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Sobran en el Congreso de Jalisco 649 empleados: Pretenden poner fin a plazas por padrinazgo

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Por Mario Ávila //

El tiempo de los padrinos políticos que siembran empleados cada tres años en el Congreso del Estado, con sueldos, horarios, perfiles y actividades a discreción, habrá de llegar a su fin si es que se atienden los resultados del estudio del IMCO, en los que además se exhibe que “sobran” 649 trabajadores, que obligan a la realización de un recorte de personal.

Y aquí el primero de los dilemas. Mientras que para la diputada presidenta de la Comisión de Administración, Mara Robles, el problema está en los trabajadores de base; para el líder sindicado, César Íñiguez, si quieren recortar personal, que recorten a los supernumerarios, porque a los trabajadores de base no se les toca, advierte.

Por su parte el secretario General del Poder Legislativo, Tomás Figuera Padilla, garantizó que de ninguna manera habrá despidos injustificados y precisó que lo que él habrá de sugerir a los legisladores, es la creación de una estructura laboral profesional permanente, que atienda no solo la administración del Congreso, sino las salas y oficinas de los diputados y a donde se llegue por concurso y no por padrinazgos políticos como ahora se estila.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), un centro de investigación en política pública, realizó a petición de parte un diagnóstico a la nómina del Poder Legislativo de Jalisco conformada por mil 69 empleados, en donde se detectó que de los 16 puestos catalogados, el 26 por ciento no coincide con el catálogo de puestos que existente; el costo de la nómina es más elevado que otros congresos estatales en México por número de habitantes, y hay disparidad en los rangos de sueldo anual de los empleados para un mismo nivel de escolaridad y jerarquía.

También se dice en los resultados del estudio, que el Congreso del Estado puede operar con 649 empleados menos de los que tiene actualmente y sugiere que para aminorar el excedente de personal, cada diputado puede contratar hasta 5 empleados de confianza, que cada Comisión opere con 4 funcionarios y que en las áreas administrativas haya máximo 10 funcionarios.

Y aunque en la revisión no se identifican aviadores, sí observa que hay un “desbalance” en el número de empleados auxiliares administrativos y disparidad en sueldos para personal que tiene el mismo cargo o por nivel de escolaridad.

ADMITE TOMÁS FIGUEROA QUE “HAY GENTE DE MÁS” EN EL LEGISLATIVO

En una de las primeras explicaciones que el Secretario General del Poder Legislativo, Tomás Figueroa, hace de los resultados del estudio del IMCO, admite que “nos evidenció con mucha precisión, que no hay una curva salarial, lo que señalé desde que yo llegué, porque hay una disparidad, con ejemplos como donde una persona que tiene primaria gana mucho y hay personas con doctorado ganando poco. Y el problema es que los salarios, el puesto y el personal, se decidía en función de las propuestas de los grupos parlamentarios”.

Y abundó: “Comparto en lo general el resultado, también en el sentido de que hay gente de más en el Congreso. Y lo que tenemos que hacer, una vez que ya tenemos esta hoja de navegación imparcial, es presentarles una propuesta a la Comisión de Administración en estos rubros, tendremos entrevistas con los directivos en cada área, con el personal, nos habremos de sentar con los mil 26 trabajadores que actualmente tenemos, 571 de ellos de base y el resto supernumerarios o eventuales.

“Los supernumerarios están preferentemente en las áreas administrativas (379), el resto está con diputados; lo que hay que revisar es que si en estas áreas con el personal de base es suficiente o tenemos que contratar a personal eventual, esto nos los habrá de decir lo que establezcamos en esta ruta administrativa”, dijo.

Sobre los tiempos en los que se ejecutará alguna acción al respecto, Figueroa Padilla expuso que aunque no hay un plazo perentorio, “yo tengo el compromiso de hacerle llegar a la Comisión de Administración antes de que se presente el proyecto de presupuesto para el 2024, una ruta ejecutiva de cuáles son las necesidades reales del Congreso; la ruta jurídica porque si de esto se desprende que hay personas que están de más, sentarnos a negociar con los propios trabajadores, en el caso de los sindicalizados hablar con sus representantes, para llegar a acuerdos previos y que no generen lo que ya ha sucedido, como despidos injustificados. 

SE HARÁ REALIDAD EL ESCALAFÓN Y EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Sobre si el origen del problema se encuentra en el poder de los diputados, para dejar sembrados a sus trabajadores al término de la legislatura, el Secretario General, Tomás Figueroa, planteó: “Eso es justamente lo que ha provocado que como ha venido personal que legislaturas han basificado y otras que ha corrido a personal de base, ha hecho que los espacios físicos se consideren de base y cuando llegan nuevos diputados quieren traer personal de su confianza y cuando se van los quieren dejar. Esas son justamente las reglas que tenemos que poner en este servicio civil de carrera”.

“Hay ayuntamientos, por ejemplo, donde llegan las nuevas autoridades y hacen limpia general y acaban los tribunales concediéndoles la razón a los trabajadores porque no los despidieron de manera justificada y tenemos laudos que se hacen enormes y los ayuntamientos se quedan en crisis, porque no alcanzan a pagar los laudos, ni con todo su presupuesto.

Lo más sano es que cada trabajador -dijo- y me adelanto a los que voy a proponerles, es que el personal de base esté asignado a las salas, a las oficinas de los diputados, para que cuando llegue cada legislador, ya tenga una estructura establecida con una asistente, un jefe de asesores, dos asesores. Una estructura profesional que esté siendo evaluada, capacitada.

Todos los asesores que trabajan en este congreso -abundó-, son altamente calificados, son muy buenos. Y el diputado simplemente les daría la orientación de a dónde quiere llegar con los compromisos que hicieron con los electores o con la ideología del partido como referente, para evitar que traigan nuevas personas, dejando un porcentaje menor a los que les quede claro que son eventuales y que tendrán y un inicio y un fin de su contratación laboral.

Finalmente expuso que no espera resistencia sindical, “ya que con César Íñiguez siempre y en todo momento hemos transparentado la información, hay conciencia de las partes, es un buen arranque desde el inicio estuvo presente en la presentación de los resultados y se le garantizó que nadie va a ser despedido de manera injustificada y a la vez que habremos de trabajar de manera coordinada el escalafón, el servicio civil de carrera, la capacitación para el ascenso y la evaluación también de manera constante”.

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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

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Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos

LAS CINCO PRINCIPALES:

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Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez

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– Por Gabriel Ibarra Bourjac

“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.

Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.

En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.

“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.

“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.

Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.

La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.

El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.

Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.

LAE ENTREVISTA

Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?

Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.

GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?

FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.

GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?

FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.

GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?

El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.

FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.

GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?

FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.

GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?

FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.

GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?

FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.

GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?

FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.

GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?

FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.

GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?

FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.

GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?

FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.

GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?

FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.

 

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ENTREVISTAS

Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva

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– Por Mario Ávila

La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.

Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.

Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.

Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.

Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.

Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.

Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.

Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.

Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.

Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:

1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.

2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.

3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.

4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.

5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.

A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.

De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.

2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.

3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.

4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.

Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.

5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.

6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.

7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.

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