Por Mario Ávila //

Con 103 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, los integrantes de la Cámara de Senadores aprobaron el pasado martes la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, un esfuerzo de la sociedad civil para garantizar en México el acceso al derecho a una movilidad segura y accesible con un enfoque de Sistema Seguro.

“Esta aprobación es un gran avance para alcanzar nuestro objetivo. El hecho de que la ley se convierta poco a poco en una realidad es solo el inicio de todo el trabajo que tenemos por delante en los 32 estados de la república mexicana para lograr el acceso a una movilidad segura al que todo México tiene derecho” señaló Areli Carreón de la coordinación de la Coalición Movilidad Segura.

Esta ley tiene el objetivo de impulsar las condiciones para una seguridad vial integral en materia de movilidad que sea además eficiente, accesible, sostenible y de calidad. El derecho a la movilidad está respaldado por el artículo 4o. constitucional, desde donde surgió la necesidad de expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Antes de llegar al pleno para su votación, la LGMSV fue discutida en las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, desde donde sus integrantes votaron a favor de la iniciativa la semana pasada. Con la aprobación de la ley al término de 2021, festejamos este esfuerzo realizado desde la sociedad civil, familiares de víctimas y expertos en movilidad y seguridad vial durante más de 6 años.

Los siguientes pasos se darán en la Cámara de Diputados, donde comenzarán los trabajos para llevar al pleno de San Lázaro en el siguiente periodo legislativo. Desde ya, invitamos a los diputados a mantener entre sus prioridades todas las propuestas vertidas en esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para ser parte positiva de este capítulo histórico en la historia de la movilidad en México.

Dos de los temas fundamentales que se integran en esta nueva ley, son lo relativo a estandarizar los requisitos para la obtención y la suspensión de las licencias y permisos, así como la necesidad de replicar en todo el país el modelo del operativo “Salvando Vidas” que aplica en Jalisco desde el 15 de noviembre del 2013, es decir hace ya más de 8 años.

En concreto, para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, se deberá acreditar un examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades, se podrá establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a 5 años y de 2 años en el caso de conducción de vehículos oficiales o de emergencia.

A la vez, entidades y municipios deberán implementar el alcoholímetro, pues quedará prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 miligramos por litro en aire respirado o 0.05 gramos por decilitro en sangres; para los motociclistas queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 0.1 miligramos por litro en aire respirado o 0.02 gramos por decilitro en sangre.

Para quienes conduzcan vehículos de transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol. Las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente se les podrá retirar la licencia o permiso para conducir por un periodo o menor a un año y por un periodo o menor a seis meses, en caso de conductores de transporte público o transporte de carga.

ALMA CHÁVEZ: “JALISCO APORTÓ SU EXPERTIZ

Sobre la manera en la que se gestaron los trabajos desde la sociedad civil, para elaborar la propuesta de lo que sería esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, Alma Chávez Guth, comentó que desde hace siete años “varios organismos de la sociedad civil queríamos evitar más muertes y lesiones en todo el país, entonces empezamos a hacer mesas de trabajo y a elaborar un borrador de proyecto de ley general de movilidad y seguridad vial, como las que tienen los países de primer mudo”.

Estas leyes a nivel internacional -dijo-, abarcan, sí protección de personas y sanciones a comportamientos de infractores de forma precisa y si corrupción, pero además se trabaja en el tema de los vehículos seguros y en la infraestructura segura sobre todo para grupos vulnerables como son peatones, ciclistas, niños y gente de la tercera edad, entre otros.

Estuvimos trabajando de manera intensa -abundó-, hasta que por fin el año pasado hemos logrado lo que es el derecho a la movilidad dentro del artículo 4 constitucional y de ahí ya se pudo avanzar mucho más rápido en este nuevo marco legal que queremos que sea una realidad en todo el país. Luego de un trabajo intenso con los senadores al fin se logró aprobar después de mucho tiempo de lucha.

Chávez Guth, activista y defensora de los derechos humanos, recordó que mueren en promedio 16 mil personas cada año en siniestros viales en el país, “y en el caso de Jalisco, corresponden más de 1 mil 200 los fallecidos cada año y esto en realidad es un tema de salud pública que impacta fuertemente en el tejido social y duele más cuando nos damos cuenta que 9 de cada 10 siniestros viales se pueden evitar con una normativa de esta naturaleza”.

Explicó que la nueva ley habla de la posibilidad de contar con una base de datos nacional de placas y de licencias de conducir, para que ningún infractor pueda evadir la acción de la justicia, sobre todo cuando hay un hecho de sangre por un siniestro vial, ya que solo así se puede ir tras la persona que lo ocasionó, para que pague por el daño que causó.

Un tema que para la defensora de víctimas de la violencia vial resulta interesante de la nueva ley, es la homologación en las sanciones, “la homologación en los criterios de alcohol en la sangre permitido para poder conducir, que queda en el .5, que es el nivel que tenemos en Jalisco, pero hay muchos estados como incluso la Ciudad de México tienen el nivel permitido en .8 por lo que sería recomendable la nivelación, así como las sanciones deben de ser similares en todos los rincones del país, porque hay entidades en donde la responsabilidad de la movilidad recae en los municipios y por ello vemos de un municipio a otro, sanciones diferentes, multas diferentes y hasta nivel de alcohol en la sangre permitido para conducir con criterios diferentes, lo que se convierte en un desastre”.

“Incluso los que cometen un ilícito y se les retira la licencia en un estado, hoy pueden ir fácilmente a otro y pueden sacar otra licencia con un expediente limpio, por ello se trataría también de elaborar un padrón nacional de infractores con el que a final del día tendremos manera de avanzar habida cuenta de que las leyes de tránsito son las más irrespetadas en todo el mundo, no solamente en México, pero es importante que tengamos esa normativa para que no nos matemos entre nosotros por no respetar estos marcos legales, que son propicios para garantizar la vida, la salud y la seguridad”, planteó la activista social, Alma Chávez Guth.

Sobre la aprobación de la Ley en el Senado sin un solo voto en contra y lo que se puede esperar que ocurra en la Cámara de Diputados, Chávez Guth explicó: “Más que sorprenderme, estamos agradecidos, ya lo veíamos venir por la gran disposición que tenían los senadores, la gran sensibilidad, hicimos varios foros, muchas mesas de trabajo; así que también pensamos que va en positivo esta nueva ley a la Cámara de Diputados, porque también tenemos muy buenos aliados en esta nueva legislatura, de ahí que pensamos que sí es posible y muy probable que en el período de sesiones que inicia en el mes de febrero en la Cámara Baja, podemos incidir en que el resultado también sea positivo, con una gran mayoría y por qué no, sin ninguna oposición como ocurrió en el Senado”.

A la pregunta de si considera que por tratarse de una aportación de la sociedad civil, esa podría ser la clave del éxito de la nueva ley, ya que no viene contaminada con la manos de alguna fracción política, Chávez Guth, respondió: “Es correcto, es una iniciativa de la sociedad civil, claro está, haciendo alianzas con diferentes actores políticos en diferentes momentos y en diferentes niveles, desde políticos locales aquí en Jalisco, hasta políticos a nivel nacional; recordemos que Jalisco tuvo la primera Ley de Movilidad en todo el país, una ley que sirvió de ejemplo porque yo la llevé a las mesas de trabajo de la sociedad civil, para que revisáramos todas las leyes y reglamentos que se estaban dando en este sentido y con ello tratar de hacer una mejor ley federal, que sería de aplicación nacional y por lo tanto todos los estados estarían obligados a adoptarla en su territorio, previa armonización de todas sus leyes y reglamentos que tengan en la materia”.

Y con gran modestia, a la pregunta de si se trataba de una gran aportación de Jalisco para el país, planteó: “Te podría decir en principio que sí, pero solo porque fuimos vanguardistas en la creación de la ley en la materia, pero lo que en verdad ocurrió es que Jalisco se unió a esta gran alianza, a esta gran mesa de gobernanza con mucha experiencia, porque Jalisco tiene a nivel internacional incluso, muy buenas prácticas documentadas por la Organización Mundial de la Salud, el alcoholímetro que tenemos en Jalisco es el mejor calificado de Iberoamérica, nuestra Ley de Movilidad y todas las acciones que se están haciendo, aunque a la gente no le gusta, el tema de tema de las fotoinfracciones, que no recaudan dinero, recaudan vidas. O sea, Jalisco tiene un gran avance en este tema y lo que se puede decir, es que Jalisco se sentó en una mesa con todo su expertiz y entre todos construimos este proceso de sociedad civil, de víctimas, pero también con políticos que entendieron que los muertos son de todos, las víctimas son de todos, no tienen ni partidos ni colores y entendieron que hay que legislar para la vida”.

Refirió también que esta nueva ley requiere para su aplicación, de la necesidad de recursos económicos y así lo explicó: “Sabes que los siniestros viales en el país impactan entre el 1 y el 2% del Producto Interno Bruto, o sea no tener una ley y por lo tanto no aplicarla, sale más caro que tenerla y solamente considerando el dinero. Tienes razón en el tema de los presupuestos, pero también es una ley muy humana y si bien el porcentaje del PIB es un montón de dinero, hay que hacer una reflexión sobre lo que ocurre con las vidas, las personas, las familias rotas, esas familias que hoy en día en esta Navidad, por ejemplo, van a tener lugares vacíos en sus mesas, porque no existe esta ley.

“El tema del presupuesto claro que lo hemos contemplado, claro que estamos conscientes que el gobierno puede decirnos que sí a todo, pero a la hora de asignar el presupuesto es en donde se demuestra la voluntad política, sin embargo, yo creo que más que dinero, lo que implica la nueva ley es un reacomodo de sistemas y de lo que se tiene actualmente, tenemos todo lo que se requiere, solo faltaría voluntad política y una cabeza que le entienda y que se comprometa a realizar las acciones con el único compromiso de salvar vidas”, sentenció.

Finalmente, Alma Chávez Guth, presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, reveló que se requiere un órgano rector en la materia: “Mira, le apostamos por lo que se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial, que a final del día es lo que está funcionando en todos los países, lo tienen Colombia, Argentina, Costa Rica y muchos otros países de Iberoamérica, porque sí se necesita una cabeza como órgano rector para poder hacer cumplir esta ley de forma adecuada y que no haya tanta dispersión de esfuerzos”, apuntó.

SE DEFINEN LOS LÍMITES DE VELOCIDAD EN TODO EL PAÍS:

30 k/h por hora en calles secundarias y terciarias

50 k/h en avenidas primarias

80 k/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado

80 k/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas

110 k/h en carreteras y autopistas de jurisdicción federal para automóviles, 95 k/h para autobuses y 80 k/h para camiones.

MEDIDAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS EN TODO EL PAÍS:

• Límites de alcohol
• Uso de cinturón de seguridad
• Límites de velocidad por tipo de vialidad
• Normatividad para la expedición de licencias de conducir
• Sanciones para el retiro temporal de las licencias
• Se prohíbe hablar por teléfono celular, así como leer y/o reenviar mensajes de texto, salvo que se realice mediante tecnología de manos libres.