ENTREVISTAS
Alfredo Barba Mariscal se opone al aumento para funcionarios de primer nivel en Tlaquepaque
Por Diego Morales //
El presupuesto que aprobaron en San Pedro Tlaquepaque está para revisarse, pues no está acorde ni a las necesidades del municipio, ni a las expectativas de la sociedad, es la denuncia que hace el regidor Alfredo Barba Mariscal, quien señala, entre otras cosas, el aumento de salarios injustificado a funcionarios de primer nivel.
El regidor priista advierte que es normal que cada año hagan aumento a los trabajadores de base, que son los que dan la cara por el municipio, pero lo singular de este año es que los aumentos es para los de primer nivel.
“De acuerdo a la voz del tesorero ellos establecen que habrá un incremento de alrededor del 4 por ciento, que no se ve reflejado en el presupuesto, es lo que nos brinca, ¿cuál es la prisa si hay tiempo para aprobar el presupuesto?, el día de la comisión se nos entregó el disco, establecían que solo había dos movimientos, pero a la hora que nos entregan la documentación y la revisamos, me doy cuenta que hay incrementos en el secretario general, en el coordinador de servicios generales, en el director de departamento de atención ciudadana, con el director de servicios médicos”.
AUMENTO DEL MÁS DEL 20%
Entrevistado en los micrófonos del programa En Tela de Juicio, Alfredo Barba expresó que estos aumentos son injustificados, y que se aprobaron de manera amañada, en sesiones donde no tienen acceso la sociedad y los medios de comunicación.
“Ellos establecen que es un incremento de alrededor del 10 por ciento, pero alrededor es que es mucho más. El secretario del ayuntamiento en el 2018 ganaba 70 mil pesos, en el 2019 ganaba 72 mil pesos, hoy va a ganar 85 mil pesos, están subiéndole 13 mil pesos, si sacas el porcentaje no es el 10 por ciento, es más del 20 por ciento y así en todos los casos. El hermano de la regidora que es el coordinador general de servicios municipales ganaba 55 mil pesos, se va hasta 64 mil pesos”.
LA ENTREVISTA
Pregunta. Cuando se hablaba de salarios, era para la base, los de arriba tratar de apretarse el cinturón…
Respuesta. Por ejemplo el director de aseo público, en 2018 ganaba 29 mil pesos, en el 2019 le subieron a 40 mil 300, en 2020 le subirán a 52 mil pesos. El director de servicios médicos gana lo mismo. Obviamente la responsabilidad que tiene un director de servicios médicos que tiene un funcionario de aseo público es mucho muy amplia para que el sueldo esté en esa igualdad. Pero lo peor de esto, que los doctores, los enfermeros, los trabajadores de base de servicios médicos tienen 5 años solicitando una homologación de su salario de acuerdo a lo que ganan los doctores y enfermeros de la Zona Metropolitana, siempre la respuesta ha sido no hay dinero, hemos exigido que se les de su salario integrado, hoy se despachan con la cuchara grande con estos funcionarios, entonces dices, ¿no que no hay dinero.
P. ¿Qué diferencia encuentra a cuando dejó el gobierno?
R. En el 2015 que fue mi último año de administración, dejo el municipio con un presupuesto de mil 584 millones de pesos. Hoy el presupuesto para el 2020 que se aprobó será de 2 mil 157 millones, han incrementado el presupuesto en 5 años, pero aquí lo interesante es que en 2015 de ese presupuesto se destinaba para servicios personales o para nómina solo el 58 por ciento del presupuesto, 920 millones de pesos para pagar a todos los trabajadores, ella dice hoy en día que es el municipio con mejores finanzas, que por esa situación hoy nada más se utiliza menos dinero del presupuesto para pagar nómina en toda la historia del municipio, en el 2018 usaban el 61 por ciento del presupuesto, en 2019 el 60.50 por ciento del presupuesto, hoy en día, para 2020 van a utilizar para servicios personales y salarios mil 276 millones que es el 59 por ciento.
P. Hay una ley de austeridad, ahorro y gasto público. ¿Qué hay con esto?
R. Se está analizando para hacer impugnaciones, esto está aprobado en comisiones, todas las sesiones cuando son temas medio complicados, para que no haya medios, las hacen en la noche, nos citan 7 u 8 de la noche, es para que pase y no salga en medios, se le complique a las fuentes de comunicación poder asistir a cubrir la sesión. Creo que es muy fácil decirlo, expresarlo, pero los números son claros, sí está de revisarse y preocuparse, porque es un presupuesto que no está acorde ni a las necesidades del municipio, ni a las necesidades de la sociedad.
P. ¿Complicado el tema cuando no se dialoga?
R. Sí, complicado, porque entiendo la política como un instrumento para generar beneficios hacia la sociedad, donde haya acuerdos, es normal, no todos vamos a pensar igual, ellos tendrán su postura y la oposición en su momento tendrá nuestra postura. Yo no vengo a esta administración a ponerle piedritas como se ha venido diciendo.
P. Ha estado tranquilo como oposición este año…
R. No he estado tranquilo, pero no me ando promoviendo en medios. Lo establecí bien claro, vengo a competir para la presidencia municipal, no obtuve la confianza ciudadana y estoy como regidor, pero iba a aportar lo que estuviera en mis posibilidades para que hubiera una buena administración y la ciudad tuviera mejores condiciones de vida, con temas como el que más nos aqueja a todos como la inseguridad, que con lo que yo pudiera aportar la mucha o poca experiencia iba a estar, pero que también me sumaría a los proyectos municipales cuando sean viables, pero que también iba a levantar la voz cuando las cosas no estén bien, pero parece que en el gobierno municipal les gusta que se vaya todo callado y no seremos cómplices, no estamos de acuerdo con el incremento a funcionarios de primer nivel.
P. Y falta el incremento para los policías…
R. Sí. La partida 5581 terrenos, 4 millones para el 2020, de qué es, no me pregunten. Aumento de personal, prestaciones contractuales, a los trabajadores que contratan por contrato, en el 2019 había 144 millones, este año 166 millones, sí hay un incremento, pero esos son para los que van a contratar mes con mes, ahora que vienen las elecciones para darle chamba a su gente.
P. Cuando fuiste alcalde, ¿salieron de manera unánime los presupuestos?
R. Todos mis presupuestos fueron con consenso. Porque lo hemos establecido, yo aplaudo a muchos regidores de esta administración, una regidora entró al cabildo por Acción Nacional, que es la encargada de la comisión de fomento artesanal, en la ley establece que las comisiones tengan mesas de trabajo antes de hacer un dictamen de iniciativa, en donde se puede consensar con todos los actores, si harás una modificación haces mesas de trabajo para que estén en sus puntos de vista y sacar un reglamento en beneficio de los sectores.
P. ¿Qué encuentra Alfredo Barba cuando va a colonias?
R. Lo que encontramos en todos lados, no dirigido a una persona, sino al gobierno como tal, y asumo mi responsabilidad en lo que me corresponde en el tema de inseguridad. Todos lo hemos vivido, pocos ciudadanos no han sufrido algún altercado de la delincuencia. Desgraciadamente es lo que estamos viviendo, no podemos estarnos quejando, debemos hacer conciencia, presionar a quien tiene el ejecutivo para que se generen condiciones para todos, es una situación difícil que tal vez no dependa del municipio, pero si todos aportamos con el afán de salvaguardar los intereses de la sociedad, dejando de lado nuestras filias y fobias, dejamos las miras electorales a un lado se pueden hacer las cosas, pero desgraciadamente hoy día no funciona así, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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