OPINIÓN
Salvador Cosío en pie de lucha
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Con todo y que acaudalados empresarios que no quieren dejar multimillonarias sumas con la venta de la Villa Panamericana y los predios colindantes de su propiedad, parece que ahora han iniciado una nueva estrategia de desprestigio contra quienes han defendido la zona de El Bajío en el municipio de Zapopan.
Han trascendido arteros señalamientos hacia el dirigente de Conciencia Cívica y notario público Salvador Cosío Gaona y el representante y abogado del Parlamento de Colonias Alejandro Cárdenas Enríquez para ensuciarlos. Los acusan de querer extorsionar al empresario Francisco Cornejo Reynoso, insaciable constructor.
Tal parece que a toda costa se busca que se vendan y habiten los departamentos que hace ocho años ocuparon la sede de atletas y entrenadores de los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Sin importar los daños y contaminación que propicien la llegada de miles de personas, se quieren salir con la suya los que quieren vender y algunos de los poderosos políticos que los están protegiendo.
Cosa muy distinta lo que ha estado haciendo y denunciando el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien valientemente ha puesto en su lugar a quienes no les importa el daño que se cause al permitir que se lleguen a habitar las Villas Panamericanas.
Todavía han de pasar muchos meses para que se salgan con la suya los propietarios de ese predio y terrenos aledaños a lo que se dio por llamar Villa Bosque, del constructor Cornejo Reynoso, y se espera que la ley proteja a esa importante región de la zona metropolitana.
LOS EJIDATARIOS DE EL ZAPOTE
Por fin se avizora la solución del conflicto de los sufridos ejidatarios de El Zapote con el gobierno federal y la empresa concesionaria Grupo Aeropuertuario del Pacífico (GAP), gracias a la intermediación que hizo el que fuera delegado Carlos Lomelí Bolaños con el Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Tal parece que esta semana que inicia los ejidatarios por fin sentirán la solución a su eterno problema y se les pagará lo que por tantos años han exigido de la artera expropiación de sus terrenos para construir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Se tuvo conocimiento que en el acercamiento que hace unas semanas tuvieron ejidatarios y funcionarios del gobierno federal, llegaron al acuerdo del precio de los terrenos para dar por terminado el conflicto.
De llevarse a cabo el justo pago de lo expropiado quedarán en espera otros problemas con la empresa GAP y con el Gobierno del Estado; ahora los primeros buscan más terreno para otra pista aérea y el segundo 14 hectáreas para un colector de aguas negras que conecte una planta tratadora de aguas residuales.
El problema es que ninguno quiere pagar nada y buscan que sean expropiados los terrenos sin importarles que siempre han tenido propietarios y no son bienes de viuda para que quieran hacer lo que les venga en gana, pero otra vez hay que esperar para saber quién gana.
NO DAN UNA
Al señor Presidente lo engañan o no quiere reconocer que hay serios problemas en la operación y funcionamiento de la cacareada Guardia Nacional, mientras los elementos desintegrados de la Policía Federal, por lo menos en papel, siguen en pie de lucha exigiendo su derecho laboral y evitando que los enrolen en esa corporación que no ha funcionado.
A toda costa el Gobierno de la República quiere encuadrar en la Guardia Nacional a los agentes inconformes de la Policía Federal que exigen se les indemnice conforme la ley para dejar su trabajo.
Las manifestaciones de inconformidad son constantes y no son atendidos por el responsable de la secretaría federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien a toda costa busca que se acaten sus órdenes sin importarle que esa nueva corporación de seguridad nacional funcione bien y cumpla la expectativa que la población ha tenido.
No ha de pasar mucho tiemplo para que el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador se de cuenta que el conflicto con los elementos inconformes de la Policía Federal y los malos operativos de la Guardia Nacional se valoren y le den a conocer que deberá hacer importantes cambios en sus estrategias. No será solamente tratar de mandar tiernos mensajes a los delincuentes para que dejen que se surtan combustibles a las unidades de militares y policías en lugares de conflicto, que por desgracia ya casi es en todo el país.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
