¿Homicidios fabricados?

Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Tenemos en Jalisco un sistema judicial completamente amañado y corrupto a pesar de la intención de varios legisladores de evitar graves irregularidades que muy fácilmente se podrían solucionar, pero simplemente han pretendido MC desde el Congreso, pelear contra el Poder Judicial con la intención del control político, de ese Poder sin francas intenciones de mejorarlo, situación que se agrava en la materia penal, donde día a día apreciamos notorias violaciones a los Derechos Humanos destacando procesos que en todos los casos deberían propiciar la renuncia o despido de varios jueces penales, lamentablemente dicha corrupción inicia en la Fiscalía General del Estado, donde en muchas ocasiones no saben ni siquiera llenar una carpeta de investigación pero eso sí están muy al tanto de las nuevas técnicas de interrogatorio importadas directo desde los sótanos de la extinta KGB y mejoradas con lo mejor de Guantánamo, recordamos el cuento aquel que dice que obligaron mediante técnicas sofisticadas que un elefante declarara ser un conejo para acreditar su culpabilidad.

Esto no implica que todos los jueces y magistrados y personal de la FGE sean corruptos, me atrevería a meter la mano por muchos de ellos, pero también hay cada corrupto, como aquel magistrado que desconoce, a pesar de un supuesto Doctorado patito, la diferencia entre la representación orgánica y un simple poder, o algunos jueces que en materia penal dictan sentencias a solicitud de su pastor o del político al que deben el puesto.

En este caso me permito comentar una denuncia que deben monitorear el Consejo de la Judicatura del Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me refiero al proceso penal plagado de irregularidades contra Alberto Cárdenas Camarena, Catalina Barajas Campa y Enedina y Juan, de apellidos Hidalgo Ramírez, procesados todos ellos por el delito de feminicidio, dato curioso ya que según consta en los documentos del proceso penal que tuve a la vista, existen graves inconsistencias que deberán ser, sin duda, reparadas en el Juicio de Amparo, máxime que de los documentos se desprende que la fiscalia ocultó pruebas básicas para la defensa de los acusados, que el ministerio público al formular sus conclusiones presenta tres teorías diferentes de los hechos, y ninguna de ellas encuadra en el delito de “feminicidio”, pero más me llama la atención, sin que el suscrito sea abogado penalista, es que se atribuye a la supuesta autora directa del homicidio una conducta consistente de haber pasado por la víctima a su casa desde las 19 horas y que el homicidio se cometió después de haber estado en una fiesta con familiares de la supuesta autora entre las dos y tres de la mañana, y sin embargo, y sin ánimos de denostar a la víctima, un informe forense que aparece recientemente señala que se encontró en el cadáver semen reciente depositado 2 a 3 horas previas al homicidio, lo que de ser cierto destruye la “teoría” de la fiscalía, además si el forense señala una altura muy diferente de la persona que accionó el arma homicida con la acusada, ¿cómo se sostiene eso?, además toda la investigación parte de una “espontánea confesión” del hermano de la imputada señalándola como autora material, tan inverosímil que solo el juez de control la aceptó a pesar de estar probado en autos que fue torturado para arrancarle su historia (protocolo de Estambul).

La pregunta que surge es, ¿porqué la fiscalía no agota el resto de las líneas de investigación e insiste en una teoría que se derrumba a grandes pasos? Lo importante es, para toda la sociedad la justicia a la víctima, y que él o los culpables paguen por su crimen, pero apegados a derecho, respetando el debido proceso y sin armar una teoría del caso solamente para justificar en su momento la eficiencia de la fiscalía. Si los detenidos son culpables que se juzguen y condenen pero no que hagan pagar a gente inocente. De regresar ese proceso penal por motivos de un Amparo con el juez de control Ramos Coronado, este se debería excusar.

ABANDONAR EL PACTO FISCAL

En otro tema, es tan exagerada la sangría de recursos a los estados del norte y centro de la República mexicana, al parecer el presidente López solo gobierna para el sureste, que varios gobernadores están evaluando seriamente abandonar el pacto fiscal que tienen actualmente todas las entidades federativas, lo anterior al acusar de una distribución inequitativa de los recursos federales distribuibles a los Estados contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, y aunque por el momento solo Chihuahua y Durango contemplaron esa posibilidad al parecer ya otros gobernadores evalúan seriamente escenarios contemplando tal posibilidad. José Rosas Aispuro, mandatario de Durango fue claro y contundente: “…sí la Federación no nos quiere, salgámonos del pacto fiscal. Que los impuestos se cobren en Durango y ya no se los lleve la Federación y nos regrese lo que quiera”, señaló.

El gobernador Alfaro en Jalisco, no se ha pronunciado al respecto pero sí tomara esa decisión tendríamos que apoyarlo todos. Recuerde amigo lector que por obligación constitucional la Federación debe repartir parte de su recaudación a los Estados, y estos a su vez a los municipios, y en impuestos como el Valor Agregado, aunque lo recauda la Federación es en verdad un impuesto estatal que debería regresar en gran parte a los Estados que lo generan, sin embargo la política de la “CuatroTe” no es congruente con dicho equilibrio, y menos destinando gran parte de la recaudación a programas socialmente electoreros, inversiones en el sureste y rescate de Pemex. No es lógico, a pesar del pacto federal que Jalisco y otros estados aporten mucho más que lo que reciben. Sin duda urge una Convención Nacional Fiscal.