OPINIÓN
Día Internacional de la Mujer
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El debate que se ha generado en el país sobre el movimiento del 8 y 9 de marzo, más allá de quién o quiénes convocaron, a favor o en contra del feminismo, el verdadero objetivo de la reflexión supera estos y otros temas menores ante la realidad de la brutalidad que viven las mujeres en el mundo en pleno siglo XXI, aunque en algunos países se ha avanzado demasiado con respecto a la paridad o igualdad sustantiva de género.
La muestra de este domingo 8 de marzo en varios países fue evidente con la toma simbólica de distintas ciudades emblemas de varios países, destacando en Sudamérica particularmente en Chile, donde una gran convocatoria tomó la ciudad de Santiago con una mega manifestación del feminismo quienes con diversas solicitudes hicieron visible el poder de la mujer.
En nuestro país, el motivo central es la ola de violencia que alcanza como nunca a las mujeres, que no todos son considerados legalmente como tal, sin embargo, además de lo que todo los días sufren referente algún tipo de acoso o abuso, en el transporte, en el trabajo, en las vialidades, en los parques, en el gimnasio, en las escuelas y hasta en sus propios hogares. Hechos como el brutal homicidio de Ingrid a manos de su pareja o recientemente el otro brutal caso de la niña Fátima, son una muestra de miles de mujeres que han sido violentadas y asesinadas de manera cobarde, con alevosía y ventaja, pero lo que profundiza el dolor es la insensibilidad del Gobierno a este horror criminal, pues como en el tan repudiado pasado, hoy siguen siendo un número más en las estadísticas sin esperanzas de justicia.
Los problemas del país son evidentes, claros y sin solución al corto y mediano plazo, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido fuertemente criticado y no es por omitir o por estar en contra de la defensa de la mujer, sino por el trato que le dio al tema, por mezclar y abusar del manejo político a los problemas que sí le quitan el sueño ante el evidente fracaso en materia económica, de seguridad y bienestar, sin duda el pretender ocultar o evadir la responsabilidad con el argumento de que es el neoliberalismo el responsable de todo y que movimientos como el de #UnDíaSinNosotras son sólo un instrumento de los conservadores para golpear su administración, al punto de acusar de posible conspiración de golpe de estado habla de la realidad del perfil de presidente en turno.
El presidente más insensible, conservador, autoritario, antidemocrático, centralista, totalitario, mentiroso y hasta machista parece estar asomándose como sombra desde Palacio Nacional, el que divide al país todos los días desde la plataforma de inquisición llamada mañanera, desde donde señala, promueve, veta, calumnia, divide, estigmatiza, violenta el marco legal y miente sistemáticamente, desde ahí Gobierna a través de la teoría de la conspiración, al mismo tiempo que justifica sus decisiones aunque estén por encima de la ley y desde donde también toma decisiones que parecen ocurrencias, como la rifa.
La manifestación del Domingo 8 y el gran paro nacional del 9 de marzo son sin duda uno de los primeros dardos que logran penetrar la barrera populista del presidente y hacer daño a la imagen y movimiento que representa el propio mandatario de cara a una elección.
Porque yo no culpo al presidente de lo que pasa, sino de lo que no está haciéndose ante ello, los índices de violencia y criminalidad en el país son estadísticas que se han comportado a la baja durante los últimos 13 años, sin embargo el presidente dijo conocer la situación y tener la solución, a pesar de que él dice un año ser poco para solucionar el estado de cosas en el país, un segundo año no parece pintar mejor y estaríamos hablando de una tercera parte de su mandato, si para el cierre de este 2020 no hay avances significativos y no maquillados, se habrá de confirmar el gran fracaso que representó la esperanza de México, que además tiene en riesgo al país por temas de salud, educación, el sector agrario y campesino, así como la destrucción interna de su partido, son el inicio de la verdadera prueba de fuego para el ejecutivo federal.
Mientras tanto, expreso toda mi solidaridad, agradecimiento y respeto a las mujeres con quienes todos los días trabajamos y condeno cualquier acto en contra de la integridad y humanidad de las mujeres.
Twitter: @FlavioMendozaMx
-Por Diego Morales Heredia
A punto de cumplir 109 años de existencia, el Atlas es uno de los equipos con más tradición en el futbol mexicano. A lo largo de su historia, el conjunto rojinegro ha sido reconocido por su futbol vistoso y ofensivo, por la formación de talentos en su academia y por su afición, acostumbrada al sufrimiento y la esperanza, conocida con orgullo como “La Fiel”.
Durante más de ocho décadas, el club fue manejado por una Asociación Civil integrada por empresarios destacados de Jalisco. Sin embargo, los problemas financieros, la falta de resultados y decisiones divididas obligaron a que en 2013 el equipo fuera vendido a Grupo Salinas.
Bajo el mando de la televisora, si bien el conjunto del Paradero retomó estabilidad financiera, el Atlas vivió una etapa de altibajos, marcada por constantes cambios de técnico, bajo rendimiento en la cancha y una creciente desconexión con su afición.
Durante la presidencia de Gustavo Guzmán, también se rompió el vínculo histórico con los socios, pues el primer equipo, fuerzas básicas y femenil dejaron de utilizar las sedes tradicionales de Colomos, Chapalita y Country, generando un vacío en la identidad atlista.
Para sorpresa de muchos, en 2019 se anunció un nuevo cambio de administración: Grupo Orlegi, encabezado por Alejandro Irarragorri, tomó el control del club. Con ellos llegó la modernización bajo el lema “infraestructura, estructura y procesos”. Y con ello, también, la gloria: los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 rompieron una sequía de más de 70 años sin campeonato de liga. Además, se consolidó la Academia AGA en Nextipac como símbolo del nuevo modelo formativo.
Hoy, a solo días de cumplir 109 años, Grupo Orlegi ha iniciado el proceso de venta del club, con el objetivo de cumplir las reglas de la Liga MX que prohíben la multipropiedad. La directiva ha optado por conservar a Santos Laguna, y poner al Atlas en el mercado por una cifra cercana a los 250 millones de dólares.
Y para “La Fiel”, vuelve la incertidumbre. La esperanza de que el legado rojinegro quede en buenas manos, que los colores, el escudo y la esencia del club no sean alterados. Serán meses largos, llenos de especulaciones, anhelos y miedo al cambio. Una vez más, los atlistas tienen su corazón en vilo.
¿Quién compra al Atlas?
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura, girar a la posición horizontal
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
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