ENTREVISTAS
«Debe haber una alerta en Jalisco por el caso de los desaparecidos»: Investigación de Víctor Manuel González Romero
Por Mario Ávila //
La grave crisis de personas desaparecidas en Jalisco requiere ya que se emita una “Declaración de Emergencia”, en particular porque la cifra de las denuncias presentadas por este delito, rebasan el número de habitantes en 85 municipios en el estado. La cifra histórica ha llegado ya a 27 mil 269 desaparecidos, de los cuales 19,363 (71%) han desaparecido en el sexenio de Enrique Alfaro Ramírez, es decir del 2019 al año 2022.
Esta situación crítica, es analizada con puntualidad por el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, quien desde hace un año se ha abocado a revisar con mucha puntualidad las estadísticas sobre este grave problema que convierte a Jalisco en el estado líder del país en esta materia. La información está a disposición de la sociedad en la página web: https://sites.google.com/view/desaparecidos-en-jalisco
La cifra de desaparecidos que reconoce el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), habla de 27 mil 269 personas, de las cuales 14 mil 041 son personas desaparecidas y no localizadas y 13 mil 228 son personas localizadas (84.3% con vida y 15.7% sin vida). Vale la pena precisar que según datos del SISOVID no reporta personas localizadas antes de diciembre del 2018.
Y esta cifra de 27 mil 269 personas que han estado en condición de desaparecidas, es una cifra que rebasa la población registrada por el INEGI según el censo 2020 a municipios como Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco, Degollado, Etzatlán, El Grullo, Jamay, Magdalena, Talpa, Tapalpa, Tizapán, Tototlán, Yahualica, Villa Hidalgo, Villa Corona y Unión de San Antonio, entre muchos otros.
Mientras que solo 40 municipios de Jalisco, especialmente los municipios de la Zona Metropolitana y las cabeceras municipales, tiene una población mayor al total de personas que en algún momento han estado en calidad de desaparecidas.
Esta cifra contrasta según se advierte en el portal del propio investigador, González Romero, con los datos que tiene capturados el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), toda vez que Jalisco ha evitado durante un año, enviar los registros a la instancia federal.
Por ello, al 25 de marzo del 2022 Jalisco tenía registradas 23 mil 763 personas desaparecidas en Jalisco, entre las localizadas y las no localizadas. De ellas, el registro federal advierte que hay hasta el momento 15 mil 018 (63.2%) personas desaparecidas y no localizadas; mientras que 8 mil 744 personas han sido localizadas (36.8%). De ellas 1 mil 303 personas han sido localizadas sin vida 14.9%) y 7 mil 441 personas han sido localizadas con vida 85.1%.
Una cifra que debe de destacarse con el fin de ratificar la urgencia y la necesidad de que se emita una declaratoria de emergencia, en opinión de González Romero, radica en las cifras desaparecidos que ha ocurrido en lo que va del sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ya que de las 27 mil 269 denuncias de desaparición, el 71% de los hechos han ocurrido del 2019 al año 2022.
Puntualmente se detalla que en los cuatro primeros años del gobierno Alfarista, se han registrado 19 mil 363 desapariciones, subdividas de la siguiente manera: 4 mil 950 en el 2019; 4 mil 795 en el 2020; 4 mil 779 en el 2021 y 4 mil 839 en el 2022.
Sin embargo, en la semana que recién terminó, el portal del SISOVID actualizó sus estadísticas, pero sin reportarlas al portal federal, y reconoció que en los primeros cuatro meses del año 2023 se han registrado 859 denuncias por desaparición en todo el estado. Es decir, un promedio de 7 personas desaparecidas en Jalisco cada 24 horas, lo que también significa que en Jalisco una persona desaparece cada 3 horas y media.
ALARMANTES TAMBIÉN LOS NÚMEROS DE FOSAS CLANDESTINAS
Un espacio relevante en el portal del doctor Víctor Manuel González Romero, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, se refiere a las fosas clandestinas, particularmente las que se han detectado en lo que va del gobierno de Alfaro Ramírez.
De acuerdo a estos números, se localizaron 36 fosas clandestinas en el 2019; 27 en el 2020; 23 en el 2021; 41 en el 2022 y 8 en lo que va del 2023, para un total de 135 hallazgos de esta naturaleza.
Por lo que toca las personas localizadas en fosas clandestinas en el sexenio de Alfaro, se encontraron 291 cuerpos en el 2019; 544 en el 2020; 280 en el 2021; 301 en el 2022 y 147 en lo que va del 2023, para un total de 1 mil 563 cuerpos encontrados en dichas fosas clandestinas.
Un dato relevante que también se encuentra en este portal, tiene que ver con la cantidad de fosas clandestinas encontradas por municipio en la entidad, en donde con mucho el municipio que se va convertido en un auténtico cementerio es Tlajomulco, con 61 fosas clandestinas; 19 en Zapopan; 15 en Tlaquepaque; 11 en El Salto; 6 en Tonalá; 5 en Lagos de Moreno; 4 en Chapala; 4 en Guadalajara; 3 en Ixtlahuacán de los Membrillos; 2 en Juanacatlán y 1 en cada uno de las siguientes municipalidades, Jocotepec, Pihuamo, Villa Guerrero, Ojuelos, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos.
DESAPARECIDOS: EL DILEMA MÁS DOLOROSO PARA JALISCO
Si bien es cierto que la inseguridad es el principal problema en Jalisco, el problema más doloroso son los desaparecidos. Ello en opinión del doctor Víctor Manuel González Romero, investigador independiente y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
Refiere el académico que un año atrás “el problema número uno que teníamos como sociedad era la pandemia del COVID-19 porque todavía estábamos en etapa de muchos contagios, las vacunas no eran suficientes y no teníamos medicinas completas, pero hoy ya no tenemos la declaración de emergencia”, expuso.
Por ello -dijo-, en esa época yo le di seguimiento a la pandemia, pero cuando vi que ya no era lo más grave para Jalisco, empecé a darle seguimiento a los desaparecidos de Jalisco, que creo es el problema más grave. Aunque en general lo más grave sea la inseguridad, dentro de la inseguridad lo más doloroso son las desapariciones.
Expuso que la atención a este problema ha sido muy irresponsable de parte del gobierno, “la forma como se ha atendido y lo vemos en cómo tratan a los grupos de madres y a los grupos de personas que están buscando a sus desaparecidos, lo que vemos incluso recientemente que violan la Ley General de Desapariciones, al no reportar los casos a la Comisión Nacional de Búsqueda desde hace un año.
“También se viola la ley estatal que establece que se debe reportar a la base de datos nacionales y esto me parece irresponsable la forma como lo han hecho, el tratar de que se vea el problema menos grave de como en realidad es, cuando yo creo que deberíamos tener una alerta en Jalisco por el caso de las desapariciones”, planteó.
Y recalcó: “Son muchísimas, son casi 15 personas al día de las que se tiene registro, ya sea denuncia o en la Comisión Nacional de Búsqueda; de esos más o menos la mitad se van a localizar”.
Sobre cuál podría ser el trasfondo en el hecho de dejar de reportar desde Jalisco, las denuncias por desaparición, González Romero sugirió: “No sé si solo sea falta de voluntad o falta de competencia, pero cualquiera es gravísima”.
Dijo además que la omisión no solo es del Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo está involucrado en esa irresponsabilidad: “A la ley estatal todavía no se le aprueba su reglamento, que aunque lo propone el Ejecutivo, quien lo debe exigir es el Legislativo y no veo yo gran preocupación en los diputados por presionar al gobernador en estos temas que son muy graves; son muchas las personas que están desapareciendo, son casi el doble de cuando inició esta administración”.
No se está atendiendo adecuadamente a las personas -sentenció-, no se ha hecho la base de datos estatal como debe hacerse, como lo especifica la propia ley, no se está cumpliendo con la ley federal y además se está dando poco presupuesto a las áreas que están dando seguimiento a estos temas y aparentemente por la información que se genera, parece que tampoco estas áreas están funcionando adecuadamente. Si vemos que el presupuesto de los partidos políticos se triplicó, se repartieron casi 300 millones de pesos, entonces es obvio que pudiera haberse dado prioridad a otros temas como este que es realmente importante.
Sobre el hecho de que sean las propias madres de los desaparecidos las que busquen a pico y pala a sus familiares, el Dr. González Romero expuso: “Es doloroso para el estado en general, pero es vergonzoso para la autoridad. Hay que recordar que el gobernador siente que el Estado es él y no. Jalisco somos todos los jaliscienses con nuestras instituciones, con nuestras organizaciones, con nuestra cultura, el gobernador de Jalisco solo es la autoridad del Ejecutivo y para ellos sí debería ser una pena lo que está pasando, para todos los demás es una tragedia”.
Descartó que sean las diferencias entre el gobierno del estado y el federal, el factor por el que se dejó de reportar la información a la plataforma federal y argumentó: “En este caso, no lo creo porque desgraciadamente también a nivel nacional andamos muy mal, tampoco se ve gran preocupación por el tema, estamos mal a nivel nacional, pero en Jalisco estamos peor, estamos más mal que en el resto del país.
“No debería haber desaparecidos y cuando una persona desaparece tiene derecho a ser buscada y no lo estamos cumpliendo; entonces es dolorosísimo lo que pasa y los datos están ahí, los casos están ahí día con día; las manifestaciones que vemos de las madres, la búsqueda que ellas están haciendo arriesgando la vida, como ya lo hemos visto en muchos casos, es algo muy doloroso y ojalá que el gobierno entienda”, planteó.
Lamentó que los gobiernos municipales se eximan de esta responsabilidad ya que en su opinión, también tienen parte de culpa, “al menos en la parte de la prevención, que es gravísimo y deben actuar por solidaridad con sus ciudadanos y por obligación de ley, habrá que ver porque se lavan las manos diciendo que es problema estatal o federal”.
También dijo que ante la cercanía del cierre de las administraciones, es evidente el riesgo de que los gobiernos actuales “pateen el bote” y dejen la responsabilidad a las autoridades que vienen.
“Yo creo que sí, hay riesgo porque lo que ahorita interesa son las campañas políticas, que se nos han adelantado tanto a nivel estatal como federal y los gobiernos tratan de no verse mal, y para no verse mal, tratan de que los datos de aquellas cosas que lastiman a la sociedad, se vean disminuidos. Pero lo grave es que el problema es complejo, es multifactorial se debe a muchas cosas, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, eso lo sabemos, pero lo que molesta es que no se vea la intención de resolverlo, que no se vean acciones en ese sentido”, lamentó.
Y remató el investigador Víctor Manuel González Romero, diciendo: “Mi intención en analizar los datos de esta problemática, es tratar de hacerlos más visibles de manera estadística, buscando que se atienda mejor esta problemática y que le demos mayor prioridad todos, incluyéndonos a los ciudadanos y los medios de comunicación, pero en particular las autoridades”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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