La mano invisible y la visible

Opinión, por Miguel Anaya

Hay ideas que terminan siendo víctimas de su propio éxito. Se vuelven tan populares que dejan de parecer ideas para convertirse en consignas políticas. Como ejemplo está la famosa «mano invisible» de Adam Smith.

Durante décadas se nos repitió que el padre del liberalismo económico había demostrado que el mercado podía resolverlo todo y que bastaba con dejar actuar al interés individual para que, casi por arte de magia, el bienestar llegara a todos. El problema es que Smith nunca planteó algo tan simple.

La expresión aparece apenas una vez en su libro La riqueza de las naciones y era una metáfora para explicar que, bajo ciertas condiciones, la búsqueda del beneficio personal podía generar beneficios colectivos. Pero esas condiciones importaban: competencia real, instituciones sólidas, justicia y ausencia de privilegios.

Smith entendía algo que seguimos olvidando: los mercados no funcionan en el vacío. Necesitan reglas, confianza y una base moral que los sostenga.

Sin embargo, el error contrario también merece ser señalado.

Si durante buena parte del siglo XX algunos convirtieron al mercado en una religión, en años recientes otros han depositado una fe casi ilimitada en el Estado y en los programas sociales, como si la transferencia de recursos fuera suficiente para resolver problemas profundamente humanos y estructurales. La realidad es mucho más compleja.

Escribo estas líneas desde Estados Unidos, un lugar que enfrenta sus propias contradicciones. Por un lado, Donald Trump ha regresado a la escena política defendiendo aranceles, protección industrial y un mayor intervencionismo económico, algo que hace apenas unas décadas habría parecido una herejía para la derecha estadounidense.

Por el otro, California representa el extremo opuesto. Es el estado más rico del país, sede de Silicon Valley y de algunas de las empresas más valiosas del planeta; ha logrado esto gracias a la libre competencia. California ha destinado enormes —pero, en verdad, enormes— recursos a programas sociales. Sin embargo, continúa enfrentando una crisis de vivienda, problemas de drogas, profundas desigualdades y miles —pero, en serio, miles— de personas viviendo en las calles.

Caminar por Sacramento o San Francisco produce una sensación extraña. A unos metros de edificios valuados en millones de dólares pueden encontrarse campamentos enteros de personas sin hogar. La región que diseñó buena parte del futuro digital del mundo sigue sin resolver algunos de los problemas más básicos de la convivencia humana.

Sería absurdo atribuir esta situación exclusivamente a los programas sociales. El altísimo costo de la vivienda, la crisis de salud mental y el fentanilo forman parte de la explicación.

Pero la experiencia californiana deja una lección: ningún subsidio reemplaza una educación de calidad, familias estables o comunidades fuertes. La asistencia económica puede aliviar el sufrimiento inmediato, pero difícilmente reconstruye el tejido social.

México tampoco escapa de esto. El obradorismo comprendió algo que se había ignorado durante años: el crecimiento económico, por sí solo, no genera legitimidad política. La gente necesita sentir que el Estado existe y que el desarrollo también alcanza a quienes históricamente quedaron excluidos.

Por ello, los programas sociales se convirtieron en el eje del nuevo modelo político mexicano. Sin embargo, después de años de aplicación, la pobreza, la violencia y la desigualdad siguen ahí, incluso peor que antes.

Una beca puede ayudar a que un joven permanezca en la escuela, pero no sustituye un sistema educativo de calidad. Una pensión puede aliviar las carencias de un adulto mayor, pero difícilmente resolverá las deficiencias estructurales del sistema de salud.

Pero el extremo opuesto resulta igualmente peligroso. Sí, el mérito importa. Nadie estudiará por nosotros, nadie trabajará nuestras horas ni perseguirá nuestros sueños. La responsabilidad individual sigue siendo indispensable para transformar una vida.

Sin embargo, convertir el mérito en una explicación absoluta resulta tan injusto como negarlo. No todos comienzan desde la misma línea de salida. El lugar de nacimiento, la calidad de la educación, el entorno familiar o el acceso a oportunidades siguen condicionando buena parte del destino de las personas.

Tampoco existe emprendimiento sin sociedad. Ningún empresario construyó las carreteras que utiliza, ni las universidades que formaron a sus trabajadores, ni los tribunales que protegen sus contratos. Quizá un error de nuestro tiempo sea creer que el individuo y la comunidad son adversarios. No lo son.

La verdadera discusión no debería centrarse en elegir entre mercado o Estado, entre mérito o solidaridad. El desafío es mucho más complejo:

¿Cómo construimos sociedades donde el esfuerzo personal siga siendo recompensado, pero donde el lugar de nacimiento deje de determinar el tamaño de los sueños que una persona puede permitirse?