JALISCO
Jalisco aportó expertiz en nueva legislación: Salvar vidas, objetivo primordial de la Ley General de Movilidad
Por Mario Ávila //
Con 103 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, los integrantes de la Cámara de Senadores aprobaron el pasado martes la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, un esfuerzo de la sociedad civil para garantizar en México el acceso al derecho a una movilidad segura y accesible con un enfoque de Sistema Seguro.
“Esta aprobación es un gran avance para alcanzar nuestro objetivo. El hecho de que la ley se convierta poco a poco en una realidad es solo el inicio de todo el trabajo que tenemos por delante en los 32 estados de la república mexicana para lograr el acceso a una movilidad segura al que todo México tiene derecho” señaló Areli Carreón de la coordinación de la Coalición Movilidad Segura.
Esta ley tiene el objetivo de impulsar las condiciones para una seguridad vial integral en materia de movilidad que sea además eficiente, accesible, sostenible y de calidad. El derecho a la movilidad está respaldado por el artículo 4o. constitucional, desde donde surgió la necesidad de expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Antes de llegar al pleno para su votación, la LGMSV fue discutida en las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, desde donde sus integrantes votaron a favor de la iniciativa la semana pasada. Con la aprobación de la ley al término de 2021, festejamos este esfuerzo realizado desde la sociedad civil, familiares de víctimas y expertos en movilidad y seguridad vial durante más de 6 años.
Los siguientes pasos se darán en la Cámara de Diputados, donde comenzarán los trabajos para llevar al pleno de San Lázaro en el siguiente periodo legislativo. Desde ya, invitamos a los diputados a mantener entre sus prioridades todas las propuestas vertidas en esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para ser parte positiva de este capítulo histórico en la historia de la movilidad en México.
Dos de los temas fundamentales que se integran en esta nueva ley, son lo relativo a estandarizar los requisitos para la obtención y la suspensión de las licencias y permisos, así como la necesidad de replicar en todo el país el modelo del operativo “Salvando Vidas” que aplica en Jalisco desde el 15 de noviembre del 2013, es decir hace ya más de 8 años.
En concreto, para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, se deberá acreditar un examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades, se podrá establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a 5 años y de 2 años en el caso de conducción de vehículos oficiales o de emergencia.
A la vez, entidades y municipios deberán implementar el alcoholímetro, pues quedará prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 miligramos por litro en aire respirado o 0.05 gramos por decilitro en sangres; para los motociclistas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 0.1 miligramos por litro en aire respirado o 0.02 gramos por decilitro en sangre.
Para quienes conduzcan vehículos de transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol. Las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente se les podrá retirar la licencia o permiso para conducir por un periodo o menor a un año y por un periodo o menor a seis meses, en caso de conductores de transporte público o transporte de carga.
ALMA CHÁVEZ: “JALISCO APORTÓ SU EXPERTIZ
Sobre la manera en la que se gestaron los trabajos desde la sociedad civil, para elaborar la propuesta de lo que sería esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, Alma Chávez Guth, comentó que desde hace siete años “varios organismos de la sociedad civil queríamos evitar más muertes y lesiones en todo el país, entonces empezamos a hacer mesas de trabajo y a elaborar un borrador de proyecto de ley general de movilidad y seguridad vial, como las que tienen los países de primer mudo”.
Estas leyes a nivel internacional -dijo-, abarcan, sí protección de personas y sanciones a comportamientos de infractores de forma precisa y si corrupción, pero además se trabaja en el tema de los vehículos seguros y en la infraestructura segura sobre todo para grupos vulnerables como son peatones, ciclistas, niños y gente de la tercera edad, entre otros.
Estuvimos trabajando de manera intensa -abundó-, hasta que por fin el año pasado hemos logrado lo que es el derecho a la movilidad dentro del artículo 4 constitucional y de ahí ya se pudo avanzar mucho más rápido en este nuevo marco legal que queremos que sea una realidad en todo el país. Luego de un trabajo intenso con los senadores al fin se logró aprobar después de mucho tiempo de lucha.
Chávez Guth, activista y defensora de los derechos humanos, recordó que mueren en promedio 16 mil personas cada año en siniestros viales en el país, “y en el caso de Jalisco, corresponden más de 1 mil 200 los fallecidos cada año y esto en realidad es un tema de salud pública que impacta fuertemente en el tejido social y duele más cuando nos damos cuenta que 9 de cada 10 siniestros viales se pueden evitar con una normativa de esta naturaleza”.
Explicó que la nueva ley habla de la posibilidad de contar con una base de datos nacional de placas y de licencias de conducir, para que ningún infractor pueda evadir la acción de la justicia, sobre todo cuando hay un hecho de sangre por un siniestro vial, ya que solo así se puede ir tras la persona que lo ocasionó, para que pague por el daño que causó.
Un tema que para la defensora de víctimas de la violencia vial resulta interesante de la nueva ley, es la homologación en las sanciones, “la homologación en los criterios de alcohol en la sangre permitido para poder conducir, que queda en el .5, que es el nivel que tenemos en Jalisco, pero hay muchos estados como incluso la Ciudad de México tienen el nivel permitido en .8 por lo que sería recomendable la nivelación, así como las sanciones deben de ser similares en todos los rincones del país, porque hay entidades en donde la responsabilidad de la movilidad recae en los municipios y por ello vemos de un municipio a otro, sanciones diferentes, multas diferentes y hasta nivel de alcohol en la sangre permitido para conducir con criterios diferentes, lo que se convierte en un desastre”.
“Incluso los que cometen un ilícito y se les retira la licencia en un estado, hoy pueden ir fácilmente a otro y pueden sacar otra licencia con un expediente limpio, por ello se trataría también de elaborar un padrón nacional de infractores con el que a final del día tendremos manera de avanzar habida cuenta de que las leyes de tránsito son las más irrespetadas en todo el mundo, no solamente en México, pero es importante que tengamos esa normativa para que no nos matemos entre nosotros por no respetar estos marcos legales, que son propicios para garantizar la vida, la salud y la seguridad”, planteó la activista social, Alma Chávez Guth.
Sobre la aprobación de la Ley en el Senado sin un solo voto en contra y lo que se puede esperar que ocurra en la Cámara de Diputados, Chávez Guth explicó: “Más que sorprenderme, estamos agradecidos, ya lo veíamos venir por la gran disposición que tenían los senadores, la gran sensibilidad, hicimos varios foros, muchas mesas de trabajo; así que también pensamos que va en positivo esta nueva ley a la Cámara de Diputados, porque también tenemos muy buenos aliados en esta nueva legislatura, de ahí que pensamos que sí es posible y muy probable que en el período de sesiones que inicia en el mes de febrero en la Cámara Baja, podemos incidir en que el resultado también sea positivo, con una gran mayoría y por qué no, sin ninguna oposición como ocurrió en el Senado”.
A la pregunta de si considera que por tratarse de una aportación de la sociedad civil, esa podría ser la clave del éxito de la nueva ley, ya que no viene contaminada con la manos de alguna fracción política, Chávez Guth, respondió: “Es correcto, es una iniciativa de la sociedad civil, claro está, haciendo alianzas con diferentes actores políticos en diferentes momentos y en diferentes niveles, desde políticos locales aquí en Jalisco, hasta políticos a nivel nacional; recordemos que Jalisco tuvo la primera Ley de Movilidad en todo el país, una ley que sirvió de ejemplo porque yo la llevé a las mesas de trabajo de la sociedad civil, para que revisáramos todas las leyes y reglamentos que se estaban dando en este sentido y con ello tratar de hacer una mejor ley federal, que sería de aplicación nacional y por lo tanto todos los estados estarían obligados a adoptarla en su territorio, previa armonización de todas sus leyes y reglamentos que tengan en la materia”.
Y con gran modestia, a la pregunta de si se trataba de una gran aportación de Jalisco para el país, planteó: “Te podría decir en principio que sí, pero solo porque fuimos vanguardistas en la creación de la ley en la materia, pero lo que en verdad ocurrió es que Jalisco se unió a esta gran alianza, a esta gran mesa de gobernanza con mucha experiencia, porque Jalisco tiene a nivel internacional incluso, muy buenas prácticas documentadas por la Organización Mundial de la Salud, el alcoholímetro que tenemos en Jalisco es el mejor calificado de Iberoamérica, nuestra Ley de Movilidad y todas las acciones que se están haciendo, aunque a la gente no le gusta, el tema de tema de las fotoinfracciones, que no recaudan dinero, recaudan vidas. O sea, Jalisco tiene un gran avance en este tema y lo que se puede decir, es que Jalisco se sentó en una mesa con todo su expertiz y entre todos construimos este proceso de sociedad civil, de víctimas, pero también con políticos que entendieron que los muertos son de todos, las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y entendieron que hay que legislar para la vida”.
Refirió también que esta nueva ley requiere para su aplicación, de la necesidad de recursos económicos y así lo explicó: “Sabes que los siniestros viales en el país impactan entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto, o sea no tener una ley y por lo tanto no aplicarla, sale más caro que tenerla y solamente considerando el dinero. Tienes razón en el tema de los presupuestos, pero también es una ley muy humana y si bien el porcentaje del PIB es un montón de dinero, hay que hacer una reflexión sobre lo que ocurre con las vidas, las personas, las familias rotas, esas familias que hoy en día en esta Navidad, por ejemplo, van a tener lugares vacíos en sus mesas, porque no existe esta ley.
“El tema del presupuesto claro que lo hemos contemplado, claro que estamos conscientes que el gobierno puede decirnos que sí a todo, pero a la hora de asignar el presupuesto es en donde se demuestra la voluntad política, sin embargo, yo creo que más que dinero, lo que implica la nueva ley es un reacomodo de sistemas y de lo que se tiene actualmente, tenemos todo lo que se requiere, solo faltaría voluntad política y una cabeza que le entienda y que se comprometa a realizar las acciones con el único compromiso de salvar vidas”, sentenció.
Finalmente, Alma Chávez Guth, presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, reveló que se requiere un órgano rector en la materia: “Mira, le apostamos por lo que se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial, que a final del día es lo que está funcionando en todos los países, lo tienen Colombia, Argentina, Costa Rica y muchos otros países de Iberoamérica, porque sí se necesita una cabeza como órgano rector para poder hacer cumplir esta ley de forma adecuada y que no haya tanta dispersión de esfuerzos”, apuntó.
SE DEFINEN LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN TODO EL PAÍS:
30 k/h por hora en calles secundarias y terciarias
50 k/h en avenidas primarias
80 k/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado
80 k/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas
110 k/h en carreteras y autopistas de jurisdicción federal para automóviles, 95 k/h para autobuses y 80 k/h para camiones.
MEDIDAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS EN TODO EL PAÍS:
- Límites de alcohol
- Uso de cinturón de seguridad
- Límites de velocidad por tipo de vialidad
- Normatividad para la expedición de licencias de conducir
- Sanciones para el retiro temporal de las licencias
- Se prohíbe hablar por teléfono celular, así como leer y/o reenviar mensajes de texto, salvo que se realice mediante tecnología de manos libres.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La Universidad de Guadalajara (UdeG), con más de 360 mil estudiantes, ha sido un pilar de estabilidad en el panorama educativo mexicano durante las últimas décadas, especialmente bajo la influencia de Raúl Padilla López, exrector y figura clave hasta su fallecimiento en 2023.
Sin embargo, las recientes protestas estudiantiles, marcadas por la confrontación y actos de violencia en centros universitarios como el CUCSH, donde encapuchados irrumpieron y dañaron instalaciones de la rectoría, han encendido las alarmas.
¿Estamos ante el fin de esa era de calma que caracterizó a la UdeG? ¿O es este un capítulo pasajero que la rectora Karla Planter, la primera mujer en el cargo, podrá resolver con liderazgo y diálogo?
Las movilizaciones estudiantiles, iniciadas el 10 de septiembre de 2025, recuerdan los turbulentos años 60 y 70, cuando movimientos de izquierda generaron inestabilidad en las universidades mexicanas, marcadas por huelgas, violencia, alta politización y enfrentamientos con autoridades y gobiernos estatales.
Aquella época de confrontación contrastó con el periodo de estabilidad que Raúl Padilla consolidó con su liderazgo, transformando a la UdeG en un referente académico y cultural. Su ausencia ha abierto interrogantes sobre el rumbo de la institución en un contexto de transición y nuevas demandas sociales.
Las protestas recientes, que incluyeron la exigencia de suspender las elecciones del Consejo General Universitario (CGU) y la creación de espacios para el consumo de cannabis, han puesto a prueba la capacidad de la rectora Planter para mantener la gobernabilidad.
En un mensaje claro, emitido este miércoles 17 de septiembre de 2025, la rectora general universitaria respondió con un enfoque conciliador pero firme. Aceptó revisar las demandas legítimas, como mejoras en infraestructura, seguridad y acceso a materias, muchas de las cuales ya están en proceso.
Sin embargo, fue contundente al rechazar propuestas que considera inviables o perjudiciales, como la suspensión de las elecciones del Consejo General Universitario (CGU), que calificó de ilegal por violar los derechos de la comunidad universitaria, y la tolerancia al consumo de cannabis en los campus, argumentando que la universidad debe priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes.
Además, Planter advirtió contra la intervención de actores externos que podrían estar manipulando las protestas para fines políticos, un riesgo que ella se comprometió a evitar. “No permitiremos que actores ajenos se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes”, afirmó, subrayando su compromiso con un diálogo abierto, pero dentro del marco normativo de la UdeG.
Esta postura refleja una intención de equilibrar la apertura a las demandas estudiantiles con la defensa de la autonomía y la estabilidad institucional. El manejo de esta crisis será determinante para el futuro de la UdeG.
La rectora, quien asumió el cargo el 1 de abril de 2025, se ha destacado por su trayectoria académica y su enfoque en la igualdad y la inclusión. Su elección marcó un hito al ser la primera mujer en liderar la institución en sus 232 años de historia, y ahora enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en un momento de tensión.
Las protestas, aunque legítimas en algunos puntos, han incluido episodios de violencia, como los ocurridos en el CUCSH, que podrían escalar si no se gestionan con cuidado. La pregunta central es si estas movilizaciones son un síntoma pasajero o el preludio de una inestabilidad prolongada, similar a la de décadas pasadas registradas en otras universidades del país, donde los paros y las huelgas generaron mucho daño a la educación superior de México.
La respuesta dependerá de varios factores: la capacidad de Planter para canalizar las demandas viables, la voluntad de los estudiantes para dialogar dentro de los cauces institucionales y la habilidad de la universidad para evitar que intereses externos desestabilicen su comunidad.
La UdeG no es ajena a los retos, pero su historia reciente demuestra que puede superarlos con liderazgo firme y un compromiso con su misión educativa.
UN FUTURO EN JUEGO
La UdeG está en una encrucijada. Las declaraciones de Karla Planter muestran una disposición al diálogo, pero también una línea clara contra propuestas que comprometan la integridad de la institución. Si las demandas estudiantiles encuentran eco en soluciones concretas y la comunidad universitaria opta por la vía pacífica, la estabilidad que ha caracterizado a la UdeG podría mantenerse.
De lo contrario, el riesgo de una escalada de tensiones amenaza con revivir los fantasmas de las épocas de confrontación. La rectora, con su visión de una universidad más igualitaria e incluyente, tiene la oportunidad de forjar un nuevo capítulo de unidad.
– Por Francisco Junco
En el marco del Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco, la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, que preside Dolores Patricia Alvarado, entregó la presea La Paz hecha a mano.
El reconocimiento busca visibilizar proyectos comunitarios que fomentan la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa.
Entre las galardonadas se encuentra Cointa Sotomayor Reyna, distinguida por su proyecto Clan de Abus Excursionistas de Jalisco, iniciativa que promueve el derecho al esparcimiento y la vida plena de mujeres adultas mayores mediante viajes y actividades culturales, fortaleciendo con ello la convivencia pacífica y la participación activa.
También fue reconocida Josefina Acosta Rivera por su proyecto de arte por la paz Bodypaint en mujeres y hombres que luchan contra el cáncer de mama.
La iniciativa utiliza el arte corporal como herramienta de resiliencia, dignificando la vida de las personas que enfrentan esta enfermedad y proyectando un mensaje de esperanza y fortaleza.
La presea fue entregada igualmente a Liliana Pascual Bautista por su contribución a la paz a través de la confección del rebozo, símbolo de identidad, resistencia y memoria colectiva.
Su trabajo rescata la tradición textil mexicana como vehículo de cultura, dignidad y esperanza.
Otra de las galardonadas fue Epifanía Rosas Antonio, quien impulsa el proyecto Huipiles de mi pueblo. Esta propuesta resalta el arte textil indígena como un acto de resistencia e identidad, al tiempo que fortalece la economía de las artesanas y empodera a las comunidades a través de la revaloración de su patrimonio cultural.
También, el artista Enrique Chiu recibió el galardón por su proyecto Corazón Migrante, una obra de arte por la paz que busca recordar que la humanidad trasciende fronteras.
Con su propuesta, promueve el diálogo y la solidaridad, subrayando la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo.
JALISCO
Realizan Sexto Congreso de Cultura de Paz, reúne voces por la justicia y la igualdad en Jalisco
– Por Francisco Junco
El Sexto Congreso de Cultura de Paz, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco bajo el lema “Cosmovisión, Justicia y Paz”, reunió a autoridades, representantes de pueblos originarios, defensores de derechos humanos y sociedad civil, quienes coincidieron en que la paz no es sólo ausencia de violencia, sino un proceso colectivo basado en justicia, igualdad, respeto y diálogo, donde cada acción individual contribuye a transformar comunidades y construir un México más humano y solidario.
El Congreso de Jalisco, fue sede de este encuentro, organizado por la asociación civil Conciencia y Acción México, Educación para la Paz, donde representantes de instituciones, autoridades y sociedad civil coincidieron en la necesidad de construir un país más justo, humano y solidario.
Bianca América Enríquez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó que el evento buscó generar un espacio de igualdad simbólica entre todos los asistentes.
“Lo importante no son los cargos o reconocimientos, sino la dignidad de cada individuo”, señaló.
Subrayó también los avances en materia de derechos sociales alcanzados a nivel nacional, como el derecho universal a la salud y la educación, así como el reconocimiento legal de los pueblos y comunidades indígenas.
Bianca América Enríquez recordó la cosmovisión wixárika al hablar de paz como un valor comunitario transmitido desde la infancia, donde se enseña a respetar la palabra de los abuelos, los acuerdos colectivos y la naturaleza.
Añadió que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se impulsan proyectos para fortalecer la identidad, lengua y patrimonio cultural de los pueblos originarios, al tiempo que llamó a la sociedad a reconocer y respetar sus distintas formas de vida.
Por su parte, Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, advirtió sobre los retrocesos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU hacia 2030.
“Si tenemos el marco normativo y los presupuestos, ¿qué es lo que está fallando al ser humano? Lo que está fallando es volver a retomar la esencia del ser humano”, expresó, al tiempo que instó a reconocer la dignidad de cada persona y trabajar desde lo cotidiano para transformar la sociedad.
Godínez González enfatizó la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en la construcción de paz, al señalar que cada acción puede generar un efecto multiplicador en familias, comunidades y municipios.
“Los buenos somos más, tenemos que hacer de verdad ese frente común”, afirmó, subrayando el compromiso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de trabajar de manera conjunta con la sociedad civil.
En su intervención, Dolores Patricia Alvarado Corona, presidenta de Conciencia y Acción México, y encargada de inaugurar este encuentro, recordó que México enfrenta graves problemáticas como desapariciones, violaciones a derechos humanos y violencia estructural. Aún así, insistió en que la paz es un proceso activo que implica diálogo, justicia, libertad y respeto.
“La paz se construye en colectivo, no la podemos construir solitas ni solitos”, expresó y concluyó que este congreso busca no solo reflexionar, sino actuar en favor de una cultura de paz que se construya en lo cotidiano, desde decisiones individuales hasta transformaciones colectivas.
“La paz no es un destino lejano, la paz está aquí, cerquita de nosotros”, afirmó, invitando a los participantes a convertirse en promotores de un México más justo, equitativo y pacífico.
JALISCO
Mensaje a comunidad de la UdeG: Dentro del marco legal se respetará la libre expresión y se atenderán necesidades, Karla Planter
– Por Redacción Conciencia Pública
En un mensaje en video dirigido a toda la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, enfatiza el compromiso de la institución con la libertad de expresión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de la comunidad universitaria.
Destaca la importancia de escuchar las inquietudes de estudiantes, maestros y trabajadores, pero garantizando un ambiente de convivencia democrática y en forma pacífica, dentro del marco normativo vigente.
Anuncia que dirigen todos sus esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura y bienestar social que han sido expresadas por comunidad universitaria, mientras mantiene una postura firme en contra de propuestas que comprometan la integridad y la autonomía de la universidad. Su liderazgo se fundamenta en la colaboración, el diálogo y la defensa de los derechos universitarios.
Planter reafirma la legalidad del proceso electoral del Consejo General Universitario, el cual representa la voz de una comunidad de más de 360,000 personas. Cancelar este proceso sería una violación de los derechos de la comunidad universitaria y de la normatividad vigente.
Pentágono revela el primer diseño del “Golden Dome”, escudo antimisiles de 175 mil millones de dólares
¿Se acabó la estabilidad en la UdeG?
Andrés López Beltrán niega haber solicitado amparo ante supuesta orden de aprehensión
Exige PRI catalogar como terroristas a grupos criminales que operan en México
