Entre el descuento y el agua turbia

Por Iván Arrazola

Siempre existe el riesgo de que un problema público termine por enredarse todavía más cuando no queda claro cuál es el objetivo de las decisiones que se toman para resolverlo. Eso parece estar ocurriendo con la crisis provocada por el agua turbia que reciben habitantes de distintas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.

Ante las crecientes quejas ciudadanas, el Congreso del Estado de Jalisco decidió aprobar una medida que, en principio, parece lógica: aplicar un descuento del 80 por ciento en el consumo de agua potable a los usuarios afectados por problemas en la calidad del suministro. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y representa, en los hechos, el reconocimiento de que existe una falla en la prestación del servicio.

El principio parece sencillo: si una persona no recibe agua en condiciones adecuadas, no debería pagar como si estuviera recibiendo un servicio de calidad. Además, las familias afectadas terminan absorbiendo costos adicionales: compran garrafones, instalan filtros, limpian tinacos y cisternas o buscan alternativas para realizar actividades cotidianas.

Hasta ahí, la medida resulta comprensible. El problema comenzó cuando fue necesario responder una pregunta elemental: ¿cuántas colonias están realmente afectadas? Y es aquí donde una solución aparentemente sencilla comenzó a exhibir problemas mucho más profundos.

Inicialmente, se estableció que 203 colonias recibirían automáticamente el descuento: 80 en Guadalajara, 92 en Zapopan, 22 en Tlaquepaque y solamente nueve en Tonalá. Sin embargo, prácticamente desde que se conoció el listado comenzaron las inconformidades.

Desde Tlaquepaque, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, cuestionó la metodología utilizada y sostuvo que más de 160 colonias de su municipio con problemas de calidad o abastecimiento quedaron fuera del beneficio. El cuestionamiento fue todavía más amplio desde Tonalá. La diputada local Marta Arizmendi señaló que deberían incorporarse hasta 263 colonias y criticó que solamente nueve fueran reconocidas inicialmente.

De pronto, el debate dejó de ser únicamente sobre el agua. Un asunto que debería resolverse fundamentalmente mediante criterios técnicos comenzó a trasladarse al terreno político. Desde Morena se cuestionó que alrededor del 84 por ciento de las colonias inicialmente beneficiadas se encuentren en Guadalajara y Zapopan, municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, mientras Tlaquepaque y Tonalá, gobernados por Morena, concentren muchas menos.

Pero esta controversia deja al descubierto algo todavía más preocupante: las instituciones responsables del agua aparentemente no cuentan con un diagnóstico suficientemente preciso sobre la magnitud del problema.

El SIAPA es el organismo responsable de prestar el servicio. A su alrededor existen también la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Estatal del Agua. A pesar de ello, para identificar las colonias afectadas se ha tenido que recurrir a las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los reportes de los municipios y ahora, incluso, a nuevas denuncias de los ciudadanos que buscan demostrar que también reciben agua turbia.

Esto conduce a una pregunta inevitable: ¿cómo puede resolverse un problema si las propias instituciones responsables no pueden determinar con precisión dónde se encuentra? El ciudadano no debería tener que demostrarle al organismo operador que el agua que recibe del propio organismo está llegando en malas condiciones. El SIAPA tendría que contar con sistemas de monitoreo suficientes para conocer dónde existe una afectación, desde cuándo, cuál es su magnitud y cuántos usuarios están involucrados.

Pero existe una contradicción adicional. Precisamente cuando el SIAPA necesita mayores recursos para enfrentar la crisis, mejorar la potabilización, sustituir infraestructura y atender una red que presenta problemas importantes, la decisión adoptada implica reducir considerablemente sus ingresos.

El organismo recaudador estimó que los descuentos podrían representar alrededor de 120 millones de pesos mensuales y hasta 400 millones en aproximadamente tres meses. Y la cantidad podría aumentar conforme se incorporen nuevas colonias.

Resolver el problema requiere algo mucho más complejo y menos rentable políticamente: invertir en infraestructura, aumentar la capacidad de potabilización, renovar redes, mejorar los sistemas de monitoreo, transparentar la calidad del agua colonia por colonia, fortalecer financieramente al organismo y establecer responsabilidades y plazos concretos para corregir las fallas.

El descuento puede formar parte de una política de compensación mientras se resuelve la emergencia, pero no debería convertirse en sustituto de la solución. Porque existe una manera muy sencilla de evaluar si la estrategia está funcionando. Dentro de algunos meses no deberíamos preguntarnos cuántas colonias nuevas consiguieron incorporarse al descuento del 80 por ciento. La pregunta debería ser cuántas colonias dejaron de necesitarlo porque volvieron a recibir agua suficiente y de calidad.

Los problemas públicos difícilmente se solucionan cuando cada institución responde únicamente a la presión inmediata que tiene enfrente: el Congreso aprobando descuentos, los municipios exigiendo incorporar colonias, los partidos disputando responsabilidades y el organismo operador tratando de administrar una crisis con menos recursos. Porque cuando no se tiene claro qué problema se quiere resolver, hasta una medida bien intencionada puede terminar complicándolo todavía más.