ENTREVISTAS
Licencias de conducir y pólizas de seguro son obligatorias: Diputado Jonadab Martínez
Por Raúl Cantú //
Aunque pareciera que se afecta a la sociedad con la petición de licencia vigente y la contratación de una póliza de seguro para circular, estos son requisitos obligatorios desde hace muchos años, es la visión del diputado de Movimiento Ciudadano, Jonadab Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado.
“Yo no sé en qué momento se relajó tanto la autoridad y también la sociedad en cuestión de pensar que voy a comprar un automóvil o una motocicleta y decir no necesito licencia o no necesito póliza del seguro cuando es obligatorio desde hace muchos años. La gente perdió esa idea, no concibe que es algo muy normal que alguien tenga una licencia o una póliza. La gente se relajó tanto que hoy es normal que conduzcan sin licencia y sin una póliza”.
Los números son fríos, en Jalisco, solo el 4 por ciento de los motociclistas cuentan con una póliza de seguro vigente, por lo cual es importante apretar en este sentido pues cuando ocurre un incidente vial, no hay quien cubra los daños que el mismo genera.
“Según la Asociación Mexicana de Seguros, en Jalisco solo el 4 por ciento del parque vehicular de motocicletas tienen una póliza de seguro vigente. En automóvil es el 40 por ciento. En licencias pasa diferente, solo en cuestión de motociclistas, el 27 por ciento tiene una licencia de conducir, que es obligatorio, en automovilistas están llenas las ventanas de trámites, porque el automovilista respondió de manera diferente”.
Ante la polémica que ha surgido por los motociclistas inconformes, el diputado local de Movimiento Ciudadano explica la razón del aumento en el refrendo vehicular y lo que ha venido trabajando para no afectar a la población.
“Hace un año venía en el presupuesto de ingresos el aumento a la licencia, yo platiqué que no aumentaran el costo, mejor aumentar el costo de la multa para originar más conductores responsables. Hubo un debate fuerte en la calle, pero mucha gente me decía que por mí sacaron su licencia. El automovilista respondió, cuando me habló el secretario de transporte a decirme que tiene que abrir más módulos porque la gente fue a tramitar su licencia, eso tenemos que hacer”.
Subraya: “En esta ocasión el proyecto de presupuesto de ingresos proponía homologar el costo de la licencia y de refrendo al mismo costo que el automovilista y motociclista, esto por un criterio de un juez que dice que por qué a uno le cobras más que a otro si es el mismo trámite. Se proponía homologar el costo en refrendo y licencias, yo hice una contrapropuesta, querían cobrar más de 700 pesos cuando pagaban 160”.
Pregunta. ¿No fue estrategia para asustar a la gente y luego le bajamos a tanto?
Respuesta. Yo como diputado que propongo algo, una multa de mil pesos por algo, los demás diputados van a proponer algo menor y la sociedad algo menor. Uno sabe que todo es debatible, por eso se discute. No sé si el gobierno del estado propuso el incremento pensando que iba a bajar, lo que yo sí hice es una contrapropuesta, que era alto el costo de motocicletas, propuse que le bajemos el costo casi 50 pesos, pero hagamos que cumplan con la póliza y licencia al pagar el refrendo, esta obligación es de hace muchos años, pero tiene mis razones, yo tengo gente lesionada en el hospital, que un motociclista dañó y nadie repara.
Pregunta. Pasa con todos los vehículos que no tienen seguro…
Respuesta. Propuse y está a punto de aprobarse, que en un hecho vial el vehículo que tenga una póliza no se vaya a al depósito vehicular, porque tiene manera de garantizar la reparación del daño. Si yo tengo una póliza, por qué te llevas mi auto. Esa es la propuesta, tenga o no tenga responsabilidad, porque se supone que tiene una empresa que lo respalda. Salvo cuando haya lesiones o sangre, pero cuando son daños materiales, esos alcances lamineros, si tienes una póliza vamos a premiar a quien la tiene y no castigarlo.
Pregunta. ¿Hay exámenes para motociclistas?
Respuesta. Los mismos que para los automovilistas, estamos trabajando un modelo de protocolo para otorgar licencias más estricto. Jalisco es el estado que tiene un proceso más estricto a nivel nacional, imaginemos cómo estamos a nivel nacional en el tema.
Pregunta. Se anunció una aplicación tipo Uber pero con moto taxis, ¿ya está autorizado?
Respuesta. No, no tiene permiso. Todo el transporte público que es a través de una motocicleta está prohibido en el Estado de Jalisco, porque la motocicleta no es un vehículo de transporte público, como el vehículo sándwich que utilizan la moto como transporte familiar. Cuando eres activista, dices vamos a pelear por esto, cuando eres gobierno dices vamos a poner orden en esto. Gente me dijo, entonces cómo me muevo, yo les contestaba que entiendo su preocupación y la reconozco, por la falta de transporte eficiente, pero quién le dijo que la motocicleta es un transporte familiar. Entonces, no está permitido, está prohibido.
Pregunta. ¿Para ti fue un error separar esa parte de Secretaria de Movilidad con la policía vial, el transporte?
Respuesta. Hablando en términos de movilidad no fue un error, a lo mejor no fue lo más correcto, pero la agenda del gobierno del estado tiene como prioridad la seguridad pública, la gente está más preocupada por eso, entonces la Policía Vial tiene atribuciones para la seguridad pública, si el estado hoy tuviera una seguridad pública adecuada sería el primero que regreso a la policía vial como un agente de movilidad, más instructivo, social, pero desgraciadamente la situación del estado con la delincuencia y los índices delictivos, hace que estos elementos que eran administrativos se hagan policías viales ayudando a la seguridad pública.
Pregunta. En el caso de las ciclovías, ya hay bicicletas eléctricas, moto patines. ¿Pueden circular por estas vías?
Respuesta. Se arrancará la prueba piloto de moto patines en Zapopan y Guadalajara, está prohibido que circulen en banquetas, cosa que en la Ciudad de México fue difícil. Pueden circular en ciclovías donde exista infraestructura, donde no hay, podrán compartir el carril del vehículo. La infraestructura ya está, la ciudad ya está, no podemos ampliarlo, necesitamos adecuar o modificar para que todos podamos movernos de manera segura, que no significa que sea más rápido, la prioridad es seguridad vial, no moverte más rápido ni más cómodo. Sé que las ciclovías colapsan las vialidades, lo reconozco que asfixian al automovilista, pero son más seguras, el peatón es más protegido.
Pregunta. La solución de transporte que nos han vendido no ha cumplido y el plazo se vence…
Respuesta. La solución de transporte que han tenido en otros países y se hará en Guadalajara es el transporte eficiente, de calidad es la única manera para que dejes tu vehículo. No es mi agenda, pero estoy seguro que vamos a ver las diferencias, hay etapas. Con la conectividad que se presume que tendremos con la línea 3, el Macro Periférico, tendremos un mejor transporte público articulado, no mejor, pero sí articulado, si renuevan el parque vehicular, tendremos unidades más cómodas para el transporte público, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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