OPINIÓN
Las dos patas cojas de AMLO
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Se ha llegado al primer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el hombre que llegó con la bandera de primeros los pobres y de la lucha contra la corrupción, cuyas acciones de gobierno las ha encaminado por esas pistas y que ha llevado a un debate y polarización del país cuando se cuestionan los programas sociales de regalar dinero y de concentrar sus grandes proyectos de infraestructura en el sureste mexicano que es la región más atrasada del país.
Por la Presidencia de México han pasado gobiernos de diversos colores y cada uno de sus abanderados han prometido traer la verdad en su palabra y la fórmula para resolver los problemas ancestrales y estructurales que vive México, la desigualdad con la pobreza, la corrupción y la inseguridad, como ejes para construir un mejor país.
Lo cierto es que nadie tiene la varita mágica, podrán tener las mejores intenciones de construir un mejor país, pero esos buenos propósitos quedan en el camino y la realidad que se plasma en la desigualdad, no lo han logrado ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón que fueron los dos primeros presidentes de la alternancia, después volvería el PRI con Enrique Peña Nieto, decepcionados los mexicanos de la inseguridad creciente que dejó los gobiernos de Acción Nacional, sin poder tener éxito en disminuir la pobreza. Con el regreso del PRI, la corrupción volvió a acentuarse, con los gobernadores del llamado “nuevo PRI” que resultaron más inmorales que los maestros que les antecedieron en la escuela tricolor.
LA APUESTA POR LA IZQUIERDA
Los mexicanos al no ver mejoras notables en sus vidas le apuestan por la izquierda y eligen a quien en dos ocasiones anteriores había intentado ser Presidente, quedándose muy cerca -la primera ante Felipe Calderón con menos de medio punto de ventaja-, y la segunda más alejado de Enrique Peña Nieto que resultó una decepción para tirios y troyanos, al ser catapultado por la inseguridad y la corrupción.
Llega a la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador con un amplio margen, el 53% de la votación, logrando además su partido tener mayoría en la Cámara de Diputados para poder impulsar sus reformas, mientras que en la Cámara de Senadores para sacar los proyectos se requiere negociar con la oposición.
Es el primer año del gobierno del Presidente López Obrador y si bien logró recuperar la confianza de millones de mexicanos, a este primero de diciembre llega con el 68% de apoyo ciudadano (de 78% con el respaldo como inició, perdiendo 10 puntos) de acuerdo a encuesta de Reforma publicada ayer domingo y el 31% lo desaprueba (de 18% como inició el gobierno), es un número alto de mexicanos que están con él.
LA SEGURIDAD Y LA ECONOMÍA
¿Por qué esa aprobación tan alta cuando los resultados de su gobierno son tan pobres, si comparamos los números de la economía con los tres presidentes que le antecedieron?
Seguramente los programas sociales es una de las respuestas y la comunicación efectiva que tiene con esa gente a través de las conferencias mañaneras, entre otros factores.
Dos temas torales de un gobierno son la economía y la seguridad. Si bien la economía no ha crecido, también es cierto que no existe crisis económica, se han cuidado los puntos clave de la macroeconomía (disciplina fiscal, inflación, no endeudamiento, el tipo de cambio) que ha generado estabilidad económica.
El país está inmerso en una recesión económica que indica cero crecimiento en estos primeros nueve meses), pero tenemos un peso fuerte, sin embargo se generó más empleo privado formal en el primer año de los dos anteriores gobiernos (502,329 con Calderón), (415,901 con Peña Nieto), y con López Obrador son 331,645.
En cuanto a la inversión extranjera, a México le fue bien en este primer año con 26,056 millones de dólares, contra 24,637 con Calderón y 28,234 con Peña Nieto. Son números muy similares de los tres, lo que nos indica que la confianza de los inversionistas extranjeros en el país no ha cambiado.
La meta de crecimiento sexenal de López Obrador es del 4%, en este primer año no cumplió ya que en los nueve meses del 2019 la economía no creció (0.03 del PIB), mientras que en el primer año del gobierno de Calderón fue de +2.20% y en el de Peña Nieto de +1.77%.
LA SEGURIDAD DE MAL EN PEOR
Y en el otro tema que representa el principal problema del país es la inseguridad y violencia. Los mensajes de amor y paz del Presidente sureño no han sido efectivos y no han permeado en el ánimo de los criminales que siguen matando gente, ya que diariamente son asesinados un promedio de 95 personas en el país y al terminar el año la cifra alcanzará los 35 mil homicidios y que contrasta con los crímenes en estos primeros diez meses (de enero a octubre) con los registrados en el mismo periodo en los gobiernos de Calderón (8,530) y de Peña Nieto (15,220) y López Obrador (24,484).
Si analizamos en este primer año los resultados en estos dos campos de la vida de México que constituyen las dos principales patas de una mesa, (economía y seguridad) el gobierno del Presidente López Obrador queda a deber. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una es la narrativa y el discurso del cambio, pero otra es la realidad.
Los pueblos no cambian de la noche a la mañana. La inseguridad que vivimos, nos queda claro, no nació en un año, es de décadas, pero lo cierto es que las estrategias instrumentadas han sido un fracaso.
El Presidente López Obrador nos pide un año más para dar resultados, cuando nos dice que “todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”. Pues, esperemos.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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