ENTREVISTAS
Entrevista a la diputada Mirza Flores: «A nadie se le limpiarán las cuentas, sin importar partido»
Por Diego Morales //
Se debe terminar con las malas prácticas de creer que dentro del Congreso se limpian las cuentas públicas, esto se acabó. Así levanta la voz la diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Estatal Anticorrupción, Mirza Flores Gómez, por ello, lleva a cabo una investigación exhaustiva a la Auditoria Superior del Estado (ASEJ) para que los recursos de los jaliscienses no sean mal utilizados.
“Los entes fiscales, auditables, siempre que vienen a la oficina a revisar sus cuentas públicas, en la mayoría de ellos lo recibimos con quejas, de no ser escuchados, que no les valoraron los documentos que ofrecieron, de que en algunos casos les ofrecían informes a modo a cambio de algún recurso económico, pero cuando les preguntas que quiénes se lo pedían y cuánto les pedían no quieren contestar porque tienen temor”.
“Esto a mí me despertó el interés de hacer una investigación exhaustiva, porque si bien la Auditoría hace un trabajo respetable, me preocupaba que siguieran viejos vicios y hábitos de los primeros años de esta Auditoría Superior del Estado, hay gente que tiene muchos años laborando, el titular antes era Alonso Godoy de quien hubo muchos escándalos, tanto de malos manejos, como de poca transparencia y de ser una Auditoría poco confiable. Cuando llega la nueva administración de la Auditoría, quien está al frente es una persona altamente técnica, con procesos formales, eso nos debería dar la confianza que las cosas están siendo diferentes”.
Para la legisladora, es importante la comunicación que se pueda tener con el actual titular de la ASEJ, Jorge Ortiz, quien está abierto a que se abran las investigaciones y en caso de encontrar alguna anomalía se inicien los procesos correspondientes.
“Siempre tenemos contacto que tiene que ver con temas de trabajo. Él me dice que no ha detectado a la fecha ninguna cosa que se salga del orden, pero que está completamente abierto a que se abran investigaciones para que si hubiera malos manejos de parte de algunos auditores se les iniciaran procesos específicos a quienes lo hicieron”.
Uno de los puntos que impiden a la legisladora de Movimiento Ciudadano a investigar a través de la Unidad de Vigilancia y hacer las denuncias correspondientes es que no tiene personal, el cual ya está siendo analizado por el Congreso del Estado.
“Estamos en el estatus que el Congreso está haciendo las contrataciones de los perfiles necesarios. El trabajo de la comisión consta de dos partes importantes, de los dictámenes técnicos de la comisión, de la investigación, tanto de la auditoría como a los auditores, somos el que cuida al cuidador, para eso se requiere un órgano técnico dentro de la unidad de vigilancia, cuando llegué al Congreso del Estado, con estos motivos sólidos y justificantes de tener un congreso austero, transparente, óptimo, en ese sentido, hubo recortes en muchas áreas, donde sin pensarlo se recortó, sin pensar en la necesidad de cierto personal en el Congreso del Estado y que los recortes lo único que hacen es entorpecer el trabajo porque no nos permiten llevar a cabo tareas específicas, la Unidad de Vigilancia anteriormente tenía entre 20 y 40 personas, cuando yo llego y tomo protesta en la comisión había cero personas, con una carga de trabajo con tanta responsabilidad, de cerrar brechas de corrupción, de cuidar dinero público, pues no hay elementos para llevar a cabo el cuidado de las auditorías”.
Subraya: “Sí tenemos contempladas denuncias de haberlas. Tenemos que tener el personal suficiente para llevar a cabo las investigaciones, en el momento que tengamos toda la información para poder presentar una denuncia ante la fiscalía anticorrupción, con toda la responsabilidad. Entonces sí, que se determine si hay delito que perseguir”.
NO SE LIMPIARÁN LAS CUENTAS A NADIE
Como parte de las labores que ha llevado dentro de la comisión, la legisladora mostró a la opinión pública la votación de tres bloques de municipios. En el primero de ellos, los municipios que están sin cargos, en el segundo, aquellos que tendrán la oportunidad de mostrar sus documentos aclaratorios y en el tercer bloque, aquellos que ya no tienen oportunidad y se van con cargos. Con esto, Mirza Flores es clara: a nadie, sin importar del partido que sea, se le limpiarán las cuentas en el congreso.
“Se votaron tres bloques de municipios, en el primer caso se votaron dentro de la comisión para que se vote en el pleno el caso de los municipios que van sin cargos, que después de hacer una exhaustiva auditoría acreditaron que no tenían cargos fiscales, se tiene que votar para su finiquito. El segundo bloque, era para los municipios que en primer informe es el momento procesal oportuno para que solicitemos a los municipios sus documentaciones aclaratorias, que traen cargos fiscales pero que es el momento a lo que su derecho convenga lo aporten para que la comisión lo integre y lo mande de regreso a la auditoría. El tercer caso, los municipios que ya se agotó su tiempo procesal, que no aportaron pruebas aclaratorias para desvirtuar los créditos y se van con cargos, que el congreso a partir de que se vote en el pleno tendrá que iniciar procedimiento para que se haga llegar a los responsables la notificación de cubrir este dinero al erario”.
Agrega: “Quedaron algunas dudas, porque no quedó bien comunicado, se dijo que los que tenían cargo se regresaban a la auditoría, no es así. Esto lo que permite es generar confianza en la ciudadanía que dentro de la comisión de vigilancia estamos haciendo el trabajo que la gente espera, que es el de la transparencia, el de la rendición de cuentas, generar certeza de que estaremos pendientes del buen trabajo y buen manejo tanto del trabajo técnico de la comisión como de la auditoría”.
Una de las prioridades de la legisladora será la parte de la transparencia, por lo que pide paciencia a los jaliscienses que esperan ver los resultados, el mensaje es uno, sentar un precedente y que esto se vuelva una práctica común en el estado.
“Mucha gente quisiéramos ver ya responsables tras las rejas, que se hiciera justicia por los desfalcos del dinero público que es dinero de los jaliscienses, le han fallado a la gente. Todo tiene un proceso, en eso estamos trabajando. Yo llegué hace 7 meses al congreso, desde entonces hemos trabajado con mucha firmeza, tanto en los resultados de la comisión que es altamente transparente, los que tienen que ser con cargo van con cargo, los que se regresan con estudio para la auditoría llevan fundamentación para que lo sigan estudiando en el momento procesal oportuno. Debemos terminar con las malas prácticas de creer que dentro del congreso del estado se limpian las cuentas públicas, esto se acabó, no hay más esta forma de proceder de los diputados, tenemos una responsabilidad de presentar a los jaliscienses y no hay mejor forma de hacerlo que con la frente en alto y diciéndoles que estamos haciendo lo que ellos están esperando de nosotros”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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