OPINIÓN
Más que solo cablecitos
Columna Comuna México, por Benjamín Mora //
En México, tenemos retos que me recuerdan a la Hidra de Lerna que al aplastarle una cabeza surgía ndos más. Los retos de México no se resolverán por un gobierno que todo lo haga: Construir aeropuertos, refinerías y meterse de telefonista. Eso es más que ingenuo.
Recién conocimos la respuesta de Carlos Slim a Andrés Manuel López Obrador cuando éste criticó a las empresas telefónicas de no llevar su servicio a los pueblos más apartados de México por no serles rentable, aclarándole que el reto era un asunto que va más allá de cables y fibra óptica… El presidente, fiel a su estilo, había amenazado con crear una empresa del Estado mexicano que cubriría tal faltante de servicio telefónico e internet.
La ingenuidad, a veces nos impulsa a decir o hacer cosas que nos exhiben como ignorantes o temerarios.
Pero vayamos deshojando la margarita, diría mi tía Amelia.
De acuerdo con Sylvia Schmelkes del Valle, siendo consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 5.5 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de entre 3 y 17 años no asisten a la escuela. Por otra parte, los servicios públicos de salud son altamente desiguales en su financiamiento, costos, cobertura y efectividad, pues aun con la muy alta cobertura de los servicios por instituciones públicas, aún es insuficiente por los tiempos de espera y de satisfacción de los pacientes. Estos son dos retos que deben resolverse antes, mucho antes, de meterse de incursionar en lo desconocido.
Reflexionemos…
Cuando Andrés Manuel López Obrador buscó “el perdón y olvido” para quienes habían cobrado miles de vidas, millones de voces se alzaron para proclamar “Perdón después de la justicia” y las consultas públicas se detuvieron antes del tiempo establecido. Este fue un primer ejemplo de la ingenuidad del actual gobierno, como lo fue creer que la violencia se terminaría con solo llegar al gobierno y declararse a favor de los abrazos y no de los balazos.
En México, miles de delincuentes salen libres por ser primodelincuentes gracias a la ingenuidad de la autoridad judicial. Lo que nadie nos ha sabido explicar es cómo la autoridad identifica a quienes en verdad delinquen por primera vez de quienes lo han hecho antes y dan nombres falsos, argumentando no tener acta de nacimiento, cada vez que se les arresta y llevan a juicio, para alcanzar su libertad casi de inmediato.
Esto tan simple y evidente debe resolverse para cumplir con una de las obligaciones fundamentales del Estado mexicano y del gobierno de la República: Dar garantías de seguridad a los ciudadanos frente a quienes asumen que pueden, sin castigo, agredirles, robarles, extorsionarles, secuestrarles, asesinarles…
Bien dice el pueblo sabio: Primero justicia, después perdón.
En México, existen decenas de miles de actas de nacimiento, matrimonio y defunción con nombres equivocados/falsos por haberse transcrito con errores de los libros originales a los sistemas digitales. Conozco casos en los que, a personas con varios nombres, les eliminaron alguno de ellos; otros en los que se cambió una S por una Z, o en los que se cambió un apellido por otro. Lo mismo pasó con las CURP.
La explicación es simple: No se contrató a quienes debían por sus niveles de conocimiento gramatical y capacidad de comprensión de lectura. Tampoco se contrató a la empresa capaz de hacerlo bien ni hubo supervisión de la autoridad. Aquí hay un caso que debe abrirse, revisarse y arreglarse, además de hacerse cargos administrativos y económicos.
Son miles de mexicanos y mexicanas que, ante el gobierno, no son quienes creyeron ser. Son miles de hombres y mujeres a quienes todo trámite se les complica. Son miles que no son los mismos que terminaron la escuela primaria y luego concluyeron la secundaria pues en ambos casos los nombres son distintos; o que no están casados con quienes creyeron estarlo; o no que son iguales a quienes aparecen en sus licencias de manejo, pasaportes o credenciales de elector, por tanto, no serán quienes sean llevados a su última morada. No son quienes tramitan su pensión ante el IMSS. No son quienes dejarán alguna herencia a sus familiares pues quienes reconoce y ama no son los mismos que aparecen en los registros del gobierno.
¡Esto está de locura y estos sí son problemas a resolver y no si una refinería cuesta más de lo planeado y el gobierno decide construirla!
Pero hay más en estos desordenes registrales en los que el gobierno interviene o impulsa. Resulta que, con la modernización de los bancos y a partir de este año, para hacer cualquier cambio en la información del banco o de los beneficiarios en nuestras cuentas bancarias, se exige presentar la credencial de electores a modo de identificación y que alguna huella de alguno de nuestros dedos sea aceptada por uno de los lectores electrónicos que tienen los bancos, pero también resulta que el sistema NO acepta todas las credenciales que emitió el Instituto Federal de Electores y, por lo tanto, el proceso se detiene a menos que se presenten licencia de manejo y pasaporte o cédula profesional. Pregunto ¿Cuántos mexicanos y mexicanas cuentan con licencia de manejo, pasaporte y cédula profesional? La respuesta es obvia.
Por todo lo expuesto –que me tiene impactado- resulta imposible pensar en que, en algún momento futuro, al iniciar cualquier trámite en que se requiera de credencial de electores, acta de nacimiento, acta de matrimonio, CURP, constancia de estudios, pasaporte o licencia de manejo, baste la anuencia del interesado para acceder a tales documentos oficiales sin necesidad de presentar el original y copia simple, simplificando todo trámite y registrando tales trámites.
Pareciéramos condenados a vivir en la ineptitud gubernamental que no se atreve a cambiar de fondo.
Los gobiernos NO pueden manejarse como si fueran en piloto automático. Si el actual gobierno quiere, verdaderamente quiere, poner en orden la casa, deberá empezar por las cosas simples pero importantes y trascendentes.
Pero quizá el más ingenuo sea yo y nada llegue a cambiar.
E-mail: comunamexico@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 804: Lo piden los expertos: Una nueva Corte de Justicia sin extremos ideológicos
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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