así tenemos a una legislatura desgarrándose las vestiduras por la calidad del agua, con legisladores de oposición que buscan mostrarse enérgicos, indignados y combativos frente al partido en el poder, mientras los temas que verdaderamente desgarran a Jalisco avanzan por un camino lento, silencioso y burocrático. Las desapariciones y el reclutamiento forzado no generan el mismo debate, no producen los mismos reflectores ni parecen ser los temas que se utilizarán como bandera de campaña. Pero el crimen organizado no desaparecerá con la llegada de un nuevo partido al poder; es un problema estructural que ha echado raíces en una cultura que, por omisión, hemos terminado normalizando.

La mayor derrota de un Estado no es que exista el crimen organizado, sino que sus instituciones terminen legislando para administrar sus consecuencias en lugar de impedir sus delitos. Y la mayor derrota de una sociedad es acostumbrarse a que desaparezcan sus jóvenes sin exigir que alguien evite que el siguiente sea el suyo.