Mirador San Isidro: nuevo frente

Opinión, por Iván Arrazola

El caso de Mirador de San Isidro se ha convertido en un nuevo frente para el Gobierno de Jalisco y, sobre todo, en otro ejemplo de cómo una política pública que parte de un propósito legítimo puede complicarse cuando falla su implementación.

El origen del proyecto difícilmente podría considerarse impopular. Como parte del programa Legado, el Gobierno estatal planteó construir 200 viviendas destinadas a policías y sus familias, distribuidas en 10 torres de cuatro niveles sobre un terreno de casi 13 mil metros cuadrados. La intención forma parte de una política más amplia para mejorar las condiciones laborales y de vida de los elementos de seguridad.

Las cosas comenzaron a complicarse desde el momento en que los vecinos de Mirador de San Isidro conocieron el proyecto y decidieron organizarse para impedir su construcción. Alegaron posibles afectaciones relacionadas con inundaciones, drenaje, movilidad, disponibilidad de servicios y las características del suelo. Pero, sobre todo, reclamaron que una obra de esas dimensiones no hubiera sido suficientemente socializada con quienes viven en la zona. De acuerdo con los propios habitantes, conocieron el proyecto apenas unas semanas antes de comenzar la movilización.

La primera reacción del Gobierno estatal fue defender el proyecto. A los opositores se les señaló por una supuesta manipulación de partidos políticos, mientras funcionarios como el jefe de Gabinete, Alberto Esquer; el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y el director del IJALVI, Guillermo Medrano, mantuvieron una posición clara: se escucharían las inconformidades, pero la obra se realizaría en ese lugar. El propio Gobierno argumentó que contaba con elementos técnicos para desarrollar el complejo.

La confrontación llegó a un punto innecesario cuando, a finales de julio, se utilizó la fuerza pública para desalojar el campamento instalado por los vecinos. El resultado fue contrario al esperado. La protesta no desapareció; el campamento simplemente se trasladó y la controversia adquirió mayor visibilidad.

A partir de ese momento comenzaron a evidenciarse las fallas en la conducción del proyecto. Los vecinos buscaron información, solicitaron estudios y demandaron mesas de trabajo. En una reunión con el IJALVI plantearon dudas sobre agua, transporte, vialidades, servicios e inundaciones. La dependencia aseguró contar con estudios técnicos que respaldaban el proyecto, pero, según los habitantes, esos documentos no fueron presentados durante el encuentro. La reunión terminó sin acuerdos ni fecha para continuar el diálogo.

El discurso comenzó a cambiar cuando el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, decidió acudir personalmente a Mirador de San Isidro. Ahí reconoció que el Ayuntamiento no había otorgado licencias de construcción y que el IJALVI ni siquiera había presentado al municipio el proyecto completo. Más significativo aún: técnicos municipales revisaron el terreno y, según información publicada posteriormente, coincidieron con las preocupaciones sobre su función como punto de recarga acuífera y la posibilidad de generar problemas futuros de inundaciones.

El Congreso del Estado también comenzó a tomar distancia. Meses antes había aprobado la donación del predio al Instituto Jalisciense de la Vivienda. Cuando el conflicto escaló, los legisladores precisaron que aquella decisión no equivalía a otorgar permisos de construcción ni a validar los estudios técnicos necesarios. Posteriormente, el propio Congreso solicitó al Ayuntamiento y al IJALVI entregar información sobre la situación urbanística del terreno, además de impulsar mesas públicas de trabajo con los vecinos.

Frangie ofreció al Gobierno estatal tres terrenos alternativos para realizar una permuta. Uno se encuentra en Tesistán y las otras dos ubicaciones no han sido reveladas. La fórmula es relativamente sencilla: Zapopan entregaría un terreno donde pudiera desarrollarse el conjunto habitacional y, a cambio, recuperaría el predio de Mirador de San Isidro para conservarlo como área verde. El municipio incluso ha planteado desarrollar ahí un parque con andadores, vegetación y espacios recreativos.

Mirador de San Isidro exhibe fallas de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, ausencia de una socialización suficiente, dudas sobre la disponibilidad o difusión de los estudios técnicos y, sobre todo, una estrategia política que inicialmente privilegió la confrontación sobre la negociación.

Para el Gobierno estatal, en cambio, aceptar ahora la permuta supone rectificar una posición que semanas atrás parecía inamovible. Rechazarla sería todavía más difícil: significaría continuar un litigio, mantener abierto el conflicto vecinal y defender la construcción en un terreno que el propio municipio considera problemático, cuando existen alternativas disponibles.

El episodio se suma, además, a otros problemas recientes de implementación. El conflicto por la calidad del agua y las dificultades para determinar quiénes debían recibir los descuentos anunciados por el SIAPA ya habían mostrado la distancia que puede existir entre anunciar una medida y contar con las capacidades administrativas y técnicas para ejecutarla correctamente. Mirador de San Isidro vuelve a colocar sobre la mesa el mismo problema: no basta con que una política tenga buenas intenciones; necesita planeación, información, coordinación y capacidad de ejecución.