Septiembre me gustó pa’ que se vayan

– Del gabinete a la boleta: 2027 ya comenzó.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco.

En el Museo Japi, ese edificio que la publicidad oficial vende como símbolo de la nueva Guadalajara, el gobernador de Jalisco reunió a su gabinete para hablar del futuro. No del futuro del agua, ni del de las pensiones, ni del de los hospitales. Del futuro de ellos.

Pablo Lemus Navarro les puso fecha: septiembre. Quien quiera aparecer en la boleta de 2027 —para una diputación, una alcaldía o lo que el reparto conceda— deberá avisarlo este mes, para que la administración pueda “procesar sus renuncias y sus sustituciones” y el aspirante pueda “irse a la campaña”.

La frase, dicha con la naturalidad de quien reparte turnos en una notaría, merece ser leída dos veces:

“Necesito que todos los funcionarios públicos del gobierno del estado que tengan inquietudes de estar en la boleta para el proceso electoral 2027, necesito que ya en el mes de septiembre me lo informen para empezar a procesar sus renuncias y sus sustituciones para que puedan irse a la campaña. No voy a permitir que desde el gobierno del estado de Jalisco se haga campaña”.

Hay en esas dos oraciones un diagnóstico involuntario. Porque nadie promete impedir lo que nunca ha ocurrido. Quien anuncia que no permitirá que el gobierno se convierta en campaña está admitiendo, ante una grabadora, que sabe perfectamente que puede convertirse en eso. Y que, en Jalisco, se ha convertido antes.

El aviso no es la ley

Conviene decirlo sin adornos: la separación del cargo de quien busca una candidatura no es una cortesía del gobernador. Es una obligación legal, escrita en la Constitución, en la legislación electoral del estado y en las reglas de imparcialidad que los tribunales han reiterado, elección tras elección, hasta el aburrimiento.

Lo que Lemus pidió no fue, entonces, que se cumpla la ley. Fue que se le avise a él. La diferencia no es semántica. Un aviso al superior jerárquico convierte un requisito legal en un trámite de confianza; un plazo administrativo, en una lista de lealtades. Quien informa en septiembre no está cumpliendo la norma: está pidiendo permiso.

Y quien pide permiso, ya sabemos, después cobra el favor.

El gobernador dijo también —y esto es lo más revelador del episodio— que no quiso dar a conocer qué funcionarios ya le han manifestado su intención. De modo que él sabrá desde septiembre quiénes de sus colaboradores trabajan ya con la cabeza puesta en 2027; los jaliscienses lo sabrán cuando la nómina los suelte. El gobierno conoce la geografía de las ambiciones de su gabinete. El ciudadano, que paga esa nómina, la irá descubriendo por las esquelas de las renuncias.

Existe un remedio elemental para esa asimetría y cabe en una línea: publíquese la lista. El día en que el gobernador dé los nombres, su anuncio dejará de ser un gesto de disciplina interna para volverse un acto de transparencia. Mientras no lo haga, lo que tenemos no es una regla: es un secreto compartido entre el jefe y sus aspirantes.

Los tiempos muertos

Hay otro detalle que el comunicado oficial no subraya y que a esta columna le parece central: entre el aviso de septiembre de 2026 y la campaña de 2027 media un tramo largo. Meses.

¿Qué ocurre en ese tramo? ¿El funcionario que ya confesó su aspiración sigue firmando contratos, autorizando programas, decidiendo qué obras se realizan y recorriendo municipios con chaleco institucional? ¿Sigue construyendo, con recursos públicos, la relación que después cobrará en votos?

Porque el uso electoral del cargo no empieza el día del registro. Empieza el día en que un servidor público entiende que su siguiente empleo depende de qué tan bien lo recuerden. Fijar el aviso en septiembre sin establecer, al mismo tiempo, la fecha de salida y las restricciones aplicables durante ese periodo es dejar abierta la puerta de atrás mientras se clausura ceremoniosamente la del frente.

El llamado que no obliga

Al Poder Legislativo, Lemus le dirigió “un llamado” para que los diputados con aspiraciones pidan licencia “en congruencia”.

Un llamado. No una iniciativa.

Si el gobernador cree de verdad que el uso de recursos públicos en las campañas es un vicio que debe extirparse, tiene a la mano algo más eficaz que la retórica: su partido conduce el Congreso del Estado. Una reforma que obligue a solicitar licencia en un plazo definido, que prohíba la propaganda personalizada de los aspirantes en funciones y que ordene a la Contraloría presentar un informe público de cada separación tardaría menos en aprobarse de lo que dura una conferencia de prensa.

Lo demás —el llamado, la exhortación, la apelación a la congruencia ajena— es lo que en México se ha hecho siempre cuando no se quiere cerrar una puerta del todo: se le pone una cortina.

Lo que no estaba en la agenda

Y mientras el gabinete recibe su calendario electoral, conviene preguntar qué asuntos no tienen fecha de solución.

No la tiene, por ejemplo, la crisis del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con su reserva en descenso, su vocación inmobiliaria heredada de sexenios anteriores, sus créditos fiscales sin cobrar y sus jubilados pidiendo, desde hace años, que alguien les explique con números por qué el fondo que sostiene su vejez se administra como una cartera de bienes raíces.

Tampoco la tienen los problemas del agua, la desaparición de personas, la ocupación hospitalaria ni el costo de la vida en la metrópoli.

Ninguno de esos expedientes recibió, que se sepa, un ultimátum para septiembre.

Ese es, al final, el verdadero contenido político de la reunión del Museo Japi: un gobierno que apenas rebasa la mitad de su primer tramo ya organiza su calendario alrededor de la siguiente elección y, al hacerlo público, pretende que lo aplaudamos por ordenado.

Quizá lo sea. Pero la pulcritud administrativa no es lo mismo que la limpieza democrática. Un gobierno que sabe exactamente cuándo van a irse sus funcionarios a buscar votos, pero no cuándo va a resolver los problemas que se les encargó atender, no está siendo transparente: está siendo sincero.

En septiembre sabremos quiénes quieren irse.

Falta saber quiénes debieron quedarse.