ENTREVISTAS
«Mi Transporte» a baja velocidad: El modelo ruta-empresa se ha visto frenado
Por Raúl Cantú //
“Difícilmente podrá cumplirse con el compromiso del gobernador Enrique Alfaro de renovación del transporte público para el mes de diciembre con el nuevo modelo “Mi Transporte” (Modelo Ruta-Empresa), ya que éste camina muy lento al encontrarse inconvenientes técnicos, principalmente en lo relacionado con los instrumentos para hacer el pago a través de la tarjeta del pre-pago, ya que las empresas contratadas no han podido hacerlo.
“Sí avanza lento porque aún existen resabios de los particulares que se niegan a perder su estatus de dueño de su propio destino y con recuerdos de pasadas glorias que les impiden integrarse de manera rápida y, la otra, es sin duda la situación financiera de varios que no pueden hacer una inversión grande para mejorar sus camiones de la noche a la mañana”, afirma el entrevistado.
“Tendrá que establecerse otra fecha, lo importante es que el programa no se detenga y se complete lo antes posible”, considera el Secretario General encargado del despacho de la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM), Juan Huerta Peres.
“Hoy el principal problema que se enfrenta en la Zona Metropolitana de Guadalajara es la falta de servicio del transporte, es la queja de los usuarios, conforme a los estudios realizados por los transportistas, cuando buscan trasladarse a su trabajo o a la escuela, el transporte se tarda más en pasar”, apunta el Secretario General Sustituto encargado del despacho de la FTJ.
Otro punto que frena el programa de mejoramiento del transporte público es el congelamiento a la tarifa del transporte que se registró durante el pasado gobierno, ya que el aumento que autorizó el actual gobierno que encabeza el ingeniero Enrique Alfaro, no es suficiente, considerando el rezago que se ha tenido.
“La tarifa de 9.50 esos es un paso como inicio para irse adecuando al costo anual, esta tarifa es del año pasado, es decir que ahora ya se debería haber hecho un ajuste por las alzas al combustible y refacciones, además de otros gastos. Recordemos que el precio más alto de un servicio es cuando hay pocos que lo ofrecen o cuando no hay quien lo dé”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. ¿Qué opinas sobre el programa de reestructuración del transporte que impulsa el gobierno del Estado?
Respuesta. El problema del transporte público en Jalisco se viene arrastrando desde hace varios años, como un verdadero nudo gordiano por tantos intereses que participan en este fundamental servicio a la comunidad. El modelo que está proponiendo el actual gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez es la solución al problema, pues es el resultado de todos los estudios y propuestas para acabar con esta complicación, es decir, que es el mejor camino hasta ahorita por donde podemos transitar para lograr estar dentro de la modernidad del transporte público con niveles internacionales, tal como corresponde a una zona metropolitana como la de Guadalajara, con ciudades turísticas como Puerto Vallarta o ciudades medias con alto potencial de desarrollo como las del interior del estado.
P. El pasado gobierno encabezado por Aristóteles Sandoval luchó por reestructurar el transporte público, ideó el Modelo Ruta-Empresa, pero pocos avances se lograron.
– ¿Qué fue lo que les falló?
R. Como decía al principio, en el pasado se tenía un modelo que tuvo su esplendor como hombre-camión donde las concesiones del transporte se le daban a una persona para que con su buena administración y como fruto de su esfuerzo propio lograra grandes ingresos. En su momento se pudo tener una buena flota de camiones nuevos que daban un excelente servicio, sin embargo esto no evolucionó para adecuarse a los tiempos modernos; el mismo crecimiento de las ciudades y de la población creo problemas que antes no existían, donde los casos más dramáticos de muertes y lesiones a toda clase de personas provocó una mala imagen para los integrantes del transporte público en Jalisco.
El modelo de la ruta empresa fue ideado para acabar con varios de los problemas que muestran la mayoría de los efectos negativos que señalamos, por ejemplo; como personas independientes, cada dueño de camión le exigía mejores resultados económicos a los choferes, quienes ganaban su salario más una comisión del boletaje, provocando las famosas corretizas y competencias por el pasaje.
La ruta empresa propone que estas concesiones sean ahora precisamente administradas por empresas de acuerdo a las rutas y servicio prestado, mejorando sustancialmente en prestaciones, sueldos y tiempos de trabajo de los choferes que, entre paréntesis, la mayoría son agremiados de la CTM Jalisco.
Señalas que hubo pocos avances y preguntas ¿qué falló? La respuesta es que la verdad esta acción fue un parteaguas y el inicio para cambiar la inercia del transporte de varias décadas y como cualquier cambio complejo, siempre tiene sus detractores, gente a la que se le afecta en sus intereses y, al pasado gobierno, le faltó tiempo para hacer los acuerdos y convencer a todos los participantes de sus bondades.
P. El anterior gobierno congeló la tarifa del transporte público, con el argumento de que los transportistas no mejoraban el servicio. ¿Fue acertada la decisión o fue un error?
R. Como central obrera la FTJ representa los intereses de todos su afiliados donde hay sindicatos de todas los oficios y obviamente el gasto en transporte es alto, para muchas personas fue grato escuchar que se condicionaba el aumento a una mejora. Sin embargo, los conductores del transporte público también son nuestros representados y tomaron como un reto para el cambio y mejora, el poder cumplir con los requerimientos que se les exigía para poder mejorar la tarifa. Apenas se iniciaba el alza en los precios de la canasta básica, por lo que haciendo un esfuerzo algunos decidieron integrarse de inmediato a la oferta del gobierno.
EN RIESGO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
P. ¿Qué consecuencias tiene el que no se modifique la tarifa y que no haya aumento?
R. De la fecha en que se propuso el cambio para integrarse a la ruta empresa al día de hoy han pasado varios años y ahora, los transportistas inversionistas, están en un verdadero aprieto financiero, ya que si no se modifica a la alza la tarifa corremos el riesgo de detener el servicio por falta de unidades, ahora hay muchos camiones descompuestos, viejos, en malas condiciones por falta de inversión.
El principal problema de que se quejan ahora los usuarios -según estudios realizados por los transportistas- es la falta de servicio, de que puedan trasladarse a sus trabajos, estudios o lugar a donde vayan en un tiempo razonable.
P. ¿Qué opinas de la tarifa autorizada para los transportistas que acepten formar parte de la empresa Ruta-Empresa de $ 9.50 pesos? ¿Es la adecuada?
R. Sí, esto como inicio para irse adecuando al costo anual, según se autorizó, esta tarifa es del año pasado, es decir que ahora ya se debería haber hecho un ajuste por las alzas al combustible y refacciones, además de otros gastos. Recordemos que el precio más alto de un servicio es cuando hay pocos que lo ofrecen o cuando no hay quien lo dé.
P. ¿Qué beneficios han recibido los trabajadores (choferes y operadores) con el modelo Ruta Empresa (Hoy Mi transporte)?
R. Son varios, entre otros, ajustes a la alta con salario digno y no condicionado al boletaje, la capacitación que como empresa se les ofrece a sus empleados, así como la evaluación de sus centros de trabajo para que existan mejores sitios para su descanso e instalaciones dignas como los baños. Pero sobre todo la baja en el estrés de poder dedicarse a conducir sin tener que jugar carreras por el pasaje o por estar cobrando al mismo tiempo.
P. ¿Están en la ruta correcta el Modelo Ruta-Empresa…porque este esfuerzo por mejorar el transporte avanza tan lento?
R. Sí avanza lento porque aún existen resabios de los particulares que se niegan a perder su estatus de dueño de su propio destino y con recuerdos de pasadas glorias que les impiden integrarse de manera rápida y, la otra, es sin duda la situación financiera de varios que no pueden hacer una inversión grande para mejorar sus camiones de la noche a la mañana.
P. Logrará el Gobernador cumplir con su compromiso asumido de tener al 100% el programa Ruta- Empresa para el mes próximo de diciembre, apenas llevan el 20% del total de las rutas…falta 80% y estamos en el noveno mes.
R. Como bien señalas vamos muy lentos a pesar de los buenos deseos del gobierno por cumplir, pero desgraciadamente existen inconvenientes técnicos en lo referente a los instrumentos para hacer el pago a través de la tarjeta de prepago, que las empresas contratadas no han podido hacer las entregas en tiempo y forma, por lo que se viene difiriendo el tiempo de entrega.
Considero que se sumarán las que más se puedan en este año y las demás tendrán otra fecha para integrarse, lo importante aquí es que no se detenga el programa y se complete lo antes posible.
P. ¿La FTJ, hasta qué punto es aliado del gobierno del estado en este programa del mejoramiento del transporte?
R. Cuando existe un interés social por tener un servicio de primera necesidad como el transporte público, la CTM Jalisco siempre estará para poner su aportación y seguramente, como hasta ahora, estaremos vigilando que las cosas se realicen de la mejor manera posible. En este caso, es una petición directa de nuestra central obrera para el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez el poder ser parte importante en este proceso, entendemos que la unión hace la fuerza; así con la ayuda de todos, ¡Sin duda lo lograremos!
P. ¿Se puede mejorar el transporte público?
R. Todo en la vida es perfectible… Lo que se mide se puede mejorar y, en el caso del transporte público ya existen los mecanismos de estadística, proyectiva y rendimiento de cuentas que podrían estar dando luz a este problema y su grado de avance, según los objetivos planteados, que no pueden ser otros, que subirnos a la modernidad y buscar estar en los primeros lugares a nivel nacional e internacional. ¡Sí podemos! El programa de Mi Transporte ya está planteado, ahora falta que todos los actores en este proceso pongamos nuestro grano de arena.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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