OPINIÓN
Necesario revisar la estrategia de seguridad: Piden al Gobernador Alfaro cancelar sueños presidenciales y atender la inseguridad en Jalisco
Por Mario Ávila //
Después de que Movimiento Ciudadano ha tenido en sus manos la administración de todos los gobiernos municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara desde octubre del 2015 y por lo tanto el control de las policías, de la infraestructura, de los equipos y de las herramientas para combatir al crimen y después de que además de eso tiene ya 27 meses al frente del Gobierno del Estado con todo el poder que esto implica, ya es momento de que se puedan dar soluciones al grave problema de la inseguridad y la violencia creciente, que se manifiesta en hechos que causan terror en la sociedad como el reciente multihomicidio en donde 11 albañiles fueron masacrados, sin motivo aparente, en la colonia La Jauja en el municipio de Tonalá.
De ello se habló en la mesa de análisis denominada: “Las masacres en el estado de Jalisco, ineptitud reiterada de Ejecutivo o supremacía del crimen organizado”, bajo la coordinación del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara y a convocatoria del maestro Alfonso Partida Caballero, en donde incluso, se habló de la necesidad de que el mandatario estatal modifique radicalmente su actitud de confrontación con el gobierno federal y en lugar de repartir culpas, admita su responsabilidad a sabiendas de que el homicidio no está contemplado dentro del catálogo de delitos que se tipifican en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que queda claro que es responsabilidad directa del ámbito estatal.
También se dijo que bien le haría a Jalisco que mandatario estatal de por cancelados sus sueños presidenciales y se concentre exclusivamente en gobernar Jalisco y particularmente en resolver el problema principal que hoy tiene, que es el de la inseguridad, según lo expuso el periodista, Gabriel Ibarra Boujarc, director general del semanario Conciencia Pública, quien junto con los académicos, Arturo Villarreal Palos, investigador experto en seguridad pública y el doctor Rogelio Barba Álvarez, experto el criminología y jefe de la carrera de Ciencias Penales de la Universidad de Guadalajara, fueron los panelistas que participaron en el foro.
“Si Alfaro tiene ánimo de cambiar el panorama, para evitar que a Jalisco se le tipifique como narco estado como Tamaulipas, debe ser más político, más inteligente, debe buscar caminos de acercamiento con el gobierno federal, que cancele su intención presidenciable y que se aboque a gobernar a Jalisco. A él lo van a juzgar por lo que haga como gobernador, a eso debería de dedicarse, a atender la inseguridad como el problema número uno, con la misma dedicación que le dedicó a la pandemia”, expuso Gabriel Ibarra Boujarc.
Se analizó en particular el hecho ocurrido el sábado 27 de febrero, en donde un grupo armado arremetió en la colonia La Jauja, en el municipio de Tonalá, en contra de un grupo de albañiles en donde pierden la vida 11 personas y son lesionados un niño y una mujer. Los causantes huyeron a bordo de tres camionetas en color oscuro, se efectuó un fuerte operativo en la zona con la presencia del fiscal, Gerardo Octavio Solís Gómez, con policías de todas las corporaciones y la participación del helicóptero, pero el operativo falló y de nuevo el C-5 dejó en evidencia que es instrumento inservible.
En el foro, se habló con lujo de detalle de la ineficiencia que en materia de seguridad ha mostrado el mandatario estatal, que no conforme con eso pretende endilgar la responsabilidad, aventando la bolita a la cancha del gobierno, al decir en sus redes sociales: “De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal, Guadalajara. No robaron nada. Solo llegaron a matar, a ejecutar a personas con armas de grueso calibre. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del Gobierno federal por disposición constitucional”.
Y abunda: “Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca”.
CONVERTIRNOS EN NARCOESTADO
El comunicador, Gabriel Ibarra Boujarc lamentó que el mandatario estatal no admita de manera autocrítica sus errores y a la vez censuró también la actitud pasiva de organismos ciudadanos como la clase empresarial, que a su juicio deberían ser más actuantes, “porque un estado donde no se cumple la ley y reina la inseguridad, pierde atractivo para la inversión”.
Incluso comparó la actitud con la que en su momento tuvieron los empresarios de Nuevo León, que levantaron la voz, pero al mismo tiempo asumieron su responsabilidad social, crearon un organismo, le invirtieron, participaron y lograron finalmente revertir el problema.
Y expuso: “Es necesario revisar la estrategia, ser humildes, dejar la soberbia de lado, dejar los sueños grandilocuentes de pensar en la Presidencia de la República. Estamos como en los peores tiempos de Sinaloa, de Michoacán, de Ciudad Juárez. La gente de todo el país se pregunta qué está sucediendo en Jalisco, pues que no hay gobierno, que está colapsado el gobierno que se niegan a reconocer la magnitud del problema”.
MC GOBIERNA DESDE EL 2015 ZMG
Por su parte el investigador Arturo Villarreal Palos, sentenció que el problema que no va a desaparecer mientras se sigan haciendo las cosas de la misma manera y fue contundente al decir: “Alfaro tiene un problema interno de organización, Movimiento Ciudadano ya controlaba la Zona Metropolitana desde el 2015 con una policía metropolitana, con inteligencia policial y con grupos de reacción para enfrentar este tipo de delincuencia. Al menos eso fue en el papel, ya que se ha tratado de un proyecto que no se ha consolidado hasta la fecha”.
Puntualizó que el caso de los homicidios son un delito de orden local, hasta que la federación ejecute su facultad de atracción, siempre y cuando se detecten datos o argumentos para así hacerlo. Recalcó que el C-5 no ayuda, censuró que se le haya apostado demasiado en los militares, para que tomen el mando de la seguridad, con excepción del comandante, Juan Bosco, que es el único elemento de carrera. Además, dejó en claro que es evidente que la desconfianza que la federación tiene en el estado.
LAS MASACRES SIN JUSTIFICACIÓN SON ACTOS DE TERRORISMO
Para Rogelio Barba Álvarez, experto el criminología y jefe de la carrera de Ciencias Penales de la Universidad de Guadalajara, resulta humillante lo que pide Alfaro de la federación cuando lo que debe hacer es con dignidad ofrecer coordinación y apoyo, así como una corresponsabilidad en las acciones.
“Lo que debe hacer -dijo-, es no repartir culpas, sino acercarse a la federación con estrategias integrales, hacer un planteamiento de trabajo horizontal ofreciendo colaboración y no un planteamiento vertical pidiendo ayuda y asumiendo el papel de la parte baja de la pirámide”.
“Más aún -abundó-, cuando la Fiscalía está penetrada por la delincuencia, dicho por el propio Alfaro y nada se ha hecho desde el señalamiento; es inexistente la Policía Metropolitana de Seguridad y los primeros en estar en desacuerdo con su existencia fueron los propios alcaldes del mismo partido que el gobernador”.
El académico dijo que resultan preocupantes los actos criminales de manera reiterada, que causan temor, sobre todo porque la autoridad no encuentra un motivo para la ejecución a mansalva, “y en hechos recurrentes se sigue el mismo patrón antisocial, desviado, perverso, incomprensible y desmedido de los delincuentes”.
Este a su juicio, es un mensaje que lanza la delincuencia organizada, que nos dice que va en crecimiento y que puede ejecutar este tipo de actos en la ZMG con la finalidad de lanzar un mensaje semiótico.
Pero para dejar en claro a quien le compete la responsabilidad atender el hecho, Barba Álvarez detalló que el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no establece el delito del homicidio, “tiene 10 apartados, terrorismo, acopio de armas, tráfico, tráfico de órganos, tráfico de personas para explotación sexual o laboral, emigración, contrabando, defraudación fiscal y otros contra el medio ambiente, pero con eso queda claro que el homicidio es responsabilidad del ámbito local, hasta que haya un ejercicio de la atracción, si así lo considera la Federación”.
Liga al video de la mesa de análisis en Facebook: https://www.facebook.com/reformapenaljalisco/videos/3725984387483781
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
En X @DEPACHECOS
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