OPINIÓN
Los Hombres del Poder: El discurso de Alfaro en la Canaco
Por Gabriel Ibarra Bourjac //
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“Yo me hice el propósito de que no vamos a plantear una agenda de trabajo que simplemente busque cambiar las cosas por encimita, no vamos a plantear una agenda de cambios superficiales como muchos de los que hemos vivido en la experiencia de alternancia que ha conocido el estado de Jalisco”. |
Muy fuerte el mensaje del Gobernador Enrique Alfaro en la ceremonia de toma de posesión del Comité Directivo de la Canaco Guadalajara que preside Xavier Orendáin de Obeso al señalar que los anteriores gobiernos de Jalisco simularon combatir al crimen organizado, lo cual se acabó al subrayar su compromiso de recuperar la paz para los ciudadanos.
“Desde aquí les digo, Guadalajara y Jalisco no se van a rendir, no vamos a permitir que el miedo nos gane, vamos a luchar seis años porque no hay solución mágica al problema de la violencia para recuperar la paz y la tranquilidad”.
“Que se escuche bien, en Jalisco se acabó la colusión del gobierno con el crimen organizado, aquí entendemos quién está de cada lado, y hasta donde nos alcance voy a trabajar estos seis años, todos los días desde las siete de la mañana estaremos metidos en la agenda de la seguridad”.
Para Alfaro en los últimos 30 años todos los que le antecedieron (o sea, desde Guillermo Cosío -que duró 3 años al frente del Gobierno, de 1989 a 1992), fueron simuladores y enfrentaron los problemas por encimita.
La parte medular de este discurso aquí lo presentó, dejo de lado las descalificaciones de nuevo que lanzó a “poquitos medios” de comunicación que son promotores del miedo y del terror.
Es un discurso, que según precisó, mucho lo meditó, y que representa una fuerte crítica y descalificación a los gobiernos de Guillermo Cosío, Carlos Rivera, Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval.
SU VISIÓN CRÍTICA
Analicemos sus palabras que no tienen desperdicio y que servirá de referencia para medir el cumplimiento de su compromiso de rescatar a Jalisco de la crisis que hoy vive.
“Decía Xavier que es la primera vez que vengo como gobernador a este tipo de eventos. Durante muchos años me tocó estar abajo y arriba, y escuchar una historia que me hizo reflexionar de verdad con mucha seriedad sobre lo que tenía que decir el día de hoy ante ustedes”.
“Lo primero que tengo que reconocer que para mi se convirtió en una interrogante de difícil respuesta el entender cómo quienes integran esta Cámara pudieron aguantar tantos años los mismos discursos de las dos partes involucradas en estas agendas, porque todos los años que yo vine aquí y estuve allá y acá, escuché los planteamientos, los reclamos justos, las propuestas, las ideas que hoy siguen presentes en las agendas de pendientes en nuestro estado”.
“Se habló durante todos esos años de la necesidad de reestablecer el Estado de Derecho, se habló de la necesidad de facilitar trámites y tener un gobierno promotor, se habló de la necesidad de recuperar la paz y la justicia, se habló de la necesidad de combatir a fondo la corrupción”.
“Y la pregunta es qué pasó después de todos esos años, la pregunta es cómo fue que como sociedad nos acostumbramos a escuchar de los gobernantes discursos simplones que simplemente buscaban aplausos de coyuntura y salir del paso con respuestas a modo para, cuando menos eso pensaban los gobernantes, serenar los ánimos”.
“Me hacía esta pregunta hoy en la mañana para asumirme frente a ustedes el compromiso de que eso no pasará con un servidor. No vengo aquí a ofrecer respuestas simples a problemas complejos, vengo, sí, a expresar mi compromiso porque en la vida hay un principio en el que yo creo que es la reciprocidad y esta Cámara, particularmente mi amigo Xavier Orendáin haya sido siempre solidario desde el primer día de este gobierno, lo fueron como institución cuando estuve al frente del gobierno de Guadalajara y lo mismo sucedió cuando estuve en Tlajomulco”.
“Por eso te quiero decir Xavier que cuentas con un servidor y con el Gobierno de Jalisco para sumarnos a este Pacto al que la Cámara está convocando, es una iniciativa importante y que nos puede sentar un precedente y que nos permita fortalecer los lazos de cooperación y la agenda de trabajo que hemos ido construyendo juntos”.
“Pero quiero ir más allá de esta iniciativa de inicio, el planteamiento que yo he puesto sobre la mesa desde la campaña electoral y que he ratificado desde el inicio de mi responsabilidad como Gobernador es que para poder cambiar esa lógica del gobernante como que escucha y que le importa, y luego sale de aquí y simplemente no pasa nada, para evitar precisamente, si Dios me da licencia, en 5 años más, vuelvo a estar en este evento para decir el mismo discurso y para que ustedes digan, híjole, como dicen mentiras los gobernantes”.
“Hemos puesto sobre la mesa la agenda de refundación del Estado, la construcción de un nuevo acuerdo social, la construcción de nuevas reglas de convivencia entre ciudadanos y gobernantes, la construcción de un nuevo Pacto Integral que nos permita enfrentar los desafíos que no hemos podido enfrentarlos, hay que aceptarlo, con el diseño institucional y las bases jurídicas que hoy tenemos en Jalisco, así de simple y así de complejo”.
“Tenemos que construir ese Acuerdo juntos, no puede darse por decreto de un gobernante, por eso me da mucho orgullo decir que somos el primer estado, estoy seguro que con el apoyo del Congreso de Jalisco en unos meses más contará con las bases para poder convocar a un Constituyente (…) Y habrá quien siga diciendo porque es parte del debate y en este Estado la tolerancia tiene que ser siempre un principio siempre presente, habrá quien piense, para qué construir una nueva Constitución, cómo el Gobernador habla de construir un nuevo acuerdo social cuando hay temas tan urgentes qué resolver, y lo que perdemos de vista es precisamente esos temas urgentes, esos temas que nos lastiman, como todos los que se mencionaron aquí, no tienen solución si seguimos con un diseño jurídico-institucional que está diseñado para que nada funcione.
“O cambiamos ese diseño o mejor resignémonos a que vamos a oír seis años los mismos discursos de los últimos 30 años, los discursos que fueron sumiendo a eta ciudad y este estado en las condiciones que hoy encontramos en la agenda de temas que hoy tenemos que resolver”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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