OPINIÓN
Hugo López Gatell y su complejo escenario
Metástasis, por Flavio Mendoza //
La crisis sanitaria en México ha provocado lo que parece ser el inicio de una crisis de gobierno, además de la que ya se comienza a sentir con contundencia la crisis económica, pero aunque parece que la primera es la culpable de las demás, hay que observar la agudización de las consecuencias que derivan de las acciones previas a que se conociera esta pandemia que enfrenta hoy el mundo.
El manejo de la crisis sanitaria en nuestro país se dejó en manos de los expertos en la materia, de un equipo de profesionales epidemiólogos y científicos, para dejar fuera a los políticos de este asunto, lo que parece ser contraproducente, pero no precisamente porque lo estén haciendo mal los expertos.
El presiente Andrés Manuel López Obrador dejó toda la estrategia para enfrentar la pandemia al doctor Hugo López Gatell, hoy más conocido que dos terceras partes de su gabinete, incluido el secretario de Salud, sin embargo, literalmente dejó todo lo relacionado a la pandemia en manos del subsecretario López Gatell, quien ha tenido incluso sortear políticamente asuntos con gobernadores y medios de comunicación, combinando lo científico con lo político, pero hoy está en entredicho su trayectoria y experiencia medica por atender lo político.
Primero fue el formato, pues el presidente le creo su propio show al médico para que fuera por la tarde y no el suyo de la mañanera, donde todos los días se informa sobre los avances de la pandemia y la estrategia que se sigue, pero con la posibilidad, innecesaria, de cuestionar al experto con limitadas facultades sobre decisiones en políticas públicas, pero se cree y hasta justifica con el derecho a la información. Lo que sin dudas le ha traído fuertes confrontaciones a López Gatell, pues ha caído en innumerables contradicciones y hasta en posible falsedad de información.
Siguió la confrontación social y del sector salud, por las pésimas condiciones en las que labora el personal de salud quienes atienden los casos por Covid-19, así como los riesgos que corren los derechohabientes y personal laboral.
Luego la confrontación, desde el inicio de las medidas sanitarias al tener que ajustar éstas a la agenda del Presidente quien se negaba y hasta invitaba a seguir las actividades normales, una gran parte de gobernadores implementó en sus estados antes que la federación las medidas de aislamiento y suspensión de actividades como las escolares, pero no todo terminó ahí.
Hechos que llegaron a contradecir las estadísticas que presenta el Dr. HLG sobre el número de infectados y las muertes por cada entidad, como el caso del gobernador de Baja California, quien literalmente les llama ineptos y mentirosos. Otros gobernadores han manifestado su descontento con la estrategia sanitaria, desmintiendo a los funcionarios federales y notificando sobre el regreso del equipo de muy baja calidad para el personal de salud, como el caso del gobernador Silvano Aureoles, así como el de Jalisco quien hace una comparación brutal entre los equipos para el personal médico y de salud para la atención a posibles enfermos por Coronavirus.
Y lo más reciente, el llamado de Tv Azteca a dejar de hacer caso al especialista, un extraño movimiento de la televisora cuyo dueño ha sido un gran beneficiado por la 4T y AMLO, quien salió a la defensa del conductor de noticias, a quien llamó su amigo y pidió no lincharlo en redes sociales.
Sin duda un hecho también que merece ser analizado con detenimiento, porque el presidente dejó de “trabajar” por grabar un mensaje que le salve efectivamente del linchamiento al conductor estelar de noticias de la televisora, pero que días antes promovió el linchamiento de una artista, un deportista y un cómico, quienes no estaban de acuerdo en cómo se tomaban las medidas para atacar el problema sanitario o simplemente promovían el apoyo ciudadano al sector médico quienes parecen enfrentar el problema solos y sin instrumentos.
López Getell enfrenta quizá uno de los momentos más complicados en su trayectoria, sin embargo, lejos de poder reclamarle o escatimar el respaldo con base en su trayectoria, todos los días se desacredita y mete en problemas por el estilo de la 4T, lo que puede terminar con su trayectoria en el servicio público de primer nivel para el sector salud, principalmente su ética profesional que hoy la deja de lado para cumplir los caprichos del titular del ejecutivo.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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