ENTREVISTAS
No se pueden jerarquizar carpetas de investigación: Fiscal Gerardo de la Cruz
(Entrevista en el programa de radio Tela de Juicio)
Por Diego Morales //
Aun cuando hay temas mediáticos como el caso de “A toda máquina”, no se pueden jerarquizar las carpetas de investigación, pues deben respetar los debidos procesos, es la postura del Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, quien a la vez adelanta que el tema pudiera extenderse hasta por meses para dar los resultados que la sociedad espera.
“Nosotros quisiéramos poder hacer una jerarquización así como la sociedad lo haría, atendemos los asuntos que resultan más trascendentes, pero es algo que no se puede realizar”.
“Si nosotros jerarquizáramos escuchando las opiniones y voces de todo mundo, diríamos que el gobernador quiere que atendamos esto, el grupo de MORENA quiere estos otros, el PRI estos, el PAN esto otro, la sociedad quiere que se atienda otro”.
“La realidad es que no se puede hacer así, porque tenemos una obligación constitucional de investigar absolutamente todos los delitos que son de nuestra competencia, entonces por atender un asunto como el de Pensiones, de a toda máquina, dejamos de atender otros asuntos de menos interés estos pueden prescribir y podemos incurrir en una responsabilidad penal si por causa de una negligencia la acción penal se pierde, esto obliga a que se atienda todo”.
Entrevistado en los micrófonos del programa de radio “En Tela de Juicio”, Gerardo de la Cruz manifestó que se está trabajando en todos los temas que tienen en las carpetas de investigación, no solo en los temas mediáticos que han surgido durante los últimos meses.
“Lo que hemos hecho de manera interna es que hemos destinado de las cinco agencias del ministerio público que tenemos, hemos destinado dos para atender asuntos que consideramos relevantes, eso hace que estos agentes tengan una carga de trabajo inferior a lo que tienen el resto, con eso esperamos que fluya más rápido la investigación”.
“De cualquier manera, eso no quiere decir que tengamos un agente del ministerio público encargado de atender especialmente el asunto de a toda máquina , en realidad no tienen menos de 70 u 80 carpetas de investigación, quisiéramos que atendieran menos asuntos, los más trascendentes, pero esto no es posible así”.
Pregunta. En el caso de “A toda máquina”, son cuatro denuncias específicas, ¿cuál sería el estatus?
Respuesta. La primera que se presentó fue una denuncia del PRI que recibimos el 2 de abril de este año, inmediatamente el 5 de abril giramos algunos actos de investigación, después llegó el día 8 de abril una presentada por el PAN, dos días después se presentó una denuncia por MORENA, que son los actores políticos que llaman la atención, porque también se recibió alguna denuncia por un particular pero denunciándolo como tal, igual está sumado a la carpeta de investigación, que desde que se presentó la primera denuncia se realizaron una serie de actos de investigación, algunos han sido satisfechos, algunos han sido materia de recordatorios, después nos han dado información, en estos días se están generando actos de investigación pendientes a dar seguimiento a las primeras solicitudes que realizamos.
P. ¿Falta tiempo para poder determinar?
R. Sí, de entrada con independencia de muchas dependencias, también se solicitó intervención de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado, porque finalmente el proceso de licitación es administrativo, quien tiene que checar los procesos administrativos son la Contraloría y el auditor, quien en este momento está llevando el tema es la Contraloría, que está llevando una investigación, nos ha informado que una vez que concluya los trabajos nos remitirá la información, entonces nosotros en una línea de investigación continuaremos avanzando una vez que la Contraloría nos brinde esa información.
P. Y el comunicado que surgió de la Contraloría de que no había operaciones o irregularidades que sustentaran la necesidad de revocar el tema…
R. Lo que nosotros tenemos de manera oficial es que yo creo, no escuché específicamente esa declaración de la contralora, el sentido puede ser que en este momento aún no se encuentra nada que obligue a recomendar ese tipo de situaciones. La información que tenemos es que se llevan actos de investigación, procesos administrativos que no se han concluido, una vez que concluyan harán su balance y nos darán un informe que aún no tenemos.
P. ¿Qué margen de autonomía tiene la Fiscalía? Y qué hacer cuando el titular del ejecutivo descalifica las denuncias, diciendo que le dan risa, como el caso de “A toda máquina”.
R. No es una situación que deba poner contento al ejecutivo. Los comentarios no nos afectan de alguna manera, porque así como he escuchado eso, he escuchado decir que estamos trabajando a complacencia del ejecutivo y tampoco eso me molesta, es una interpretación que se le da desde un punto de visto particular de un enfoque político. No nos presiona ni una cosa ni otra, por eso llevamos a cabo una investigación normal y formal, porque no es con dedicatoria, no es que se trate que saquemos raja de esto, no se trata de eso, lo hacemos formal, cubriendo los requisitos de una investigación, cuando resulte algo entonces se informará. Lo que sí he comentado varias veces, nosotros lo que señalamos son conflictos de intereses, que no son un delito, por tanto tenemos que checar que el proceso se haya llevado de acuerdo a lo que establece la ley, si no se llevó así, entonces sí encontraremos un delito, pero el conflicto de intereses en esencia no es un delito, es algo que apenas se está proponiendo.
P. Si se corrobora el tema de relación de amistad con los actores que participan, no es un delito…
R. El solo hecho de confirmar una amistad no es un delito, debe verse confirmado en los procesos. El tráfico de influencias es una modalidad particular que no entra como tal, no se aplica en todos los ejercicios del servicio público, lo debemos ver como un ilícito, pero esto tiene que ver con cuestiones particulares, aquí se habla a título de otorgar directamente, no es propio de un proceso de licitación, tenemos que checar esa situación.
P. Que dos empresas se pongan de acuerdo y hagan como que participan en una licitación, ¿no se castiga tampoco?
R. Eso sí es un delito, se puede dar un delito cuando simulamos, pudiera ser inclusive que no compartan el mismo dueño ni los mismos socios, que simplemente se pongan de acuerdo para simular que compiten, encaminando para que uno de los que participan gane, es un delito que va en contra de la ley de competencia económica.
P. Aunque sabemos que los plazos no se dan, ¿hay un tiempo máximo para que entreguen los resultados de la investigación?
R. Desde luego que sí, los plazos tienen que ver con la transcripción de los delitos, los delitos prescriben en el término medio de la pena más una cuarta más, una fórmula que habría que calcular, desde luego hay reglas generales en el código penal que dice que ningún delito prescribe en menos de tres años, entonces sí son casos amplios. Se trata de un hecho que se denuncia prácticamente a escasos meses de haberse generado, hay casos que son amplios, en otros supuestos serán hechos que ocurrieron hace años. Todos esos factores se toman en consideración. Será cuestión de meses, meses sí puede durar.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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