ENTREVISTAS
Boicot de cuatro funcionarios municipales: Resistencia en Tlaquepaque a la operación del Sistema Anticorrupción
Por Diego Morales //
“Cómo quieren revisar un sistema si ni siquiera han dejado que camine, para evaluarlo con un criterio real primero tiene que echarse a andar, no se ha permitido que ande”, es la postura de Gabriel Navarro Flores, presidente del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque, ante los obstáculos que han puesto las autoridades para que comience a operar.
El motivo por le cual no puede comenzar a funcionar es porque cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Tlaquepaque no se han presentado a la sesión ordinaria para formar el sistema municipal anticorrupción, situación que lamenta pues debían estar operando hace más de un año.
“El viernes 22 era la segunda sesión, la segunda convocatoria a sesionar para, como establece el reglamento, elegir un secretario ejecutivo. Las autoridades municipales no se presentaron y eso nos deja en un problema a nosotros, porque no podemos elegir únicamente a tres personas, necesitamos de la mayoría o de todos para tomar la decisión”.
“La primera invitación la mandé el 25 de octubre para que se celebrara la sesión el 1 de noviembre, las autoridades no se presentaron, levantamos un acta para hacer constar la razón por la cual no se celebró, me mandaron a convocar otro día, se envío un escrito a las autoridades para poner otra fecha tentativa, no hubo respuesta al escrito”.
Agrega: “Tomando el tema con los doctores de la sociedad civil, sacamos que el 15 de noviembre la invitación para que se celebrara el 22 de noviembre, misma situación, no se llevó a cabo porque la autoridad municipal no acudió y no se pudo celebrar la sesión. Dentro del órgano de gobierno participa el contralor, el director de la unidad de transparencia, la jefa de cuestiones regulatorias y la regidora presidenta de la comisión anticorrupción, al no ser la mayoría no se pueden tomar decisiones así nada más. Volvimos a levantar un acta, estamos a la espera de la autoridad para llegar a un acuerdo de cuándo vamos a sesionar, porque urge que esto se instale, si nos vamos a temas de reglamentos y la temporalidad que establece ya pasó más de un año y medio que debió instalarse esta secretaría ejecutiva”.
Aunque aun no hay fecha establecida para una tercera reunión, Gabriel Navarro apela a la buena voluntad de las autoridades y que acudan al diálogo para que comience a operar el sistema anticorrupción en Tlaquepaque.
“La verdad queremos que se abra el diálogo con el municipio y las autoridades, llegar al mejor acuerdo posible, que nada más participen dentro del órgano de gobierno que ellos mismos crearon. El 14 de noviembre en sesión de pleno del ayuntamiento lanzaron un escrito donde nos sugieren a todos los miembros del sistema anticorrupción parar actividades y no tomar decisiones, en lo que revisan el sistema anticorrupción, porque el síndico manda este oficio. Cómo quieren revisar un sistema si ni siquiera han dejado que camine, para evaluarlo con un criterio real primero tiene que echarse a andar, no se ha permitido que ande”.
A la vez, asegura que no ha tenido contacto con la alcaldesa María Elena Limón, pues no han recibido respuesta a los escritos donde han solicitado reunirse para tratar el tema personalmente.
“No he tenido contacto con ella. Hemos mandado escritos más de una vez para tener reuniones con ella y ver el tema, pero nunca han sido respondidos. Seguimos mandando escritos para que se impulse el tema del secretario ejecutivo, tampoco hubo respuesta”.
LA TRASCENDENCIA A NIVEL MUNICIPAL
Para Gabriel Navarro, la implementación de sistemas anticorrupción en los municipios es de vital relevancia, pues es donde se manejan gran parte de los recursos del estado, sin embargo, manifiesta que no todos los municipios en Jalisco tienen la infraestructura ni capacidad de gestión para implementar uno en su región, por lo cual deben enfocarse los esfuerzos a los municipios metropolitanos.
“A nivel municipal en la zona metropolitana es importante que operen estos sistemas, porque es donde la mayor parte de los recursos se están moviendo, son los municipios que tienen la mayor capacidad para dar gestión a estos recursos. Considero que no todos los municipios deberían tener un sistema anticorrupción, ya que no todos los municipios en Jalisco cuentan con la infraestructura y el gasto para poder operarlo. Por lo menos en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, debería haber un sistema anticorrupción, pero la ley tampoco establece cómo será este sistema, cada municipio metropolitano lo ha implementado de manera distinta. En Tlaquepaque lo manejamos armonizado con el estatal, que está armonizado con el nacional”.
El principal reto que encuentra en el sistema anticorrupción a nivel municipal es echarlo a andar, por ello no ha parado en el intento de llevar el tema a la agenda pública y que se resuelva lo antes posible.
“El principal reto que tenemos es echarlo a andar, eso está claro. En el tema de comunicación, de eventos, de propuestas, hemos tenido varios eventos en el Congreso del Estado, participamos en eventos como gobierno abierto en la reforma 2.0 del sistema estatal anticorrupción, donde invitamos gente que sabe de la materia para dar a conocer a la ciudadanía y difundirlo”.
LA PREVENCIÓN ES PRIORIDAD
Consciente que la sociedad escucha el término corrupción y quisiera ver personajes tras las rejas, Gabriel Navarro pide calma en ese sentido, pues la prioridad del sistema anticorrupción es la prevención, la fiscalización y en caso de encontrarse culpables, las autoridades competentes llevarán los procesos necesarios.
“A nivel municipal se espera que se presenten políticas públicas para identificar en qué parte de la reglamentación municipal se puede vulnerar o hay más oportunidad que haya corrupción. A través del análisis y reglamentos, se proponen políticas públicas para prevenir toda esta parte, el sistema anticorrupción no es solo para meter gente a la cárcel, mucha gente eso espera, que haya 50 personas en la cárcel rápido, pero así no funciona, se trata de fiscalizar, ver las cuentas coincidan, con acciones puntuales, con recomendaciones, exhortos y ya los temas de denuncia se manejan primero en la contraloría municipal, después está el fiscal anticorrupción porque es un paralelo, también si es necesario un juicio político o sanciones administrativas. La gente tiene que entender que el sistema es principalmente para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, pero antes que todo es la prevención”.
Añade: “Si a la gente le interesa el tema, la invito a que lo lean, si tienen dudas que se acerquen a nosotros, o al sistema anticorrupción que tengan en sus municipios. Mi recomendación es que nunca dejen de denunciar, si ven algún acto de corrupción, que no sean partícipes y denuncien, aquí lo más importante es la cultura de la denuncia, es una parte fundamental donde la ciudadanía puede actuar directamente”,
Con la confianza que antes de cerrar el año podrán tener resuelto el tema, espera que se involucre más la sociedad civil organizada y la sociedad en general, pues es un tema que considera beneficia a todos los involucrados.
“El año aún no termina, tenemos algunas semanas para seguir trabajando en lo que cortan funciones, seguiremos trabajando, seguir sesionando como comité de participación social, seguir convocando a la ciudadanía, seguir adelante. Ahorita aún no hay fecha para la tercera sesión, esperamos un diálogo con la autoridad para establecer una fecha en común, para cuando se vaya a celebrar esté la sociedad civil presente y sepan qué está pasando”, puntualizó.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía; callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la torre habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón —un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aun en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LA ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la torre habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo.
Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
ENTREVISTAS
Crisis en Ciudad Bugambilias: Piden colonos apoyo al IEPC para elección de nueva directiva
– Por Mario Ávila
La presidenta del Comité Directivo de la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilias, Marisol Magdaleno, ha pedido la intervención del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que los guíe en la elección de su nueva directiva, toda vez que se han presentado graves irregularidades en el proceso que inició en marzo y que finalizaría el 16 de octubre.
Se trata de una de las asociaciones vecinales con mayor influencia en el corredor vial de la avenida López Mateos, ya que cuenta con el registro de casi 20 mil miembros de la asociación, en un fraccionamiento de casi 500 hectáreas, de las cuales 32 son de cañada (bosques y jardines) que tienen que ser atendidas y preservadas por la propia asociación, porque las tiene asignadas en comodato.
Las anomalías comenzaron con el registro de la única planilla que ha hecho el trámite desde el 4 de agosto cuando se lanzó la convocatoria para participar en el proceso electoral de Consejo Directivo para el período 2026-2028.
Destacan entre las irregularidades, que dos integrantes del Comité de Elecciones han demostrado una abierta parcialidad hacia los integrantes del grupo “Pro Bugambilias”, que antes se hacían llamar “Vecinos en Acción”, ya que solo recibieron el registro de una sola planilla y se han negado a recibir la documentación de otros grupos interesados en participar en el proceso electivo.
Sin embargo, una de las anomalías más evidentes ha sido el no atender los requisitos de elegibilidad de los integrantes de las planillas, como lo marca el numeral 61 de los Estatutos de la Asociación, ya que algunos de los aspirantes que integran la propuesta, no están al corriente con el pago de sus cuotas y otros están denunciados penalmente por violencia, agresiones y amenazas, al grado de que la presidenta actual, tiene vigentes medidas de protección y porta un botón de pánico, concedido por la autoridad municipal, en contra de su agresor.
Así lo narra la propia presidenta, Marisol Magdaleno: “En octubre del 2023 fueron a violentar la asamblea; teníamos a todas las personas del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana, de la Comisaría de Zapopan, 50 personas que nos fueron a acompañar para ver en qué podían ayudar a Ciudad Bugambilias, y esta gente los corrió, los sacó de la asamblea, cortaron los cables del sonido e incluso fui agredida; yo estuve hospitalizada 8 días porque fui agredida y hasta la fecha cuento con un botón de pánico en contra de esas personas, en contra de quienes he puesto denuncia penal”.
Ese es el problema -abunda-, ellos quieren apoderarse de la asociación para manejar el dinero. Detrás de ellos está un abogado que nos ha demandado no menos de 80 veces, tenemos 80 demandas de su parte, y hay una señora también que quería quedarse de comisario, es gente que toda la vida ha peleado por tener la administración y la gente no los ha apoyado; pero ahora desde marzo se quedan tres personas de ellas en el Comité Electoral, de las cuales dos son de ese grupo llamados “Vecinos en Acción”, que ahora se cambiaron el nombre y se llaman “Pro Bugambilias”.
Refiere también la presidenta de colonos que, para darles el registro a los integrantes de la planilla, tienen que pasar a la administración del fraccionamiento, para que ellos les digan quién está al corriente con sus cuotas, quién no tiene problemas con la asociación ni con la sociedad, y la revisión debe ser uno por uno, los 16 integrantes de la planilla “y nunca hicieron ese proceso.
Pese a ello les dan un registro el día 4 de septiembre y ellos empiezan a ser proselitismo desde el 29 de agosto y los estatutos son muy claros, hay que tener honradez respeto, probidad y debe haber equidad en la elección”, dijo Marisol Magdaleno.
Ante estas irregularidades, el consejo directivo recurrió a un grupo de abogados que analizaron jurídicamente la situación y llegaron a la conclusión de que en los hechos se incurrió en múltiples violaciones en el procedimiento realizado por el Comité Electoral:
1. Que se hizo evidente que se registró una planilla sin cumplir con los requisitos de elegibilidad, señalados en los artículos 61 y 62, en contravención con la obligación establecida en el numeral 63, inciso a) de los Estatutos.
2. Que no se respetaron los plazos y términos electorales, ya que estos no cumplieron con las condiciones para el inicio de campaña señalado en el numeral 63 en su inciso c) de los estatutos.
3. Que el comité electoral permitió actos anticipados de campaña, en contravención con los principios de imparcialidad, ética y buena fe señalado en el numeral 63, inciso b) de los estatutos.
4. Que miembros del comité electoral no cumplieron ni actualmente cumplen con los requisitos para ser parte del referido comité, conforme a los requisitos señalados en el numeral 63, inciso b), en correlación con lo establecido en el numeral 41 de los estatutos.
5. Se identifican faltas de probidad y honradez por parte de algunos integrantes del Comité Electoral.
A la vez, la recomendación jurídica fue: “Derivado de todas las irregularidades detectadas, las violaciones realizadas durante el proceso y para no afectar los procesos de manera irremediable en afectación de los derechos político electorales de los Colonos de Ciudad Bugambilias, se pone a consideración revocar a los integrantes del comité electoral y convocar a una nueva elección de manera urgente o en su caso se ordene la contratación de un despacho especialista en materia electoral para que haga las funciones necesarias como comité electoral, para cumplir con los requisitos necesarios para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor manera respetando los Estatutos y evite contingencias posteriores en cuanto a la elección”.
De ahí que se tomaron los siguientes acuerdos:
1.- Se revoca a los integrantes del comité electoral por las razones expuestas en los hechos señalados con anterioridad.
2.- Se revocan los actos y determinaciones que en sus funciones haya ejercido el multicitado comité Electoral por considerarse violatorias de derecho.
3.- Se convoca a una nueva elección de los miembros del comité electoral o, en su caso, se contrate a un despacho externo especialista en materia electoral para que realice dichas funciones, debiendo considerarse como detenidos los términos del actual proceso electoral en tanto resuelva de fondo la situación el nuevo Comité Electoral.
4.- En correlación con el acuerdo segundo de este apartado, se cancelan los derechos otorgados a las 16 personas autodefinidas como “Planilla Pro-Bugambilias”, no solo en el sentido de reconocerles registro como planilla, sino aquellos que les permitan contender en el próximo ejercicio electoral, en virtud de haber actuado en contravención de los Estatutos presumiblemente con premeditación, alevosía y ventaja.
Lo anterior, aunado a que, de haberse llevado a cabo la investigación contemplada en los estatutos por parte del comité electoral, se estaría en antecedente de que algunos de los aspirantes a contender no cumplen con los requisitos mínimos para su inscripción.
5.- Se realicen todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo aquí determinado.
6.- Se dé vista al Comité de Honor y Justicia, para que a través de sus atribuciones determine si existe responsabilidad por parte de los integrantes del Comité Electoral.
7.- Se solicita la intervención y apoyo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para la organización de la elección, buscando con ello transparencia y asesoría en el proceso que nos ocupa.
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