Ley “anti-Morenarcos” y sus límites

Opinión, por Iván Arrazola

La propuesta impulsada por el PAN en Jalisco para crear una “Ley anti-Morenarcos” volvió a colocar en el centro del debate uno de los temas más delicados para la democracia mexicana: la creciente infiltración del crimen organizado en la política y en los procesos electorales. La iniciativa surge en un contexto particularmente complejo, marcado por los señalamientos realizados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Más allá del evidente contenido político y mediático del nombre de la iniciativa, el tema obliga a discutir un asunto de fondo: ¿realmente es posible impedir la infiltración criminal en las candidaturas mediante controles institucionales?, y, sobre todo, ¿qué mecanismos podrían funcionar sin vulnerar principios democráticos fundamentales?

Lo primero que debe reconocerse es que el problema existe. La intervención del crimen organizado en procesos electorales no es una exageración discursiva ni una narrativa partidista. Desde hace varios años existen estudios académicos, informes de organizaciones civiles y análisis de seguridad que documentan cómo distintos grupos criminales han buscado influir en elecciones municipales, estatales e incluso federales.

El estudio de Integralia sobre el proceso electoral 2020-2021 documentó que el crimen organizado intervino mediante violencia política, financiamiento de campañas, intimidación de operadores políticos y presión sobre candidaturas. Durante aquel proceso se registraron cientos de incidentes de violencia política y decenas de víctimas mortales entre aspirantes, candidatos y actores políticos.

La lógica detrás de esta intervención es clara: controlar gobiernos locales significa acceder a policías municipales, información estratégica, contratos públicos y estructuras de protección institucional. El crimen organizado ya no solo busca controlar rutas de trasiego o economías ilegales; también busca controlar espacios de poder político.

Sin embargo, reconocer la existencia del problema no significa que cualquier solución sea viable. La principal debilidad de la propuesta del PAN radica precisamente en el concepto de “presuntos vínculos”. La iniciativa plantea impedir candidaturas de personas relacionadas con grupos criminales mediante mecanismos como cartas de no antecedentes penales, exámenes de control de confianza, pruebas antidoping y polígrafo. El problema aparece cuando se intenta definir quién determina la existencia de esos vínculos.

En un Estado democrático no puede retirarse el derecho a ser votado únicamente por sospechas, acusaciones mediáticas o señalamientos políticos. El principio de presunción de inocencia sigue siendo uno de los pilares del sistema constitucional. De lo contrario, se abriría la puerta a mecanismos discrecionales que podrían utilizarse políticamente contra adversarios. Además, varios de los controles planteados tienen limitaciones evidentes.

La carta de no antecedentes penales difícilmente detecta redes sofisticadas de corrupción o financiamiento ilícito, precisamente porque muchas figuras vinculadas con estructuras criminales nunca han sido sentenciadas. En numerosos casos, las investigaciones no avanzan, los expedientes permanecen abiertos o las redes de protección política impiden judicializar los asuntos.

El caso del polígrafo resulta todavía más problemático. No constituye una prueba judicial, tiene márgenes importantes de error y depende de criterios subjetivos. Incluso en corporaciones policiales, donde los controles de confianza se han aplicado durante años, los resultados han sido limitados.

Además, implementar este tipo de mecanismos para miles de candidaturas implicaría altos costos administrativos, posibles controversias constitucionales y un manejo extremadamente delicado de datos personales.

Pero quizá el mayor error del debate público es pensar que la infiltración criminal comienza cuando se registran las candidaturas. En realidad, el problema inicia mucho antes: dentro de los propios partidos políticos.

Muchos partidos continúan seleccionando candidatos mediante acuerdos cupulares, negociaciones opacas, cuotas internas o métodos poco rigurosos, como las encuestas. Ese modelo facilita que grupos criminales puedan financiar precampañas, presionar dirigencias o negociar candidaturas en regiones donde existe control territorial.

Por ello, una de las alternativas más efectivas podría encontrarse en fortalecer la democracia interna de los partidos. Mientras más cerradas son las decisiones partidistas, más sencillo resulta capturar a unos cuantos dirigentes o imponer perfiles desde poderes fácticos. En cambio, procesos internos más abiertos, auditables y vigilados elevan considerablemente el costo político y operativo de la infiltración criminal.

Otro vacío importante es la falta de responsabilidad para las dirigencias partidistas. Actualmente, cuando un candidato termina vinculado con actividades criminales, el costo político recae casi exclusivamente sobre el individuo, mientras los partidos mantienen intactas sus estructuras. Una reforma más seria debería incluir sanciones para partidos y dirigencias que postulen perfiles vinculados posteriormente con actividades ilícitas. Esto podría incluir sanciones económicas, reducción de financiamiento público o pérdida de registros en casos acreditados.

La propuesta del PAN parte de un diagnóstico correcto: la infiltración del crimen organizado representa uno de los mayores desafíos para la democracia mexicana contemporánea. Sin embargo, el problema difícilmente se resolverá únicamente con cartas de antecedentes penales o pruebas de polígrafo. Pero lo más grave es que, de no atenderse el tema, podría hundir a la democracia en una crisis de credibilidad.