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«Debe haber una alerta en Jalisco por el caso de los desaparecidos»: Investigación de Víctor Manuel González Romero

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Por Mario Ávila //

La grave crisis de personas desaparecidas en Jalisco requiere ya que se emita una “Declaración de Emergencia”, en particular porque la cifra de las denuncias presentadas por este delito, rebasan el número de habitantes en 85 municipios en el estado. La cifra histórica ha llegado ya a 27 mil 269 desaparecidos, de los cuales 19,363 (71%) han desaparecido en el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, es decir del 2019 al año 2022.

Esta situación crítica, es analizada con puntualidad por el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien desde hace un año se ha abocado a revisar con mucha puntualidad las estadísticas sobre este grave problema que convierte a Jalisco en el estado líder del país en esta materia. La información está a disposición de la sociedad en la página web: https://sites.google.com/view/desaparecidos-en-jalisco

La cifra de desaparecidos que reconoce el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), habla de 27 mil 269 personas, de las cuales 14 mil 041 son personas desaparecidas y no localizadas y 13 mil 228 son personas localizadas (84.3% con vida y 15.7% sin vida). Vale la pena precisar que según datos del SISOVID no reporta personas localizadas antes de diciembre del 2018.

Y esta cifra de 27 mil 269 personas que han estado en condición de desaparecidas, es una cifra que rebasa la población registrada por el INEGI según el censo 2020 a municipios como Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco, Degollado, Etzatlán, El Grullo, Jamay, Magdalena, Talpa, Tapalpa, Tizapán, Tototlán, Yahualica, Villa Hidalgo, Villa Corona y Unión de San Antonio, entre muchos otros.

Mientras que solo 40 municipios de Jalisco, especialmente los municipios de la Zona Metropolitana y las cabeceras municipales, tiene una población mayor al total de personas que en algún momento han estado en calidad de desaparecidas.

Esta cifra contrasta según se advierte en el portal del propio investigador, González Romero, con los datos que tiene capturados el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), toda vez que Jalisco ha evitado durante un año, enviar los registros a la instancia federal.

Por ello, al 25 de marzo del 2022 Jalisco tenía registradas 23 mil 763 personas desaparecidas en Jalisco, entre las localizadas y las no localizadas. De ellas, el registro federal advierte que hay hasta el momento 15 mil 018 (63.2%) personas desaparecidas y no localizadas; mientras que 8 mil 744 personas han sido localizadas (36.8%). De ellas 1 mil 303 personas han sido localizadas sin vida 14.9%) y 7 mil 441 personas han sido localizadas con vida 85.1%.

Una cifra que debe de destacarse con el fin de ratificar la urgencia y la necesidad de que se emita una declaratoria de emergencia, en opinión de González Romero, radica en las cifras desaparecidos que ha ocurrido en lo que va del sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ya que de las 27 mil 269 denuncias de desaparición, el 71% de los hechos han ocurrido del 2019 al año 2022.

Puntualmente se detalla que en los cuatro primeros años del gobierno Alfarista, se han registrado 19 mil 363 desapariciones, subdividas de la siguiente manera: 4 mil 950 en el 2019; 4 mil 795 en el 2020; 4 mil 779 en el 2021 y 4 mil 839 en el 2022.

Sin embargo, en la semana que recién terminó, el portal del SISOVID actualizó sus estadísticas, pero sin reportarlas al portal federal, y reconoció que en los primeros cuatro meses del año 2023 se han registrado 859 denuncias por desaparición en todo el estado. Es decir, un promedio de 7 personas desaparecidas en Jalisco cada 24 horas, lo que también significa que en Jalisco una persona desaparece cada 3 horas y media.

ALARMANTES TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE FOSAS CLANDESTINAS

Un espacio relevante en el portal del doctor Víctor Manuel González Romero, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, se refiere a las fosas clandestinas, particularmente las que se han detectado en lo que va del gobierno de Alfaro Ramírez.

De acuerdo a estos números, se localizaron 36 fosas clandestinas en el 2019; 27 en el 2020; 23 en el 2021; 41 en el 2022 y 8 en lo que va del 2023, para un total de 135 hallazgos de esta naturaleza.

Por lo que toca las personas localizadas en fosas clandestinas en el sexenio de Alfaro, se encontraron 291 cuerpos en el 2019; 544 en el 2020; 280 en el 2021; 301 en el 2022 y 147 en lo que va del 2023, para un total de 1 mil 563 cuerpos encontrados en dichas fosas clandestinas.

Un dato relevante que también se encuentra en este portal, tiene que ver con la cantidad de fosas clandestinas encontradas por municipio en la entidad, en donde con mucho el municipio que se va convertido en un auténtico cementerio es Tlajomulco, con 61 fosas clandestinas; 19 en Zapopan; 15 en Tlaquepaque; 11 en El Salto; 6 en Tonalá; 5 en Lagos de Moreno; 4 en Chapala; 4 en Guadalajara; 3 en Ixtlahuacán de los Membrillos; 2 en Juanacatlán y 1 en cada uno de las siguientes municipalidades, Jocotepec, Pihuamo, Villa Guerrero, Ojuelos, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos.

DESAPARECIDOS: EL DILEMA MÁS DOLOROSO PARA JALISCO

Si bien es cierto que la inseguridad es el principal problema en Jalisco, el problema más doloroso son los desaparecidos. Ello en opinión del doctor Víctor Manuel González Romero, investigador independiente y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Refiere el académico que un año atrás “el problema número uno que teníamos como sociedad era la pandemia del COVID-19 porque todavía estábamos en etapa de muchos contagios, las vacunas no eran suficientes y no teníamos medicinas completas, pero hoy ya no tenemos la declaración de emergencia”, expuso.

Por ello -dijo-, en esa época yo le di seguimiento a la pandemia, pero cuando vi que ya no era lo más grave para Jalisco, empecé a darle seguimiento a los desaparecidos de Jalisco, que creo es el problema más grave. Aunque en general lo más grave sea la inseguridad, dentro de la inseguridad lo más doloroso son las desapariciones.

Expuso que la atención a este problema ha sido muy irresponsable de parte del gobierno, “la forma como se ha atendido y lo vemos en cómo tratan a los grupos de madres y a los grupos de personas que están buscando a sus desaparecidos, lo que vemos incluso recientemente que violan la Ley General de Desapariciones, al no reportar los casos a la Comisión Nacional de Búsqueda desde hace un año.

“También se viola la ley estatal que establece que se debe reportar a la base de datos nacionales y esto me parece irresponsable la forma como lo han hecho, el tratar de que se vea el problema menos grave de como en realidad es, cuando yo creo que deberíamos tener una alerta en Jalisco por el caso de las desapariciones”, planteó.

Y recalcó: “Son muchísimas, son casi 15 personas al día de las que se tiene registro, ya sea denuncia o en la Comisión Nacional de Búsqueda; de esos más o menos la mitad se van a localizar”.

Sobre cuál podría ser el trasfondo en el hecho de dejar de reportar desde Jalisco, las denuncias por desaparición, González Romero sugirió: “No sé si solo sea falta de voluntad o falta de competencia, pero cualquiera es gravísima”.

Dijo además que la omisión no solo es del Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo está involucrado en esa irresponsabilidad: “A la ley estatal todavía no se le aprueba su reglamento, que aunque lo propone el Ejecutivo, quien lo debe exigir es el Legislativo y no veo yo gran preocupación en los diputados por presionar al gobernador en estos temas que son muy graves; son muchas las personas que están desapareciendo, son casi el doble de cuando inició esta administración”.

No se está atendiendo adecuadamente a las personas -sentenció-, no se ha hecho la base de datos estatal como debe hacerse, como lo especifica la propia ley, no se está cumpliendo con la ley federal y además se está dando poco presupuesto a las áreas que están dando seguimiento a estos temas y aparentemente por la información que se genera, parece que tampoco estas áreas están funcionando adecuadamente. Si vemos que el presupuesto de los partidos políticos se triplicó, se repartieron casi 300 millones de pesos, entonces es obvio que pudiera haberse dado prioridad a otros temas como este que es realmente importante.

Sobre el hecho de que sean las propias madres de los desaparecidos las que busquen a pico y pala a sus familiares, el Dr. González Romero expuso: “Es doloroso para el estado en general, pero es vergonzoso para la autoridad. Hay que recordar que el gobernador siente que el Estado es él y no. Jalisco somos todos los jaliscienses con nuestras instituciones, con nuestras organizaciones, con nuestra cultura, el gobernador de Jalisco solo es la autoridad del Ejecutivo y para ellos sí debería ser una pena lo que está pasando, para todos los demás es una tragedia”.

Descartó que sean las diferencias entre el gobierno del estado y el federal, el factor por el que se dejó de reportar la información a la plataforma federal y argumentó: “En este caso, no lo creo porque desgraciadamente también a nivel nacional andamos muy mal, tampoco se ve gran preocupación por el tema, estamos mal a nivel nacional, pero en Jalisco estamos peor, estamos más mal que en el resto del país.

“No debería haber desaparecidos y cuando una persona desaparece tiene derecho a ser buscada y no lo estamos cumpliendo; entonces es dolorosísimo lo que pasa y los datos están ahí, los casos están ahí día con día; las manifestaciones que vemos de las madres, la búsqueda que ellas están haciendo arriesgando la vida, como ya lo hemos visto en muchos casos, es algo muy doloroso y ojalá que el gobierno entienda”, planteó.

Lamentó que los gobiernos municipales se eximan de esta responsabilidad ya que en su opinión, también tienen parte de culpa, “al menos en la parte de la prevención, que es gravísimo y deben actuar por solidaridad con sus ciudadanos y por obligación de ley, habrá que ver porque se lavan las manos diciendo que es problema estatal o federal”.

También dijo que ante la cercanía del cierre de las administraciones, es evidente el riesgo de que los gobiernos actuales “pateen el bote” y dejen la responsabilidad a las autoridades que vienen.

“Yo creo que sí, hay riesgo porque lo que ahorita interesa son las campañas políticas, que se nos han adelantado tanto a nivel estatal como federal y los gobiernos tratan de no verse mal, y para no verse mal, tratan de que los datos de aquellas cosas que lastiman a la sociedad, se vean disminuidos. Pero lo grave es que el problema es complejo, es multifactorial se debe a muchas cosas, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, eso lo sabemos, pero lo que molesta es que no se vea la intención de resolverlo, que no se vean acciones en ese sentido”, lamentó.

Y remató el investigador Víctor Manuel González Romero, diciendo: “Mi intención en analizar los datos de esta problemática, es tratar de hacerlos más visibles de manera estadística, buscando que se atienda mejor esta problemática y que le demos mayor prioridad todos, incluyéndonos a los ciudadanos y los medios de comunicación, pero en particular las autoridades”.

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Iniciativa de la diputada Brenda Carrera: Prohibir celulares en las aulas; una cruzada contra el ciberacoso

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Por Francisco Junco //

La historia de Pedro García, un niño de sexto grado en una escuela de Jalisco, es un reflejo crudo de los nuevos desafíos que enfrentan las aulas en la era digital. Durante una exposición sobre el sistema solar, Pedro pensó que las risas de sus compañeros eran por su chiste sobre Urano.

No fue hasta el recreo que descubrió la verdad: uno de ellos lo grabó en secreto, editó su voz y publicó el video en redes sociales, burlándose de su forma de hablar. Lo que parecía una broma inocente se convirtió en un caso de ciberacoso que marcó a Pedro.

De ser un niño sonriente, pasó a inventar excusas para no asistir a clases, evitar el contacto visual y encerrarse en sí mismo. Este no es un caso aislado, sino parte de una creciente ola de violencia digital que afecta a miles de estudiantes en Jalisco y México.

El acoso escolar ya no se limita al patio o los pasillos; ahora se propaga a través de redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores se esconden tras perfiles anónimos. Esta forma de violencia, silenciosa pero devastadora, tiene un impacto profundo en la salud mental y emocional de los niños, dejando secuelas que van desde ansiedad hasta depresión.

Padres, maestros y autoridades enfrentan el reto de dimensionar y combatir un problema que evoluciona más rápido que las medidas para controlarlo.

En respuesta a esta crisis, la diputada de Morena, Brenda Carrera, presentó el 20 de mayo de 2025 una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública de Jalisco, proponiendo prohibir el uso de celulares en escuelas de kínder, primaria y secundaria.

La medida busca frenar el ciberacoso, reducir distracciones y mejorar la convivencia escolar, atacando de raíz un problema que, según estudios citados por la legisladora, puede disminuir hasta un 60% con la eliminación de celulares en las aulas.

“Los maestros nos han pedido una ley que los respalde. No es lo mismo negociar con un padre consciente del daño que con uno que ignora las consecuencias irreversibles de los celulares en sus hijos”, explicó Carrera en entrevista con Conciencia Pública.

La iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres que reportan casos alarmantes: niños adictos a sus dispositivos, adolescentes que reaccionan con violencia cuando se les retira el celular e incluso casos de agresiones físicas a sus propios padres. “Hemos visto situaciones donde los niños llegan a terapia por su dependencia al celular. Esto no es un juego; es una crisis que debemos atender”, afirmó la morenista.

Jalisco, un estado que lamentablemente lidera estadísticas nacionales en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado, enfrenta un riesgo adicional: los niños acceden a contenidos que normalizan la criminalidad. “Es alarmante que los menores vean videos que hacen apología del delito. Esto no solo afecta su formación, sino que los expone a manipulaciones y engaños”, señaló Carrera.

Según datos que citó, solo el 21% de los padres supervisa lo que sus hijos consumen en sus celulares, dejando a los menores vulnerables a riesgos como el acoso, el bullying cibernético y hasta el contacto con desconocidos en plataformas digitales.

La iniciativa de Carrera tiene como objetivo principal garantizar un entorno escolar seguro y propicio para el aprendizaje. “Los horarios de clase son cortos, y una notificación puede hacer que un niño tarde hasta 20 minutos en recuperar la concentración”, explicó.

En escuelas donde ya se prohíben los celulares, como el Instituto de Ciencias en Jalisco, los resultados son evidentes: los recreos se han transformado en espacios de socialización, con niños jugando fútbol, básquetbol o conversando, en lugar de estar absortos en sus pantallas. “Queremos que los alumnos se conecten con sus compañeros y el aprendizaje, no con sus celulares”, subrayó la legisladora.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos padres argumentan que los celulares son esenciales para comunicarse en emergencias, mientras que otros consideran que prohibirlos limita el avance tecnológico y educativo.

Carrera responde que la seguridad de los niños es la prioridad: “Solo el 21% de los padres revisa las redes de sus hijos, y muchos son víctimas de engaños o acoso. Los niños no saben manejar la responsabilidad de un celular; comparten su ubicación sin saber quién está al otro lado”.

Sobre el uso educativo, aclaró que la Secretaría de Educación de Jalisco ya impulsa el uso de tablets y computadoras en las escuelas, pero los celulares, en niveles básicos, se usan más para distracciones que para aprendizaje.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, expresó reservas sobre la iniciativa. Aunque reconoce la necesidad de debatir el tema, considera que una prohibición sin medidas educativas es insuficiente. “Regular es mejor, pero lo ideal es formar a las familias, alumnos y escuelas para un uso responsable de la tecnología”, afirmó a Conciencia Pública.

Juan Carlos Flores destacó que los padres son el primer filtro, ya que son quienes compran los celulares a sus hijos, y abogó por herramientas como controles parentales de Google, que permiten limitar el acceso a contenidos inapropiados. “Educar es un acto de libertad y responsabilidad. Los padres deben dosificar los controles para que los jóvenes desarrollen autocontrol”, añadió.

El titular de la Secretaría de Educación de Jalisco, también comparó la propuesta de Carrera con otra iniciativa presentada el mismo 20 de mayo por la diputada de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina, que apuesta por regular el uso de dispositivos en lugar de prohibirlos.

La reforma de Medina propone una nueva ley estatal con siete capítulos, abordando derechos digitales de los menores, formación en competencias digitales y acceso equitativo a internet. “La propuesta de regulación ofrece una visión más amplia”, subrayó el secretario, quien insistió en que la formación integral es clave para abordar los desafíos de la era digital.

Pese a las diferencias, Carrera busca construir consensos. La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, ha recibido apoyo de bancadas como el PAN, PT, Verde y algunos legisladores de Morena, aunque enfrenta resistencias dentro de su propio partido y de la Secretaría de Educación.

“El secretario parece desconocer la gravedad del ciberacoso en las aulas. Lo invitaremos al foro del 9 de junio para que se sume”, dijo Carrera, descartando motivaciones partidistas: “La campaña terminó. Ahora se trata de proteger a nuestros niños”.

El foro del 9 de junio, el primero de varios planeados, reunirá a padres, maestros, directivos y sociedad civil para concientizar sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas. “No es solo prohibir; es garantizar un entorno seguro para el aprendizaje”, enfatizó Carrera. En Querétaro y algunas escuelas de Jalisco, medidas similares han reducido el bullying y mejorado la convivencia, con niños más sociables y menos dependientes de las pantallas.

El caso de Pedro García es un recordatorio de las cicatrices que deja el ciberacoso. La iniciativa de Carrera, aunque polémica, pone el dedo en la llaga de un problema que trasciende las aulas y afecta la salud mental de una generación.

Mientras el debate avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿cómo equilibrar la tecnología con la seguridad y el bienestar de los estudiantes? La respuesta requiere la colaboración de padres, maestros y autoridades, y el foro del 9 de junio será un paso crucial para construir ese consenso.

En Jalisco, la lucha contra el ciberacoso apenas comienza, pero la iniciativa de Carrera marca un precedente en la búsqueda de entornos escolares más seguros y humanos.

EJEMPLOS DEL CIBERACOSO ESCOLAR

Mientras Pedro García, realizaba una exposición sobre el sistema solar, frente a su grupo de sexto año, creyó que todos estaban atentos a sus palabras. No fue hasta que sonó el timbre del recreo que se enteró de que uno de sus compañeros lo había grabado en secreto, editado su voz y publicado el video en una red social con burlas sobre su forma de hablar. Las risas que pensó que eran por su chiste del planeta Urano no tenían nada de inocentes.

A partir de ese día, Pedrito dejó de participar en clase. Comenzó a inventar dolores de estómago, para no ir a la escuela y pasó de ser un niño sonriente a uno que evitaba todo contacto visual. Lo que empezó como un “juego” viral entre compañeros, se convirtió en un caso claro de ciberacoso, una forma de violencia escolar que cada vez se vuelve más frecuente y más silenciosa.

El acoso escolar ha dejado de limitarse al patio o al salón. Ahora viaja por redes sociales, chats y grupos cerrados donde los agresores pueden esconderse detrás de un perfil. Padres, maestros y autoridades no alcanzan a dimensionar el daño que estas nuevas formas de violencia digital provocan en la salud mental y emocional de los niños.

Es ante esta situación, no solamente de Pedrito, sino de miles de niños en la entidad y el país, que la diputada Brenda Carrera presentó una iniciativa para reformar el Artículo 61 de la Ley de Educación Pública, para prohibir el uso de celulares en escuelas de Jalisco, para frenar daños psicológicos, violencia y mejorar el ambiente escolar.

“Los maestros, que se han acercado con nosotros, nos piden que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo. Y yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Vamos a tener foros, comenzamos el 9 de junio, nuestro primer foro para concientizar a estos padres de familia, que de pronto están renuentes, y creo que están renuentes porque ignoran, ignoran completamente el daño psicológico, de ansiedad, de dependencia”, señaló la diputada de Morena a Conciencia Pública.

La legisladora, presentó, el pasado 20 de mayo, en el Pleno del Congreso de Jalisco, la iniciativa de reforma, que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas desde nivel kínder, primaria y secundaria. La medida busca proteger a los niños y adolescentes de los efectos negativos de la tecnología mal utilizada dentro del entorno escolar, así como contribuir a su seguridad y bienestar integral.

Brenda Carrera explicó que esta iniciativa nace de la experiencia directa de docentes y padres de familia, quienes han manifestado la urgencia de que exista una norma que respalde la prohibición del uso de celulares en las aulas.

La diputada hizo un recuento de las preocupaciones que motivan esta reforma y aseguró que han visto que los niños tienen adicción al celular, incluso hay casos donde adolescentes están en terapia porque, si el papá les quita el celular, reaccionan con violencia; hasta llegan a golpear a sus propios padres.

Pero Brenda Carrera comentó que esta situación no es un fenómeno lejano o ajeno, sino una realidad que se ha viralizado en redes sociales y que ocurre en el propio estado de Jalisco, un territorio que lamentablemente ocupa los primeros lugares en violencia, desapariciones y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

“Los niños ven contenidos, que hacen apología del delito y normalizan la criminalidad. Es alarmante que la normalización de la violencia llegue incluso a la formación de nuestras niñas y niños”, expresó con preocupación.

De acuerdo con cifras que citó la morenista, sólo el 21 por ciento de los padres revisa lo que sus hijos ven o hacen en el celular, una responsabilidad que está fuera de control en muchos hogares. Esta desconexión entre padres e hijos facilita que los niños sean vulnerables a riesgos como el acoso, la manipulación y el bullying, especialmente el cibernético.

La prohibición del uso del celular en las escuelas tiene como objetivo principal que los alumnos puedan concentrarse plenamente en sus actividades educativas. Brenda Carrera enfatizó que “los horarios de clase, son muy cortos y con el celular cerca, el niño tarda hasta 20 minutos en volver a concentrarse, después de distraerse con una notificación o un mensaje”.

“Lo que vemos es que no usan el celular para cosas académicas, sino que es más una fuente de distracciones y problemas. Son más las cosas negativas, que las cosas positivas que pueden encontrar en el celular.”, añadió y explicó, que estudios indican, que retirar el celular, reduce hasta un 60 por ciento los casos de bullying en las aulas, un dato relevante, cuando se considera que el acoso escolar ha costado vidas de jóvenes en todo el país.

La legisladora señaló que esta propuesta ya se aplica en Querétaro, y en algunas escuelas públicas y privadas en Jalisco, donde se han implementado medidas similares. Sin embargo, aseguró que es necesario legislar al respecto para establecer una norma clara que evite que la regulación dependa de la voluntad de cada plantel.

“Los maestros nos han dicho que sí necesitan que sea una ley, porque no es lo mismo quitarle el celular a un padre de familia consciente, que a uno que no está consciente del daño, de los daños irreversibles que le están haciendo a su hijo”, explicó Carrera.

La diputada indicó que además de lo académico, la medida busca mejorar la convivencia social entre los niños, pues actualmente los espacios como los recreos se han convertido en momentos donde cada alumno está solo, sumergido en su celular.

“En escuelas donde ya se prohibió el uso de celulares, para mencionar un ejemplo, el Instituto de Ciencias, ellos ya tienen mucho tiempo implementando el no celulares en la escuela y tienen niños más sociables, niños donde en el recreo, efectivamente, ellos sí están jugando, ellos sí están socializando, fútbol, básquetbol, haciendo deporte, platicando con sus amigos, socializando”.

“Y algo que en otras escuelas, donde sí está permitido el celular, están en su celular chateando y jugando, platicando supuestamente entre ellos y jugando de gamers en esas páginas, también súper peligrosas, que no sabes quién está platicando con tus hijos, quién está jugando con tus hijos. Entonces, esto va más allá de prohibir el celular. Yo creo que impacta a nivel social, familiar y escolar”, justificó.

La iniciativa ha recibido críticas, principalmente en dos puntos, la necesidad del celular como medio de comunicación para emergencias y el argumento de que limitar su uso va en contra del avance tecnológico y educativo.

Brenda Carrera respondió que “la seguridad de los niños es precisamente lo que queremos proteger con esta reforma, porque éstos no están seguros. Sólo el 21 porciento de los padres supervisa las redes de sus hijos, y muchos niños son víctimas de engaños, acosos y desapariciones”, además aseguró que “no saben manejar la responsabilidad que implica tener un celular, mandan su ubicación, pero no se puede garantizar que quien está al otro lado sea quien dice ser”.

Sobre el argumento del avance tecnológico, la diputada aclaró que no están en contra de la tecnología ni de las redes sociales, y recordó que la Secretaría de Educación ha impulsado el uso de tablets y computadoras en las escuelas. Sin embargo, enfatizó que “en niveles básicos, el celular no se utiliza para fines educativos. Lo que buscamos es enseñar a los niños a desconectarse para poder conectarse al verdadero aprendizaje”.

La diputada informó que la iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Educación, donde recibió apoyo de varias bancadas, incluyendo al PAN, PT, Verde y algunos diputados de Morena. “Sabemos que hay algunos compañeros dentro de Morena que están renuentes, pero estamos trabajando para fortalecer el proyecto”, mencionó.

Reconoció que hay resistencias, incluso desde la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular, Juan Carlos Flores Miramontes, ha manifestado desacuerdos. Sin embargo, la legisladora considera que el funcionario desconoce el contexto real.

“Me doy cuenta de que ignora totalmente lo que está pasando en las aulas. Él debería estar con nosotros haciendo esta propuesta. Pero lo vamos a invitar al foro, a que tome cartas en el asunto. Parece que desconoce la problemática y las estadísticas de acoso escolar y bullying cibernético que tenemos en Jalisco”, afirmó.

La legisladora descartó que la iniciativa sea un tema político partidista y llamó a dejar atrás los colores para enfocarse en dar resultados concretos en beneficio de la niñez. “La campaña ya terminó. Nosotros tenemos la responsabilidad de legislar para garantizar la seguridad de las niñas y niños de Jalisco, y no vamos a quitar el dedo del renglón.”

Para fortalecer la iniciativa, se realizarán algunos foros, para comenzar ya está programado uno, el 9 de junio, abiertos a padres de familia, maestros, directivos y sociedad civil organizada. Estos encuentros buscan concientizar a la comunidad sobre los riesgos del uso indiscriminado de celulares en las escuelas y construir un consenso amplio para la reforma.

“Invitamos a todos a participar, a escuchar a los padres y maestros que están convencidos de la necesidad de esta ley. Esto no debería ser motivo de debate, sino un llamado urgente a la acción”, concluyó la diputada.

Prohibir por prohibir no tiene sentido

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, se pronunció sobre las recientes iniciativas legislativas en el Congreso del Estado para regular el uso de celulares en las escuelas. Aunque reconoce que el debate es necesario, advirtió que imponer prohibiciones sin medidas educativas y formativas resulta insuficiente.

“La que contiene prohibición a mí me parece que se queda corta. La que regula es mejor, pero la ideal, para mi punto de vista, sería la que forma, es decir, la que hace compartir a la familia, al alumno, por supuesto, y a la escuela”, explicó el funcionario a Conciencia Pública.

Señaló que en la agenda legislativa, hay dos propuestas, respecto al tema del uso de celulares, de la propuesta de la diputada de Morena, Brenda Carrera, que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. En tanto, otra propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Adriana Medina Ortiz, apuesta por una regulación. Para el secretario, esta última iniciativa ofrece una visión más amplia.

La diputada Adriana Medina, el pasado 20 de mayo, informó, en rueda de prensa, que estas reformas darán paso a una nueva ley estatal conformada por siete capítulos, los cuales abordarán derechos de menores, responsabilidades parentales, atribuciones de las autoridades, sanciones, mecanismos de protección, entre otros aspectos.

Explicó que, dentro de las principales propuestas de la iniciativa, se contempla el reconocimiento del derecho de niños y adolescentes a la seguridad en entornos digitales; formación de competencias digitales desde las instituciones educativas; garantía de acceso gratuito y equitativo a internet en todo el territorio estatal; entre otras cosas.

“Es una discusión importantísima. Es un diálogo que se tiene que dar. De manera reciente hemos percibido dos tendencias. La de la diputada de Morena, inclinada más a la prohibición del uso de estos equipos. La de la diputada Adriana, de MC, encaminada a la regulación. Ahí ya hay una diferencia importante”, subrayó Flores Miramontes.

El secretario de educación destacó que el primer filtro para el uso responsable de dispositivos móviles son los padres de familia y señaló que “¿Quién les compra el celular? El celular se los compra el padre de familia, si son pequeñitos. Tal vez un adolescente, que ya trabaja, se lo compra él mismo. Pero cuando estamos hablando de los menores, estamos asumiendo que el padre de familia es el que se los compra”.

Recordó una reflexión de la psiquiatra Marian Rojas: “Hay que darle el celular cuando queramos que nuestros hijos vean páginas inconvenientes. Y eso nos debe de asustar. Y es cierto”. Flores Miramontes insistió en que existen herramientas tecnológicas para limitar el acceso a contenido inapropiado y que los proveedores de internet también deben asumir su parte. Y expuso que “hoy tú puedes entrar a una página para adultos y basta con dar un clic, que lo mismo lo puede dar un niño de 13 años que un señor de 50”.

La Secretaría de Educación ha establecido convenios para facilitar el control parental, como el que mantiene con Google para proporcionar cuentas institucionales a los estudiantes y es “una buena idea para los papás, que cuando les instalen una cuenta, un correo electrónico, para hacer uso de ese dispositivo, lo hagan el papá al dispositivo de su hijo para que tenga el control del papá de qué aplicaciones va, de qué contactos agrega, etc.”, detalló.

Además, el funcionario enfatizó que el enfoque de la Secretaría de Educación no se limita a regular, sino que apuesta por la formación integral del carácter y el desarrollo de habilidades digitales desde temprana edad. “Educar es un acto de libertad, es un acto de responsabilidad, y cada padre de manera gradual irá dosificando esos controles, al punto de que el joven, que después se convertirá en adulto, pues tenga el autocontrol de tener un buen uso de estos dispositivos”.

Respecto al foro que organiza la diputada Brenda Carrera el próximo 9 de junio, el secretario confirmó que la dependencia está dispuesta a participar si es invitada. “Si somos invitados ahí estaremos. Por lo general aceptamos las invitaciones de todas las fracciones parlamentarias, cuando están discutiendo un tema de impacto en la educación”, aseguró, aunque hasta el momento, no confirmó si la invitación ya llegó formalmente, pero aclaró que, de ser así, él o un representante de la Secretaría acudirán al encuentro.

Flores Miramontes hizo un llamado a los tres pilares del sistema educativo —padres, docentes y alumnos— a crear entornos digitales seguros y responsables. “Invitaría a los tres grandes grupos que conforman un sistema educativo a tomar acciones para tener entornos digitales seguros”, expresó.

Dirigiéndose a los padres, sugirió acercarse a plataformas formativas como Crea Familia o cursos sobre ciberseguridad y ciberbullying. A los maestros, los exhortó a continuar capacitándose en cultura y transformación digital. Y a los estudiantes, les recomendó mantenerse cerca de adultos que los acompañen en su uso de la tecnología.

“Hay estadísticas que dicen que desde que apareció Instagram, el nivel de agobio y de cuestiones tan graves como el suicidio, se incrementó drásticamente, en el caso de las mujeres más que de los hombres. Pero después le pasa también factura a los varones”, alertó.

El secretario concluyó que no existe un conflicto con las fracciones parlamentarias, sino una colaboración en curso. “Esas controversias que se hacen, no son tales. Me parece que sí, diálogo, que sí debe de discutirse, que podemos no estar de acuerdo, pero creo que tenemos que reconocer que de fondo todos queremos lo mismo: niños y niñas seguras, niños y niñas bien formados”, dijo.

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Héctor Pizano, procurador social de Jalisco: «Yo Jalisco» lleva identidad y justicia a las regiones del estado

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Por Raúl Cantú //

En tan solo seis meses al frente de la Procuraduría Social del Gobierno de Jalisco, Héctor Pizano ha impulsado una transformación significativa para acercar la justicia a los ciudadanos. Bajo la instrucción del gobernador Pablo Lemus, la dependencia ha priorizado la cercanía con las comunidades, llevando servicios jurídicos y de identidad directamente a los municipios del estado a través de la innovadora brigada “Yo Jalisco”.

JUSTICIA AL ALCANCE DE TODOS

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, la Procuraduría Social ha expandido su presencia a 67 oficinas en todos los distritos judiciales de Jalisco, con planes de llegar a 90 municipios antes del fin de la administración. “Queremos que las personas que necesitan asesoría jurídica o protección de su patrimonio y derechos humanos encuentren una solución gratuita, profesional y cercana”, afirmó Pizano.

La dependencia ofrece defensoría de oficio en casos penales y representación jurídica gratuita en asuntos familiares, mercantiles, laborales y civiles para personas de escasos recursos. Además, protege los intereses de grupos vulnerables, como adultos mayores y menores en casos de custodia o restitución de derechos.

IDENTIDAD Y JUSTICIA” EN LAS COLONIAS

Uno de los pilares de esta gestión es el módulo itinerante “Identidad y Justicia”, liderado por el subsecretario Osbaldo Carrión. Equipado con tecnología como internet, computadoras e impresoras, este módulo resuelve problemas en el momento, desde divorcios y protección patrimonial hasta correcciones de actas y CURP. En colaboración con el Registro Civil, también expide actas de nacimiento gratuitas y gestiona el programa “Soy México” para personas con doble nacionalidad.

“En promedio, atendemos a 400 personas al día, resolviendo el 90% de sus casos en el acto”, destacó Pizano. En una semana en Tonalá, el módulo atendió a casi 6,000 personas, resolviendo más de 5,000 trámites. Como parte de las “Brigadas Yo Jalisco”, ha visitado municipios como Arandas, Teuchitlán, Teocaltiche y Villa Hidalgo, con próximas paradas en Encarnación de Díaz, Zapopan (Santa María Tequepexpan y Tesistán) y Tlaquepaque.

UN SERVICIO GRATUITO Y PROFESIONAL

Pizano subrayó que todos los servicios de la Procuraduría Social y los trámites del Registro Civil en los módulos son completamente gratuitos. “Contamos con un equipo humano con vocación y compromiso, capacitado para ofrecer soluciones eficaces”, aseguró. La dependencia también ha implementado un sistema de atención ciudadana vía WhatsApp (3351287928) que está disponible, para orientar a los usuarios y reducir visitas innecesarias.

Los ciudadanos pueden acudir a las oficinas de la Procuraduría Social en Avenida Prolongación Alcalde 351, junto a la Torre de Educación, o contactar al teléfono 33 30 30 29 00. Además, cuentan con oficinas en Ciudad Judicial, Ciudad Niñez y el Centro Integral de Justicia Penal.

UN COMPROMISO CON LA JUSTICIA SOCIAL

Para Pizano, liderar la Procuraduría Social es una oportunidad para transformar vidas. “Como abogados, tenemos la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de las personas a través de una justicia accesible y eficaz”, afirmó. Con iniciativas como “Yo Jalisco” y un equipo comprometido, la Procuraduría Social de Jalisco está marcando la pauta para una justicia más cercana, inclusiva y al servicio de todos.

RECORRIDOS POR LOS MUNICIPIOS

Del 22 al 29 de mayo, la brigada “Yo Jalisco” recorrió Arandas, Teuchitlán, Teocaltiche y Villa Hidalgo, acercando cientos de servicios gratuitos a las comunidades a través del módulo itinerante “Identidad y Justicia”, operado por la Procuraduría Social y el Registro Civil. Esta iniciativa del Gobierno de Jalisco garantiza que miles de jaliscienses accedan a trámites esenciales sin salir de sus municipios, promoviendo equidad y cercanía.

La Procuraduría Social brindó asesorías jurídicas gratuitas en temas civiles, familiares y mercantiles, además de acompañamiento para presentar demandas. Decenas de personas encontraron soluciones a conflictos cotidianos con respaldo institucional, haciendo realidad el acceso a la justicia en cada rincón del estado.

El Registro Civil facilitó trámites clave, como la expedición gratuita de actas de nacimiento, correcciones de CURP, registros extemporáneos y aclaraciones de datos. También destacó el programa “Soy México” para personas con doble nacionalidad. Durante la semana, se emitieron miles de actas y se resolvieron cientos de trámites, fortaleciendo el derecho a la identidad para todas las edades.

La brigada “Yo Jalisco” sumó esfuerzos con dependencias como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Transporte y Movilidad, que también ofrecieron servicios esenciales. Esta acción interinstitucional reafirma el compromiso del Gobierno de Jalisco con la justicia social, los derechos fundamentales y la proximidad con la ciudadanía.

La brigada continuará recorriendo los municipios del estado, consolidando un Jalisco más justo, inclusivo y con servicios al alcance de todas y todos.

 

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ENTREVISTAS

Modelo de capacitación innovador en MC: La agenda pública se construye en la banqueta, Mirza Flores

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Por Francisco Junco //

Para Movimiento Ciudadano (MC) Jalisco, la política efectiva no se hace desde una oficina, sino en las calles, escuchando a la ciudadanía. Desde hace más de ocho meses, el partido impulsa un modelo de formación a través de la Unidad de Asesoría y Capacitación Política, liderada por Mirza Flores Gómez, coordinadora estatal de MC. Este programa busca que los regidores construyan agendas públicas basadas en las necesidades reales de las comunidades, desde las banquetas, colonias y regiones de Jalisco.

“Cuando estás en el servicio público, las ideas pueden agotarse, pero basta salir a la calle, escuchar a mujeres, personas mayores, pescadores o agricultores, para darte cuenta de que la agenda se construye con la gente”, afirmó Flores en entrevista con Conciencia Pública. La Unidad acompaña a cerca de 500 regidores municipales, dotándolos de herramientas para que su labor en los cabildos tenga un enfoque humano, social y respaldo ciudadano.

UN MODELO DE CAPACITACIÓN INNOVADOR

Iniciado en septiembre de 2024, cuando Flores asumió como dirigente estatal junto a César Padilla como secretario general, el programa responde a la necesidad de vincular a los representantes municipales con las comunidades. Muchos regidores de MC llegan desde el activismo o el liderazgo comunitario, sin experiencia previa en cargos públicos. “Eso nos llevó a crear una unidad de capacitación y asesoría permanente”, explicó Flores.

El modelo incluye sesiones virtuales semanales, los jueves de 7 a 8 de la noche, y asesorías técnicas diarias, desde cómo redactar iniciativas hasta cómo lograr su aprobación en cabildos. “Esto permite que las agendas de nuestros regidores sean nutridas, alineadas con los principios de MC y representen las necesidades de las comunidades”, destacó Flores. De los 468 regidores de MC en Jalisco, cerca de 380 están en oposición, y en promedio, 100 participan en cada sesión virtual.

Además, la Unidad organiza al menos dos encuentros presenciales al mes en diferentes regiones, fortaleciendo el contacto con regidores y alcaldes aliados. “Cuando el gobernador visita municipios, los equipos ya lo están esperando. Por ejemplo, en Quitupan, durante el anuncio del Plan Carretero, estuvieron presentes regidores y alcaldes de los distritos 19 y 17. El gobernador me dijo: ‘Mirza, se vio tu mano’”, compartió Flores con orgullo.

TEMAS CLAVE Y FORMACIÓN INTEGRAL

Desde su creación, la Unidad ha realizado 12 sesiones virtuales en 2025 y seis en 2023, abordando temas como técnica legislativa municipal, gestión con enfoque social y políticas públicas innovadoras. Entre los ponentes destacan figuras como Enrique Ibarra, con una charla sobre “La política como vocación”; Consuelo Robles, hablando de salud en Jalisco; y Pablo Vázquez, diputado federal, sobre el panorama político nacional. También se han tratado temas como migración, derechos de la niñez, perspectiva de género en reglamentos municipales y la relación con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).

“Juan Partida Morales nos explicó la vinculación del IPEJAL con los municipios, algo clave porque muchos regidores llegan sin saber cómo conectar los reglamentos con las necesidades locales”, señaló la coordinadora estatal de MC.

Otro tema reciente fue la operación de las Casas Ciudadanas, impartido por Óscar Ramírez, coordinador del programa desde 2013. “Óscar nos enseñó que la cercanía con la gente construye la agenda diaria. Hay mucho trabajo en la oficina, pero el sentido está en la calle”, afirmó.

CASAS CIUDADANAS: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Las Casas Ciudadanas son un pilar del modelo de MC, funcionando como espacios abiertos para la convivencia, la cultura y la participación local. Ofrecen actividades como talleres de lectura, tejido, alfabetización y formación política, adaptadas a las necesidades de cada región. Aunque no están presentes en todos los municipios, su impacto es significativo. “Las Casas fomentan la participación ciudadana desde lo local, promoviendo la convivencia y el desarrollo comunitario”, explicó Flores.

ELEVAR EL ESTÁNDAR DEL SERVICIO PÚBLICO

Para Mirza, la capacitación no solo es técnica, sino una apuesta por elevar el estándar del servicio público. “No basta con buenas intenciones. Los problemas de las personas merecen soluciones basadas en conocimiento”, subrayó. El programa busca que los regidores, ya sea en oposición o en gobiernos, representen dignamente a sus comunidades con preparación, solvencia moral y política.

Su satisfacción radica en ver cómo los regidores adquieren herramientas para ser voces efectivas de la ciudadanía. “Los regidores de oposición deben representar las necesidades de la gente, y los de gobierno, liderar con conocimiento para construir administraciones sólidas”, afirmó.

UN MODELO CON IMPACTO

El programa ha demostrado resultados concretos. Las sesiones virtuales y presenciales han permitido a los regidores desarrollar agendas basadas en causas sociales, mientras que las asesorías técnicas han facilitado la aprobación de iniciativas en los cabildos. Las giras regionales han fortalecido la cohesión entre los equipos de MC, y la presencia en eventos con el gobernador refuerza la conexión entre los niveles de gobierno y la ciudadanía.

La lideresa destacó un ejemplo reciente: “En las giras del gobernador, los regidores están preparados y presentes, listos para gestionar desde sus comunidades”. Este enfoque ha permitido a MC mantenerse cercano a la gente, incluso en un contexto donde la mayoría de sus regidores están en oposición.

UNA VISIÓN A FUTURO

El modelo de la Unidad de Asesoría y Capacitación Política no solo busca formar regidores, sino transformar la manera en que se ejerce la política municipal en Jalisco. Al combinar capacitación técnica, cercanía con la ciudadanía y espacios como las Casas Ciudadanas, MC apuesta por un liderazgo que escuche y responda a las necesidades reales.

“El trabajo político comienza en la calle, no en la oficina. Escuchar a la gente te da la agenda, y capacitarte te da las herramientas para hacerla realidad”, concluyó Mirza Flores. Con este enfoque, MC Jalisco busca consolidar un modelo de gestión pública que sea humano, efectivo y profundamente conectado con las comunidades.

 

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