OPINIÓN
La estrategia fallida de seguridad en Jalisco
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
La violencia y la inseguridad golpean sin misericordia a Jalisco ante un gobierno que parece un saco de boxeo que sólo recibe golpes sin tener capacidad de respuesta.
Durante la semana pasada dos sucesos se registraron que tuvieron impacto nacional e internacional. El secuestro masivo el pasado 18 de julio a la luz del día en Puerto Vallarta de un grupo de veinte turistas proveniente de la ciudad de León, Guanajuato, falleciendo un empresario ante las balas de los criminales, hecho que se convirtió en noticia internacional. El Diario Reforma el pasado sábado la destacó como nota principal en su portada.
Y ayer domingo, a través de redes sociales nos enteramos que el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, Alberto Alfaro García, fue atacado a balazos en uno de los restaurantes más aclientados y prestigiados de la capital jalisciense ubicado por la Avenida Niños Héroes. Por fortuna el joven edil salvó la vida al recibir dos proyectiles en una pierna y en un brazo.
EL VALLARTAZO
Sobre el llamado “Vallartazo”, la Fiscalía de Jalisco había guardado absoluto silencio y hasta que el secuestro alcanzó a la opinión pública con la circulación de audios y videos, salió el Fiscal Gerardo Octavio Solís a presentar su posición sobre el particular, aclarando que como no existe denuncia sobre estas desapariciones ni en Jalisco, ni en Guanajuato, no podían intervenir, a excepción de la persona que fue asesinada y que formaba parte de este grupo, lo que sí están atendiendo.
El secuestro masivo perpetrado en Puerto Vallarta al parecer es autoría del cártel más poderoso del Occidente del país, trascendió que la mayoría de los levantados fueron dejados en libertad días después, aunque cuatro seguían retenidos.
JALISCO, LÍDER EN FOSAS Y DESAPARECIDOS
Estos hechos delictivos se registran en el contexto de la alta violencia que vive Jalisco, con más de 400 cuerpos que se han descubierto en el último año y medio en fosas clandestinas, lapso en el cual está al frente del gobierno Jalisco el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez.
Sin embargo, para nuestras autoridades estatales, Jalisco va bien en seguridad, conforme Alfaro lo viene presumiendo en los videos de redes sociales con número y estadísticas que pretenden convencernos que sus acciones y estrategias están dando resultados, destacando que los delitos patrimoniales se han reducido hasta en un 25%, que bien puede ser real, pero no por producto de las estrategias y acciones de su gobierno, sino derivado del confinamiento y disminución a la movilidad en el Estado como medida para acotar la epidemia del COVID19.
Afirma el Gobierno de Jalisco que los secuestros han bajado, que en 2015 fueron 37 y que entre enero y febrero van 3, sin embargo hay 445 casos denunciados de la privación ilegal de la libertad, o sea los llamados levantones, por lo que tendríamos cientos de casos más. Puede ser un asunto de terminología, pero lo real es que 445 personas han sido levantados al margen de la ley. ¿O cómo debemos llamarles?
Jalisco, lamentablemente, está en los primeros lugares nacionales de desapariciones, de cadáveres encontrados en fosas clandestinas. ¿Cómo se puede hablar así de paz y tranquilidad?
LA REESTRUCTURACIÓN OBLIGADA
Dicen que en el círculo cercano el Gobernador Alfaro acepta que la seguridad de Jalisco está en crisis, lo que lo trae muy estresado por lo que requiere el apoyo del Gobierno Federal, porque lo cierto es que los grupos criminales lo aplastan cuando se lo proponen, como es el caso de este accionar en Puerto Vallarta, donde ni las manos metieron los de seguridad del Ayuntamiento.
Alfaro el Gobernador ha dejado en claro que los cambios no los hará en atención a los periodicazos y lo que comenten los opinólogos y que entre más lo critiquen, más se sentará en su macho. Su ego y autoestima debe ser muy grande.
Si Alfaro es terco, más terca es la realidad y tarde o temprano tendrá que aceptar el desastre que existe en Jalisco en el campo de seguridad y que esta área requiere un cambio de fondo, por un lado requiere el apoyo del Presidente y del Gobierno Federal, y por otro, el tener un equipo de colaboradores eficaz, que le de resultados.
La salida del doctor Macedonio Tamez, fue una aceptación tácita que la Coordinación del Gabinete de Seguridad fue un fracaso, aunque por un tema de egocentrismo difícilmente el titular del Poder Ejecutivo públicamente lo aceptará.
La señal del inicio de la reestructuración y la señal de que está dispuesto a rectificar será cuando anuncie la salida del Fiscal Gerardo Octavio Solís. Todo mundo dice que este funcionario debe de irse. Tendrá que repetirse hechos tan sonados como los levantones en Puerto Vallarta o de otras regiones del Estado o que todos los días se presenten manifestaciones de familiares de desaparecidos en Casa Jalisco para que este señor abra los ojos y acepte la triste y dolorosa realidad que hay una estrategia fallida del Estado para ofrecer seguridad a los jaliscienses.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
